¿Qué es ser fiscal en Argentina?

—Trabajar de trapecista, pero sin red.

Mientras la mayoría de jueces y fiscales de Comodoro Py se desplaza en autos de alta gama, y en muchos casos con chofer, él llega en bici. Mientras la mayoría viste trajes a medida e importados, él calza un sinfín de remeras negras. Mientras la mayoría come en lugares ostentosos, él no se deja ver en ninguno de ellos. No hace falta ser científico para comprender que el fiscal federal Delgado hizo de la diferencia una marca.  

En medio de un Comodoro Py que atraviesa la pandemia sin wifi,  donde los expedientes se suben a las 9 de la mañana y el sistema recién los recibe a las tres de la tarde, con juzgados y fiscalías que –lentos y atestados por defecto– ahora trabajan al treinta por ciento, Delgado se ve a sí mismo como una especie de naire que se propone conmover el elefante judicial. Lo hace de la peor manera posible, según el juicio de muchos jueces y fiscales: a través de libros publicados por editoriales con llegada al público masivo. Bestsellers en los que entrelaza denuncia y análisis sociológico, revisionismo histórico con una arqueología de la impunidad.

 ¿Por qué molestan tanto tus libros entre los colegas?

—Porque hay una falsa concepción de que al hacerlo estoy rompiendo una especie de código, cuando en realidad lo que hago es demostrar lo lejos que está la Justicia de la Constitución.

En esa abertura se cuela de todo. En su nuevo libro, República de la impunidad, a ese eufemismo lo reemplaza por otro significante omnipresente para cualquiera que recorra los pasillos tribunalicios: las conversaciones, que aparecen tanto durante el extenso proceso de designación de un juez como en los años en que se dilata un proceso judicial sobre un hecho de corrupción. Las negociaciones entre corporaciones ofician de garantía.  En ese convite, el Poder Judicial pone su parte: la impunidad. Todo bajo el velo de tecnicismos excluyentes.

¿Cómo se construye la impunidad en Argentina?

—Con acciones y silencios. Mi foco está puesto en cómo el Poder Judicial reproduce la impunidad. Lo primero es haber permitido que la ley se haya despojado de todo elemento ético y moral. En segundo lugar, nuestro sistema jurídico no tiene ningún castigo para aquellos funcionarios que aplican la ley arbitrariamente dando forma a una zona gris entre legalidad e ilegalidad. La tercera pata que compone este modus operandi es un sistema judicial que desde la designación hasta la expulsión de un juez o un fiscal convive con un espacio que da para muchas conversaciones en las que ingresa cualquier tipo de interés.

¿Por qué sostenés que ahí se da el primer paso hacia el lawfare?

—Porque ahí el juez decide de facto cuándo aplicar la ley en sentido sustantivo y cuándo de manera formal. El primer paso del lawfare es cuando un juez o un fiscal aplican la ley formalmente bien pero sustancialmente mal. Esto quiere decir que parece que está haciendo una investigación pero al conducirla arbitrariamente, de manera injusta, privilegiando a una de las partes, permite que debajo de esa movida se alojen muchas ilegalidades. En ellas, están las intersecciones con sectores políticos, económicos, servicios de inteligencia, entre otros. El resultado de este fenómeno conocido como “causas armadas” es que la justicia consagre una impunidad que en ocasiones estaba concebida de antemano. Es una forma de jugar con las cartas marcadas.

no se fue nadie

El Poder Judicial no tuvo su 2001.  No importa cuán hondo haya calado su desprestigio. De tan opaco y alejado de la ciudadanía, se conformó como una especie de realeza con micro comportamientos a priori naturalizados: un hecho esclarecido parcialmente, una pericia realizada a medias, testigos que nunca fueron llamados a declarar, un allanamiento que se hizo a destiempo, una investigación que se prolongó más de lo que el caso justificaba. El resultado es el estado de sospecha permanente que pesa sobre la palabra de jueces y fiscales, y que por efecto transitivo recae sobre el sistema.

¿Cuándo aparecen los condicionamientos en la vida de un juez?

—Al final de todo el proceso de designación se encuentra la audiencia personal, que es un espacio de discrecionalidad para que los integrantes del  Consejo de la Magistratura decidan qué juez les gusta y cuál no. Ahí es cuando se puede borrar con el codo el orden de mérito que se había establecido en tu carrera. La alteración de ese orden es resultado de compromisos, de tomas y dacas. Desde el principio se subordina la ley a una lógica partidaria, por ejemplo. Entonces, obviamente, cuando un juez tiene que investigar a un poderoso, todos los compromisos que permitieron que llegase muestran que están activos desde el primer momento.

Cuando el fiscal Delgado habla de aprietes, sabe a qué se refiere. En realidad, lo sabe el país entero, aunque permanezca en estado somnífero. El 29 de marzo de 2017 en Animales Sueltos, el empresario Víctor Stinfale, acusado de hacer negocios con la muerte de jóvenes durante la fiesta electrónica Time Warp, por lo cual estuvo detenido durante setenta días, lanzó su amenaza: “El que se lo va a cargar a Delgado es Víctor Stinfale. No es Panamá Papers. ¿Qué es cargar? Sacarlo de la Justicia. Lo voy a sacar por la puerta del costado. A este tipo, la Cámara le pega terrible cachetazo de muerte. Porque este tipo es un mentiroso y fue durante 345 días un mentiroso serial. Es fiscal federal, y quiero contar los días que va a serlo”.

¿Cómo afecta a un fiscal una presión de esas características?

