A lguna vez Néstor Kirchner le dijo a su ministra de Defensa: “no quiero un ejército politizado porque si tengo un ejército kirchnerista hoy, al día siguiente puedo tener un ejército antikirchnerista”. La sensatez del razonamiento vuelve más llamativa la evolución de las Fuerzas Armadas desde la aparición del factor Milani. El ex jefe del Estado Mayor del Ejército declaró en una entrevista con Hebe de Bonafini en diciembre de 2013 que “en los últimos diez años se ha consolidado un proceso de transformación en las Fuerzas Armadas que han empezado a ver un proyecto nacional o un modelo de país en el que las Fuerzas quieren insertarse muy profundamente”.
Los notables avances y los sorprendentes retrocesos del kirchnerismo en esta materia tienen solo una explicación posible: la alianza entre el anterior Gobierno y el general Milani se tejió en función de motivos inconfesables. Al cabo de una década donde la política aseguraba haber recuperado el protagonismo gracias al influjo del consumo reparador, la reposición de soberanía estatal y los discursos mediáticos, las fuerzas conservadoras e invariantes que pululan en los subsuelos del espionaje interior asoman en la superficie para influir en lo que viene. Hay quienes dicen que resulta inevitable meter las patas en la fuente de esta racionalidad nocturna de espías, escuchas y cazafantasmas, cuando lo que se pretende es consolidar la hegemonía de un proyecto de poder. Pero a medida que el “día siguiente” se acerca, los militares recuperan autonomía y se generan las condiciones para que vuelvan a ocupar un lugar en la escena.
la inteligencia sin estado
En octubre del año dos mil Nilda Garré asumía la Secretaría Ejecutiva de la Unidad Especial de Investigación, creada por el gobierno de la Alianza con el objetivo de esclarecer el atentado a la AMIA. Un año después renunció por la reacción contra sus intentos de deshacer la madeja que el menemismo había tejido en la Justicia para manipular el esclarecimiento del hecho. La onda expansiva de la caída de las Torres Gemelas había llegado hasta Buenos Aires.
Por esa época, la entonces senadora del Partido Justicialista Cristina Fernández de Kirchner integraba la Comisión Bicameral de seguimiento de la Investigación de los atentados a la Embajada de Israel y al Edificio de la AMIA, creada en septiembre de 1996. La suya fue una de las pocas voces disidentes en ese cuerpo legislativo especial dedicado a respaldar la dudosa actuación del juez federal Juan José Galeano y de los fiscales, entre los que se encontraba Alberto Nisman. Agonizaba el siglo veinte y tanto Cristina como Nilda se sumergían en las profundas aguas del espionaje local, cuyos hilos se regenteaban desde los Estados Unidos e Israel. De aquel entonces data la amistad de ambas con Fernando Pocino, un agente de la SIDE de ascendencia radical que durante el kirchnerismo cobraría relevancia.
Durante el diciembre más caliente de la historia argentina, algunos políticos volvieron a tocar la puerta de los cuarteles. La declaración del Estado de Sitio el 19 de diciembre de 2001 era concebida por el entonces ministro de Defensa Horacio Jaunarena como el primer paso de una estrategia prevista por el artículo 32 de la Ley de Seguridad Interior: “el Presidente de la Nación (…) dispondrá el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior, previa declaración del estado de sitio”. Entre los papeles abandonados luego de la estampida del Gobierno De La Rúa, un asesor militar halló en el escritorio de Jaunarena un decreto cuidadosamente redactado por el cual se creaban los Comandos Operacionales previstos por el inciso “b” del artículo citado: “Se designará un comandante operacional de las Fuerzas Armadas y se subordinarán al mismo todas las demás fuerzas de seguridad y policiales”. La ventana legal hacia la militarización de la seguridad interna estaba a punto de ser abierta. Pero entonces se escuchó el quesevayantodos.
