El 10 de diciembre se cumplieron 15 años desde la llegada del PRO al gobierno de la Ciudad. Quince años de un proyecto de poder que dio un presidente de la Nación (Mauricio Macri) y un precandidato presidencial (Horacio Rodríguez Larreta) con considerables posibilidades para las elecciones de 2023. Sin embargo, también hay otra cara, la de las presiones sobre la justicia porteña, nacional y federal.
El propio Macri se autoadjudicó una función purificadora cuando aludió a este tema durante su discurso de asunción el 10 de diciembre de 2015: “No existe justicia ni democracia sin justicia independiente, pero hay que acompañar a la justicia en un proceso en el que se limpie de vicios políticos. No puede haber jueces militantes de ningún partido. A quienes quieran serlo les decimos claramente: no son bienvenidos si quieren pasar a ser instrumentos nuestros”.
Sin embargo, en el reverso de esta afirmación se escondía un aparato que fue tomando forma a medida que pasaba el tiempo. El artefacto era complejo y contenía –contiene- los vínculos históricos con los jueces que desde el comienzo le aportó Daniel Angelici al PRO, a quien se sumó Germán Garavano, discípulo de Ricardo Gil Lavedra, la llegada más institucional, propia de la familia judicial, y, por caso, la estrategia de asfixia desde el Consejo de la Magistratura protagonizada principalmente por Pablo Tonelli.
En esta década y media, el respeto por la independencia judicial en el PRO fue más una operación de marketing que un hecho propio de un partido que decía representar lo nuevo en oposición a las fuerzas políticas tradicionales.
el Tano
A un mes de que Mauricio Macri asumiese como jefe porteño, la jueza Elena Liberatori, a cargo del Juzgado Nº 4 del Contencioso Administrativo, frenó con un recurso de amparo el despido de 2400 empleados estatales, eje clave en el discurso del macrismo sobre el Estado. La medida era el embrión de aquello que ocho años más tarde llamarían la “grasa militante”. Enojado, Macri calificó la decisión judicial como un "disparate", aseverando que se trataba de un “abuso de poder”. Y advirtió que iban a recusar a la jueza por “manifiesta enemistad y falta de imparcialidad”. A partir de ese momento, emergió la recusación permanente como forma de arrinconar a los jueces díscolos.
Liberatori tiene en claro que, a lo largo de los años, muchos de sus fallos molestaron al PRO, fundamentalmente aquellos que estaban relacionados con problemáticas sociales. En esa primera instancia, la jueza pudo sortear los pedidos de jury y las recusaciones, porque el PRO estaba acomodándose en el gobierno y no contaba con los votos para garantizar su remoción. Pero la técnica fue ganando eficacia con el tiempo. Jocosa, Liberatori aclara: “He tenido un sumariante favorito: Juan Sebastián De Stéfano”. Como si fuera un mapa nominal, el nombre de De Stéfano conduce directamente a su jefe, Daniel “El Tano” Angelici.
La alianza, sellada en 2004 en el bar Los Naranjos, de Pergamino, entre Macri y Angelici no implicaba solo un acuerdo político, que le permitía al líder del PRO ganar gramaje territorial gracias a una parte del radicalismo porteño, sino también el diseño del primer brazo de su sistema de presión judicial. Escoltado por Lautaro García Batallán, ex Franja Morada, entre otros, El Tano desembarcó en el PRO con un buen número de radicales que se abrieron del partido centenario tras la fuga y renuncia de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001.
Sobre esa plataforma, Angelici le permitió al macrismo una llegada directa a numerosos jueces porteños. Fue el fallecido Claudio Niño, militante radical y amigo del Tano desde la adolescencia, quien explicó qué significaba tener a la UCR de su lado en el campo judicial: “Si alguien cree que el radicalismo no tiene relación con la Justicia, es un iluso. Si la creamos nosotros. El primer Consejo (de la Magistratura) que creó la Justicia de la Ciudad fue en la época de De la Rúa. El radicalismo tenía el back up de la Justicia, era la Franja (Morada) de la Facultad de Derecho. Toda la vida fue radical”.
