Detonó Comodoro Py. No vale la pena preguntarse cuánto hay de operación en la causa Cuadernos y en su contracausa D´Alessio-Stornelli. Funciona así. La trama capilar del espionaje político, judicial y de negocios es uno de los engranajes de nuestro sistema político. La “guerra de servicios” es potente, es atractiva, atrapa. Pero, a partir de lo que ahora sabemos, ¿pensaremos un modo distinto de construcción de poder?
Del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, que terminó hace unos días, quedaron imágenes muy evidentes. La SIDE había tomado el juzgado de Galeano. La camarista Riva Aramayo fue a la cárcel de Devoto a ver a Telleldín, para arreglar el pago de 400 mil dólares con fondos reservados de inteligencia, en un auto manejado por el chofer de Anzorreguy. El objetivo fue inventar una acusación contra un grupo de policías bonaerenses. Estuvieron presos ocho años, los apretaron. Duhalde denunció que fue una interna política. El atentado está impune y tampoco sabemos la verdad. El aparato judicial funcionó como pieza clave de este esquema de poder.
En la investigación por el crimen de Mariano Ferreyra se tejió una trama para proteger a Pedraza, compuesta por un grupo de judiciales y ex judiciales federales, un gestor de influencias de la SIDE, abogados y estudios jurídicos. Hace 8 (ocho) años que se espera el juicio oral. Nunca se investigaron los vínculos del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi, con el operador de la SIDE. Se habían conocido en la Escuela de Inteligencia. Al Consejo de la Magistratura le pareció que era mejor no hacer preguntas.
D´Alessio está grabado adentro de la fiscalía de Stornelli, haciendo que un “arrepentido” declare y declarando él mismo. Hace recordar al juzgado de Galeano. Pero hay más ramificaciones. El fiscal provincial Bidone, que tuvo a su cargo la investigación del triple crimen vinculado al tráfico de efedrina, se presentó ahora espontáneamente a contar sus vínculos con D´Alessio: dice que le pasó información secreta de Migraciones y otros datos privados sobre llamadas telefónicas de “objetivos” a ser espiados. Luego, con ese material se arman causas judiciales y extorsiones. Hace recordar a aquel episodio en el que la justicia de Misiones agregaba a las causas judiciales pedidos de intervención telefónica de personas que no eran objeto de esas investigaciones.
Mientras tanto, la Corte Suprema aceptó tener a su cargo el sistema de escuchas telefónicas y armó una estructura de inteligencia propia; ninguna de las dos cosas tiene que ver con la función de la Corte. Firmó un convenio con la AFI y armó un centro de escuchas en el que trabajan parientes de jueces, de fiscales, de operadores y de funcionarios (incluido un hijo de Stornelli). Es casi imposible imaginar una postal de mayor promiscuidad entre los agentes de la AFI y quienes deben administrar justicia.
En las últimas semanas estalló la apuesta al secreto y la arbitrariedad, quedaron en evidencia las extorsiones, los negocios y la lógica de administrar protecciones y castigos políticos.
El juez federal Ramos Padilla expuso en Diputados y trasladó la cuestión al Congreso. Quedaron a la vista la articulación de personajes como D´Alessio con políticos, operadores, jueces, fiscales, empresarios, estudios jurídicos. Y los vínculos de todos ellos con la estructura de inteligencia nacional, las agencias extranjeras y el dinero que de allí proviene.
Pero, a esta altura, ¿qué es lo que sorprende del caso D´Alessio- Stornelli?
Que la ruptura de los pactos secretos golpee a quienes sostuvieron la bandera de la transparencia. Que el dispositivo se vea en detalle y sus ramificaciones se muestren infinitas. Que no sea sólo una banda de runflas –o un rejunte de manzanas podridas– dedicados al espionaje judicial y político. Pero podríamos preguntarnos ¿a quiénes sorprende el caso D´Alessio-Stornelli? El verdadero quiebre no está en la detonación, sino en qué hará con ella el sistema político.