Por esos días, un ignoto César Milani era promovido a coronel del Ejército.
ponele garra
En apenas cuatro años de exposición pública César Milani se perfiló como el tercer actor relevante de la pálida película militar en democracia. El primer acto fue la puja ochentista entre los genocidas en retirada y la estridente aparición de los carapintadas. En el segundo, el general Balza ofrenda a la tribuna un corte autocrítico respecto al pasado y neutraliza las hipótesis de politización en la década neoliberal. Empaladas por la vergüenza de haber sido la peor usina del autoritarismo, desfinanciadas hasta la inanición, e incapacitadas de imaginar nuevos horizontes, las Fuerzas Armadas arribaron al siglo XXI con la lengua afuera.
La gestión de Nilda Garré al frente del ministerio entre 2005 y 2010 fue un antes y un después pues procuró remover las bases de sustentación institucionales, atacando al mismo tiempo el aspecto ideológico (los derechos humanos como valor supremo), la cuestión cultural (modificación de cuajo de la formación militar), y apuntalando la presencia femenina. Desde el punto de vista político Garré avanzó decididamente sobre la autonomía militar en el manejo de las Fuerzas.
Para Marcelo Saín, autor del libro Los votos y las botas (2010), la etapa de Garré fue la mejor gestión de la democracia en el área de Defensa “ya que tuvo como horizonte la construcción de capacidad de mando ministerial sobre el aparato militar, apropiándose exitosamente de facultades de conducción que históricamente habían sido delegadas a los Estados Mayores de cada fuerza.” El autor considera que “después de ese proceso exitoso, muy poco valorado políticamente porque fue más bien un proyecto ministerial y no gubernamental, con la llegada de Puricelli se vuelve todo atrás”. Pero su preocupación no se ubica a nivel de los políticos sino en la expansión de la influencia de Milani, a quien en su libro refería sin nombrarlo como un “asesor de inteligencia de poca monta que opera en el entorno de Nilda Garré”.
Saín está convencido de “que el Gobierno, así como no era del todo consciente de lo que significaba la agenda de Nilda en Defensa, tampoco conocía bien el giro que implicaba Milani hacia el interior de las Fuerzas. No estaba dentro del Panel de Control del Gobierno Nacional y mucho menos de un gobierno en retirada, inmerso en una crisis económica”.
ascensor verde
César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani fue ascendido a general de Brigada en el 2007. Ese mismo año consumó una operación de inteligencia exitosa. Mientras se ultimaban los preparativos para el traspaso de mando de Néstor a Cristina, los funcionarios ponían fichas y hacían sus apuestas. El todoterreno Aníbal Fernández, por entonces ministro del Interior, especulaba con saltar a Defensa. Para conseguirlo conspiraba con el titular del Ejército Roberto Bendini, y con el jefe de la Inteligencia Militar (conocida como J-2) Osvaldo Montero. Tal fue la versión que el segundo de Montero le presentó a la ministra Garré, de manera reservada. El carpetazo desencadenó el despido del jefe de los espías y el ascenso de Milani al comando de la J-2. Al año siguiente también Bendini, el general que bajó los cuadros, fue pasado a retiro sin honores.
Todo liderazgo militar se construye en dos terrenos distintos. De un lado la carrera profesional, que no se rige por parámetros puramente meritocráticos: para escalar la pendiente es preciso asumir ciertos estilos, tejer complicidades y ser portador de una representatividad corporativa (el tono conservador impregna las conductas desde el mismísimo Colegio Militar). En segundo lugar, para aquellos que acceden a la plana mayor del generalato la rosca pasa a ser el elemento determinante; el vínculo con los actores políticos se constituye en el factor clave.
Milani juró lealtad al proyecto de Garré y supo poner a su disposición el aparato de Inteligencia del Ejército. Los primeros movimientos luego de 2007 fueron de seducción. El General depuró a todos los agentes involucrados con la represión dictatorial y acató con entusiasmo la modernización del servicio de espionaje. La jerarquización de la Inteligencia militar fue uno de los principales ítems en el rediseño de las Fuerzas Armadas imaginado desde el ministerio, en función de las nuevas teorías sobre lo bélico, lo que se expresó en el crecimiento significativo del presupuesto dedicado a la materia y en la considerable expansión de su red de influencia, ubicando seccionales en casi todas las unidades que el Ejército posee en el país, por mínima que resultase.