Con El Tano llegaron alianzas diversas y transitorias, como las que estableció en el Consejo de la Magistratura con Juan Manuel Olmos, actualmente vicejefe de Gabinete de la Nación. Olmos fue uno de los que bregó porque Boca, en la etapa angelicista, pudiera quedarse con unos terrenos por los cuales el club era denunciado bajo la figura de la ocupación de espacio público.
Angelici mediante, el PRO procuró la modificación de la ley Nº 7 que regula a los tribunales de la Ciudad, la ley Nº 31 que reformó el Consejo de la Magistratura local y la ley Nº 1903 que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Dentro de la escudería angelicista cumplieron un rol clave tanto Martín Ocampo como “El Enano” De Stéfano. Este último es un todo terreno y a la vez un ejemplo paradigmático respecto de cómo se mueve el binguero de Parque Patricios.
Después de sus sucesivos pasos por el Consejo de la Magistratura, ya con Macri como presidente de la Nación, Angelici situó a De Stéfano en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo la conducción de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Allí le concedieron la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la AFI, que servía de enlace con el fuero federal, donde se tramitan todas las causas de corrupción. Usufructuando su cargo y poco atento a los rastros que podía dejar, en 2018 visitó al juez Luis Carzoglio para interesarse por la detención de Pablo Moyano. En 2021 se lo comenzó a investigar por su rol en lo que se conoce públicamente como la “Gestapo sindical”, en contra de Juan Pablo “Pata” Medina, secretario general de la UOCRA de La Plata. Ya en plan de reubicación post 2019 fue designado por Rodríguez Larreta como uno de los directivos de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).
Pero si El Tano representa el costado más negociador de la estrategia judicial del PRO, hay otro que apuesta a los choques frontales.
jueces que no
Desde el momento cero del PRO en el poder, Pablo Tonelli fue la cara visible de los embates del macrismo contra aquellos jueces a los que directamente querían barrer. La batería de movimientos contenía la recusación a granel, la promoción del juicio político, las denuncias penales y la protección de la prensa.
Uno de los objetivos de Tonelli desde el Consejo de la Magistratura porteño fue Roberto Andrés Gallardo, titular del Contencioso Administrativo Nº2. Su caso resulta paradigmático a la hora de exponer las maniobras directas de intervención del macrismo en el Poder Judicial. Gallardo tomó notoriedad durante el gobierno de Aníbal Ibarra cuando frenó más de 400 obras interponiendo una sucesión de amparos. Su accionar le valió en 2005 un primer proceso de juicio político que finalmente no prosperó. Ya con Macri en la jefatura porteña, su rol se mantuvo activo en la misma línea. Multó, por ejemplo, a varios funcionarios del gobierno del ex presidente de Boca Juniors por irregularidades; dictó múltiples fallos en contra de la administración PRO por incumplimientos en materia sanitaria, habitacional y educativa en las villas, entre otros ejemplos irritantes para el poder.
Las consecuencias no tardaron en llegar. El gobierno porteño, con Tonelli a la cabeza, lanzó casi 800 recusaciones contra el juez, un hecho sin precedentes judiciales. No sirvió para nada que Gallardo, en conferencia de prensa, denunciara que “a través de una maniobra procesal del gobierno se me ha desplazado de mi función de juez. Este avasallamiento del Poder Judicial es un antecedente para cualquier intervención federal. El Jefe de gobierno lo tiene que saber. Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquier otro". A causa de esto, Tonelli se vio obligado a presentarse en la Legislatura para tratar de justificar las presiones. En esa oportunidad expuso lo que pensaba con una sinceridad brutal: “En el juzgado Nº 2 de Gallardo existen actualmente no menos de 45.526 expedientes, de los cuales solamente 763 merecieron la recusación al juez y de ese total solo 141 son de contenido social. Vale decir que se ha recusado al juez en el 1,7% de la causas a su cargo”. Según Gallardo, Tonelli representa la “etapa bestial” en lo que respecta a las formas de vincularse con el Poder Judicial por parte del oficialismo porteño.
