Alejandra Gils Carbó es cuidadosa en extremo hasta con aquellos que la eligieron como enemiga. Solo un nombre la exaspera: Mauricio Macri. Con él recién llegado a Casa Rosada y ella como uno de sus objetivos públicos prioritarios, comenzó a correr el rumor de una llamada amenazante del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, a uno de sus asesores, para advertirle que si Gils Carbó no abandonaba su puesto de Procuradora General de la Nación, se iniciaría la vindicta contra ella y su familia. Mensajes de similares características le habrían hecho llegar personas del entorno del ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.

¿Es cierto que fue así?

—Prefiero no personalizar, porque está muy claro que el que me quería correr era Mauricio Macri. Por supuesto que tenía muchos mensajeros para lograr ese tipo de cometidos.

¿Qué tipo de mensajeros?

—Estaban los amigos que me decían que me convenía dejar el cargo, pero también estaban los que me promovieron juicios penales para tratar de involucrarme en hechos en los cuales no había tenido participación. Claramente, todo esto forma parte del lawfare que se aplicó durante este período con quien se consideraba un adversario.

la segunda

La cabeza del Ministerio Público Fiscal quedó vacante en 2012, luego de que Amado Boudou encharcase al exministro de Héctor Cámpora,  Esteban Righi, quien ocupaba el cargo desde 2004. El Vicepresidente acusó a personas de su entorno más cercano de pedirle plata a cambio de ralentizar el proceso de investigación durante el caso Ciccone. El marplatense también se llevó puesto al juez de la causa, Daniel Rafecas, cuando mostró los chats que había mantenido con uno de sus abogados, Danuzzo Iturraspe. Uno de los que defendió públicamente a Rafecas en ese entonces fue Alberto Fernández, su compañero en la cátedra de Teoría del Delito en la Facultad de Derecho de la UBA. Ambos se reivindican discípulos de Righi.

Gils Carbó apareció entonces como la opción B del gobierno de Cristina Fernández a la Procuración. La opción A era Daniel Reposo, cuestionado por su cercanía con el oficialismo, la falta de pergaminos para ocupar el cargo, e irregularidades en la confección de su currículum. Tras el bluff, se impuso el nombre de quien en ese momento se desempeñaba en la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, cargo que hoy ocupa su amiga Gabriela Boquín.

Dos antecedentes que daban fe de su independencia destrabaron el  pliego. Uno de ellos  en 2004, cuando junto al exfiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, realizó una denuncia penal por estafa contra la cúpula del Banco Nación. La involucrada era la entonces ministra de Economía Felisa Miceli. El segundo caso sobrevino el 27 abril de 2007, cuando Gils Carbó solicitó que se revocara la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión con sus acreedores, lo que afectaba el pacto entre Néstor Kirchner y el Grupo Clarín. De esa manera, bloqueó la fusión de Cablevisión con Multicanal que, finalmente, Kirchner aprobó en la última semana de su presidencia. A raíz de ese dictamen, fue querellada por Clarín y casi de inmediato, Gils Carbó recibió siete pedidos de juicio político y dos denuncias penales.

Partículas de la modernidad líquida: en una nota del diario Crítica, su director Jorge Lanata narró el lobby que desplegó el Grupo Clarín contra la otrora fiscal. “Qué querés –le dijo Righi, el jefe de los fiscales, a Gils Carbó–, te metiste con el Grupo. (…) Nadie logra explicarse por qué las denuncias fueron aceptadas en el fuero Federal cuando la causa tramita en el Comercial” (6 de abril de 2008).

Poco menos de una década después, Clarín se cobró con intereses la actitud desafiante de Gils Carbó, cuando mantuvo durante meses al tope de la agenda pública las supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración. Solo entre junio y diciembre de 2017 publicó 82 notas contra ella.

Una fuente de la rosca judicial sumó un matiz útil para comprender los motivos de su fragilidad posterior: la designación de Gils Carbó no tuvo el aval de ninguna corporación ni mucho menos de los servicios de inteligencia que en este tipo de nombramientos históricamente tuvieron altos niveles de injerencia.

A tres años de su renuncia, la exprocuradora mantiene un perfil bajísimo y abrió un estudio de abogados dedicado al Derecho Económico y Público. Fue convocada como asesora por Ricardo Nissen, nuevo titular de la Inspección General de Justicia. Y sigue atentamente lo que sucede con el pliego del juez Daniel Rafecas.

¿Quién es la persona indicada para ocupar el puesto hoy en la Procuración General?

