—¿Alguien sabe cómo opera la DEA en Argentina?

Esa es la pregunta que el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, lanza a cada periodista que lo interroga sobre las acusaciones de que la Drug Enforcement Administration (DEA) maneja a gusto y piacere a la ProcuNar. Más aún: que la DEA tiene absoluto dominio sobre puertos y fronteras, y que posee una legión de jueces y fiscales moviéndose al compás de sus intereses.

Iglesias responde: son cinco personas. Para el fiscal oriundo de Bahía Blanca, la presencia de la DEA en el país está magnificada. Ante ellos, agrega:

—Si yo soy funcional a la DEA, la DEA es funcional a mí. A la DEA la uso (o me usa a mí) porque me aporta información de otras DEAs del mundo. No trabajo operativamente con la DEA bajo ningún concepto.

Su respuesta se inserta en un debate más amplio: ¿qué estrategias utiliza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para penetrar y cooptar las distintas capas del Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad locales?

En Argentina, la nueva cara visible de la DEA es el agregado Steven Genevish. Pero el trabajo sucio lo hacen dos agentes que manejan los hilos operativos en el territorio y en las oficinas: Rodolfo Cesario y Charles Mannick. Para la Cancillería, ambos son “agregados diplomáticos”; al igual que los otros seis efectivos que componen el plantel estable de la agencia en la “Oficina Residente” radicada en el país. Entre todos, destaca el teniente de la Armada de los Estados Unidos, Gabriel Gómez, ex candidato republicano al Senado por Massachusetts, quien durante la década del noventa entrenó unidades antidroga en Bolivia y Perú. En el país cocalero, Gómez supervisó la traducción de un conjunto de guías de capacitación para programas contra narcóticos que son utilizadas en toda América Latina.

El esquema que emplea la DEA Argentina es de cooperación. Con este argumento, se muestran activos a la hora de capacitar e invitar tanto a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales como a magistrados y fiscales. Sostenida en el tiempo a través de las ocho oficinas que tienen en la región, este intercambio es una excusa perfecta para obtener información de inteligencia con fines diversos, sin importar quién gobierne.

fiesta en la embajada

Durante una conferencia organizada por la Universidad Nacional de Avellaneda, en 2016, Marcelo Saín, actual ministro de Seguridad de Santa Fe, situó a la DEA en el centro de la trama político y judicial vernácula.

—No se entiende nada de lo que ha ocurrido en la Argentina, a nivel policial y a nivel político, si no se comprende cómo trabaja la DEA en nuestro país; porque el órgano rector, el que construyó la interpretación, el que vende el discurso, el que tiene el reservorio de inteligencia más sofisticado sobre el narcotráfico es la DEA. La DEA controla jueces (…) la DEA no necesita jueces probos, la DEA necesita jueces a los que les diga: “dejame pasar este embarque de 300 kilos porque yo quiero que termine en Marbella (España), porque tenemos caminada la organización y la tenemos infiltrada”. Puedo dar, como jefe de Policía (de Seguridad Aeroportuaria), ejemplos notables de favores que nos pedían para que no detengamos narcotraficantes dentro de organizaciones porque eran hombres de ellos. La DEA controla el control del narcotráfico en la Argentina.

La punta del ovillo, para el especialista en Derecho Procesal Penal Alberto Binder, hay que buscarla en la década del noventa. Mientras se cocinaba la creación de Comodoro Py y nacían los Canicoba Corral, Bonadio, Oyarbide, Stornelli y Pleé, entre otros, la SIDE conducida por Hugo Anzorreguy tramaba un vínculo entre el espionaje, los jueces y fiscales federales, y la DEA. Esa red no paró de alimentarse.

En 2019, una serie de fotos cerraron el círculo de sentido sobre dos ideas: la de Juan Manuel Olima Espel, secretario general de Coordinación de la Procuración, con la gorra de la DEA; y las de Iglesias y el procurador interino Eduardo Casal, en la fiesta de la Embajada por el 4 de julio. Las conclusiones fueron lineales: por un lado, que la Procuración General de la Nación está copada por la Embajada; y por el otro que la ProcuNar está regida por los intereses de la DEA.