Gallardo logró sortear las presiones. Sin embargo, en su plan por disciplinarlo, Macri apeló a Angelici, quien le sugirió motivar un ascenso del juez como defensor general adjunto en materia Penal, Contravencional y de Faltas. La estrategia se correspondía con un viejo ardid menemista: al juez que molesta, se lo asciende para sacarlo del medio. Así, en septiembre de 2011, mediante la resolución Nº237 del Consejo de la Magistratura, Gallardo recaló en la Defensoría, en donde ejerció hasta el 31 de marzo de 2013. Pero finalmente decidió volver a su juzgado, y las rispideces reaparecieron.
Con el Contencioso Administrativo entre ceja y ceja, no solo Gallardo y la mencionada Liberatori fueron objeto de presiones, sino también la jueza Patricia López Vergara, del Juzgado Nº 6. En 2015, la jueza fue recusada por investigar la muerte de un joven que cayó desde un sexto piso cuando cedió la baranda de un edificio en un complejo habitacional de Villa Soldati que el gobierno local nunca había puesto en condiciones. La Ciudad había desconocido dos sentencias, una de 2011 y otra de 2014, que ordenaban la refacción del lugar. López Vergara allanó el Instituto de la Vivienda para buscar las partidas presupuestarias y comprobar si existía subejecución. Cuando lo hizo, desde el entorno del entonces procurador porteño Julio Conte Grand se exigió apartar a la magistrada por “prejuzgamiento” y por “una enemistad manifiesta y un desprecio por las instituciones de la Ciudad”. Como resultado, a López Vergara le sacaron el expediente. Algo similar intentó Tonelli en el Consejo de la Magistratura nacional contra la camarista Marcela Pérez Pardo, quien denunció públicamente que el ataque contra ella y la Cámara Civil se debía a que era esposa de Eduardo Freiler.
Si Liberatori y Gallardo fueron los primeros ejemplos para exponer la estrategia que utilizó el PRO contra los jueces que fallaban en su contra, como los casos de López Vergara y Pérez Pardo, ocho y diez años después, mostraban su continuidad. Pero faltaba más: la colonización de las jefaturas de los fiscales en la ciudad, la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, la Nación.
los entenados
La siguiente etapa de las presiones sobre la justicia puso en la mira el Ministerio Público Fiscal nacional, a sabiendas de que la cobertura periodística era prácticamente nula. Mientras el PRO se jactaba de respetar la independencia judicial y cuestionaba el partidismo de Alejandra Gils Carbó como titular de la Procuración General de la nación, en marzo de 2014 nombraba al angelicista Martín Ocampo como fiscal general de la Ciudad. Ocampo, que venía de ser presidente de la Legislatura porteña, es un caso similar al de De Stéfano.
Fue tal la colonización del organismo que conduce la política penal de la Ciudad, que cuando en diciembre de 2015 Ocampo fue designado ministro de Justicia y Seguridad porteño, en lugar de renunciar a su cargo como fiscal general, se tomó licencia. Un dato: durante el lapso en que fue fiscal general porteño, Ocampo designó a la actual jueza federal María Eugenia Capucchetti como titular de la Dirección de la Oficina de Enlace con Organismos Oficiales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El vínculo fue tal que ambos coordinaron el libro Falsedades documentales de la colección “Derecho penal”, editada por Astrea. Ocampo fue eyectado de su cargo en 2018 tras el fallido operativo de seguridad por el que se suspendió la revancha de la final de la Libertadores entre River y Boca. En simultáneo debió renunciar al Ministerio Público. Desde 2019, con un perfil bajísimo ahora, Ocampo volvió a ocupar una banca en la Legislatura, como parte del bloque que se identifica con la conducción radical de Martín Lousteau y el entenado de Enrique “Coti” Nosiglia, Emiliano Yacobitti.
Después de 2015, con Cambiemos en la presidencia, la gobernación bonaerense y la jefatura porteña, obtuvo la renuncia de Gils Carbó, aunque fracasó en su intento porque fuera reemplazada por Inés Weinberg de Roca, a quien antes había nombrado en el Tribunal Superior de Justicia porteño; designó a Julio Conte Grand (a pesar de no cumplir con el requisito de dos años de residencia en suelo bonaerense) en ese puesto en la provincia de Buenos Aires y ubicó a Juan Bautista Mahiques como sucesor de Ocampo en la Ciudad. Si aparece el apellido Mahiques, emerge la noción de mesa judicial como espacio opaco en el que se discute y negocia la estrategia política de cara al Poder Judicial.
