Américo Balbuena estaba por cumplir 25 años cuando finalmente logró su entrevista para ingresar al Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina –lo que, grosso modo, podría definirse como el servicio secreto de esa fuerza de seguridad. No sabía muy bien qué era, pero intuía que le podía garantizar un buen sueldo y un trabajo estable si hacía las cosas bien. Para entrar, lo presentó un amigo que era oficial de inteligencia en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), el edificio ubicado en la calle Moreno, de la Ciudad de Buenos Aires. El lugar –más conocido como “Coordinación Federal”– había funcionado como centro clandestino y había recibido un bombazo de Montoneros durante el primer año de la dictadura. Su amigo también integraba el Cuerpo de Informaciones y, en el pasado, había sido felicitado por sus logros a la hora de conseguir información sobre las organizaciones militantes.
El comisario Juan Carlos Lahaye –quien, por entonces, oficiaba de Jefe del Departamento de Contrainteligencia de la Superintendencia– quedó perplejo después del encuentro con el aspirante Balbuena. “Desconoce y no logra inferir qué tipo de actividad es la del Cuerpo de Informaciones, su desconocimiento y su confusión es típica de quien trata de estructurar una historia pues (termina) viéndose envuelto en una maraña de respuestas inconexas y fantasiosas”, escribió sin ahorrarse crueldad el oficial de la PFA, el 8 de septiembre de 1982.
Desde que había terminado sus estudios en la Escuela Nacional de Educación Técnica 2 Emilio Mitre de San Martín, Balbuena no había logrado ser admitido en Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se ganaba la vida trabajando como electricista. Para entonces, no tenía demasiado interés en estudiar otra cosa y no dedicaba mucho tiempo de su vida a leer los diarios. “Tampoco tiene las suficientes defensas contra cualquier razonamiento de naturaleza izquierdista, incluido el marxismo”, alertaba Lahaye.
Pese a los reparos iniciales, Balbuena hizo carrera en el Cuerpo de Informaciones. En la mayoría de sus evaluaciones, sus superiores lo destacaban como voluntarioso, leal y buen camarada. Muchos de ellos resaltaban que estaba disponible aún fuera de las horas de servicio ordinario.
La crisis de 2001 lo sorprendió con un título de periodista bajo el brazo. Lo había conseguido en el Instituto Santo Tomás de Aquino, de San Martín. No se había destacado especialmente, pero el esfuerzo había dado sus frutos. Después de una incursión fallida en la red de corresponsales de FM La Tribu, Balbuena tuvo su golpe de suerte. Volvió a cruzarse con un excompañero de escuela, Rodolfo Grinberg, que había fundado un medio alternativo, la Agencia Rodolfo Walsh, y le dijo que se sumara.
Curiosamente, sus compañeros de la Walsh destacaban que el “Pelado” Balbuena estaba a toda hora disponible. Si había que ir a cubrir una marcha, una protesta o una asamblea, él se las ingeniaba para estar. Decía que trabajaba como corredor en una maderera familiar y que podía amoldar sus horarios a las exigencias. Nunca le faltaba plata para la nafta, algo especialmente atípico entre los militantes de la comunicación alternativa.
Balbuena era persistente. Si había un conflicto en el subte, se quedaba horas con los laburantes. Compartía el mate y la comida. Mientras tanto, preguntaba cuáles eran las posiciones en la asamblea. Con las familias de los pibes y de las pibas muertos en Cromañón grababa largas entrevistas que nunca se publicaban. Llegó a interesarse mucho en la actividad de La Alameda, sobre todo cuando sus integrantes denunciaban que la PFA les daba protección a determinados prostíbulos.
D entro de la comunidad de inteligencia, a los integrantes del Cuerpo de Informaciones de la PFA se los conoce como “plumas”. Es lo que quedó del sueño de su primer jefe, Jorge Osinde, de tener halcones que salieran a “cazar” por él.
Osinde –el mismo que en 1973 participó de la masacre de Ezeiza– estaba a cargo de la Coordinación Federal cuando Juan Domingo Perón, por medio del decreto secreto 16.349, creó el escalafón secreto de auxiliares. En 1958, se sancionó la ley secreta 2075 de creación del Cuerpo y, en 1963, se aprobó la Orgánica. Cuatro años más tarde, se reglamentó a través del decreto 2322. Por el carácter secreto, muchas de estas normas son desconocidas salvo para quienes han intentado durante años entender cómo funciona el secreto dentro de la PFA pese a los intentos de las distintas administraciones por mantener el oscurantismo.