Diego Iglesias ingresó como meritorio en 1994 en el juzgado de Instrucción porteño de Alberto Baños. A metros, como pinche también, trabajaba su amigo Olima Espel. Dos años después, Iglesias se sumó al equipo de Sergio Torres, quien al desembarcar en Comodoro Py como juez federal, en 2002, no tardó en convocarlo. Allí, el actual integrante de la Suprema Corte Bonaerense se especializó en dos temas: derechos humanos y narcocriminalidad. La secretaría abocada al segundo ítem quedó a cargo de Iglesias. La DEA se cruzó en el camino del fiscal en 2010, cuando un argentino que trabajaba para la agencia norteamericana lo salvó de un escollo: encontrar un laboratorio en Estados Unidos que hiciera una pericia determinante sobre qué era el paco.

Iglesias y Sain mantienen una controversia que el primero digiere con dificultad en privado y el segundo dirime en las redes sociales. El fiscal está seguro de que lo usan para pegarle a Casal: “Me pega Saín que se sienta con la DEA”, masculla. En tanto que el Ministro deja entrever que no se trata de un enfrentamiento personal, sino político. No obstante, confirma que a comienzos de este año se reunió con Genevish, con quien acordó trabajar en colaboración con la DEA solo en lo atinente a la obtención de información en el exterior que pueda ser de utilidad para el gobierno provincial.

Según Iglesias, Casal es el procurador más técnico que conoció. En cambio, para fiscales como Mónica Cuñarro, es alguien que dejó que el Ministerio Público Fiscal sea conducido en parte por la Embajada. También cuestiona la dilatación de concursos como forma de disciplinamiento y el nombramiento de fiscales generales jubilados, lo cual considera actos viciados de nulidad. Para Cuñarro, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 16 (especializada en narcotráfico):

—La DEA tiene su agenda. Como es una agencia internacional solo le preocupa, y está bien que así sea, lo que afecta a los Estados Unidos. El problema no es la DEA, sino nuestras fuerzas federales, las que hasta hoy, con cambio de administración, no tienen ninguna línea trazada al respecto, lo que me preocupa sobremanera, y espero se corrija.

el lado bullrich de la vida

Germán Montenegro conoce a la DEA por dentro, como resultado de haber tratado con su cúpula y sus agentes cuando dirigió la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entre diciembre de 2012 y enero de 2015. Ese vínculo fue recobrado ahora, que acompaña a Marcelo Saín en Santa Fe. Para él, en países como Argentina la DEA logra imponerse por sus ingentes recursos y por la endeblez de la estructura local.

—Los interlocutores de la DEA en el país son la ProcuNar, el Ministerio de Seguridad y las fuerzas que lo acompañan. El trabajo de la DEA en Argentina hoy se basa en tareas de inteligencia y seminarios. La diferencia con otras agencias es cuantitativa y cualitativa. Las otras agencias del exterior no tienen ni su envergadura ni su política de despliegue en el territorio. Ni los alemanes, ni los españoles, ni los italianos hacen eso. Los norteamericanos tienen una política de cooperación más robusta.

En los hechos, durante el gobierno de Cristina Fernández, la DEA redujo su plantel fijo pero trabajó con autonomía con las fuerzas de seguridad. Con Macri en la Rosada, no sólo alcanzó la decena de agentes insertos en el país sino que hubo cursos sobre narcotráfico, terrorismo y vulnerabilidad en los aeropuertos, que se brindaron en la Escuela Nacional de Inteligencia de la AFI. Con Alberto Fernández, los especialistas coinciden en que, aunque pareciera que volvieron a perder terreno, los movimientos subterráneos de la agencia se conservan. Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Montenegro lo confirma:

—La DEA sigue manteniendo los vínculos que trazó durante la gestión Bullrich. A partir de trabajar con la DEA desde Santa Fe y viendo cómo se manejaron, puedo decir que mantienen un nivel de trabajo coordinado y bastante fluido con las fuerzas federales.

Fue la exministra Patricia Bullrich quien fortaleció la presencia de la DEA en la frontera del Noreste argentino, desde que el 10 de febrero de 2018 firmó en Washington un acuerdo para instalar un equipo interfuerzas  bajo la capacitación de la agencia norteamericana. Esas microestructuras compuestas por fuerzas de seguridad nacionales y provinciales son las más preciadas para la DEA. Un mes después, ante el Congreso Nacional, el jefe de Gabinete Marcos Peña precisó: “El lugar de trabajo del equipo interfuerzas es en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, y no en la Triple Frontera como se asevera; y se dedicará exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico, y no contra el terrorismo”.

