Cuando Sabina Frederic quedó al frente del Ministerio de Seguridad en 2019, a Valentina Novick le asignaron una tarea tan compleja como desafiante: mediar con la mismísima DEA (United States Drug Enforcement Administration). El reto no se quedaba ahí, también debía poner en caja un problema heredado de la gestión de Patricia Bullrich: los Grupos Operativos Conjuntos (GOC), la herramienta más preciada de la agencia norteamericana en el país.

Luego de décadas en las que la DEA financió informalmente a las fuerzas de seguridad federales y provinciales, a la vez que alimentaba una red de informantes capaz de hacer cualquier cosa para obtener premios en dólares, la creación de los GOC durante el gobierno de Cambiemos (2015-12019) pretendió otorgarle un marco institucional a esa penetración de facto. Para capacitar a quienes componían los GOC durante el proceso de selección de sus integrantes, la agencia antinarcóticos norteamericana le impuso a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, la utilización de polígrafos [detectores de mentiras] y una instancia en la cual podían entrevistar directamente a los oficiales sin la presencia de funcionarios argentinos. La soberanía se fue al tacho.

En medio de este proceso, aparece el nombramiento de Valentina Novick como Subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del ministerio de Seguridad de la Nación. Nacida en Córdoba, Novick llegó a la Ciudad de Buenos Aires en 1997, con el título de Licenciada en Ciencias Políticas bajo el brazo. Sus padres, dueños de un supermercado, le pusieron un ultimátum: o conseguía cómo sostenerse económicamente en el plazo de un año, o debía ocupaba un lugar como cajera en la empresa familiar.

En el 2000 se sumó al área de Seguridad porteña, durante la gestión de Aníbal Ibarra. En 2011 ingresó al Ministerio de Seguridad nacional, donde primero se desempeñó como asesora para luego pasar a ser Directora de Gestión Logística a cargo de la Coordinación, el Monitoreo y la Fiscalización de las fuerzas de seguridad federales. En 2014 comenzó a militar en la Comuna 15 con La Cámpora, bajo la conducción de Paula Penacca, actualmente diputada nacional.

Durante los cuatro años en que gobernó Mauricio Macri, Novick se dedicó a la consultoría. Su nombramiento en el Ministerio a cargo de Frederic, le permitió a la organización que conduce Máximo Kirchner involucrarse en un área en el que hace agua. No podía saberlo, pero faltaba poco para que la DEA apareciera en su camino.

Con la declaración de cuarentena a la vuelta de la esquina, la primera reunión que mantuvieron los funcionarios del ministerio de Seguridad con la agencia estadounidense fue el 20 de febrero de 2020. Rodolfo Cesario, agregado de la DEA en Buenos Aires, fue recibido por Cecilia Rodríguez, Jefa de Gabinete de la Cartera, por Iván Poczynock, director de Inteligencia Criminal, y por la propia Novick. Los norteamericanos tenían una demanda concreta: ¿qué pensaban hacer con los GOC? Esas task force, integradas por fuerzas de seguridad federales y provinciales, ya funcionaban en el NOA (noroeste) y el NEA (noreste), pero se proyectaba la creación de otras sucursales en la Provincia de Buenos Aires e incluso en la Capital Federal, en la región de Cuyo y la Patagonia.

La entrevista que a continuación publicamos, tiene un trasfondo: en la nota sobre el nuevo agregado de la DEA en Argentina –John Wallace– que apareció el 14 de marzo en crisis, se incluyen cuestionamientos vertidos por fuentes oficiales sobre cómo Novick habría gestionado de una forma demasiado ideológica el vínculo con la agencia norteamericana, durante su actuación en el Ministerio que abandonó ni bien fue desplazada Frederic en septiembre de 2021. Como respuesta, la ex funcionaria decidió “hablar para no ser hablada”.

¿Qué vínculo tuviste con la DEA durante tu gestión en el Ministerio?

- Con la DEA trabajé porque tuve la responsabilidad institucional de coordinar y monitorear los Grupos Operativos Conjuntos del NOA y el NEA. Lo primero que hicimos fue entender cómo había sido la relación con el gobierno anterior. Ahí encontramos que había demasiada autonomía en la relación de los funcionarios de la DEA con la Fuerza. Tuve la directiva, por parte de la Ministra, de que como Ministerio debíamos intervenir para coordinar la relación. También teníamos que avanzar sobre algunas prácticas que encontramos para que se respetaran las legislaciones nacional y provincial. Más allá de esto, siempre le aclaramos a la DEA que estábamos dispuestos a mantener una relación de colaboración porque era necesaria en este tipo de delitos. Pero que, a la vez, debían respetar nuestra legislación. Incluso, más allá de respetar la soberanía en nuestro territorio, era útil a los fines prácticos pensando en el éxito de las investigaciones, pues en caso contrario tienen el riesgo de terminar en la nada.