La ley orgánica regula, de alguna manera, la existencia de quienes ingresan al Cuerpo. Les dice que tienen que pedir permiso para casarse con 60 días de anticipación como para que la PFA pueda rastrear, entre otras cosas, que el potencial o la potencial consorte no tenga antecedentes o, más importante aún, no tenga contacto con servicios de potencias extranjeras.
Para entrar, al momento en que lo hizo Balbuena, había que cumplir con una serie de requisitos: ser argentino nativo o por opción, no tener antecedentes, tener entre 20 y 30 años, acreditar antecedentes morales, haber hecho la secundaria y pasar una serie de exámenes. Si salían airosos en la tarea, entraban en comisión a la PFA para hacer el curso de capacitación en la Escuelita de Inteligencia, que funcionaba en la comisaría 8ª –ubicada a una cuadra del Hospital Ramos Mejía–. Eso sí: no podían festejar ni con la familia. Las directivas ordenaban que si un aspirante hablaba de más sobre su intento de ingresar al Cuerpo, después tendría que negarlo diciendo que se había arrepentido.
Dos elementos son fundamentales en la vida de los “plumas”: la exclusividad en la tarea de inteligencia y el secreto. Pueden trabajar en otras reparticiones del Estado o en empresas como pantalla. Solo tienen vedado vender su fuerza laboral a otros servicios de inteligencia, policías o agencias informativas. Con el secreto no se negocia: no pueden revelar que son agentes o que lo fueron. Incluso, el jefe de la PFA está facultado a mentirles a los jueces si le preguntan sobre la existencia del Cuerpo de Informaciones, así lo establece el artículo 12 de la Ley Orgánica.
C uando Balbuena entró al Cuerpo de Informaciones, se estaban terminando los años de gloria de muchos de sus integrantes. Algunos habían sido destinados al Batallón de Inteligencia 601 del Ejército que tenía un rol coordinador a través de la Central de Reunión y de los grupos de tareas que dependían de ella. Varios se habían arremangado las camisas para torturar en los centros clandestinos y arrancar información a esos cuerpos sufrientes para mantener la maquinaria represiva en marcha.
Seguramente habrá escuchado las anécdotas de algunos de los que actuaron en Club Atlético, el centro clandestino que funcionaba en una dependencia de la PFA en el cruce de las avenidas San Juan y Paseo Colón. Con el tiempo, el campo de concentración se fue mudando y cambiando sus denominaciones. Así pasó a conocerse como El Banco o como El Olimpo. En esas mazmorras actuaron algunos ilustres integrantes del Cuerpo de Informaciones como Pedro Santiago Godoy –más conocido como “Calculín”–, Oscar Augusto Rolón –“Soler”–, Juan Antonio del Cerro –“Colores”– y Juan Carlos Mario Chacra, que se presentó como el tercer jefe del “Olimpo”. Ahí también operó Julio Simón, más famoso como el “Turco Julián”, que era un supernumerario del Cuerpo de Informaciones de la Federal.
No todos intervinieron en la represión en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los apodos más mencionados fue el del “Gordo 1” en la guarnición militar de Campo de Mayo. Durante décadas, la Justicia no supo de quién se trataba. Era Carlos Francisco Villanova, un selecto miembro del Cuerpo de Informaciones, que incursionó en política de la mano del carapintada Aldo Rico.
En los tribunales de Comodoro Py, circula desde hace años un listado con los nombres de quienes integraron el Cuerpo de Inteligencia durante los años más duros de la última dictadura. La nómina –enviada por el gobierno kirchnerista– tiene más de 150 identidades. Unos cuantos de estos agentes ya murieron, los que pudieron ser vinculados a centros clandestinos fueron investigados y la gran mayoría se ha mantenido fuera del foco de jueces y fiscales.
Después de varios años en el Departamento de Asuntos Laborales, Balbuena pasó por Antecedentes y por la Dirección General de Inteligencia. Para 1996 estaba destinado a la delegación San Martín. Hay que saber algo sobre los plumas: pueden estar en cualquier lado.
Ese año fue bastante convulsionado para la inteligencia policial. La Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) se atribuyó la balacera contra el médico policial Jorge Bergés, el partero que era parte del circuito de robo de bebés en los centros clandestinos que funcionaron durante la dictadura en el sur del conurbano. Los plumas venían hacía tiempo tras los pasos de la ORP. Era uno de sus principales intereses después del ataque al cuartel de La Tablada en 1989 y de la emergencia de la llamada Brigada Che Guevara –antecesora directa de la ORP. La historia de la Brigada Che Guevara terminó en tragedia cuando, en noviembre de 1990, intentó asaltar una escuela de La Boca en el día de cobro y, en la huida, terminó muerta Vanesa Perinetti, una nenita de seis años que jugaba en la calle. El entonces ministro del Interior Julio Mera Figueroa les reconoció a los padres que las balas que la asesinaron eran de los integrantes del temido Departamento de Protección del Orden Constitucional (POC) –también integrante del área de inteligencia de la PFA.