Esa misma articulación, que sirve de paraguas institucional para su despliegue, es aplicada por la DEA en Salta desde fines de la década del noventa. Como era de esperar, la hipótesis de la militarización no tardó en aparecer en agenda. Según Germán Montenegro:

—La DEA no va hacia eso. Nosotros tenemos la idea de lo que pasa en América Latina y en Centroamérica, que sí va por ese lado. Acá no es así. La DEA estableció esta mecánica de vinculación con las fuerzas federales, provinciales y autoridades judiciales no desde ahora, sino desde los años setenta. Labraron muy pacientemente este vínculo, que le sirve también a las fuerzas de seguridad argentinas, porque en un marco donde se manejan con bastante autonomía este tipo de relaciones les significa capital en términos de información y relaciones. Eso es algo que nuestras fuerzas de seguridad cuidan mucho. Pero lo cierto es que no les interesa la militarización acá porque el esquema que armaron les es suficiente. 

vals del colador

El caso paradigmático de los últimos años es el de Marcelo D’Alessio, quien se presentaba como agente de la DEA ante sus eventuales interlocutores. Una fuente ligada al peronismo y con años dentro de la estructura del espionaje, sintetiza las ramificaciones del falso abogado:

—En Argentina, el espionaje político y empresarial de fuste se tercerizó. El mercado fue monopolizado por personas formadas por (Antonio) Stiuso, por otro lado por (Francisco) Paco Larcher y en tercer lugar por (Mario) Montoto. En lo concerniente a D’Alessio hay que saber que no es AFI, sino que trabajaba con la AFI; no es Embajada, sino que trabajaba con la Embajada; no es de Bullrich, sino que trabajaba con ella. Esas tres terminales eran vínculos de su jefe político, que era Montoto. Muchos subestiman a D’Alessio, pero lo suyo no era torpeza: era impunidad.

Lo cierto es que D’Alessio es un enigma que expresa el poder que han ido ganando los cuentapropistas del espionaje. Justamente, por esos intersticios es por donde puede colarse la DEA y su sistema de infiltrados.

Uno de los focos de preocupación actualmente dentro la órbita de la ProcuNar es el cartel brasileño Primer Comando de la Capital (PCC).Está tocando la puerta de Misiones, admiten. La fragilidad otra vez como caldo de cultivo: con sorna, en la Procuraduría relatan que cuando le solicitaron a la AFI un informe sobre las actividades del PCC, la devolución fue un trabajo redactado en base a Google. Según el diagnóstico del equipo de Iglesias, en Argentina no existen los carteles y por eso la logística del narcotráfico está tercerizada. Al no haber una organización que se ocupe de toda la cadena, emergen diferentes actores que se asocian y cada uno cumple un rol.

Para comprender la cosmovisión de Estados Unidos sobre nuestro país en este tema, debe tenerse en cuenta el sitio web de la DEA que en realidad redirige al de la CIA. Allí leemos una formulación que ubica a Argentina como país de tránsito:

-(Argentina es) un país de transbordo de la cocaína con destino a Europa, heroína para Estados Unidos y efedrina y pseudoefedrina para México; alguna actividad de lavado de dinero, especialmente en el área de la triple frontera; corrupción policial; una fuente de precursores químicos; aumento del consumo interno de drogas en los centros urbanos, especialmente a base de cocaína y drogas sintéticas.

No obstante, en los últimos años una novedad tomó relieve entre diplomáticos con los sentidos aguzados. El Departamento de Justicia armó en la Embajada un equipo comandado por Andrés Camacho, que antes no existía. Ellos son quienes coordinan toda interacción entre las agencias norteamericanas y sus contrapartes locales. Sus movimientos solo de vez en cuando brotan en la superficie, por ejemplo cuando brindan capacitaciones en provincias como Salta. La influencia norteamericana en el Poder Judicial argentino es una historia en sí misma.

big hammer

Los jueces y fiscales federales que rondan los cincuenta años apenas si tienen alguna referencia. Muchos, directamente, no escucharon hablar de ella. Tiene un nombre medieval, pero su existencia es muy reciente. La Orden del Martillo (ODM) fue durante casi dos décadas la organización que articuló el vínculo entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los magistrados, camaristas y fiscales federales desparramados en distintas latitudes del país.

