Cuando Daniel Rafecas leyó en Clarín la columna en la que Eduardo Van der Kooy aseguraba que Alberto Fernández (AF) lo postularía como titular de la Procuración General de la Nación, no tuvo dudas: era verdad. Su intuición se apoyaba en que el histórico columnista del diario de la calle Tacuarí se reúne cada diez días con el presidente. Luego vino la confirmación oficial y ahora el juez aguarda la aprobación de su pliego por el Senado.
En la última década la Procuración se convirtió en un lugar inhóspito. Tras el reinado de Esteban “El Bebe” Righi, quien fue eyectado en 2012, fracasó el intento cristinista de poner a Daniel Reposo, que no solo estaba huérfano de pergaminos sino que fraguó su currículum. El paso de Alejandra Gils Carbó (2012- 2017) fue recordado y tormentoso. Finalmente, el frágil anhelo del macrismo de nombrar a Inés Weinberg de Roca naufragó por su permanente carencia de interlocutores en el submundo transcorporativo judicial y político. Al frente quedó como interino el hermético Eduardo Casal, tironeado por todas las líneas internas del mundo de los fiscales.
La candidatura de Rafecas despierta todo tipo de reacciones en el microclima del Ministerio Público. Algunas son concesivas, como la de un polémico integrante de la familia judicial: “Me parece un buen candidato. Honesto, formado, sobrio, prudente. Tan bueno que no parece real que se dé”. Con una mueca irónica, otro experimentado agente fiscal recorre su angosta oficina en dirección a la ventana que da al patio de Py: “Si va Rafecas es un nombre que nosotros no asociamos ni con la violación del estado de derecho ni con prácticas corruptas”. Esta venia es el prólogo a un pliego de demandas: “Lo vamos a presionar para que saque a la Embajada (de Estados Unidos) y a la AFI de la Procunar y la Procelac. Y también para que regresen a esas unidades fiscales que no violen la ley de Seguridad Interior, que no digiten competencias, ni encubran negocios y operaciones como las probadas en la causa de Dolores”.
Otros habituales parroquianos de las veladas en las que se ajusta el cinturón del mundillo judicial eligieron cambiar de prisma para señalar el contexto en el que emerge su nombre. Un hecho que tocó fibras íntimas hacia finales de 2019 fue la jura del exconsejero de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. De dicho acto participaron, entre otros, Wado de Pedro, los jueces federales Ariel Lijo y Rodolfo Canicoba Corral, Graciela Camaño y Germán Garavano. Rafecas no faltó a la cita. Algunos se inquietaron e hicieron su lectura sobre la participación de figuras de Py y dirigentes políticos de toda laya no solo en la jura sino también en el ágape con langostinos que se realizó luego en el Four Seasons.
quién es quién
Rafecas tiene maestros y no terminales políticas. Así los define cada vez que alguien le pregunta a quién responde. Son tres: el especialista en derecho penal David Baigún, el camarista en lo penal (recientemente jubilado) Edmundo Hendler, y el exintegrante del Superior Tribunal de Justicia porteño Julio Maier. Sin embargo, hay uno que lo impresionó y marcó cuando estuvo bajo su ala en el Ministerio Público Fiscal: Esteban Righi, también mentor de Alberto Fernández.
El vínculo entre Rafecas y el flamante presidente nació en la academia. Ambos son profesores adjuntos de Teoría del Delito en la Facultad de Derecho de la UBA. Uno dicta clases a la mañana y el otro por la tarde.
Rafecas no se pone colorado cuando comenta que con AF como jefe de Gabinete la relación entre Py y la Casa Rosada era Suiza. Después pasaron cosas. Básicamente el vínculo de Néstor Kirchner con el tridente compuesto por el espía Jaime Stiuso, el auditor Javier Fernández y el estudio de abogados de Darío Florián Richarte. Lo que nunca imaginó el juez es que algunas de sus controversias son una muestra de las idas y vueltas (integrante de la mesa chica/crítico acérrimo/ compañero de fórmula de CFK) ensayadas por el Presidente en menos de una década.
Como las circunstancias poco saben de investiduras y formas, a pesar de que Rafecas blande ante quien se le ponga enfrente que no tiene simpatías políticas, salvo algún amor ocasional con el alfonsinismo y el MID de Oscar Alende, en octubre de 2008 el titular del Juzgado Federal en lo Penal Nº3 fue a la selecta velada que organizó el embajador Francisco Bustillo en la Embajada de Uruguay en honor al saliente AF. Aquel día también concurrieron, entre otros, los jueces de la Corte Carlos Maqueda y Elena Highton, el jefe de los fiscales Righi, los magistrados Ariel Lijo, María Romilda Servini y Julián Ercolini, los entonces funcionarios nacionales Aníbal Fernández, Jorge Taiana, Carlos Tomada, y el recaudador Héctor Capaccioli (luego detenido por las maniobras en la Superintendencia de Obras Sociales), y la secretaria de Justicia Marcela Losardo, hoy nombrada como puente clave entre la Casa Rosada y Py.