2010 fue el año bisagra. Los primeros días de enero una pieza clave del equipo de Nilda Garré presentó su renuncia; el por entonces viceministro Germán Montenegro, luego titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se alejó del ministerio molesto por el crecimiento de Milani dentro de las Fuerzas.
En febrero de ese mismo año la revista Veintitrés publicó “Todos los nombres del Batallón 601. Un documento histórico: la lista completa de todos los que integraron entre 1976 y 1983 el organismo de inteligencia de la dictadura militar”, información desclasificada por Milani. Tres meses después el Ejército participó de manera entusiasta en los festejos del Bicentenario, impactante e inesperado momento de reunificación patria. Según el investigador Máximo Badaró, “la celebración del día del Ejército, el 29 de mayo, se transformó en la ocasión privilegiada para reescribir su pasado institucional y restaurar la sintonía entre la memoria militar y la memoria nacional. Para ello las autoridades militares construyeron un relato que omitía su protagonismo en la última dictadura y resaltaba en cambio su contribución al desarrollo económico y social del país, y sus vínculos con la sociedad en el contexto democrático actual” (Historias del ejército argentino, 2013).
A partir de la muerte de Néstor Kirchner en octubre del 2010, y especialmente luego de los enfrentamientos de diciembre en el Parque Indoamericano de la Ciudad de Buenos Aires, donde tres personas murieron como consecuencia de la represión de las fuerzas policiales, un nuevo esquema se perfiló en el área de Seguridad. La magnitud alcanzada por un nuevo tipo de conflicto social provocó el desborde de las policías federales y provinciales, que fueron penetradas por la potencia económica de las redes criminales anulando la histórica regulación del delito ejercida por las fuerzas de seguridad. En este contexto se decidió profundizar la intervención de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en tareas policiales, trasladando miles de efectivos de las fronteras hacia las ciudades. El diez de diciembre se creó el ministerio de Seguridad y Nilda Garré fue nombrada a cargo de la nueva estructura. Arturo Puricelli, un viejo político santacruceño, asumió como ministro de Defensa. A partir de este momento los asuntos militares pasaron a decidirse directamente entre César Milani y la presidenta Cristina.
Para la navidad de ese año Milani es ascendido a general de División y pasa a controlar la subjefatura del Ejército. Por primera vez su figura es cuestionada públicamente durante la discusión de los pliegos en el Senado, donde se le achaca una supuesta afinidad con los carapintadas.
fronteras de la ley
El terrorismo fue la primera de las “nuevas amenazas” señaladas por el Comando Sur del Ejército Norteamericano que se hizo presente en el país procedente de Irán, según las investigaciones judiciales. Dos décadas más tarde el narcotráfico, proveniente de Bolivia, Paraguay y Colombia, ocupa el centro de las obsesiones de los servicios secretos.
De acuerdo a información recabada por Saín entre oficiales actualmente en actividad, el Ejército Argentino viene realizando actividades de patrullaje militar en el norte al menos desde octubre de 2011. Los efectivos asignados a tareas relacionadas con el combate al narcotráfico pertenecen a las Brigadas V con asiento en Salta, XII en Posadas y III en Resistencia. Las patrullas están conformadas por personal del Ejército que participa con restricciones de su accionar, aunque portando armas, y siempre bajo el mando formal de algún gendarme. Tales maniobras forman parte del Operativo Fortín II, la mayor movilización operativa de las Fuerzas Armadas desde la Guerra de Malvinas.
Fortín II es el dispositivo creado para incluir a las Fuerzas Armadas en el Operativo Escudo Norte, una iniciativa del ministerio de Seguridad durante la gestión Garré. Las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior promulgadas en democracia impiden expresamente a los militares intervenir en tareas policiales, sin embargo esta última prevé que “el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior”. Como suele suceder en toda trama normativa que incorpora la excepcionalidad como posible, la interpretación se torna un campo elástico sujeto a las relaciones de fuerzas.