Desaparecida la ODM, no se detuvo la expansión subcutánea de los intereses del gobierno norteamericano en la estructura judicial nacional. Todo lo contrario: se complejizó. La asociación de jueces y fiscales pro Estados Unidos fue absorbida por la fundación Centro de Estudios Americanos (CEA), cuya diversidad de intereses supera a su antecesora. Justicia y negocios son platos que se sirven en la misma mesa. Tal vez, nadie lo haya dicho con la abrumadora claridad del exjuez y actual embajador de Estados Unidos en el país, Edward Prado, cuando se presentó ante el Senado de la Nación.

—Mi intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial.

El camarista Mariano González Palazzo, de 73 años, fue el último presidente de la ODM. Actual integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en 1999 quedó en el centro de la atención cuando trascendió que había recibido en su despacho al por entonces ignoto barrabrava Rafael di Zeo. El camarista, habitual asistente a los partidos de Boca, era presidente del Colegio de Abogados de la AFA. Allí cultivó muy buena relación con Macri, y con el presidente del Tribunal de Disciplina Fernando Mitjans, esposo de la actual ministra de Justicia, Marcela Losardo.

¿Cómo ingresó a la Orden del Martillo?

—Fue luego de haber participado en una cátedra sobre narcotráfico y drogadependencia en la Universidad del Salvador. Hacíamos cursos en Estados Unidos. La Orden nace como convocatoria a todos aquellos jueces que habían sido invitados a Estados Unidos a hacer cursos. Al principio, era sobre administración y justicia. En Argentina se estaba en pleno proceso de instaurar el juicio oral. Eran cursos que daba el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Quiénes formaban parte?

—Me acuerdo de Fernando Archimbal, Martín Irurzun, Raúl Pleé, Jorge Casanova, María Servini de Cubría. También hicimos cursos con el FBI y procedimientos antidroga en Estados Unidos.

¿Hasta cuándo funcionó la Orden del Martillo?

—No estoy seguro, pero creo que hasta 2008. No duró tanto como debería haber durado.

¿Por qué se disolvió?

—Empezó a haber una serie de presiones políticas, publicaciones que decían que los jueces tenían intereses o relaciones con la DEA. En ese tiempo los jueces nos cuidábamos mucho de que la imagen no se vea manchada. Nuestra vinculación con la DEA siempre fue meramente técnica en expedientes o conferencias.

En la conducción de la ODM, el antecesor de González Palazzo fue Martín Irurzun, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y autor de una teoría muy polémica a la hora de llevar a cabo detenciones de dirigentes políticos. También conformaron la ODM el fiscal federal Carlos Stornelli y el exministro provincial de Eduardo Duhalde y exjuez federal Alberto Piotti, entre muchos otros.

Los seminarios eran organizados con la colaboración del Servicio Informativo y Cultural de los Estados Unidos. Figuran en el currículum de numerosos agentes judiciales con lugares relevantes en todo el territorio. Por ejemplo, asistieron los jueces Jorge Luciano Gorini, Gustavo Jorge Rofrano, Rita Acosta y Federico Herberto Calvete; el actual secretario de la Corte Suprema, Marcelo Bova; el fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Oscar Luján Fappiano; el fiscal federal Carlos Cearras y Fernando Larrain, quien recientemente renunció como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 2 en medio de la discusión por las jubilaciones de privilegio.

Aunque la ODM languideció en 2008, su misión no desapareció. Como ya mencionamos, fue tomada por una estructura más potente y diversificada: el CEA, presidido por Luis María Savino. En su sede porteña de calle Tucumán al 1500, agasajan a cada embajador norteamericano. Así fue, por ejemplo, cuando recibieron en 2008 a Anthony Wayne. Entre los anfitriones estuvieron los jueces Raúl Madueño (Casación), Sergio Fernández (Cámara en lo Contencioso Administrativo), Fátima Ruiz López (Tribunal Oral), Marcelo Aguinsky (Penal Económico) y Patricio Santamarina (exjuez federal de Lomas de Zamora hasta que fue enviado como delegado de la AFI en Madrid, motivo por el que su juzgado quedó a cargo de Federico Villena). Cada año, en octubre, realizan su tradicional cena anual. En 2019, el Alvear Palace Hotel fue la sede del convite al que asistieron, entre otros, el actual embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, José Ignacio De Mendiguren, Eduardo Amadeo, Luis Petri, Daniel Lipovetzki, Adrián Pérez y Fernando Sánchez, así como los periodistas Marcelo Bonelli y Jorge Castro. Hay tres auspiciantes permanentes: la Embajada norteamericana, la Cámara de las empresas estadounidenses en el país (AmCham) y la Universidad del Salvador.