Rafecas pertenece a la familia judicial no por su madre, que es docente, ni por su padre, un ingeniero. Su incorporación a la justicia fue en abril de 1987 durante seis meses como meritorio en el juzgado de Eduardo Albano, primo de su madre. Tenía veinte años. Luego de cursar el secundario en el colegio San Francisco de Sales, en Almagro, alternó un año entre la Facultad de Derecho y su etapa como conscripto en el Batallón Logístico 10 de Villa Martelli. Ante auditorios diversos él impone un distingo: pertenece a la familia judicial “sana”, esa en la que rigen ciertos códigos éticos, donde se produce un efecto transitivo de generación en generación.
Fue en 1999 cuando recaló en la Procuración General. El cargo más alto que ocupó allí fue el de secretario letrado en 2003. Desde ese sitial condujo una investigación sobre procedimientos policiales fraguados y su difusión en los medios de prensa. Por eso, cada vez que le ponen el cartel de juez kirchnerista, Rafecas se defiende diciendo que concursó en 2001, rindió en 2002 y en 2003 Néstor Kirchner simplemente respetó las cosas como venían y mandó los pliegos al Senado. Asumió en 2004. Junto a él, entre otros, fue nombrado juez federal Guillermo Montenegro, a la postre ministro de Seguridad de Mauricio Macri.
No podía saberlo pero estaba sobre el filo de una de las causas clave para explicar una debacle política de larga data: los sobornos en el Senado denunciados por el prosecretario parlamentario Mario Pontaquarto cuando se discutía la Ley de Reforma Laboral. Entre 2004 y 2009, Rafecas tomó numerosos testimonios y recabó pruebas. Como todo juez de instrucción que va macerando un expediente de ese calibre, se despachó con metáforas que tienen la pretensión de reflejar el estado de situación. Rafecas tenía una hipótesis en lo concerniente a la dinámica propia de la corrupción institucional: “Ni cortina de humo, ni intento de desestabilización institucional: el ocultamiento de semejante maniobra criminal era una empresa imposible; y como la fuerza del agua que rebalsa frente a un dique, en junio de 2000 comenzaron las primeras fisuras de esta estrategia de la impunidad que se convirtieron en grietas para octubre de ese año”. Finalmente pasó lo que suele pasar: todos absueltos.
Cuando le piden que la compare con la causa de los cuadernos, que detonó en agosto de 2018, Rafecas cree que la diferencia clave reside en que en la primera la fuga provino de la cabeza administrativa de la Cámara alta, mientras que en el otro fue a través del chofer de un funcionario.
la lengua de la enemistad
La familia judicial es endogámica. Impone rangos, un código, sistema de valores, pero fundamentalmente la sensación de que la burbuja, la suya, es impenetrable. Es así hasta que se da de bruces con otra unidad monolítica y comprueba que era puro verso.
Si algo aprendió Rafecas de la investigación de los sobornos en el Senado es que nunca se sale indemne cuando se enfrenta a una corporación como la política. Ahí ganó uno de sus infatigables enemigos: el radicalismo. Luego se sumarían otros a la vindicta. Quizás el que más disgustos le causó fue Clarín. Rafecas se encarga de aclararle a cada periodista del grupo que conduce Héctor Magnetto que no es con ellos, su guerra es con los CEOs. Más de una vez sonó el teléfono de su despacho y cuando atendió se encontró con Jorge Rendo –uno de los principales accionistas– del otro lado del tubo. Sin agitar el avispero, Rafecas masculla que tanto el Grupo Clarín como La Nación SA se la juraron cuando en 2011 consideró que la causa sobre la adquisición en la dictadura de una parte importante de las acciones de Papel Prensa era crimen de lesa humanidad y que debía investigarse en La Plata junto con las torturas que padeció Lidia Papaleo, exesposa de David Graiver. “Estoy en la lista negra de ellos y cuando pueden me operan”, suele decir.
Rafecas integra el mismo grupo de jueces, junto a Sebastián Casanello, que considera que las operaciones de inteligencia sobre la Justicia hoy se motorizan a través de dos vías: el Consejo de la Magistratura y los medios de comunicación. Si algo no imaginó es que todos ellos se unirían en 2012 en la causa Ciccone con el compañero de fórmula de CFK, Amado Boudou, en el centro. En abril de ese año, uno de los abogados del vicepresidente, Danuzzo Iturraspe, dio a conocer los chats en los que el juez le hacía sugerencias y diversos comentarios. El mundo se movió bajo sus pies. Aquel topo no era otro que un íntimo amigo de uno de sus hermanos desde hacía décadas. Sus enemigos –radicales, los servicios y una facción del peronismo– encontraron un motivo para aliarse. El trío Stiuso/Javier Fernández/ Richarte empezó a presionar para que el Consejo de la Magistratura lo destituyese. La voz cantante fue la de Hernán Ordiales. Uno de los que salió a defenderlo públicamente fue AF, quien le reclamó a Cristina que le exigiera “explicaciones públicas y coherentes” al exdirector ejecutivo de Anses. Nilda Garré también acudió en su rescate. Finalmente, no solo fue eyectado de la causa sino que Righi debió dejar la Procuración luego de ser acusado por Boudou de pedirle plata a cambio de ralentizar el proceso. Era uno de los últimos vestigios del artefacto que había construido Néstor en 2003.
