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pactos patrios
El atentado contra la AMIA ocurrido hace 25 años es un monumento republicano a la impunidad: no solo no tuvo castigos, ni siquiera contamos con una verdad sobre la mecánica de los hechos. El aceitado engranaje entre gobiernos, poder judicial y servicios de inteligencia logró embarrar la cancha para siempre. Fiscales, defensores y testigos pasaron de acusadores a acusados. La mesa judicial del macrismo salió en 2018 al rescate de dos exfiscales que protagonizaron el primer gran plan de encubrimiento. Los esquemas de pactos no se tocan.
Fotografía: Julio Menajovsky
17 de Julio de 2019
crisis #38

 

Es una mañana de agosto de 2018 y según una crónica del diario Clarín la sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002 está “inusualmente llena”. Hace tres años ya, desde agosto de 2015, que aloja al juicio por el encubrimiento del hecho que le dio nombre, el atentado que en 1994 mató a 85 personas —mujeres, hombres, muchos adolescentes, un niño. La sala fue construida en los primeros años 2000 donde antes había un sótano, para albergar el primer juicio que hubo por ese crimen: veintidós imputados con sus defensores, la fiscalía, dos querellas y la prensa no iban a caber en ninguno de los salones disponibles. Aquel proceso duró tres años, entre septiembre de 2001 y el mismo mes de 2004; terminó con todos absueltos y la certeza de que juntar los escombros de la verdad iba a ser tan difícil como intentar rearmar el edificio que había sido estallado.

En el invierno de 2018 algunos de los hombres sentados en la sala AMIA son los mismos. Carlos Telleldín, quien en 2001 había sido acusado de armar la camioneta Traffic, lo está por haber cobrado 400.000 dólares para mentir y afirmar que le había entregado el vehículo a una banda de policías que lo extorsionaban. Juan José Ribelli, excomisario de la Bonaerense, que en 2001 estaba entre los acusados, se sienta ahora del lado de las querellas: busca el castigo de los exfuncionarios que lo privaron de la libertad durante años, como supuesto integrante de la “conexión local” del atentado.

La más significativa rotación de lugares en la sala es la de Eamon Mullen y José Barbaccia. En 2001 eran los fiscales del juicio, los que habían investigado el atentado e ingresado a la sala AMIA como representantes del ministerio público para que se condenara a los culpables. En 2018 están del lado de los imputados: se los acusa de integrar un armado criminal que le pagó a Telleldín y extorsionó a varios testigos para inventar una historia contra los policías y desvió la investigación de la pista principal sobre quiénes habían ideado y producido la explosión. Por ellos dos la sala está “inusualmente llena”. Los judiciales, incluido un juez de cámara recién asumido, abandonaron sus oficinas para acompañarlos. Dice Clarín que el público aplaude los pasajes enfáticos del abogado defensor. Entre los que saludan a los acusados con afecto hay dos asesores del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano. Uno de ellos es Manuel Izura, un pasajero frecuente de las roscas de tribunales como abogado particular y, ahora, como operador judicial del gobierno. Entre los clientes de Izura estuvo, por ejemplo, Benito Rótolo, exsubjefe de la Armada Argentina, condenado en 2015 por el espionaje político ilegal que entre 2002 y 2006 se realizó desde la Base Naval Almirante Zar, en Trelew, contra activistas, periodistas
y políticos. Según Elisa Carrió, esta presencia muestra “ante el público asistente, una clara señal de apoyo” a los fiscales.

Es fácil asociar estos elementos con las causas “de los cuadernos” y “D'Alessio”. Pero no solo. Es lo que ocurre en decenas de decisiones que se toman a diario, lejos de la zona de la indignación.

