"Te vas a enterar de cosas feas, y muchas son verdad", le advirtió Robert Frainer en 2007 a Gustavo Ariel Chamorro. El primero dirigió el Instituto Provolo a nivel mundial hasta la intervención del Vaticano en julio de 2017; el segundo era por entonces director de la filial ubicada en La Plata. Frainer tenía razón.

Después de las ejemplares condenas dictadas en Mendoza el pasado lunes 25 de noviembre, la fiscal platense Cecilia Corfield atesora dos certezas: que las sentencias generaron un efecto dominó y despertaron a varias víctimas que pidieron declarar; y que, sin embargo, el apoyo del sistema político bonaerense sigue siendo escaso en esta causa de alto voltaje. “Estoy sola”, afirma.

Si en la provincia cuyana ya se dictaron condenas en la primera de las tres partes en las que se dividió la causa, es en buena medida porque la vicegobernadora Laura Montero se involucró personalmente para garantizar la seguridad de los sobrevivientes y testigos. En La Plata, aunque el expediente se inició por la misma fecha, el proceso aún está en etapa de instrucción –en este caso, la gobernadora María Eugenia Vidal omitió cualquier referencia al caso y mucho menos contactó a las víctimas para ofrecer recursos y acompañamiento.

La causa radicada en la capital bonaerense tuvo un primer fiscal, Fernando Cartasegna, que fue eyectado hace casi dos años de su cargo debido a serias irregularidades. Cuando la fiscal Corfield vio las actuaciones de su antecesor lo primero que hizo fue allanar el inmueble de calle 47. Iba en busca de lo que el testigo Lisandro Borrelli había denunciado: el cuarto dentro del subsuelo donde lo colgaban para torturarlo.

Borrelli estuvo en el Provolo entre 1989 y 1993. Allí era atado por horas a un riel que había en el subsuelo de la cocina. Además, lo mantuvieron encerrado en la jaula para los conejos. También sumó otro dato: el Provolo tiene en Valeria del Mar, partido de Pinamar, una casa situada en Pedro de Mendoza 2287, a donde Borrelli fue trasladado durante un verano. Lo obligaron a ocuparse de la limpieza y lo ataban a un árbol para castigarlo. Ese domicilio también fue mencionado en la causa de Mendoza y si no se relacionan ambos expedientes quedará como un cabo suelto. A raíz del escándalo internacional, hoy la vivienda se mantiene cerrada y en estado de abandono.

En el caso de La Plata, el exdirector Chamorro señaló en su declaración que el cura italiano Corradi llevaba a los niños a la casa de Valeria del Mar, negando la posibilidad de que fueran acompañados por sus padres. En Mendoza, una de las madres contó que, durante un viaje a esa delegación costera en 2015, una alumna relató que vio cómo una de las docentes le llevaba un chico a Horacio Corbacho, uno de los curas condenados a 45 años de prisión.

El otro testigo clave en el expediente platense es Daniel Sgardellis, que vive en Salta. Ya en 2013 se atrevió a contar, por medio del lenguaje de señas y a través de un video que subió a YouTube, lo que había padecido entre 1980 y 1991. En esa grabación le pide a otras víctimas que denuncien tal y como tenía pensado hacerlo él. Recién tres años después llegó a la justicia el segundo testimonio, el de Borrelli, en 2016. Luego de las condenas en Mendoza, pidieron hacerlo otras dos.

Sin embargo, la fiscal acaba de reconocer que como mucho podrá llevar a juicio a Corradi y al profesor de Informática José Britez, ya que Italia no se mostró receptiva para responder al pedido de extradición que pesa sobre el octogenario Eliseo Primatti, quien se fugó cuando comenzaron las detenciones.

pasaje a Argentina

En 2003, el Instituto Provolo recibió de manos del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, el premio Juntos Educar. El galardón era a causa de su ejemplar labor educativa “en la instrucción, educación y asistencia a los sordomudos y a la juventud necesitada”. Por ese entonces se hablaba poco sobre la Obra, pero cada vez que trascendía en los medios era por su noble misión.

Creado en 1840 en Verona, el instituto debe su nombre al obispo Antonio Provolo, quien se dedicó a la educación de los sordomudos bajo los métodos oral y mímico-gestual. La sede situada en la Calle 47 de La Plata, conocida como “Casa Provincial de la Compañía de María para la educación de sordomudos”, fue la primera en Argentina, comandada por el cura Albano Mattioli, italiano naturalizado argentino. Luego se abrió la sucursal mendocina en Luján de Cuyo, la cual fue oficialmente inaugurada en 1998 como “Casa Local de Mendoza de la Compañía de María”.