¿Qué implicaba esa autonomía?

- Una de las cosas que encontramos era que la DEA se reunía todos los meses con estos grupos y el Ministerio no se enteraba ni de la reunión ni de qué hablaban. O sea, había una relación directa con la Fuerza. Ni siquiera los jefes de esas Fuerzas se enteraban de las reuniones. Nosotros logramos instalar que como Ministerio debíamos participar en ellas sí o sí. Costó, pero lo logramos.

¿Cómo intervenía la DEA en el proceso de selección de integrantes del GOC?

- Las fuerzas de seguridad presentaban un número de aspirantes que luego tenían una entrevista con los agentes de la DEA y pasaban por el polígrafo. Si salían positivos viajaban a Quantico, donde está la sede central de la DEA en Estados Unidos. Allí recibían una capacitación. Luego volvían y conformaban el GOC. En el caso del GOC-NOA, la jefatura quedó en manos de Gendarmería, mientras que en el GOC-NEA era de Prefectura.

¿En las reuniones entre la DEA y oficiales que aspiraban a integrar los GOC entonces no habían funcionarios argentinos?

- No, era solo entre los encargados de la DEA y miembros de las fuerzas de seguridad. No había norma, solo una resolución de creación. Funcionaba así ad hoc. Nosotros hicimos una nueva resolución, en la que se ampliaba el objeto de narcotráfico a delitos conexos. También establecimos que los lineamientos los daba la Dirección de Investigación Criminal (DINICRI) mediante mesas de trabajo mensuales. Nuestro objetivo era que los GOC se transformaran en grupos de elite de investigación. Pero para llegar a eso había que resolver varias de estas cuestiones en función de la estrategia nacional del abordaje en la lucha contra el delito organizado.

¿Puede ser que también había una caja en dólares que la DEA ponía a disposición de los GOC para gastos, la cual no constaba en ningún lado?

- Sí. Sobre eso no se rendía cuentas en ningún lado. Era un intercambio directo entre la DEA y los miembros del GOC.

Cuando ustedes deciden hacer estas modificaciones, ¿la DEA acató?

- Al menos en los papeles, sí. El control de esto depende mucho de las ganas y motivaciones de los funcionarios. Se necesita estar encima e incluso hay que convencer a los actores de que es mejor hacerlo de otra manera. Porque además había antecedentes negativos sobre el uso de la plata (que inyectaba discrecionalmente la DEA) por parte de las fuerzas, pero no puedo comentar mucho más.

¿Alguna otra agencia extranjera gozaba de este grado de autonomía?

- No, ninguna. Creo que es algo que se dio en el tiempo, porque la DEA tiene otra lógica, mucho más intervencionista. Los intercambios con las agencias europeas, por ejemplo, son a través de capacitaciones. No te encontrás agentes de Europol en el territorio operando. La DEA lo hace en todo el continente. Así y todo, creo que en Argentina, por su condición de periferia, la DEA tiene menos intervención que en otros países latinoamericanos.

solo se trata de esperar

Tanto los detractores de la DEA como quienes la elogian coinciden en un punto: la permeabilidad de sus interlocutores locales (integrantes de las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales o funcionarios) depende menos de la Agencia norteamericana que del interés que los argentinos le asignen a ese vínculo.

Aquí se abre una disyuntiva, muchas veces imperceptible para los funcionarios abocados al asfixiante día a día. Si bien Novick considera que en términos institucionales su relación con la DEA fue buena, cuando se observa desde un plano histórico cómo la Agencia estadounidense construyó la relación con las fuerzas de seguridad, con el Poder Judicial y los dirigentes políticos, garantizar su permanencia en los GOC puso al Ministerio a jugar su propio juego. Si hay algo que aprendió la DEA sobre Argentina es que para avanzar nunca debe cortarse el vínculo, dejando de lado las tensiones coyunturales. Para la diplomacia estadounidense, solo se trata de esperar.

¿Sirven los GOC?

- Cuando asumimos, el GOC-NOA estaba paralizado por problemas internos, motivo por el cual la Justicia no lo utilizaba para hacer investigaciones. El NEA tenía un mejor desempeño. En ninguno de los dos casos habían madurado de manera tal que pudieran llevar adelante investigaciones complejas solos. Eran muy nuevos, pero los grupos interfuerzas nos parecieron una buena idea. El siguiente paso era crear el GOC-Centro, que abarcaba Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Con el paso del tiempo se previó que se hiciera lo propio en las regiones de Cuyo y la Patagonia.

