Tucumán vivió este año un proceso eleccionario polarizado, con denuncias y serias irregularidades, coronado por una represión de la policía del gobernador Alperovich ante el ejercicio legítimo del derecho de protesta, la detención ilegal durante una semana sin pruebas de varios de los participantes de esa manifestación en su contra, la manipulación mediática a nivel nacional, el juego autodestructivo en el que tanto oficialismo y oposición suelen sumergirse; a todo esto, debimos sumarle una muy irresponsable decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo provincial anulando la elección y convocando a una nueva, sin dar fundamentos ni pruebas de irregularidades generales ni fraude sistemático.
Esta decisión de la Cámara se firmó el 16 de septiembre, dos horas después de la conferencia del prensa en la que se anunció la renuncia de Fernando Niembro a su candidatura por el PRO. Es inusual que las decisiones judiciales se tomen a las 19:30 hs de un miércoles. Unos días después la Suprema Corte de Tucumán revocó la decisión de la Cámara. La Corte podría haber eludido en esta oportunidad esa costumbre de dictar sentencias en el opaco "lenguaje judicial". Podría haber llamado a una conferencia de prensa y con un discurso accesible para todos, explicar detalladamente porqué la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo fue arbitraria. Las razones y la publicidad construyen legitimidad. Al gran pueblo tucumano, razones.
Algunos llaman a respetar la "justicia independiente" cuando les conviene, no importa si las sentencias son un mamarracho. Sin embargo, la mayoría de los jueces tienen dependencias políticas directas o indirectas. Un poder judicial endogámico, repleto de castas familiares y fidelidades políticas, siempre tendrá dificultades para conferir confianza a sus decisiones. Querer resolver conflictos políticos a través de este dudoso poder judicial es potenciar la conflictividad y politizar al poder judicial. A una elección con graves irregularidades, le sucedió un fallo explosivo.
La historia argentina nos da contraejemplos de muchos políticos e intelectuales que legitimaron el autoritarismo y renunciaron a sus principios republicanos y liberales en nombre de la república y la libertad. Así se llegó a afirmar que "las fuerzas armadas eran las guardianes de la democracia". No hay más guardián de la democracia que el pueblo mismo. La sociedad tiene la última palabra.
En el caso tucumano hubo varios defectos institucionales que todos bien conocían y utilizaban. Desde el sistema electoral hasta el clientelismo político que los partidos practican en todo el territorio argentino, en sus diversas formas, sus diferentes destinatarios y sus particularidades regionales. Sincerarse sobre esas prácticas y reformarlas debería ser un objetivo institucional de todos. Pero, aunque se trate del peor gobierno provincial, eso no hace menos arbitraria la medida judicial que anuló las elecciones.
Los demócratas no renuncian a la democracia para profundizar la democracia. Abrazar decisiones sin fundamentos, y a los oscuros jueces que las dictan, no es una alternativa a las graves falencias de un gobierno. La democracia es la única vía para profundizar la democracia, para radicalizarla, para sacarla de la inercia y anestesia de las corporaciones que la parasitan. Necesitamos más democracia, no más sentencias arbitrarias que operan como vetos absolutos de un poder no democrático.
idealizar al árbitro, transformarlo en rey
Judicializar elecciones para debilitar a los gobiernos democráticos puede ser parte de un show mediático, de una estrategia para recalentar el clima electoral y deslegitimar triunfos en un contexto de polarización social. En la misma línea, podemos anotar algunos intentos de manipulación y desinformación sobre cómo se contabilizan el voto en blanco -cuestión legalmente evidente- para intentar forzar ciertos resultados. En los últimos días, según una nota publicada en un tradicional medio, cierto candidato evaluaba esta alternativa para forzar sus chances de segunda vuelta en las elecciones del domingo próximo.
En la historia argentina, frente a cada golpe de estado, salvo dignas excepciones, los jueces estuvieron del lado del opresor, de la injusticia, de la tortura y de la negación de los derechos. Siempre con su tradición de proteger intereses políticos-económicos concentrados sin distinción de color político. La Corte Suprema no es guardiana de la Constitución ni de la democracia, al manejar el presupuesto de todo el poder judicial contradiciendo claramente el Artículo 114 de la misma. Los jueces no son guardianes de nuestra libertad e igualdad de culto cuando no protegen el principio de la educación pública laica. Los jueces son árbitros no guardianes. Los jueces serían guardianes de la democracia si la democracia fuese una cárcel. Pero la democracia es una práctica social, que costó esfuerzo de generaciones de argentinos. Y no cabe en un expediente judicial.
Algunos idealizan a los jueces por la misma razón que idealiza a las personas: no los conocen. El poder judicial es opaco, corrompible, muy sensible al lobby, a la operación oscura.
La democracia está más cerca de los movimientos sociales y partidos políticos, con todos sus defectos, que de oscuros jueces que la sociedad no puede controlar y, tantas veces, ni siquiera entender. La mejor forma de profundizar la democracia es con más democracia, no a través conferir una inexistente garantía democrática final a los jueces. La democracia no puede tener guardianes como los jueces.
El poder judicial y los jueces con compromiso democrático pueden ser claves en la mejora de la democracia, pero nunca deben tener la última palabra para censurar la misma democracia. Los jueces pueden ser árbitros pero no jugadores que definan el juego y condicionen el final de cada campeonato.
La judicialización de una elección como estrategia política para debilitar la democracia y forzar la debilidad de un gobierno puntual, sea provincial o nacional, es un táctica política demasiado peligrosa. La debilidad de los gobiernos democráticos se pagó caro en la historia argentina. Los que se fortalecen con la debilidad de un gobierno democrático no son la oposición contingente (quizás mañana oficialismo), sino corporaciones y actores con intereses contantes y sonantes que quieren ser parte de la gobernabilidad.
Para sacar a la democracia de su inercia, para impedir la anestesia de moderación republicana, para potenciar sus aspectos más igualitarios, para construirla como herramienta de transformación política, para pensarla como puente hacia más justicia social, para defender el derecho a la protesta frente a la violencia institucional, para eso y muchos más, se requiere profundizar la democracia con más democracia, radicalizarla como forma de vida, como práctica social y cultural. Eso solamente puede suceder, en Tucumán y en toda la Argentina, lejos de las judicaturas, en diálogo con toda la sociedad y siempre cerca del pueblo.
