El discurso del nuevo presidente en la ceremonia de asunción puede ser tomado como un adelanto de su programa de gobierno, o al menos como una “carta de intenciones”. Y a juzgar por esta pieza oratoria que primero fue escrita y luego leída, el tono que Alberto Fernández pretende imprimirle a su gestión es de un considerable sentido democratizador.
En este marco el pasaje más audaz de la intervención quizás haya sido el referido a eso que el propio presidente llamó, con elocuencia, “los sótanos de la democracia”. Y lo hizo con palabras cargadas de historia:
“Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y frente a todo el Pueblo Argentino, un contundente Nunca Más. Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, “operadores judiciales”, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”.
En el centro del cuestionamiento presentado por Fernández se ubica la relación entre los Tribunales y los Servicios de Inteligencia. Respecto de la cuestión judicial el anuncio por ahora se mantiene en estado de incógnita: “en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”, dijo.
Donde avanzó de forma más decidida fue en lo relativo a la Agencia Federal de Inteligencia, con tres medidas concretas:
1. “He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia, para impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado”.
2. “Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado”.
3. “Dichos fondos reservados, no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina”.
Para el cierre de este aplaudido episodio de la arenga, el presidente se reservó frases de alto voltaje simbólico:
“Lo digo y reitero con la firmeza de una convicción profunda. Nunca más al Estado secreto. Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más”.
las propuestas
A lo largo del último año un grupo de especialistas en la materia y militantes de diferentes procedencias preocupados con la degradación cada vez más aguda del espionaje vernáculo, nos reunimos a debatir sobre la génesis y la naturaleza de esta deriva institucional de carácter antidemocrático. Con la intención de abonar a un debate social que, por su importancia y urgencia, debería diseminarse y no quedar encerrado entre las paredes del Palacio, es que compartimos a continuación una síntesis de las ideas resultantes.
1. Para refundar el Sistema Nacional de Inteligencia sólo se requiere voluntad política e imaginación institucional; la legitimidad social puede descontarse si es que la reforma se orienta en el sentido de una real democratización de las estructuras del espionaje.
Hay dos núcleos conceptuales para ser tenidos en cuenta especialmente:
- de un lado, la revisión crítica y el desmonte de los pactos de opacidad establecidos durante las últimas tres décadas entre distintos sectores políticos, judiciales, empresarios y mediáticos, que han redundado en una compleja trama de intereses, cuya consecuencia más conocida es el espionaje interno;
- por otra parte, la actualización conceptual de la noción misma de inteligencia nacional, a partir de las posibilidades abiertas por las innovaciones tecnológicas en el plano de la información y por las mutaciones geopolíticas del escenario global.
2. La transformación más urgente consiste en separar de forma tajante los vínculos espurios entre la actividad de inteligencia y el sistema judicial. Es preciso prohibir la función de auxiliar de la justicia en materia de investigación criminal que le ha sido otorgada a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), así como eliminar de cuajo sus atribuciones policiales.
Para ello es preciso delimitar claramente que las funciones de investigación criminal estarán a cargo de los dispositivos creados para investigar delitos que se establezcan en cada jurisdicción (policía judicial, fiscalías, cuerpo de instructores), mientras que las funciones de inteligencia criminal deben ser atribución exclusiva de los organismos políticos encargados del análisis criminal (ya sea el Ministerio de Seguridad de la Nación o las carteras provinciales). La confusión entre investigación e inteligencia criminal es lo que le otorga un poder extraordinario e ilegal a la actual AFI.
Respecto a la cuestión especialmente sensible de “las escuchas” o captación de las comunicaciones, proponemos su pase inmediato a la órbita del Ministerio Público Fiscal. En el mediano plazo sería conveniente dividir el dispositivo de escuchas en dos estructuras diferentes, atendiendo a los requerimientos que originan las intervenciones: de un lado las que se ordenan en el marco de una investigación judicial, del otro las que responden a necesidades de la inteligencia nacional (que también deberán ser solicitadas y controladas por una instancia judicial, aunque no estarían a cargo del Ministerio Público).
3. El déficit más importante del sistema actual es la carencia de organismos que desarrollen una Inteligencia Estratégica que sea capaz de orientar las líneas directrices de un proyecto de país. Sin esta información se torna muy difícil profundizar en el conocimiento de las problemáticas más sensibles de la existencia como comunidad democrática. El resultado es que nuestro futuro está siendo diseñado por agencias extranjeras ajenas a los intereses nacionales.
Recomendamos la creación de un organismo integrado fundamentalmente por analistas abocados específicamente a esa labor. La AFI no posee la cultura organizacional ni la expertise para ello, y entendemos que resultaría inconducente implementar una reforma para adaptarla a tal fin. La Secretaría de Asuntos Estratégicos creada en el año 2016 puede ser un punto de partida en el objetivo propuesto, asumiendo además la coordinación eficaz del resto de las instancias que producen información, como la DINICRI, la DINIEM y otras agencias estatales.
4. El control político, judicial y ciudadano de las actividades de inteligencia es un factor clave y la deuda del sistema al respecto es notable. Lo primero a tener en cuenta en este sentido es el papel de la Comisión Bicameral del Congreso, que no podrá seguir rigiéndose por los pactos partidarios basados en el secreto y la inacción. El trámite que se le dé a la designación de nuevas autoridades puede ser la oportunidad para modificar ese status quo.
Para una mayor amplitud de miras, el control social y político no se puede concentrar en un único órgano sino más bien diversificarse y potenciarse a través de instancias de fiscalización cruzadas y transparentes, con acceso a los tipos de inteligencia que las agencias estatales ejercen, a los procesos y actividades que desarrollan, y a las formas de clasificación y almacenamiento de los datos que recolectan. Entre las posibilidades a tener en cuenta podría evaluarse la figura de un/a ombudsman/woman, con amplias facultades de supervisión.
5. Ningún nuevo diseño institucional conseguirá el objetivo democratizador si se abstiene de afrontar el fondo de la cuestión: la lógica del secreto y sus consecuencias en materia de pactos corporativos que garantizan el autogobierno de las estructuras estatales del espionaje. Por eso resulta muy auspicioso el anuncio presidencial de eliminar los fondos reservados de la AFI y limitar al mínimo los fondos reservados de otras agencias de inteligencia estatales.
En el mismo sentido es necesario crear nuevos estándares de desclasifición de los archivos, que pongan en primer plano el acceso a la información de los ciudadanos por encima de las prerrogativas de la “seguridad nacional” y “las razones de estado”, tal y como reconocen los principios del Derecho Internacional. Entre las primeras y elementales medidas que podrían implementarse destacamos la puesta en marcha de un proceso serio y transparente de ordenamiento y clasificación de los registros acumulados durante las últimas décadas, con el objetivo de desclasificar aquellos documentos de interés social y al mismo tiempo garantizar el resguardo de todo material surgido de la actividad ilegal, así como los que puedan afectar el derecho a la privacidad.
El acceso y uso de la información es uno de los territorios esenciales donde se dirimen las posibilidades de una democratización social efectiva en la actualidad; de ahí las tendencias a la apropiación privada de los datos, su valorización mercantil y la concentración en pocas manos. Cuando estas dinámicas expropiatorias se imponen, quienes se benefician son los actores más poderosos, mientras las instituciones estatales terminan siendo instrumentalizadas y puestas a su servicio. Para desandar este orden de cosas es necesario ir a la raíz y reconocer que la información es un bien común, garantizando el acceso y disfrute por parte de la sociedad a partir de una imaginación institucional que sea capaz de garantizar en términos prácticos el despliegue de este derecho.