El juez federal sintió que había sido sometido a un baño de realidad y que la máxima de que los jueces hablan por sus fallos es como mínimo anacrónica. Desde entonces comprendió que el mundillo de los medios de comunicación es un ring al que lo subieron de prepo y sin tener ni un escarbadiente para defenderse. En cada conferencia que da ahora suele subrayar que jamás lo formaron a él ni a sus pares sobre cómo relacionarse con la prensa. Así aprendió que si no establece un vínculo con ellos, la verdad la cuentan otros: “O le regalás la cancha a los medios y que digan lo que quieran o la salís a disputar con una estrategia que te exponga lo menos posible: charlas en off, hablar con todos sin distinción de línea editorial e intereses empresariales, hacer síntesis de prensa, explicar las resoluciones, reportajes elegidos con ojímetro y salir a mostrar quién sos en pos de generar empatía”.
Hay dos espejos en los que por diferentes motivos no se quiere reflejar: Norberto Oyarbide y Alejandra Gils Carbó. Si bien desdeña al primero y respeta a la segunda, ambos son parte de la causa por la que cambió su estrategia a la hora de incursionar en la faz pública. Lo hizo con intuición y algunas sugerencias. Fue la periodista Ana Correa quien lo instó a desembarcar en las redes sociales. Rafecas tiene una cuenta abierta de Instagram para mostrar qué hace y dónde lo hace. Cree que sirve para que los prejuicios no se alimenten del mundo conspiranoide de la política y el periodismo. Pero fundamentalmente sigue en la búsqueda de diferenciarse de jueces que, sin tanta estridencia, están en la huella que dejó Oyarbide. Y a la vez, sabe que mantener un silencio estoico, como fue el caso de la exprocuradora Gils Carbó, corre el riesgo de llevar una marca imborrable por el resto de su carrera.
alto pacto
Con el menemismo languideciendo en Py se fueron forjando alianzas que se caracterizaron por ser coyunturales. Los jueces con la marca del riojano en el lomo fueron los más hábiles para acomodarse según sople el viento político. La camada post 2001 quiso hacer gala de su respeto al debido proceso, pero en la guerra de guerrillas político-judiciales evidenciaron su fragilidad y terminaron encolumnándose. Después de atravesar los gobiernos kirchneristas y el de Macri, Rafecas tiene una lectura diferente. Desde su óptica, entre 2003 y 2015 se pasó de la pax albertista al espionaje interno desde la base de operaciones de Stiuso. Hubo solo un remanso cuando se disolvió la Secretaría de Inteligencia a raíz del conflicto por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Todo comandado –para bien o para mal– desde Presidencia. Para el juez federal, el cristinismo perdió la gran oportunidad de nombrar jueces progresistas y cedió terreno a los conservadores egresados de casas académicas como la UCA.
En el caso del macrismo su principal crítica es que desorganizó Py, fundamentalmente al deslegitimar a Germán Garavano, con quien mantuvo una relación correcta. Y habilitó varias bocas con llegada a los jueces a través de José Torello, el Angelicismo, y Pepín Simón Rodríguez. La respuesta: Py se selló ante tanto pelele.
Si cuando lo acusan de kirchnerista, Rafecas exhibe las causas que demuestran lo contrario (Boudou, José López, Julio de Vido, César Milani), con el PRO en el poder no fue necesario: desde el comienzo fue su objetivo público. El juez no lo dice con estas palabras pero considera que el macrismo está para el diván por haber enviado su pliego como camarista después de perseguirlo durante cuatro años.
Su relación con la Corte no tiene mayores relieves. Con quien más tejió un vínculo fue con Lorenzetti durante su presidencia. Pero Rafecas ya se lo ha dicho a los suyos: no está de acuerdo con la idea del rafaelino de que el rol de la justicia federal sea activa, corporativa y opere como un factor de poder. En Rafecas se impone todavía el cándido imaginario de la familia judicial: somos jueces de la Constitución hasta que los hechos demuestran lo contrario.
Cuando su nombre se coló en las columnas periodísticas debajo de la superficie pública hubo apreciaciones de todo tipo. Una voz projudicial políticamente incorrecta es la de Jorge Rizzo, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad. Quizá sea quien puede mensurar con mayor precisión qué significaría su desembarco en la Procuración: “Desde lo legal, nada. Es casi lógica su candidatura. Después, desde lo ideológico, va a depender de cada uno: para algunos va a ser fantástico y para otros abominable”.