—Es normal que los imputados se enojen, lo que no es normal es que los ataques sean directos, sin ningún tipo de mediación. La forma de apretar a jueces y fiscales puede ir modificándose, lo que se mantiene en el tiempo es que resulta muy fácil presionar a un juez porque no hay una institución con la capacidad de lograr que sea muy difícil para un consejero, un político o un empresario apretar a un magistrado.

¿Cuál es la corporación más efectiva a la hora de hacer lobby en el Poder Judicial?

—Si fuera una sola corporación, solo se trataría de neutralizar amenazas potenciales. La impunidad funciona como una forma de poder, que parte de una idea: tomar el Estado como un botín. Hay un sector grande de la Justicia que está aliado con actores no previstos ni queridos por la Constitución, como sectores económicos o del poder político en el sentido partidario del término, para garantizar in totum que en determinadas situaciones se consagre la impunidad.

Un tema que sobrevuela es la muerte de Alberto Nisman. Para Delgado, se trata de un caso testigo sobre el uso de un hecho emblemático como el atentado a la AMIA con fines particulares. Sirve para explicar cómo se desarrollan los "juicios paralelos", la falta de lealtad con las instituciones de muchos actores con responsabilidades políticas relevantes y la hiperquinesia invisible -hasta que estalla todo- del aparato de inteligencia.

En ese esquema, aparecen los servicios de inteligencia como un actor que funciona como una herramienta para el gobierno de turno, pero al mismo tiempo ha ido adquiriendo autonomía relativa.

—El gran triunfo de la Dictadura es que el Estado tenga una parte legal y otra parte opaca, una especie de sottogoverno, que funciona siempre al margen de la ley. Pero, por otro lado, hay un rasgo de la justicia que empieza a ver lo que pasó cuando las autoridades que estaban en el gobierno, y fueron protagonistas de los hechos aparentemente, dejaron el cargo. Todas las transiciones de nuestra historia tienen este rasgo. Los problemas empiezan cuando la gente se va. Cristina Kirchner tiene juicios orales por hechos que se habrían cometido en 2004, 2005 y 2007. Vimos que esos juicios comenzaron a moverse en 2016 y 2017.

quién mueve al elefante

Generalmente los movimientos de los jueces están muy relacionados con la época en que fueron nombrados. No tienen la misma prosapia Rodolfo Canicoba Corral y María Servini que Daniel Rafecas y Sebastián Casanello. No obstante, Delgado sostiene que en Comodoro Py hay tres categorías de magistrados: el miedoso, el desmesurado, y el que se acomoda a los tiempos políticos. Como en compás dialéctico, hay un tipo que los sintetiza: el juez rockstar.

—El juez rockstar es la superación. Este tipo de juez utiliza su jurisdicción para fines particulares, ya sean suyos o de una corporación. Son esas alianzas las que exponen una discordancia entre lo que efectivamente pasa en la causa y lo que se informa. La responsabilidad exclusiva no es de los periodistas sino que el juez informa parcialmente adrede. Entonces se producen castigos que no son penales, pero son fuertes. Uno de los más graves es la vergüenza, la humillación que produce, por ejemplo, un allanamiento durante el horario del prime time de los noticieros.

¿Cuál sería la solución?

—El elemento clave para atacar eso es el proceso de designación. Que quien concursa no deba pasar por una amansadora de dos o tres años asumiendo compromisos con un montón de corporaciones que hacen que aquella persona que se anotó en el concurso una vez que se convierte en juez no sea la misma. El juez puede cumplir esos compromisos u olvidarlos, pero en cualquier caso es un proceso muy complejo que está condicionando a la gran mayoría, más allá de que hay excepciones.

Se habla mucho de la reforma judicial, aunque se sabe poco de su contenido y mucho de las internas en el ministerio de Justicia.

—Con respecto a la reforma, me ilusiona el diagnóstico que hizo el Presidente el 19 de diciembre y el 1 de marzo. El Presidente, además, es un hombre que conoce bien el funcionamiento de los tribunales. Pero más allá de eso, no se sabe a ciencia cierta en qué consisten los proyectos de reforma específicamente y qué dimensiones del sistema judicial abordará.

Tanto durante el kirchnerismo como durante el macrismo existieron “mesas judiciales”, ¿cómo ves el diálogo entre el gobierno actual y el Poder Judicial?

—La justicia está funcionando muy poco desde el mes de marzo. Por lo tanto, no hay ningún indicador relevante para pensar el desempeño de la coalición de gobierno con la administración de justicia.

En marzo de 2019, se malinterpretó una afirmación del fiscal Delgado en una entrevista con Luis Novaresio y muchos creyeron que pensaba en renunciar. La versión llegó hasta los concejales de Coronel Suárez, su pueblo natal, que se apuraron en homenajearlo. Pero no:

—La verdad es que estoy cansado de Primera Instancia. Me quiero ir, pero no renunciar. Quiero quedarme en el Ministerio Público Fiscal trabajando desde otro lugar con el objetivo de construir un sistema de reglas para transparentar todo. Por ejemplo, prohibir que seas parte de la comisión directiva de un club, modificar reglamentos, construir trabas, dar premios a los que trabajan bien y eliminar la discrecionalidad a la hora de lograr un ascenso, calificar a los sujetos por productividad. Todo lo que no existe. Después de tantos años viendo trampas, me parecía piola dedicarme a eso, porque además hay oficinas preparadas para eso que no laburan. ¿Cómo puede ser que en Tribunales el ciudadano no tenga una agenda para acceder con quién se reúnen jueces y fiscales? Hoy pensar en eso es difícil porque ni siquiera tenemos procurador. Pero si no avanza nos es tanto por una conspiración, sino por desidia.