 

nadie nada nunca

La historia oficial de la Sala Patria de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sitúa su inicio entre fines de 1993 y principios de 1994 con una misión: capturar a Enrique Gorriarán Merlo. El grupo de espías estaba dirigido por Patricio Finnen y el mayor retirado Alejandro Brousson. El 28 de octubre de 1995, luego de un trabajo arduo en Centroamérica, cumplió con su tarea. Patricio Finnen dijo en su declaración indagatoria durante el juicio por el encubrimiento del atentado: “Cuando terminamos con el tema que se nos había asignado, es decir, que se le había asignado a Sala Patria, vuelvo a decir, noviembre del 95, yo iba a desarmar el grupo de la Sala Patria porque ya no tenía ningún sentido, y en eso estaba cuando el secretario me dice que tengo que intervenir en la causa AMIA también”. El “secretario” era Hugo Anzorreguy, jefe de la SIDE entre principios de 1990 y fines de 1999. Finnen le preguntó al entonces juez Juan José Galeano qué necesitaba. El juez respondió: 400.000 dólares.

"Sala Patria" no dijo que no. Anzorreguy sacó el dinero de los fondos reservados sobre los que en 1996 nadie tenía que explicar nada, ni cuánto, ni cómo, ni para qué se gastaban. El 5 de julio de ese año, un grupo de espías con nombres falsos, coordinados por Brousson, le entregó 200.000 dólares a Ana María Boragni, esposa de Telleldín. Luego de que fueran depositados en un banco de Ramos Mejía, un agente le dio a Boragni un número de celular al que ella llamó desde un teléfono público. Al otro lado de la línea atendió otro agente, un “inorgánico” que esperaba en un pasillo de Comodoro Py, afuera del despacho de Galeano. Cuando el teléfono sonó, golpeó la puerta del juzgado. Abrió un judicial a quien le preguntó por el agente MQ. MQ estaba adentro, recibió el teléfono y se lo entregó a Telleldín, quien luego de escuchar a su esposa aceptó firmar la nueva versión que culpaba del atentado a los policías. El celular fue destruido un tiempo después, cuando los involucrados temieron un allanamiento. El 17 de octubre de 1996, la Sala Patria organizó otro operativo para pagar la segunda cuota en Belgrano, ciudad de Buenos Aires, una vez que varios testigos también habían mentido para involucrar a los policías. Dijo Finnen: “En la segunda entrega el juez me transmitió la orden de que pagásemos y yo se la transmití a Brousson para que concretara la entrega de dinero”. El agente M, que hizo la entrega, tenía la indicación de grabar el procedimiento con una cámara oculta en el bolso y exhibirle la filmación a las autoridades judiciales y a sus superiores de la SIDE. Dinero y agentes secretos transitaban las oficinas en las que se construye ese bien público al que se llama “verdad jurídica”.

Para poner a una investigación en un carril que no es el de la verdad se necesitan muchos recursos: además de funcionarios judiciales predispuestos, hacen falta dinero, funcionarios estatales de identidad
escondida, teléfonos propios secretos, teléfonos ajenos intervenidos, autos fantasmales, cámaras ocultas, informantes sin escrúpulos, vínculos de confianza entre distintas agencias del Estado y medios de comunicación con ganas de instalar historias que luego se demostrarán falsas. Una red de cosas y de influencias: los servicios de inteligencia sin control.

Veinticinco años después de aquellos hechos, los fondos que se usan para actividades de inteligencia siguen siendo igual de reservados. El espacio que hay para que agentes orgánicos e inorgánicos operen en la tramoya de las investigaciones judiciales sigue siendo enorme. Hace un tiempo ya que parece que el ritmo de las noticias está marcado por un metrónomo formado de arrepentidos que antes de serlo fueron extorsionados, funcionarios judiciales que amenazan a los involucrados para que se conviertan en delatores, persecución judicial para dirimir cuestiones políticas, escuchas sin control, legajos a los que las partes de un proceso judicial no pueden acceder, filtraciones mediáticas de información construida por los servicios. Es fácil asociar estos elementos con las causas “de los cuadernos” y “D´Alessio”. Pero no solo. Es lo que ocurre en decenas de decisiones que se toman a diario, lejos de la zona de la indignación. Como cuando, por ejemplo, la Cámara de Casación decide que es legal haber escuchado al hermano de Santiago Maldonado, mientras este estuvo desaparecido, sin que a nadie le parezca que debe investigarse la filtración de sus conversaciones a un medio de comunicación. Las bases del poder antidemocrático que construyen Comodoro Py y los servicios de inteligencia están hechas de la cotidiana reproducción de este tipo de pactos.