Ahí se cuecen vínculos. Sin embargo, a la fastuosidad criolla se le suma otra pata: la del turismo judicial.

turismo judicial

Si hay algo que comparten la Embajada y las multinacionales es la organización de viajes formativos para tender lazos con, en este caso, integrantes de la estructura judicial del país. Para tal fin, cual cedazo, son fundamentales las organizaciones que los agrupan. Una de ellas es “Unidos por la Justicia”, creada por Germán Garavano y Santiago Otamendi, exministro y exsecretario de Justicia durante el macrismo. Otra es “Libra”, fundada por la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco.

En el libro Justicia en cambio, diálogo y participación, Luis María Palma narra los viajes de Highton y Garavano, a invitación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Palma, quien fue nombrado el 25 de julio de 2019 Director Nacional de Modernización Judicial en el Ministerio que conducía Garavano, reconstruye la historia de “Justicia en Cambio”, un Programa surgido en el año 2000 con el “objetivo fundamental de promover el conocimiento, por parte de los líderes de Argentina, de las mejores prácticas para la modernización de los Sistemas Judiciales”. La metodología es un canto a lo explícito: “realizar periódicas reuniones, que fueron acompañadas de intensos intercambios de ideas por vía electrónica, a fin de proponer temáticas y planificar cursos de acción junto a los responsables de la Embajada”.

De Argentina viajaron 101 jueces, fiscales, funcionarios y líderes de organizaciones con histórica capacidad de lobby en la Justicia, como policías y dueños de medios. Solo se transcribirán algunos de cada categoría: Cristian Abritta, secretario de la Corte; Jorge Álvarez Morales, juez de Cámara de la Provincia de Catamarca; Jaquelina Balangione, titular del Servicio Público Provincial de Santa Fe; Alberto Brito, juez de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; Luis María Cabral, exconsejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación; Luis Cevasco, fiscal general adjunto del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires; Héctor Chayer, director del Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (Fores); Jorge Durante, comisario de la Policía Federal Argentina (PFA); Damián Font, secretario de la Corte; María Garros Martínez, vicepresidente de la Corte de Justicia de Salta; Fernán Saguier, dueño de La Nación; Hilda Kogan, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Miguel Moreyra, juez de Cámara de Misiones; Alan Nessi, presidente de Unidos por la Justicia; y Florencio Rubio, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis.

A la par del turismo judicial, se despliega el inventario de temas clave para el sector. Uno de ellos es el sistema acusatorio, anhelo eterno de los fiscales. Para abrevar en la materia aparece OPDAT (Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscalías Extranjeras), una de las agencias norteamericanas que pisan cualquier territorio del orbe sin despertar sospechas. Según su página oficial, se creó en el ámbito de la División Criminal del Departamento de Justicia en 1991, en respuesta a la creciente amenaza de la delincuencia transnacional.

Para Binder, tomar los cursos que da la OPDAT en sí mismos como un mecanismo de cooptación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos es impreciso. Son espacios donde se conforman agendas y se cruza información, pero cuyo impacto no se puede entender aislado de otras relaciones.

—Lo que ocurre tanto con OPDAT como con otros organismos que son de capacitación, es que usan sus fines formales para tejer redes informales. Eso también lo hace la DEA y el FBI, pero en el marco general me parece que es de lo más transparente del problema. Hay que mirar a los jueces y a las redes de jueces que se auto identificaban como amigos de la Embajada.

Todo problema complejo es un poliedro. El del Poder Judicial y sus múltiples relaciones sin dudas lo es. Con el debate sobre la reforma judicial en ciernes, la discrecionalidad de los despachos de tribunales puede quedar lejos de su alcance. ¿Habrá llegado la hora de quitar el velo y ver qué se esconde detrás? No vale asustarse.