—Hay un candidato presentado que estimo tiene las condiciones para desarrollar correctamente esa tarea.

¿Le daría algún consejo?

—Es un juez que estuvo en los lugares de más tensión, y también trabajó en la Procuración antes de eso, con lo cual pienso que conoce bien el paño.

El entorno de Rafecas está inquieto. Ante el rechazo de su candidatura por parte de una fracción de la oposición y la parálisis impuesta por la pandemia, imaginan que todo podría dilatarse hasta 2021, año electoral. El espejo de Inés Weinberg de Roca, la candidata fallida de Macri, los asusta. Quizá por eso, desde Comodoro Py, su equipo estudia si tomar la palabra públicamente o asumir una estrategia más silenciosa como la que en su momento de mayor hostigamiento desplegó Gils Carbó.

¿Considera que fue acertada su estrategia comunicacional en los momentos en que fue atacada públicamente?

—Había pocas bocas para construir una estrategia comunicacional que pudiera hacer frente a los conglomerados de prensa hegemónicos. Creo que fue correcto que me mantuviera en los carriles de mi función sin hacer demasiadas declaraciones. Fue así hasta el momento en que fui procesada, y desde entonces ya no era más una batahola mediática sino que tenía que salir y explicar a la gente cuál era mi posición frente a esos hechos. Me centré más en hacer que en formar parte de un revuelo con desigualdad de armas.

Con el diario del lunes, ¿haría lo mismo?

—Haría lo mismo.

de gatos y cascabeles

Hace quince días el fiscal federal Federico Delgado emitió un parte de guerra desde el campo de batalla: no es extraño que los imputados se enojen, lo que dificulta la labor de un fiscal o de un juez es que no haya una institución que amortigüe los ataques. Gils Carbó suscribe de plano ese diagnóstico. No obstante, y más allá de lo que diga la ley, en Argentina es convención que los jefes de fiscales entren y salgan con los titulares de los poderes ejecutivos nacional y provinciales. De ahí que en 2017, mientras Gils Carbó era atacada por diversos flancos, el por ese entonces peronista Miguel Pichetto afirmó que se trata de un cargo de naturaleza política.

¿Cómo se podría robustecer la independencia de la Procuración?

—Aunque está establecido en la propia Constitución, ante un cambio de Gobierno siempre se ha retirado el Procurador. Pero como yo venía de treinta años de justicia y nadie podía decir que estuviera sujeta a ningún código de la política por el cual yo me tuviera que ir, entonces defendí lo que había defendido siempre. Al perder independencia el Ministerio Público Fiscal, pierde independencia el sistema judicial. Todo esto en un contexto en el que el macrismo logra nombrar al fiscal general en la provincia de Buenos Aires (Julio Conte Grand) y en la Ciudad (Martín Ocampo). Ambos eran de su extracción política. Entonces, si había que removerme porque era militante, en los hechos hacían lo contrario.

Su antecesor (Righi) sí se inscribía en esa línea.

—No fue cuestionado,  como tampoco lo fue el actual ministro de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Dejo la reflexión a otro.

Gils Carbó es una trabajadora judicial de cabo a rabo, y como tal se cuida de no inmiscuirse en el gallinero de la discusión política, del cual nadie sale indemne. Cada vez que alguien le pone el mote de kirchnerista, ella responde que “a eso lo usaron para justificar la persecución cuando ningún acto de mi gestión mostró falta de independencia ni mal desempeño”. Sin embargo, hace una excepción en su abstinencia cuando se trata del eslabón Mauricio Macri.

—La presión más clara que sufrí fue la mediática, con cientos de tapas y notas en los medios más importantes pidiendo que me fuera del cargo para construir un proyecto autoritario, donde no hubiera un procurador apegado a la institucionalidad. Por otro lado, la persecución a todos los jueces que integraron Justicia Legítima tuvo varias escalas y mostró la resistencia a los cambios en la justicia. Que venga un grupo de magistrados a decir “nosotros no somos parte de este ambiente de rosca política que prevalece en las altas esferas”, “no estamos de acuerdo con el turismo judicial de entidades vinculadas a intereses que le pagan viajes a los magistrados”, o “no estamos de acuerdo con el punitivismo ciego que no aplica la ley de la misma manera cuando se trata de personas de la clase alta”, entre otras cuestiones, generó un ataque sistemático.