pinzas

Los dos operativos de pago a Telleldín fueron la culminación de años de trabajo. En 1994 cuando ocurrió el atentado a la AMIA, solo veintiocho meses después de la bomba en la Embajada de Israel, la investigación le tocó a Juan José Galeano. El juez y el secretario de Inteligencia se conocían desde hacía varios años; se trataba de una relación que también contenía a Jorge Anzorreguy, hermano del jefe de la SIDE y líder de un estudio jurídico cuya fuerza de gravedad todavía puede alinear planetas. A mediados de los noventa, el trío ya tenía una historia compartida y había intercambiado favores relevantes.

Para 1996, Galeano y los fiscales Mullen y Barbaccia no habían investigado los indicios que conducían al argentino de origen sirio Alberto Kanoore Edul y al entorno del agregado cultural de la Embajada de Irán. La SIDE instrumentó la decisión del presidente Carlos Menem y Juan Carlos Anchezar, segundo al mando de “la Secretaría”, desarmó las primeras indagaciones sobre las actividades de Kanoore Edul, a las que información de inteligencia y datos provenientes de los allanamientos —como una agenda que mostraba varias conexiones— indicaban que había que prestarles atención. Este desvío de la investigación estaba dejando a todos sin resultados para mostrar. De los escombros, se había extraído el motor de la Traffic que condujo hasta el negocio de Telleldín, dedicado al mercado ilegal de automotores. Con el consentimiento de la dirigencia de la DAIA, Galeano, la jefatura de la SIDE, la jueza Luisa Riva Aramayo que presidía la Cámara Federal Porteña y los fiscales Mullen y Barbaccia trabajaron intensamente para convertir a Telleldín en el arrepentido que llevara a la “conexión local”. Tenían a su favor que por aquel entonces a nadie le parecía imposible que la Bonaerense estuviera involucrada en delitos. De hecho, los policías eran parte de una banda dedicada a múltiples ilegalidades. La camioneta y el taller de Telleldín conducían a más pistas que podrían haber dilucidado quiénes estuvieron detrás del atentado y sus nexos locales. Esas pistas no se investigaron, se inventaron otras.

Al último dueño conocido de la Traffic no lo convencieron solo con plata. En diciembre de 1994, Galeano detuvo durante 17 días a su madre y a su hermano, sin motivo. Este método se repitió durante años. Galeano encerraba a personas de su entorno, las imputaba por el atentado o amenazaba con hacerlo y de ese modo las presionaba para que declararan en contra de otras. Armó legajos reservados y causas
paralelas en las que los imputados de una eran los testigos de las otras. Agentes de inteligencia visitaron a Telleldín en la cárcel para negociar con él que acusara a inocentes y cuando fracasaron lo visitó una jueza, la camarista Riva Aramayo. Fuentes judiciales no identificadas le filtraban a los medios de comunicación datos de esas negociaciones; cuando las notas se publicaban ingresaban al expediente para justificar medidas. Los fiscales eran parte de este modo de “investigar”. En junio de 1995, Galeano endureció las condiciones de detención de Telleldín. Los fiscales pidieron procesarlo a él, a su mujer y a un amigo. “Un movimiento de pinzas”, lo llamó Víctor Stinfale, su abogado de aquel entonces. El juzgado y la fiscalía filmaban clandestinamente a quienes tenían que declarar en la causa. Cuando uno de esos videos llegó a la televisión, Galeano prendió fuego todos los otros.