Argentina fue uno de los destinos que tomaron varios sacerdotes que se habían tornado incontrolables en Verona, donde abusaron de chicos hipoacúsicos entre las décadas del sesenta y el setenta. El mundo se enteró el 22 de enero de 2009, a través del semanario L’Espresso, cuando Di Paolo Tessadri publicó una nota bajo el título: “Nosotros, las víctimas de curas pederastas”. El artículo mencionaba que la cantidad de chicos abusados, cuyos vejámenes se extendieron a lo largo de tres décadas hasta 1984, eran innumerables, pero también remarcaba que una docena de los casi 25 curas acusados seguía en la institución. Tessadri aportó un dato que explicaba, en parte, el proceso de selección de víctimas: “El Provolo de Verona acoge a las pequeñas familias pobres”, fundamentalmente del nordeste italiano.

Fue entonces cuando 67 personas se animaron a enviar una carta al diario en la que contaban lo que habían padecido. "Los sacerdotes y hermanos religiosos nos han abusado sexualmente", afirmaban. Muchos se sorprendieron de que no buscasen ninguna resolución judicial, ya que los delitos estaban prescriptos, pero lo que querían era que se supiese para que los niños que permanecían en el Provolo no atravesasen lo mismo que ellos. Los testimonios reunidos llegaron el 20 de noviembre de 2008 a monseñor Giampietro Mazzoni, el juez del tribunal eclesiástico de la diócesis de Verona, quien hizo caso omiso. En esa carta, entre otras cosas, le informaban que en la habitación utilizada como confesionario en la iglesia de Santa María del Lamento del Instituto Provolo, sacerdotes hicieron que algunas niñas sordas los masturbasen. También le advertían que los abusos, muchas veces acompañados por golpes, se producían de manera sistemática en los dormitorios de los curas, bajo el altar, en las duchas y en los baños del Instituto.

Buscando calmar a las víctimas se inició una investigación interna y el 14 de diciembre de 2012 se dio a conocer el dictamen. Monseñor Mazzoni fue el encargado de entregar “un humilde pedido de perdón” a las víctimas, tras marcar que la pesquisa se había retrasado por la superposición de denuncias y porque había sacerdotes acusados que ya se habían ido del instituto en algunos casos, y habían muerto en otros. Recién ahí, la Santa Sede condenó a algunos sacerdotes a dedicarse a la oración y a la penitencia, impidiéndosele cualquier contacto con menores. No obstante, los curas que estaban en Argentina no recibieron sanción alguna. El manual de encubrimiento de la Iglesia indica que siempre hay que actuar después de que los abusos se hacen públicos. El Provolo no fue la excepción.

yo encubro, tú encubres

Durante años, a través de cada uno de sus testimonios, los sobrevivientes fueron develando cómo funciona el manual de encubrimiento cuyos pasos la Iglesia católica sigue a pie de juntillas en todo el mundo, cada vez que un sacerdote acosa, abusa y/o tortura a un niño. El caso Provolo encaja perfectamente:

1. ante las primeras quejas, alejan mínimamente al cura;

2. callan y amenazan a la víctima, que suele ser menor de edad, sin que queden al margen sus familias;

3. presionan a quienes podrían romper con esa línea y emitir alguna queja, como por caso otro cura;

4. si el victimario se les torna incontrolable, lo trasladan;

5. si se hace público, emiten un comunicado simulando “dolor” y enunciando su deseo de acompañar al agredido y a su familia; a la par que le cierran por completo las puertas a los mismos que dicen apoyar;

6. inician un ineficaz e interminable proceso interno que terminará en algún cajón de la Santa Sede.

El papa Francisco sabía lo que pasaba en el Instituto Provolo y no hizo nada. Esa es la certeza que tiene el italiano Francesco Zanardi, presidente de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Italia. ¿En qué se basa? Desde que fue ungido en marzo de 2013, el Sumo Pontífice fue informado al menos en tres oportunidades de que quince curas italianos, acusados de abusar de chicos hipoacúsicos en ese país, fueron enviados entre otros destinos a la Argentina.

En mayo de 2014, Zanardi mandó a la Secretaría de Estado del Vaticano un video en el que aparecen 17 víctimas narrando lo que habían vivido y un listado de sacerdotes acusados con el sitio donde residían. En Argentina, figuraban Giovanni Granuzzo, Nicola Corradi, Luigi Spinelli y Eliseo Primatti. No obtuvo respuesta.