La lectura de los decretos y resoluciones arrojaban una tensión significativa sobre cómo irían a involucrarse las distintas Fuerzas. La Resolución Ministerial que estableció el Fortín II fue firmada por el ministro de Defensa el 12 de julio de 2011 y solo indicaba “incrementar y fortalecer las capacidades de vigilancia y reconocimiento de materia aeroespacial”. Una semana después el decreto de creación del Escudo Norte señalaba “que tendrá por objetivo incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras noreste y noroeste de la República Argentina”.
Ambos Operativos comenzaron el 20 de julio y debían concluir el 31 de diciembre del 2011. Las Fuerzas Armadas aportarían la información recabada por el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica), un plan de radarización que data del 2004 con el objetivo de monitorear el tráfico aéreo. El procedimiento consiste en detectar “los vuelos irregulares” y transmitir ese “dato neutro” a las fuerzas de seguridad para que procedan a su seguimiento y eventual detención. El 7 de agosto, dos semanas después de iniciadas formalmente las operaciones, un helicóptero de Gendarmería derribó una avioneta Cessna con 70 kilos de marihuana en Campo de Gallo, 200 kilómetros al norte de Santiago del Estero. El Eurcopter AS350 de Gendarmería también cayó al suelo luego de ser embestido por el avioncito narco.
Dentro de este contexto operativo el Ejército no tenía mayor protagonismo. Pero comenzó a presionar. Hasta que el 9 de septiembre de ese mismo año se firmó una Resolución Conjunta que dispuso “la transferencia desde el Sistema de Defensa Nacional al Sistema de Seguridad Interior de datos neutros relativos a movimientos terrestres que fueran oportunamente registrados por las Fuerzas Armadas en el marco del ejercicio regular de sus funciones de vigilancia y control”. Para tales efectos se emplearían “Radares tácticos de vigilancia terrestre (Rasit), de dotación del Ejército Argentino, en la zona delimitada por el Operativo Fortín II”. Conscientes de la ambigüedad de la orden, la Resolución Interministerial anexa un Protocolo que confirma la diferencia esencial entre lo que debe considerarse un Tráfico Aéreo Irregular y lo que se denomina un movimiento terrestre “irregular”. El primero es fácil de determinar, pues todo vuelo que no haya sido informado a la Administración Nacional de Aviación Civil debe ser considerado sospechoso, pero como los vehículos terrestres circulan libremente “no se puede calificar de irregular un movimiento terrestre en la pantalla de un radar táctico, hasta tanto sea debidamente interceptado e identificado por las Fuerzas de Seguridad”.
Así fue como el Ejército comenzó a desplegar sus unidades en el territorio norte del país, con un agravante: a diferencia del sistema radarístico controlado por Fuerza Aérea que posee ubicaciones fijas, los Rasit deben ser empleados de manera móvil y ello supone desplazamientos fuera de los cuarteles, un patrullaje que se sitúa en el borde de la legalidad. La solución que hallaron los brigadieres de Fuerza Aérea a cargo del Operativo fue permitir los desplazamientos siempre y cuando estuvieran bajo las órdenes y la responsabilidad de efectivos de Gendarmería. El desempeño de los radares fue pésimo pero la presencia militar en los territorios permanece y se ha incrementado en los últimos meses.
el puntero
La estrecha afinidad del general Milani con el poder político se tradujo en prerrogativas que le permitieron construir legitimidad entre sus pares. El Operativo Fortín II fue un argumento de peso no solo por su magnitud estratégica sino también por lo que implicó presupuestariamente. El Decreto 1091/2011 establecía que se aplique al personal militar afectado “un régimen de viáticos equivalente al homologado para el personal de la Administración Pública Nacional establecido en el artículo 45 del Anexo I del Decreto Nº 214 del 2006, con sus sucesivas modificaciones, como así sus normas particulares de liquidación”. Esto permitía a los soldados y oficiales casi duplicar sus menguados sueldos, ya que todos los gastos de manutención eran cubiertos por el Ejército.
