Sobre la justicia frente al gobierno
Hace muchos años escribí un libro sobre la función judicial y sus alcances. Aunque he precisado algunas ideas que entonces sugería apenas (por ejemplo, en torno al reenvío judicial, que hoy examino bajo la idea de "diálogo constitucional"), sigo sosteniendo los contornos de dicha postura: un papel mucho más limitado, pero no ausente, para el Poder Judicial.
Defendía la primacía de la política (en cuestiones sustantivas), como hoy. Criticaba el carácter "contramayoritario" de la justicia, como lo hago hoy. Denunciaba su origen elitista y antimayoritario, como hoy mismo. Me apoyaba en una concepción deliberativa de la democracia, como hoy. Rechazaba la primacía de la justicia y la política en cuestiones de moral privada, como lo hago hoy. Criticaba las políticas y decisiones judiciales perfeccionistas, como hoy. Sentaba las bases, sin embargo, para un intervencionismo judicial limitado a ciertas cuestiones procedimentales, que incluyen de modo especial a las cuestiones electorales (volveré después sobre el punto).
No tiene sentido, entonces, prodigar insultos a los jueces, sin dejar en claro qué postura uno sostiene al respecto -mucho menos, si lo que va a hacerse es criticar cierta decisión judicial (pongamos, la de la Cámara tucumana que invalidó la elección provincial, por fraudulenta; para elogiar otra (pongamos, la de la Corte tucumana revirtiendo lo anterior). Sino, todo se parece demasiado a “elogio o critico a los jueces cuando me gusta”.
Política y justicia hoy
La primacía de la política es, y merece ser, la primacía de la voluntad del pueblo. Esto no es lo mismo que sostener la primacía de la política partidaria. No es, ni debe serlo, sobre todo cuando miramos los modos en que -en todo el mundo, también en nuestro país- la política partidaria terminó siendo capturada por las elites del dinero transnacional (hoy, muchas veces, el dinero narco) y los gobiernos provinciales (hoy, de modo habitual, anudado con el poder coercitivo policial).
Muy habitualmente, en la actualidad, el poder político y el poder judicial son expresiones fragmentadas de elites económicas y de poder, interrelacionadas entre sí, y con vínculos menos representativos que explotativos hacia el resto de la ciudadanía (ni qué decirlo, vínculos que se refuerzan en relación con los sectores más empobrecidos de la sociedad). No es persuasiva, por tanto, la idea según la cual la primacía de la política puede significar hoy, en algún sentido relevante, la primacía del pueblo, que el poder judicial amenaza o subvierte. En la política, como en la justicia, priman las influencias de los grandes grupos de poder, suele haber pocos principios, poco derecho, poca ideología, y demasiados vasos comunicantes entre sí: demasiados negocios y ventajas cruzadas, que se alimentan mutuamente.
Por eso mismo la denuncia antijudicial -por contramayoritaria- dirigida hacia la Cámara tucumana, no encaja bien con la reivindicación del fallo de la Corte tucumana -a menos que pueda demostrarse que la elitista, racista y reaccionaria Cámara tucumana fue puesta en su lugar por la progresista, independiente y mayoritaria Corte tucumana, un cuento que nadie podría creer. Los dados vienen mezclados, y en general -vengan de la política partidaria o de la justicia- deciden en contra de la suerte de los más pobres.
Sobre los jueces como “árbitros”
Me interesa defender un papel de los jueces como controladores del procedimiento democrático, como el que en su momento presentara John Ely en su libro Democracia y desconfianza de 1980: la síntesis de su posición es “primacía de la política en cuestiones sustantivas, primacía de la justicia en cuestiones procedimentales”. La idea es que los jueces, como los “árbitros” de un partido de fútbol deben custodiar que el partido se juegue conforme al reglamento, pero los “goles” –el resultado definitivo- debe depender exclusivamente de los jugadores. Lo mismo en el “partido democrático”: ciudadanos y partidos políticos deben decidirlo todo (especialmente, el resultado del partido o de las elecciones), pero el referí debe asegurar que dicho “partido” se juegue conforme a las reglas establecidas.
Alguien puede decir “entonces que no interfieran con las elecciones.” Pero es un error: si hay fraude o veedores comprados, del mismo modo en que si hay doping, o jugadores y jueces de línea comprados, lo más razonable puede ser el anular el partido, o volverlo a jugar, o darle el partido por perdido al que cometiera trampa. Y ello, no porque el referí deba hacer prevalecer su voluntad o porque es elitista, sino por lo contrario: el referí debe asegurar que el resultado dependa de lo que hagan los jugadores, y no de trampas, doping o fraude.
Adviértase que la Cámara tucumana no le dio por perdidas las elecciones a Manzur, sino que dijo algo democráticamente más sensato: "juéguese el partido de nuevo". De allí, también, que sea insensato atribuirle a los jueces una posición elitista, y afirmar que sugieren que el pueblo pobre no vote: piden exactamente lo contrario, es decir, que el pueblo vote otra vez.
Sobre el comicio en Tucumán
En Tucumán todos coinciden –aún la Corte provincial- en que existieron faltas procedimentales graves. Podemos disentir en la magnitud (¿descomunal o enorme?), o en los modos en que la Cámara probó lo sabido por todos (el enorme fraude). Mi punto es que se perdió una gran oportunidad para que la justicia hiciera lo que debe hacer cada vez con más énfasis: hacer cumplir de modo estrictísimo los procedimientos electorales, resguardando al mismo del fraude y las trampas crecientes, destinadas a socavar su sentido.
Lo ocurrido en Tucumán, y es aquí donde podemos seguir difiriendo, fue especial en un sentido: se trató, me consta, de un fraude más extendido y torpe que el habitual. Un chambonismo exaltado, una torpeza desmesurada, con la pretensión de ganar por márgenes mucho más amplios de los que la realidad dictaba. Nuevas elecciones, posiblemente, hubieran dado la victoria a Manzur, pero dejando en claro lo obvio: su poder era mucho más limitado de lo que a él le interesaba marcar; su victoria era mucho más estrecha de la que quería mostrar frente a la Presidenta.
Pero no fue así, porque la justicia (¿será ésta elitista o antielitista, mayoritaria o contramayoritaria?) lo archivó todo. Una vez más, siguen ganando los peores, los que hacen fraude descomunal, los que le roban al pueblo, los que han hecho de la política un negocio, los que han regado la cancha de bandas criminales, y siempre habrá jueces, activistas y empresarios sonrientes, dispuestos a decirles que sí, restaurando una vez más el orden oligárquico hoy imperante: que no haya dudas.