Pensando en cómo la DEA construye gradualmente su relación, más allá de las gestiones gubernamentales, ¿no significa mantener al zorro dentro del gallinero?

- Dicho así, puede ser. Como nosotros pensábamos en el mediano y largo plazo, creíamos que íbamos a poder controlar eso. Lo pensamos en términos operativos. Ahora que lo veo desde ese lugar, puede ser.

A partir de tu experiencia durante estos dos años, ¿cuál es el eje de la cooptación que ejerce la DEA en Argentina?

- Es una Agencia que tiene recursos que se bajan con bastante facilidad. Con las dificultades burocráticas que muchas veces hay para ejecutar un presupuesto, en este caso baja directamente, ya sea dinero en efectivo o equipamiento.

Entonces, una de las fragilidades que identifica la DEA en su afán de cooptar es la falta de recursos, las dificultades para adquirir equipamiento.

- Sí, es así. Hoy las fuerzas están equipadas, pero el problema es más la distribución de los recursos que los recursos en sí. Dada la extensión del país, en algunos lugares sobran recursos que en otros faltan.

mala evaluación

El Artículo 9 de la Resolución 896, firmada por Bullrich el 17 de octubre de 2019, incluía en el proceso de selección de los integrantes de los GOC la prueba del polígrafo, metodología cuestionada internacionalmente como violatoria de los derechos humanos. Quienes la defendían dentro del equipo de Frederic, sostuvieron que las empresas de seguridad privada suelen utilizarla. Dentro de la AFI, primer organismo en vetar el uso del polígrafo, indicaron que fueron utilizados para extorsionar a los oficiales y prohibió el uso del polígrafo, a lo que se plegó el Ministerio de Seguridad.

La camada de los GOC-NOA y GOC-NEA que se formó en Quántico, Estados Unidos, recibió instrucciones en técnicas militarizadas. Se trata del “Plan de Acción Estados Unidos-Colombia para la Seguridad Regional”, inaugurado en 2012 en Bogotá. Argentina envía oficiales a los cursos que brindan allí la DEA y el Comando Sur del Ejército norteamericano desde 2018, según informó el International Narcotics Control Strategy Reports, publicado en marzo de este año.

¿La bajada de línea con técnicas militarizadas tiene consecuencias prácticas?

- De lo que pudimos ver, hay cosas de las capacitaciones en Estados Unidos que son valiosas, fundamentalmente en lo relacionado con la operación de algún equipamiento. Pero después había otras cuestiones, en línea con el paradigma del control del narcotráfico y técnicas pensadas para territorios con niveles de violencia y organizaciones criminales militarizadas, que no es la situación de Argentina. No tenemos ni en el NOA ni en el NEA carteles de droga con armas de guerra. En la práctica hay mucha de esa capacitación que después no sirve.

Más allá de eso, ¿los agentes capacitados por la DEA aplican en territorio las técnicas militarizadas?

- Y sí, tiene alguna incidencia, porque se supone que se van a preparar en la meca de la capacitación y después vienen acá y no las pueden aplicar. Eso genera una contradicción.

¿Cómo se canaliza esa contradicción?

- A veces se puede canalizar en que hagan una mala evaluación y generen algún tipo de violencia, que no debería producirse.

haciendo buches

A poco de asumir, Patricia Bullrich presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para modificar la Ley de Estupefacientes Nº23.737. En su propuesta aparecían los deseos explícitos de la DEA sobre figuras como el informante, el agente revelador, el agente encubierto y la entrega vigilada, por solo nombrar algunas. Se trataba de un desglose de las herramientas que la agencia aplicaba en todo el mundo. La propia Bullrich fue a defender el Proyecto ante las comisiones de la Cámara Baja. Con algunas controversias, se aprobó en noviembre de 2016. Sin embargo, buena parte de esa legislación resulta inaplicable en Argentina a menos que se produzcan cambios de fondo.

“En la aplicación de la figura de agente encubierto hay falencias de todo tipo. Tiene problemas de normativa, de capacitación, de control de la utilización de esa figura y de la reinserción posterior de esos agentes y su seguridad. Estas dificultades llevan a que muchos jueces y fiscales no usen este tipo de figuras porque están en un gris”, dice Novick.

Otro de los problemas no resueltos es el de los informantes. El espía Julio César Pose se convirtió, en octubre de 2020, en el primer informante reconocido oficialmente por la DEA condenado en Argentina. Muchos de ellos hacen lo que sea por alcanzar el cobre estadounidense. Se trata de dólares que solo figuran en la contabilidad de la DEA. Pose fue condenado por instigar el delito de narcotráfico. Pero el problema no está resuelto.