En el mismo sentido hubo un notable crecimiento del número de integrantes de la cúpula militar. Según datos brindados por el historiador Máximo Badaró al finalizar la dictadura el Ejército contaba con 102 generales para un total de 103 mil efectivos, pero ya en 1984 esa cantidad se había reducido a 39 y durante los veinte años que van de 1990 a 2010 no pasaron de 35. Tal tendencia decreciente se quebró y actualmente hay al menos 54 generales para una dotación que ronda los cincuenta mil miembros, un promedio de 1 x mil, como en 1982. Esta propensión a la macrocefalia contradice el intento por constituir un mando unificado de las tres fuerzas, pero resulta bien vista al interior del Ejército en tanto amplía las posibilidades de ascensos, “ensanchando el embudo”.
Cuando la ex Presidenta en junio de 2013 ordenó el recambio de todos los jefes militares la consagración de César Milani resultó definitiva. Por primera vez en la historia del Ejército argentino un oficial del área de Inteligencia asumía la jefatura de la Fuerza, a contrapelo de la tradición que ubica a la Artillería, la Infantería y la Caballería como los tres servicios principales con los que se maneja una guerra. Al mismo tiempo el general de División Luis María Carena, también procedente del área de Inteligencia y por lo tanto subordinado de Milani, fue ubicado al frente del Estado Mayor Conjunto desplazando al brigadier general Jorge Chevalier quien se desempeñaba en ese puesto desde el 2003. Otro general del Ejército, Luis Cundom, fue designado comandante operacional del EMC. Milani multiplicaba su influencia ubicando a cuadros de la Inteligencia Militar en puestos claves.
Un hecho aparentemente sin vinculación con esta trama pero que algunos baqueanos de las redes del espionaje local señalan como muy relevante fue la firma a comienzos del 2013 del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán sobre los temas vinculados al ataque a la sede de la AMIA. Según los entendidos este giro de 180 grados en las investigaciones constituyó una afrenta a los conductores de la Secretaría de Inteligencia del Estado (ex SIDE), en especial al mítico Antonio Stiusso, hasta ahora vencedor de todas las internas en el organismo, de fuertes vínculos con la CIA y el Mossad. Stiusso desde la Dirección Nacional de Contrainteligencia detentó el monopolio estatal de las escuchas, posee fuertes influencias en el Poder Judicial de la Nación y reportaba al Subsecretario Fernando Larcher, el pingüino al que Néstor encomendó pactar con los espías pero que nunca contó con la confianza de Cristina. Un rumor ampliamente difundido en los corrillos de la politiquería porteña (con sucursales en Puerto Madero) asegura que la ex SIDE de Larcher y Stiusso elevó un informe a Presidencia en octubre de 2013 con la noticia de que Sergio Massa no se presentaría a las elecciones legislativas, en la que a último momento decidió participar ganándole con comodidad al oficialismo.
Estas versiones no pueden ser comprobadas porque pertenecen al universo de lo que no se puede admitir. Allí donde se conforman las bases de sustentación de una política que sigue teniendo el culo sucio y no lo admite, se trenzaron alianzas tal vez imprescindibles para un gobierno averiado, pero imperdonables por lo que podrían significar en un porvenir con los militares otra vez activos en los asuntos internos.
Según Alberto Binder, integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática y de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), “Milani fue un sapo muy grande para el Gobierno kirchnerista. Primero, si vamos a trazar una línea sobre quiénes tuvieron participación en la dictadura hay que ser claros, y Milani quedaba del lado de los que nunca podrían haber sido jefes del Ejército por más que diga que era joven. Segundo, darle poder a la inteligencia militar en el contexto actual donde hay una presión internacional muy fuerte para que los ejércitos se metan en el tema de narcotráfico, terrorismo y seguridad interior es otra vez jugar con fuego. Tercero, darle una proyecto político de desarrollo nacional al Ejército es no conocer la historia que tenemos. No necesitábamos al Ejército en las villas con La Cámpora. Hace mucho daño esa restauración del ejército como sujeto político interno que se va metiendo por un lado y por otro”.
