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La acordada de la Corte Suprema que limitó el uso de las escuchas telefónicas, ¿es una mera medida de autoconservación o el primer paso para terminar con un modelo de Estado basado en la sospecha y la vigilancia?
Ilustraciones: Panchopepe
25 de Junio de 2019

La semana pasada la Corte Suprema, en un movimiento defensivo, restringió el uso de las escuchas telefónicas y modificó las condiciones que hicieron crecer el mercado ilegal de información. La proximidad de las elecciones terminó de rearmar el tablero del máximo tribunal, luego de la difusión de grabaciones provenientes de la intervención del teléfono del penal de Ezeiza a la pesca de información política y personal de los detenidos, cuya publicidad violó la confidencialidad entre abogados y clientes. Con un mensaje claro para el Poder Judicial, la Corte fijó principios convencionales y constitucionales que derivan del derecho a la privacidad y que exigen que se restrinja el uso de las intervenciones telefónicas y se resguarde el contenido. Son límites sensatos en un momento donde parece estar convalidado que, para dirimir la disputa política y mostrar eficacia en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, resulta legítimo poner en duda todo el sistema de garantías judiciales.

la Corte mueve una ficha cuando la cancha está tan embarrada que la pelota casi no puede girar.

No importa tanto si esta reacción es o no tardía; se trata más bien de dirimir si esta resolución abre un cambio de escenario, frente al agotamiento de una lógica en el sistema judicial del que la Corte fue parte en estos últimos años. Si la Corte Suprema se defiende es porque, desde la asunción del gobierno de Macri, aceptó tener bajo su órbita a la oficina encargada de las escuchas telefónicas (DAJUDECO). Es decir, convalidó el decreto de necesidad y urgencia que le sacó esa estructura a la Procuración General de la Nación, a cargo entonces de Alejandra Gils Carbó. Luego, alimentó sus funciones y estructura: consiguió más presupuesto, hizo un convenio con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), desarrolló capacidades para cruzar información, repartió cargos entre funcionarios judiciales y familiares. Todo lo cual consolidó todavía más al Poder Judicial Federal como parte indispensable de una red íntimamente vinculada al sistema de inteligencia, y a las más altas esferas del Poder Ejecutivo y del Congreso, especialmente con el Senado. Lo cierto es que la Corte mueve una ficha cuando la cancha está tan embarrada que la pelota casi no puede girar.

Ahora bien: los jueces identifican perfectamente que no se trata sólo de la filtración de las escuchas, que a lo sumo son un emergente de algunos intereses que juegan en ese campo, sino que estamos ante un problema sistémico. Por eso parecen limitar las funciones asociadas a la inteligencia criminal de la propia DAJUDECO, exhortan a los jueces a que limiten la convocatoria de agentes de la AFI para hacer tareas de investigación criminal, piden (bastante ingenuamente) a la Bicameral de Fiscalización del sistema de inteligencia del Congreso que certifique si la AFI está haciendo algo que no debe.

Todos sabemos que la Justicia Federal (y no solo) funciona atada al mercado ilegal de información de inteligencia, y a la influencia cotidiana de los vínculos con espías orgánicos e inorgánicos, que son determinantes a la hora de elegir nuevos jueces y fiscales. Por eso, el uso político y mediático de la información que surge de las conversaciones interceptadas es parte de esa forma de funcionar que afecta no solo a los referentes políticos sino también a organizaciones sociales y a familiares de víctimas de la violencia estatal, y que ha derivado en la ampliación del estado de sospecha que habilita la vigilancia estatal. Ahora que la Corte puso el tema en agenda, ¿qué va a pasar?

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