A la semana del ataque contra Bergés, un tal Jorge, que decía tener información sobre la ORP, llamó a la redacción de la revista Noticias. Cuando los periodistas fueron a su encuentro, sacó su documento y se presentó como Francisco Benzi. Dijo que reportaba al POC y que había estado infiltrado en la ORP. Las autoridades terminaron reconociendo la vinculación de Benzi con el Cuerpo de Informaciones. Lo que nunca quedó claro es si Benzi decía la verdad y la PFA se enteró 25 días antes del atentado y no hizo nada para impedirlo.
La investigación sobre la ORP se hizo en los tribunales de Comodoro Py, un territorio que, para entonces, caminaba todos los días Claudio Lifschitz, otro célebre integrante del Cuerpo de Informaciones. En 1995, el comisario Jorge “Fino” Palacios le sugirió al juez que tenía la investigación sobre el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Juan José Galeano, que lo sumara a su equipo. Le advirtió que tenía formación en inteligencia y no era parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), lo que podía jugarle a favor en la pulseada entre los servicios. Lifschitz estuvo dos años en el juzgado de Galeano. A partir de 2000, empezó a denunciar cómo las autoridades argentinas encubrieron el atentado contra la sede de la calle Pasteur que dejó 85 muertos.
Ese mismo año, los plumas tuvieron otro momento de fama. Para entonces, Gustavo Béliz era una joven promesa de la política argentina. Aparentemente, se convirtió en un foco de interés para la inteligencia de la PFA cuando dejó su cargo de ministro del Interior en el gobierno de Carlos Menem. En aquel momento, entró en escena una rubia atractiva que había ingresado al Cuerpo de Informaciones para la misma época que Balbuena. Se llamaba Mónica Amoroso y, con el tiempo, llegó a formar pareja con el legislador Miguel Doy, la mano derecha de Béliz. Cuando Doy se enteró del engaño, terminó revoleando las cosas de Amoroso por la ventana de la casa que compartían. Hay quienes todavía recuerdan el escándalo en su despacho de la Legislatura porteña.
Ciro James fue, entre 2008 y 2009, el encargado de pasar a buscar casetes con escuchas a la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE –más conocida como “Ojota”– en avenida Los Incas. Cuando salía con las grabaciones, el pluma lo llamaba al “Fino” Palacios, que ya había dejado la PFA y se había convertido en el primer jefe de la Policía Metropolitana gracias a la relación que había trabado con Mauricio Macri en los años noventa. Las intervenciones telefónicas que James tenía en su poder se habían ordenado desde Misiones pero se hacían a abonados que estaban en Buenos Aires: Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA, y Néstor Leonardo, el cuñado de Macri. Por las escuchas, Norberto Oyarbide procesó en 2010 al entonces jefe de gobierno porteño. El procesamiento se cayó días después de que Macri asumió la presidencia. Para entonces, Oyarbide ya no tenía la causa y esa decisión –tomada en el clímax de su relación con el kirchnerismo– le valió el odio eterno del líder del PRO.
El episodio de las escuchas fue el primero en una trama en la que Macri aparecería vinculado al espionaje. En su gobierno, un grupo de policías de la Ciudad pasó en comisión a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se dedicó a hacer espionaje político. Uno de los integrantes de ese equipo, Leandro Araque, había sido pluma antes de saltar a la Metropolitana. La Cámara Federal porteña entendió que no hubo una práctica sistemática u ordenada desde la Casa Rosada. Sin embargo, en esa investigación, volvieron a aparecer seguimientos a la propia familia Macri: a Florencia, la menor de los hermanos, y a su pareja de entonces, Salvatore Pica.
P ara decepción de Balbuena, hay otro pluma más famoso que él: José Pérez, más conocido como “Iosi”. Protagonista de un libro escrito por los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky y de una serie taquillera en la plataforma Amazon Prime –Iosi, también juega un rol fundamental en la historia del “Pelado” Balbuena.
Iosi es un par de años más joven que Balbuena, pero entraron casi en simultáneo a la PFA, cuando la dictadura se estaba retirando pero se mantenía como una figura espectral dentro de la institución policial. En 1985, a Iosi le ordenaron infiltrarse en la comunidad judía. Logró entrar a instituciones relevantes y le pasó información a la Federal que podría haber sido clave para los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA. Eso le pesó en su conciencia y habló. Los buscó a Lewin y a Lutzky. Golpearon muchas puertas, incluso la de Cristina Fernández de Kirchner, y no encontraron demasiada ayuda. Finalmente fue a la fiscalía que manejaba Alberto Nisman a declarar. El fiscal no estaba, pero aun así contó todo lo que sabía. La confesión de Iosi probablemente haya tenido mayor impacto en los medios que en la justicia. De todos modos, obligó a que su manipuladora –una oficial de inteligencia que, en sus años mozos, había estado infiltrada en un diario de un organismo de derechos humanos– tuviera que declarar. Reconoció la infiltración, aunque le bajó el precio a los resultados.
Durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, Iosi se convirtió en una especie de asesor. Como tal, un día llamó a Miriam Lewin. La citó en un bar y apareció con una lista:
–Está infiltrado en la Agencia Rodolfo Walsh. ¿Vos conocés a esta gente? ¿Podés contactarlos? Por supuesto yo no puedo aparecer.
Lewin, según relata en el libro que publicó junto a Lutzky por la editorial Planeta, se contactó después con dos integrantes de la Walsh, Oscar Castelnovo y Grinberg. La sorpresa fue total porque Balbuena había sido un compañero de lo más activo durante los últimos diez años.
U n halo de profesionalismo envuelve a los plumas. “Fijate que si los identifican es porque hay una filtración, no porque hagan algo mal”, dice un funcionario que tiene trato con el área de inteligencia de la PFA. “Son los que mejor manejan la inteligencia humana”, agrega. En otras palabras, los que manejan más informantes o buchones pero también los que mejor saben infiltrarse. Pueden pasar años, como Iosi o Balbuena.
La ley que rige la actuación del Cuerpo de Informaciones no se modificó durante la democracia. Durante la gestión de Sabina Frederic al frente del Ministerio de Seguridad se trabajó en un proyecto de reforma de la PFA, que nunca alcanzó a llevarse al Congreso ni siquiera a convertirse en una promesa del Ejecutivo –como en el caso de la Ley de Inteligencia.
Hace doce años, Marcelo Sain estimaba en una nota publicada en Página 12 que unas mil personas integraban el área de inteligencia de la PFA. Ese número, dicen, es correcto. Incluso lo estiran un poco más. Algunos reportan en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINICri) del Ministerio de Seguridad, otros están desperdigados en las brigadas y otros siguen inamovibles en el Cuerpo de Informaciones. Como ese no es su único empleo, los plumas pueden estar también en un estudio jurídico, en una obra en construcción, dando clases en una facultad o trabajando en un andén de una estación de subte.
E l 21 de mayo de 2013, un grupo de organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda denunciaron la infiltración de Balbuena. Dijeron que el oficial había usado a la Agencia Walsh como medio para espiarlos a todos ellos. Cinco años y medio después, el juez federal Sergio Torres llamó a indagatoria a Balbuena. Luego convocó a tres de sus superiores en la División Análisis. Todos dijeron que estaban encargados de hacer una agenda de marchas y protestas para conocimiento de la Policía Federal. Entre marzo y abril de 2019, el juez Torres procesó a Balbuena, a Alfonso Ustares y a Alejandro Sánchez por abuso de autoridad –una figura menor que podría acarrear una sanción muy inferior al tiempo que lleva abierta la investigación.
La defensa de Balbuena en la causa tuvo todas las comodidades que le otorga una ley opaca nacida en dictadura. El infiltrado habló de los dos ejes que rigen la vida de los plumas: la obligación de tener un empleo de cobertura y la obligación de mantener silencio sobre su función policial. Si bien dijo que su participación en la agencia era un “hobby” conocido por sus superiores, no pudo explicar cómo era que gozaba de tantas facilidades de horarios para estar presente en cada actividad en la que los genuinos integrantes de la Walsh no podían hacerlo. Hay un punto que tampoco logró aclarar: técnicamente la ley orgánica prohíbe que los agentes de inteligencia tengan otro trabajo en una agencia informativa.
La causa pronto cumplirá una década en los tribunales de Comodoro Py, donde jueces y fiscales, en general, no se destacan por la voluntad de investigar a los espías con los que han convivido durante largos años o convocado para intervenir en investigaciones. El juzgado que tiene que llevar adelante el juicio está vacante desde que renunció Rodolfo Canicoba Corral. La única actividad que registró la causa en los últimos meses fue un intento de la defensa de Balbuena –ejercida por el exfiscal Jorge Álvarez Berlanda– de anular el pedido de elevación a juicio de la querella que encabezan Myriam Bregman y Matías Aufieri. El fiscal Carlos Stornelli se plegó a la intentona por atrasar un poco más el trámite. Si Balbuena alguna vez será enjuiciado o sancionado por la PFA es un misterio digno del secretismo con el que el Cuerpo de Informaciones atravesó dictaduras y democracia.
