Nunca sabremos lo que pasó con Nisman. Murió envuelto en la construcción ficcional a la que lleva el mundo de la inteligencia. Diez años después la investigación judicial no está resuelta. Lo que sabemos con certeza es bien poco.
Hace unos días, el Ministerio Público Fiscal –la institución que nuclea a los fiscales federales– difundió un informe que cuenta que fue asesinado. Según el fiscal federal Eduardo Taiano ciertas personas, desconocidas hasta el momento, entraron al departamento del edificio Le Parc, lo mataron y simularon un suicidio. No se sabe por dónde entraron, ni por dónde salieron, si es que existieron. La teoría del fiscal es que lo mataron como represalia por haber acusado a Irán del atentado contra la AMIA. Según esta hipótesis, el homicidio estaría también vinculado con la denuncia del fiscal contra Cristina Fernández de Kirchner por traición a la patria y encubrimiento del atentado por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
El informe dice: “Hoy es posible verificar un hilo conductor entre estos hechos, la muerte de Nisman y la denuncia que efectuó el día 14 de enero de 2015”. Y explica: “Al día de hoy, resulta evidente el vínculo existente entre la labor llevada adelante por el fiscal Nisman en la investigación del atentado a la sede de la AMIA, plasmada en sus dictámenes, y su fallecimiento: una sentencia de muerte -fatwa- pesaba sobre su cabeza como consecuencia de la aceptación por parte de INTERPOL del libramiento de las circulares rojas de los acusados iraníes. En esta línea, pocos días más tarde de denunciar públicamente un plan tendiente a evitar el cumplimiento de estas mismas circulares y lograr la impunidad de los acusados, fue asesinado en su domicilio”.
En este informe oficial no queda claro para nada de qué modo las hipótesis confluyen entre sí, por qué una fatwa iraní se materializaría con una simulación de suicidio y no con un mensaje explícito, o de qué modo se relacionarían la venganza iraní con un supuesto crimen de Estado en respuesta a la denuncia de traición. ¿Los autores intelectuales serían los mismos? ¿El grupo operativo trabajó conjuntamente? ¿Son extranjeros o nacionales? ¿La cobertura previa y posterior se las dio el Estado argentino?
También podrían aparecer otras explicaciones. Podría ser que acorralado por las circunstancias de esa denuncia contra el gobierno de Cristina, haya sentido que era el final de su carrera y de su vida o que lo hayan inducido a pensar esto mismo. Todo es posible. Pero nada se sabe a ciencia cierta porque desde antes y después de su muerte lo que existió fue una feroz pelea política entre las facciones de la inteligencia argentina, con terminales en la justicia federal de Comodoro Py. Como siempre en las series de espías, la clave no es la muerte en sí sino la trama que da sentido a esa muerte al punto de la instrumentalización total.
La fiscalía da por ciertas hipótesis sobre el móvil del homicidio –muchas extravagantes– que trabajan sobre hechos y sentidos que fueron instalados con dedicación y paciencia desde hace años. Esto los convierte en un gran verosímil, aunque muchas de estas afirmaciones no tengan sustento o sean explicaciones a medias. El quiebre de la relación de CFK con Jaime Stiuso, histórico jefe operativo de la SIDE, es explicado por el informe oficial del MPF por la decisión de la presidenta de reorientar la política exterior argentina contra Irán, lo que determinó que para fines de 2010 decidiera sacar a la SIDE de la investigación del atentado a la AMIA. Según la fiscalía, esto desembocó en una interna y en la decisión de ese sector de la inteligencia de no responderle más. La firma del Memorándum con Irán en 2013 fue la expresión de este cambio de relación en el que Nisman quedó envuelto. La teoría de la fiscalía llega hasta denunciar que por esas razones el gobierno de Cristina resolvió apoyarse en otro sector de la secretaría y en la inteligencia del Ejército para involucrar al general retirado César Milani.
Desde 1994 la investigación del atentado a la AMIA estuvo atada a las internas, errores e irregularidades de la SIDE. Quienes encabezaron esa investigación son responsables del fracaso de haber tenido un segundo atentado cometido, todo hace pensar, por el mismo grupo que puso la bomba en la Embajada de Israel. Son responsables también de la falta de resultados concretos. La investigación del atentado pasó a ser una plataforma para obtener recursos, relaciones nacionales e internacionales y un rol –aunque sea de subordinación– en el tablero de las agencias de inteligencia extranjeras que definen gran parte de la geopolítica global. Nisman fue parte de ese esquema como fiscal de la Unidad Fiscal para la Investigación de la causa AMIA (UFI AMIA). El propio informe de Taiano admite que estaba atado a lo que la Secretaría de Inteligencia le aportaba para hacer sus dictámenes. El informe también reconoce que la investigación de su muerte es parte de esta disputa política en la que toma partido. La causa por la muerte de Nisman quedó atrapada en la misma lógica.
Así funciona el mundo de los espías. Un juego de espejos que construye su propia realidad. Más difícil es entender que así funcione el mundo judicial y que sea parte esencial de este dispositivo. Ya casi no sorprende que la justicia federal esté desinteresada en investigar seriamente los grandes casos, los hechos de mucha relevancia política y social, y establecer niveles mínimos de certeza sobre lo que pasó. El atentado contra Cristina también quedó sometido a estas discusiones de manipulación, irregularidades y desprolijidades judiciales. En un sentido parecido la investigación de la muerte de Santiago Maldonado no pudo salir de esta lógica.
La investigación de la muerte de Nisman no escapa a esta serie. Como era lógico para una situación que pegó en la línea de flotación del gobierno, quedó sujeta a fuertes disputas institucionales y mediáticas. Fue muy deficiente desde el principio. La escena del hecho fue contaminada y mal registrada, se manipuló prueba relevante, instancias como la autopsia y la reconstrucción del hecho quedaron fuertemente controvertidas, entre muchas otras cuestiones. También se descubrió que las medidas de protección del fiscal tenían falencias o que nadie las respetaba, y que hubo actividades de vigilancia irregulares antes y después de su muerte. Al mismo tiempo, aparecieron cuentas bancarias no declaradas en el exterior a nombre suyo y del acusado de haber aportado el arma homicida, nunca investigadas, ni explicadas. Hay denuncias sobre un incendio en una sala de la Casa de Gobierno que derivó en la destrucción de información supuestamente importante que tampoco fueron esclarecidas. Todo confuso y enredado con el paso del tiempo. Ningún actor judicial aportó claridad.
En este contexto, con motivo de un nuevo aniversario, el Poder Ejecutivo anuncia que desclasificó información sobre agentes de inteligencia inorgánicos que podrían haber tenido participación, aunque no da ningún detalle para dejar todo en el plano de la sospecha y la especulación. Mientras la fiscalía difunde aquel informe oficial atípico en el que ensaya hipótesis extrañas, sin fuentes ni identificación de pruebas, con el propósito evidente de instalar una verdad.
La pregunta por la crisis del sistema judicial queda a la vista.