La maniobra tuvo consecuencias vastas. No hubo verdad sobre el atentado, tampoco castigo para quienes lo cometieron. No hubo paz para las y los familiares de quienes murieron, que llevan veinticinco años lidiando con el sistema institucional. Hubo algo más, como una réplica de un sismo que desde 1994 cada tanto hace temblar todo. Cuando aquella mentira se hizo pública, es sabido, Stiuso inició su ciclo
de poder, que duró hasta fines de 2014. En 2003 parte de la información secreta que permitió probar el pago ilegal fue desclasificada por el Poder Ejecutivo y así fue posible reconstruir el encubrimiento. Pero el atentado nunca dejó de ser utilizado para mover fichas en el tablero de la coyuntura. Y la oscuridad que allí se forjó no agotó todavía su productividad política.

 

vamo´a calmarno

Aunque el armado de la causa contra los policías es conocido desde el juicio que inauguró la sala AMIA de Comodoro Py, hicieron falta otros trece años y mucho trajín para que aquellas conductas fueran sancionadas. El juicio contra Carlos Menem (expresidente), Hugo Anzorreguy (exjefe de la SIDE), Juan José Galeano (exjuez federal), Rubén Beraja (expresidente de la DAIA), Juan Carlos Anchezar (exsubsecretario de la SIDE), Jorge Palacios (excomisario de la PFA), Patricio Finnen (exagente de la SIDE), Carlos Castañeda (excomisario de la PFA), Carlos Telleldín, Ana Borgani y Víctor Stinfale ocurrió entre agosto de 2015 y el 28 de febrero de 2019. Los agentes de inteligencia declararon, Stiuso y Finnen entre ellos, pero sus versiones de la historia no pudieron ser escuchadas por el público y —aunque son fundamentales para conocer cómo la inteligencia trabajó para encubrir y no para revelar— son secretas.

Hacia marzo de 2017, se empezó a notar que alguien quería mover los hilos que estaban a su alcance para que la sombra del castigo no descendiera sobre todos esos personajes por igual. La abogada Mariana Stilman, que ejercía la querella del Ministerio de Justicia, renunció porque el ministro Garavano la había instado a tener un papel menos activo, a “bajar el perfil” de la acusación estatal. Un año más tarde, el primer día después de la feria del verano de 2018, un abogado designado por el ministerio la noche anterior, José Console, pidió la absolución de los exfiscales Mullen y Barbaccia. Los demás trabajadores del equipo del Ministerio de Justicia informaron a través de una carta que lo que la flamante defensa había sostenido frente al tribunal no tenía nada que ver con lo que se desprendía de lo investigado. Pocos días después, el tribunal del juicio desplazó a Console, por incompatibilidad de cargos ya que es secretario letrado del Consejo de la Magistratura —además de integrar el tribunal de disciplina del club Boca Juniors, y también la red de influencias de Daniel Angelici.

En octubre de 2018, Carrió y otros nueve diputados de su bloque pidieron el juicio político de Garavano por haber protegido a los exfiscales. Difícil no adivinar quién escribió el texto: “Sr. Presidente: este juicio político no es por dichos sino por hechos”. En marzo de 2018, Mario Cimadevila —chubutense, radical,
exsenador, exmiembro del Consejo de la Magistratura en representación de su partido— denunció penalmente al ministro de Justicia. Cimadevila había estado a cargo de la Unidad Especial de Investigación del atentado, en el Ministerio de Justicia, que tenía la tarea de centralizar los esfuerzos del Poder Ejecutivo para aportar a la investigación. Otra expresión de los intereses del ministro había sido
degradar esa Unidad hasta disolverla en los hechos. Cimadevila afirmó que la decisión del ministro de defender a los fiscales estaba construyendo “un nuevo encubrimiento” porque la responsabilidad de los fiscales estaba acreditada por una lista de hechos. Tres de los más de veinte que enumeró: en el ejercicio
de sus funciones como fiscales federales “brindaron un aporte funcional destinado a consolidar la maniobra ilícita”; “los llamados telefónicos efectuados por el señor Alejandro Brousson (SIDE) al exfiscal Eamon Mullen, dos días antes de producirse el primer pago y el mismo día en que se verifica el segundo” y la coacción de una testigo que “no hubiera podido cometerse sin la participación del exfiscal Barbaccia, quien estaba enterado de que la señora Salinas arribaba al proceso imputada de delitos graves, respecto de los cuales se negoció con Galeano se decretara su sobreseimiento”. Escándalos posteriores, con mayor resonancia mediática, que involucraron a otros fiscales y a otros agentes de inteligencia, solaparon este, cuyos intrincados vericuetos tienen una historia demasiado larga y personajes a los que nadie reconocería si se los cruzara en una vereda. Paradójicamente, o no, el alegato de la defensa de los fiscales fue el de mayor cobertura en los principales medios gráficos y digitales.