las mueblerías de Belgrano
Cuando Macri llegó al poder, rápidamente saltó a la luz lo que se conoció como su equipo de legales, compuesto por varias figuras que venían de estudios de abogados de peso y pasaron a ocupar un lugar en el elenco gobernante. A la cabeza, en ese momento, estaba José Torello, que en 2003 había dejado Llerena & Asociados Abogados para acompañar a su amigo en la aventura política. Otro del entorno de amistades de Macri que provino desde el derecho fue el comercialista y namepartner de Romero Zapiola & Clusellas, Pablo Clusellas. Por su parte, tras dejar Marval, O’ Farrell & Mairal, Martín Lanfranco se convirtió en director designado por el gobierno de la Ciudad en la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. El recorrido de cada uno de ellos era un arma de doble filo: garantizaban llegada propia a los juzgados, a la vez que implicaban un riesgo si ese diálogo no era coordinado.
En los tribunales de Comodoro Py donde se tramitan las principales causas por corrupción, los jueces estaban acostumbrados a que en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la interlocución (en parte) estuviera concentrada por el trío compuesto por el espía Horacio Antonio Stiuso, el auditor Javier Fernández y el bufete conducido por Darío Richarte y Diego Pirota. Con Macri en la Casa Rosada, en cambio, aparecieron las mesas judiciales que se movían como cuentapropistas.
Un avezado integrante de la familia judicial, con varias décadas trajinando los pasillos de juzgados y fiscalías, comenzó a reírse irónicamente antes de señalar que “de tanto lobby que había parecía la avenida Belgrano, donde desde que empieza hasta donde termina hay 800 mueblerías”. Varios magistrados, admitieron en off que, aunque el vínculo con el entonces ministro Germán Garavano existía, se encontraba deslegitimado porque en simultáneo Macri habilitaba a otros interlocutores: “Los jueces y los fiscales no sabían ni con quién hablar. Por ahí una cuestión institucional la hablaban con Garavano, pero por atrás otro habló otra cosa. Todo el mundo estaba desorientado”. Fue tal la ausencia de conducción que el plan Justicia 2020 que tanto promocionó Garavano no fue traccionado por ninguno de los otros canales.
Hubo quienes se atrevieron a identificar y calificar esas mesas. La llamada mesa Boca estaba compuesta por Daniel Angelici, Darío Richarte y los fiscales Raúl Plee y Carlos Stornelli; también estaba la encabezada por Pablo Clusellas, quien se desempeñaba como secretario Legal y Técnico de la Nación; la de Ricardo Gil Lavedra, muy cercano a Garavano, y la denominada “mesa católica”, liderada por el juez de Casación Carlos Alberto Mahiques y sus hijos, el fiscal porteño Ignacio Mahiques y el fiscal general Juan Bautista Mahiques.
Tanto Carlos como Juan Bautista Mahiques quedaron en el centro de las miradas a partir del escándalo desatado luego de que se conociera el viaje que realizaron, en octubre de este año, a la estancia de Lago Escondido, propiedad del magnate británico Joe Lewis. De ese viaje presuntamente organizado por el Grupo Clarín y Telecom, también participaron Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal), Marcelo D'Alessandro (ministro de Seguridad porteño), el ex agente de inteligencia Leonardo Bergroth, el presidente de Mediabit S.A., Tomás Reinke, junto a Pablo César Casey y Jorge Rendo, directivo y CEO del Grupo Clarín S.A. respectivamente. No solo se levantaron sospechas en torno del motivo del viaje sino que el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques aparece en los chats que se difundieron asegurando que se había encargado de convencer a la fiscal de Bariloche María Cándida Etchepare para que diera un cierre rápido al expediente.
A quince años de la llegada del PRO al poder se sucedieron presiones directas e indirectas sobre magistrados y fiscales, operaciones de todo tipo para lograr su cometido, desde las operaciones de asfixia en el Consejo de la Magistratura hastas casos de espionaje con fines coercitivos. No obstante, quien mejor expresó la pulsión disciplinadora de su fuerza política fue el propio Macri el 1 de junio de 2017, durante el 104º aniversario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: "Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen". Que conste en acta.