En definitiva, lo que Milani consiguió fue trocar lealtad por cada vez mayor autonomía, algo que muy pocos han conseguido. El argumento del general es la inteligencia. Y la mentira.
el batallón enemigo
Hugo Agapito Ledo, riojano de origen, estudiante de Filosofía en la Universidad de Tucumán, formaba parte del Frente Enemigo, una estructura creada en la década del setenta por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP) para coordinar a los militantes, aspirantes y simpatizantes en edad de hacer el servicio militar. El objetivo era prepararlos para realizar tareas de inteligencia en las filas enemigas. Todas las averiguaciones resultaban útiles a los fines de un mayor conocimiento de las Fuerzas Armadas, de sus instalaciones y capacidad, de sus planes y objetivos. Quienes integraban esta red secreta también tenían como misión las tareas de recuperación de armas, municiones, equipamiento, y la realización de sabotajes en forma permanente.
En 1973, durante la tentativa de copamiento del Comando de Sanidad por parte del ERP, quien abrió las puertas de ingreso al cuartel fue el soldado conscripto Hernán Invernizzi, que como consecuencia permaneció más de diez años prisionero. En 1974 la misma organización guerrillera asaltó el Regimiento 17 de Tropas Aerotransportadas con asiento en Catamarca, contando con la colaboración de algunos soldados que revistaban en dicha unidad militar. En su libro El Escuadrón Perdido, José D’Andrea Mohr cuenta 129 soldados conscriptos desaparecidos dentro de los cuarteles durante los años setenta. Investigaciones realizadas por el Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero confirman que varios de ellos pertenecían al Frente Enemigo. Como Hugo Milcíades Concha, santiagueño, estudiante de Ingeniería en Computación, que fue emboscado por sus jefes el 17 de mayo de 1976 en la cercanía de su propio cuartel, el Batallón de Ingenieros de Combate 141. Germán Cantos, también santiagueño y miembro del Frente Enemigo, estudiante de Psicología, desapareció el 3 de septiembre del mismo año y al igual que Ledo, fue sindicado como desertor.
El entonces teniente César Milani firmó el acta de deserción del conscripto Ledo el 17 de junio de 1976. Existen testimonios creíbles sobre el agravio que resultaba para un integrante promedio de las Fuerzas Armadas de aquella época el hecho de que militantes revolucionarios se infiltraran en una institución que se sentía portadora de la esencia nacional. Ninguna ofensa podía ser mayor para un militar de ley, incluso con convicciones democráticas. Sin embargo Milani jura que se trató de un trámite burocrático y fortuito. Y que pese a la intensidad alcanzada por los enfrentamientos, él desconocía absolutamente el marco político que rodeaba al caso. Con independencia de lo que pensemos sobre lo acontecido en los años setenta es difícil acallar la certeza de que el ex jefe del Ejército miente.
puerta de hierro
En el libro Civiles y Militares. Memoria secreta de la transición, publicado en 1987, Horacio Verbitsky escribió que “cada gobierno tiene un tema con el que se lo identifica y en relación al cual se le piden cuentas. Perón fue criticado por su política institucional, sin que eso significara merma de su asombrosa popularidad. Pero su gobierno entró en crisis en 1952, cuando cambió el discurso de la justicia social por el de la productividad”. El mismo criterio utilizaba el periodista-investigador para juzgar al gobierno de Alfonsín cuando las promesas radicales en materia de reconstrucción de la soberanía democrática hacían agua, y anticipaban su explosivo final.
El kirchnerismo intentó reunir los dos principales fundamentos que instituyeron legitimidad durante el siglo pasado: redistribución del ingreso más derechos humanos. Pero en ambos campos vivió su fase de declive, en un escenario cuyo corrimiento a la derecha asumió como ineludible. Sin ánimos ni disposición para un balance crítico sincero, el horizonte de las fuerzas comprometidas con “el proyecto” puede ser de disgregación y pérdida de autoridad moral para discutir lo que viene. El affaire Milani tendrá un peso determinante en este dilema.
“Yo sé que cuando se vaya Cristina voy a tener que exiliarme”, le dijo el general militante a un alto mando militar en una cena entre colegas. Los hombres y las mujeres pasan, las cagadas quedan.