El 20 de octubre de ese mismo año, la Asociación de Sordos del Provolo de Verona, mandó una carta dirigida al obispo Giuseppe Zenti, a la Congregación por la Doctrina de la Fe, y a Francisco: “En aquella carta –contó Zanardi–, otra vez aparece el nombre de Corradi y de otros catorce curas acusados de abusos, cuatro de ellos escondidos en Argentina”. Por último, la misma fue entregada, una vez más, el 28 de octubre 2015, ahora directamente en las manos del Papa por una de las víctimas del Provolo veronés, Giuseppe Consiglio, momento que fue registrado en una fotografía. Cara a cara, en el aula Paulo VI, Consiglio le contó, como pudo, lo que había padecido, a lo que el Papa respondió con un pedido de disculpas y su consabido “recen por mí”. En ninguno de los casos hubo respuesta alguna.

Recién más de un año después, el viernes 25 de noviembre de 2016, cuando declararon las primeras víctimas argentinas, se realizaron allanamientos en la sede de Luján de Cuyo, fueron detenidos los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y se destapó un escándalo internacional, el Vaticano nombró a un comisario apostólico e intervino el Provolo. La primera expresión pública de la Iglesia fue una mentira: “Quiero aclarar mirándolos a los ojos, con las manos limpias y la conciencia tranquila, que nunca fuimos notificados de antecedentes penales que pesaran sobre ninguno de los sacerdotes imputados”, dijo el arzobispo de Mendoza, monseñor Carlos María Franzini.

Lo que no sabían era que se acababa de destapar el caso que iba a demostrar hasta qué punto la mecánica de encubrimiento dentro de la Iglesia católica es transnacional. Otro 25 de noviembre, esta vez de 2019, se conocieron las condenas (45 años para Corbacho, 42 para Corradi y 18 para el jardinero Armando Gómez) y concluyó la primera de las tres partes de la megacausa mendocina. En simultáneo, una sensación de alivio corrió por el cuerpo de los sobrevivientes de La Plata y de Verona. No era para menos: por primera vez desde que comenzaron los abusos en la Italia de los años sesenta, luego en La Plata durante los ochenta, y en Mendoza allá por la década del noventa, habían logrado que les crean.

poética del abuso

En 2002 Julio García, miembro de la orden platense, se atrevió a exigirle a Nicola Corradi, mediante una misiva, que “tome cartas en el asunto” por las irregularidades y perversiones sexuales que estaban sucediendo. Esa carta fue encontrada cuando se allanaron las oficinas del Provolo mendocino, junto con un fax impreso en el que había dos comunicaciones despachadas. La primera fue enviada al vicario general en Italia; la segunda a Corradi. En ambas, García se refería a lo que se vivía puertas adentro del Provolo platense. Acusaba a un novicio y exseminarista de nombre Gerardo Risso por “conductas desviadas” y marcaba la complicidad de otros sacerdotes para protegerlo, avalando estas acciones. Incluso destacaba que Risso había sido rechazado en la orden bonaerense precisamente por esta conducta, al tiempo que pedía a Corradi que no le diera la espalda porque un grupo de curas de la misma sede lo protegía “a capa y espada” y avalaban la posibilidad de que regrese al Provolo.

García adjuntó una copia de un poema escrito por un interno. “El cántico de Gerardo” no solo poseía un alto contenido sexual en su lenguaje a la hora de identificar las prácticas del ex seminarista en la intimidad de la orden, sino que también exponía la naturalización de los abusos.

En otro de los párrafos de la carta, el autor también se refería a las irregularidades en la administración de la ropa y la comida que deberían haberse entregado a los niños que estaban en el albergue de La Plata. Acusaba a las monjas, quienes tenían esa tarea, de dejar 578 pulóveres guardados para que “se llenen de polillas” y de “vender la ropa que nos entra en donación por 2 o 3 pesos”. Por último, resaltaba que a los chicos les servían alimentos ya vencidos, agregando que “es un milagro que ningún niño se haya enfermado”.

Aunque el vínculo entre los poderes judiciales bonaerense y mendocino es prácticamente nulo, tanto los investigadores platenses como los de Mendoza llegaron a conclusiones similares: a) las víctimas predilectas eran aquellas cuyos padres no conocían el lenguaje de señas; b) administrativos y religiosas fungieron como filtro para medir mediante torturas y juegos de roles a quiénes entregaban; c) los arzobispados de La Plata y Mendoza dieron la espalda a las denuncias internacionales.

Para entender la magnitud institucional del caso Provolo es necesaria una mirada integral que vincule lo sucedido en Verona, La Plata y Mendoza. Luego del avance que representó la primera serie de condenas, el proceso de La Plata debería caminar en esa dirección.