¿Qué piensa sobre esta definición?: “El primer paso del lawfare es cuando un juez o un fiscal aplican la ley formalmente bien, pero sustancialmente mal. Esto quiere decir que parece que está haciendo una investigación pero al conducirla arbitrariamente, de manera injusta, privilegiando a una de las partes, permite que debajo de esa movida se alojen muchas ilegalidades. En ellas están las intersecciones con sectores políticos, económicos, servicios de inteligencia, entre otros. El resultado de este fenómeno es lo que se conoce como causas armadas”.

—Está bien, pero las definiciones académicas tiñen de seda lo que es el fango. Le faltan algunos aspectos de maniobras que han ido más allá de aplicar la ley formalmente. La utilización de detenidos extorsionados o premiados con prestaciones excesivas con el Estado, va más allá de lo formal. Acá se llegó a detener a personas por actos avalados por el Congreso como fue el acuerdo con Irán, o impedir a Timerman que continuara su tratamiento contra el cáncer. Esto fue de una perversión que muestra una ruptura absoluta con los cánones legales y morales. Junto con el lawfare se empezó a hablar de la judicialización de la política. ¡Pero por favor! Esto es mucho más, es la persecución del adversario político buscando la proscripción, y es un atentado a la democracia. No es contra una persona, es contra el sistema.

Si tuviera que proponer un caso de estudio sobre la base de su experiencia, ¿cuál sería?

—Hay un montón, pero me gusta hablar sobre lo que conozco personalmente. El juez Claudio Bonadio armó una causa de asociación ilícita contra mis hijas (Damiana y Alexia) por tener un portal de noticias judiciales. Estuvo haciendo prueba durante toda una feria de enero, mandando oficios a todos los lugares en los que habían trabajado, haciendo inteligencia (que está prohibido por las leyes procesales) en la puerta de su casa, enviaban  personas a preguntar por ellas a los vecinos. Eso fue antes del macrismo, pero gentilmente las sobreseyó cuando renuncié.   

planeta fiscal

Obtenida la victoria en 2015, el macrismo sabía que el pulso de Comodoro Py era esencialmente político. Las fichas que un día se movieron para un lado, no tardarían en hacerlo en sentido contrario. Las causas contra Macri se desactivaron a la par que brotaban las que acorralaron al kirchnerismo. La jubilación de Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni liberaron el camino en la Corte. En cambio en la Procuración, Gils Carbó se atrincheró durante dos años escudada detrás de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

En 2017, entrevistado para el libro Radiografía de la corrupción PRO, Germán Garavano, por entonces ministro de Justicia, dijo que no coincidía con las críticas de tinte político contra Gils Carbó, pero precisó que las suyas eran técnicas. Trazó un claroscuro entre su postura y los dardos que lanzaba Pablo Tonelli, punta de lanza judicial del PRO en la Ciudad y en Nación. Para el exministro, la entonces procuradora tenía “legitimidad de origen, pero no de ejercicio”.

Cito a Garavano: “La Procuración, desde que asumió Gils Carbó, tuvo un crecimiento enorme en la cantidad de fondos, al punto que designó más de 1500 personas. Mientras que desde 2011 el Poder Judicial creció un 11 % su planta de personal, el Ministerio Público durante el mismo período creció 45 %. O sea, cuatro veces más. Si uno analiza las designaciones, son todos cargos alrededor de ella, no a las fiscalías que tienen que investigar. Son todos cargos políticos. Ella debería ser la líder de la investigación penal en el país, pero se ha ocupado de otras cosas que no voy a juzgar si bien o mal, pero cosas distintas de las que para mí debería ser la prioridad técnica de un procurador general”.

—Lo del nombramiento de personal no es cierto. No tengo las cifras ahora, pero se acercaba a 200. Recuerdo que controlé si había nombrado más personal que Righi, y claramente no. No fueron cargos políticos, fueron cargos de expertos en narcotráfico, trata de personas, en la oficina de asistencia a la víctima, etcétera. Fue mucho personal interdisciplinario, como parte de un plan que nos llevaba al sistema acusatorio, ya que se había aprobado el Código Procesal Penal y era necesario tener mecanismos de investigación propios para los temas sensibles. Me parece que Garavano repetía un libreto que le dieron, porque cada vez que lo vi me trató con mucha amabilidad y nunca me hizo un comentario de esa clase. Si algo favorece a la debilidad de la investigación del Ministerio Público es el fiscal aislado, que trabaja en compartimentos estancos y no es activo, opuesto a los ministerios públicos modernos.