La movida de Garavano es más que un apoyo personal: es el aval a un funcionamiento, a un esquema de pactos. El mismo tipo de aval que reciben a diario los servicios de inteligencia de Gustavo Arribas para operar sin control.

 

El 28 de febrero de 2019, los exfiscales fueron condenados no por ser parte de la maniobra del encubrimiento sino solo por no haber denunciado algunos de los hechos. El tribunal afirmó que el exjuez Galeano orquestó un “plan sofisticado” que desvió la investigación del atentado a la AMIA y que la responsabilidad de Mullen y Barbaccia reside en no haberle puesto límites. El establishment judicial no condenó, ni penal ni políticamente, la integralidad de la maniobra, esa sofisticación, cuyo éxito, como el de todas las operaciones complejas, no depende solo de quien la orquesta sino de quienes tocan todos los instrumentos.

Mientras tanto, al macrismo intenso parece no haberle hecho mella la indignación de sus aliados: Santiago Otamendi, el hombre del ministro Garavano que implementó el plan para proteger a los fiscales dando las órdenes y firmando resoluciones, fue promovido como integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el máximo tribunal de la ciudad.

Se dijo que el ministro de Justicia protegió a Mullen y a Barbaccia porque son viejos amigos o por los cruces de parentescos y cargos tan propios de la familia judicial. Pero esas relaciones no parecen explicación suficiente para el apoyo judicial a los exfiscales ni para la disolución de la unidad del Ejecutivo que tenía que investigar el atentado. Tampoco explican el liderazgo interno que mantienen los fiscales generales Germán Moldes y Raúl Plee. Ambos portaron la bandera que reclamó por la muerte de Alberto Nisman y ambos abandonaron la tarea de acusar y obstaculizaron todo lo que pudieron el avance de la investigación sobre los exfiscales y Galeano. La movida de Garavano, como otras anteriores, es más que un apoyo personal: es el aval a un funcionamiento, a un esquema de pactos. El mismo tipo de aval que reciben a diario los servicios de inteligencia de Gustavo Arribas para operar sin control.

Finalmente, Galeano, Anzorreguy, Anchezar, Castañeda y Telleldín fueron condenados por desviar la pista siria e inventar la conexión local. La trama, en cambio, sigue allí: con matices y nuevas capas de
funcionarios y alianzas hace funcionar a Comodoro Py y a una parte importante de la agenda de la política nacional. Esa herencia, la del “plan sofisticado”, fue relegitimada por el núcleo duro del macrismo. Nada se repite de manera idéntica en las instituciones, pero tampoco nada puede interpretarse sin sus genealogías.

Aquel día de agosto en el que la sala AMIA estaba “inusualmente llena” el abogado defensor de los ex fiscales Mulleny Barbaccia intentaba desarmar el alegato de acusación de la fiscalía y las querellas. Defendía la legalidad y legitimidad de la negociación con Telleldín para que declarara en contra de otros, defendía la intervención de los servicios de inteligencia y el pago a testigos cuando de “buscar la verdad” se trata. Quiso ser irónico: “Imagino que ya el doctor habrá denunciado a Stornelli”, le dijo al fiscal. Después de un segundo de silencio, la rueda siguió girando.

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