¿Estás de acuerdo con que los informantes, funcionando de esta manera, conforman una estructura informal y paralela de inteligencia?

- Que haya un sistema informal y paralelo de inteligencia me parece grave y poco sano, incluso para el desarrollo de una política criminal seria y con objetivos ligados al bien común. En el caso de Pose, termina siendo el eslabón más débil.

La lógica sigue siendo la misma de los GOC, a la hora de poner cajas discrecionalmente a su disposición.

- Sí, exactamente. Era tal la relación entre la DEA y los GOC que los jefes de las cuatro fuerzas federales de seguridad nos decían que ellos no sabían qué hacían los GOC porque nadie se los informaba. Ellos nos decían: “Nosotros les pagamos el sueldo pero ellos trabajan con la DEA”.

¿Creés que todos los actores (dirigentes políticos, poder judicial y cúpulas policiales) están interesados en que se transparente esta relación con la DEA?

- No. Para muchos cuanto menos transparente, mejor.

ideología y seguridad

A diferencia de algunos integrantes del Frente de Todos que cuestionan a la Procuraduría de Narcocriminalidad por someterse a la DEA, Novick sostiene que su titular, el procurador Diego Iglesias, tiene una agenda propia y fortalece su trabajo a partir de colaboraciones con la Agencia, sin atarse a ella. Según la ex funcionaria, Argentina es considerada fundamentalmente un país de tránsito de drogas, de donde salen volúmenes importantes de cocaína hacia Europa. Novick tiene en claro que es poco probable que la DEA se interese en las problemáticas argentinas, porque se mueve en el país en función de su agenda y sus intereses. Pero en el plano local todo se complejiza, si a eso se le suman los escollos propios de la política vernácula. 

Dentro del oficialismo fuiste cuestionada por sobreideologizar las relaciones con la DEA, y la prohibición de los polígrafos sería una de las consecuencias de esa impronta.

- La prohibición de los polígrafos no fue decisión mía, sino primero de la AFI y luego de la ministra Frederic. Yo seguí la normativa. Si ideologizado es tener conversaciones con una agencia internacional en donde se preserve la legalidad de los actos en territorio nacional, sí soy ideologizada.

¿Dentro del propio Frente de Todos hay prejuicios sobre La Cámpora a la hora de desempeñarse en este tipo de cargos?

- Aparentemente hay algunos preconceptos. Es un trabajo más que uno tiene que hacer para desmontarlos.

En términos prácticos, ¿la tensión entre las diferentes fuerzas que componen el Frente de Todos y el fraccionamiento de las áreas en el Ministerio de Seguridad complicaron a la hora de gestionar?

- Sí. Creo que en general sucede en algunos otros ministerios, porque es mucho más complicado si vos no podés armar un equipo propio. En el día a día es muy complicado.

El nuevo ministro Aníbal Fernández ya tiene historia con la DEA, ¿creés que mantendrá esta línea de reducir su autonomía operativa o será un retroceso?

-  Sobre la actual gestión de Aníbal Fernández, con el respeto que tengo por su trayectoria política y sin dudar ni un minuto sobre su honestidad intelectual, tengo que decir que su modelo de abordaje de la gestión de la seguridad pública atrasa veinte años. Es un modelo delegacionista que fracasó en su momento en nuestro país y que ya casi no tiene correlato en el mundo. En Argentina tenemos cuatro fuerzas de seguridad federales, cien mil hombres y mujeres armados y financiados por el Estado. Esas cuatro fuerzas tienen orígenes diversos y tuvieron a lo largo de la historia tareas diferenciadas. En diciembre de 2010, Cristina crea el Ministerio de Seguridad de la Nación y empieza a desandar el modelo delegacionista donde cada fuerza se desempeñaba autónoma del poder político. Así se conformó un esquema civil de conducción y control de las fuerzas. Ese modelo se consolidó en los últimos años y fue copiado por la mayoría de las Provincias que crearon ministerios de seguridad y estructuras de conducción y control en espejo del nacional. Ese paradigma ha demostrado resultados cuando miramos las series estadísticas largas y observamos que las tasas de homicidios a nivel país se mantienen dentro de los mejores guarismos de la región. Por supuesto, tenemos territorios más violentos, focalizados, que hay que atender. Digo esto porque se advierte un retroceso en términos del paradigma de control civil de la seguridad en la actual gestión de Aníbal Fernández donde se vuelve a delegar en las fuerzas la totalidad de la definición de los ejes de política criminal. Eso, en el mediano plazo, tiene consecuencias. Dicho esto, también digo que deseo equivocarme en mi diagnóstico porque como ciudadana argentina y militante política siempre prefiero que nos vaya bien como país.