La renuncia de Gils Carbó en octubre de 2017 apareció como una de las consecuencias esperadas tras la victoria de Cambiemos en las elecciones de medio término. La reemplazó Eduardo Casal. El actual procurador interino es cuestionado por tener concursos parados, designaciones de personas que superan los 75 años y no pasaron por el Senado, y por la apertura de sumarios abiertos por cinco años con el objetivo de disciplinar a los díscolos. Gils Carbó elige no explayarse al respecto, pues considera que durante el tiempo que trabajó bajo su mando Casal fue leal y orgánico.

En los últimos meses las críticas tocaron la puerta de otro designado durante su gestión: Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y flamante fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de La Plata, encargada de revisar la causa por espionaje ilegal contra propios y extraños que tanto abruma a Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvina Majdalani. Sus detractores apuntan a Iglesias por sus relaciones con la DEA y, por ende, con la Embajada de Estados Unidos.

Hay quienes tienen la hipótesis de que nombró a Iglesias en un momento de debilidad política y con el acuerdo del socialismo.

—Primero, nunca hice un nombramiento en función de un acuerdo con alguien. Por otro lado, no tenía esa relación con la DEA cuando lo puse a cargo de la Procunar. Cuando le di la instrucción de no generar relaciones que tenían que ver con la política exterior de otros países, él respetó esa instrucción. No sé qué pasó después que me fui. A Iglesias lo puse porque trabajaba muy bien, y mientras estuve se comportó muy orgánicamente e hizo un excelente trabajo.

¿Coincide con la tesis de que la DEA y la Embajada desembarcaron en la Procuración?

—Lo ignoro.

¿Y sobre el nombramiento de Iglesias en la Fiscalía General de La Plata?

—La verdad es que no lo sé. Desconozco la veracidad de esas versiones.

Hay quienes la cuestionan por entender la transformación de la justicia a partir de un cambio lento y paciente de las manzanas podridas, para ir poniendo en su lugar a gente idónea. Sin embargo, después cambia el gobierno y todo se da vuelta. ¿Es conveniente un efecto shock?

—Todas las estructuras que creé para potenciar la investigación del crimen complejo, la violencia de género y las agencias de acceso a la justicia en las villas, fueron incluidas luego en una ley y en el código acusatorio impulsado desde mi gestión. No desaparecieron esos cambios ni se dieron vuelta los responsables que yo nombré. Las terapias de shock en la justicia serían valoradas como un ataque a la independencia, además no tenía facultades legales suficientes para eso.

¿Qué responde a quienes piensan que fue permeable a pedidos y operaciones del cristinismo?

—Es absolutamente falso. A Cristina la vi el día que me postuló y después la vi en un acto, como la vieron todas las personas que estaban allí. La persona que dijo eso debería dar precisiones porque siempre circulan esos comentarios sin fundamentos.

nada se pierde, todo se reforma

Desde el día uno de la gestión de Alberto Fernández aparecieron dos temas en lo más alto de la agenda institucional: la reforma de la Justicia, con especial énfasis en cómo licuar el poder de Comodoro Py; y la intervención del aparato de inteligencia, tras la bandera de un “Nunca más” al espionaje político, los gastos reservados y la manipulación de los tribunales. Cuando el debate estaba ingresando en fase crítica, el Covid-19 pasó el motor de nafta a gas en lo referido al sistema judicial.

El secretismo que hay en torno del proyecto de reforma judicial, ¿no le quita potencia?

—Se debe a que es una reforma que está siendo sopesada y repensada, teniendo en cuenta lo que se quiere y lo que se puede.

Un elemento concatenado es el espionaje. Ya se sabe lo que hizo el macrismo con la AFI, ¿por qué cree que tardó tanto el kirchnerismo en remover a la escudería Stiuso?

—Pienso que el kirchnerismo se centró en cuestiones de estructura económica que eran urgentes, ya que veníamos de la crisis de 2001 y unas privatizaciones arrasadoras.

O sea, es como si ocupados en las cuestiones estructurales de la economía, hubieran descubierto lo que ocurría en el aparato de inteligencia recién entre 2013 y 2014. Lo cierto es que ya desde mucho antes había denuncias sobre espionaje interno a granel.

—Sí, lamentablemente fue algo tardío y realmente el precio que se pagó fue alto.

Alejandra Gils Carbó mide cada palabra de sus declaraciones y evita toda victimización. Pero en privado masculla una sentencia que siente muy suya y trasciende cualquier cargo: las presiones se procesan en soledad.