En 2001, la crisis puso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por primera vez en el centro de las manifestaciones de protesta. No es que hasta ese momento no hubiera tenido un rol político importante en nuestra historia. En 1930 convalidó el primer golpe de Estado; en 1990, el cambio de modelo que hizo de las privatizaciones el principal negocio estatal. Para los 2000, con problemas serios de legitimidad, amenazó con detonar la economía en la discusión sobre los depósitos bancarios en dólares y con clausurar el proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura. Desde 1992, tuvo que investigar el atentado a la Embajada de Israel sin resultado alguno y creció bajo su sombra lo que hoy conocemos como el poder de Comodoro Py. Veinte años después, la Corte es parte esencial del sombrío escenario judicial.
escuchas cortesanas
El primer decreto de necesidad y urgencia que firmó Mauricio Macri, a los 14 días de asumir, fue para traspasar a la Corte Suprema la oficina de escuchas telefónicas que históricamente había funcionado en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Después del enfrentamiento del kirchnerismo con Antonio Stiuso −mandamás de la SIDE desde 2002−, y de la denuncia de Alberto Nisman por la firma del memorándum de entendimiento con Irán por el caso AMIA, la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional de febrero de 2015 había sacado a las escuchas de la incumbencia de los espías para ubicarla en el ámbito de la Procuración General de la Nación. El decreto urgente de diciembre de 2015 fue parte del desembarco del macrismo en la justicia federal y un mensaje clarísimo dirigido a la procuradora general Alejandra Gils Carbó de que se le venía la noche. También fue parte del posicionamiento de la CSJN, y de Comodoro Py, en el tablero del poder judicial (con y sin mayúsculas).
Mientras le daba el poder de rearmar esa oficina estratégica a la CSJN, Macri designó dos nuevos cortesanos −Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz−, también por DNU.
Para ese entonces el presidente de la CSJN era Ricardo Lorenzetti, quien aceptó el traspaso de las escuchas y el nombramiento irregular de los dos jueces. Lorenzetti, elegido durante el gobierno de Néstor Kirchner, tuvo la presidencia entre 2007 y 2018. En sus últimos años en ese rol, la Corte fue adquiriendo cada vez más alto perfil en los conflictos políticos y en la rosca judicial. Desde que el gobierno de Cristina Fernández (CFK) decidió lanzar el plan de democratización de la justicia en 2013 como respuesta al conflicto con Clarín, Lorenzetti escaló en su disputa con el ejecutivo nacional y construyó poder en alianza con las cámaras federales de todo el país y con los jueces del fuero federal porteño.
Su foto con Claudio Bonadio y el juez brasilero Sergio Moro, en abril de 2017, en pleno auge del Lava Jato y de las causas judiciales contra CFK, fue un hito de esa muestra de liderazgo. Lorenzetti había abandonado la preocupación por relegitimar a la Corte, tras el legado del juez Enrique Petracchi, para construir poder propio y poner a la lucha contra la corrupción en el primer lugar de su disputa frontal con el kirchnerismo. La foto fue tomada durante las reuniones que organizaba con la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales y Nacionales, en ese marco dijo: “hoy en día, después de tantos años de conferencias nacionales de jueces y de un intercambio de la Corte Suprema con los magistrados, hemos logrado una unidad interna muy importante en relación a las políticas de Estado”. También participó del encuentro Germán Garavano, en ese entonces ministro de Justicia.
De la oficina de escuchas que pasó a llamarse Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), quedó a cargo el camarista federal Martín Irurzun, autor de la doctrina que permitió mantener irregularmente en prisión preventiva a muchos de los exfuncionarios del gobierno de CFK acusados de corrupción. La ampliación de sus tareas para convertirla en una especie de policía judicial con funciones de inteligencia le dio un lugar estratégico de vínculo e intervención con los juzgados y fiscalías federales del país. Una investigación periodística mostró cómo igresaron a esa estructura familiares de jueces y fiscales, algo que podría parecer anecdótico pero no lo es, porque exhibe la forma en la que se construye y crecen las redes de relaciones, y también el pagan favores.
Cuando en 2018 el macrismo dio un golpe de palacio y ubicó como presidente a Carlos Rosenkrantz, aliado de las grandes corporaciones, la relación del gobierno con Comodoro Py quedó en manos de la llamada “mesa judicial”. Fin de época para Lorenzetti.
Después de varios escándalos por filtraciones de escuchas usadas para armar causas judiciales y operaciones mediáticas, la Corte tuvo que posicionarse y en 2019 dictó una acordada para reordenar los criterios jurídicos que habilitan al Estado a vigilar conversaciones privadas. No lo hizo en un caso concreto, no fijó jurisprudencia, sino que pretendió deslindar responsabilidades y mostrar cierto compromiso con una situación que ya estaba fuera de control. Así, la Corte quedó también bajo un manto de sospecha frente a los procesos judiciales que fueron parte importante de la disputa político electoral, trámites en los que se violaron garantías judiciales y sobre los cuales la Corte tardó mucho en decir algo.
Lo cierto es que un conjunto de jueces federales habilitaron a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a Dajudeco para escuchar a les principales referentes de la oposición, a sus abogades, a familiares de víctimas, e incluso a referentes sociales. También se supo que la misma persona que estaba a cargo de la Dajudeco decidía, por su posición en la Cámara Federal, la pertinencia o no de los recursos judiciales presentados por quienes pretendían defenderse de las irregularidades. No hubo denuncias, no hubo reacción. Bajo el resguardo de las formas hubo, en realidad, status quo. La trayectoria de la Dajudeco es una postal de cómo la CSJN quedó subsumida en esta trama, mientras su rol constitucional de resguardar las garantías judiciales se debilitó.
flashback: primavera democrática
El gobierno de Carlos Menem nos legó la Corte de la “mayoría automática”, integrada por algunos jueces que venían del período alfonsinista y otros elegidos luego de la ampliación de cinco a nueve miembros. Además de convalidar la reforma del Estado y las privatizaciones, la mayoría de esa CSJN tuvo posiciones restrictivas en temas de derechos humanos: limitó libertades civiles, autorizó la ampliación del poder de policía penal y administrativa, y realizó un aporte al debilitamiento de los derechos de les trabajadores al convalidar la flexibilización laboral.
A medida que fue creciendo el descontento social por la grave situación económica, esa Corte cayó en un profundo desprestigio. Por primera vez en la historia hubo manifestaciones en la puerta del Palacio de Tribunales: los ahorristas de clase media confluyeron con los reclamos de trabajadores afectados por los fallos propatronales que avalaron la desregulación de la economía. La crisis de representación alcanzó al sistema de justicia y a la Corte en particular.
Con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa recrudeció la discusión sobre qué hacer con esa CSJN asociada a la crisis y muy opaca en su funcionamiento. Eduardo Duhalde nombró a Juan Carlos Maqueda, quien tenía trayectoria en el peronismo. Pareció instalarse la idea de que era posible una recomposición sin romper con la lógica preexistente. Pero cuando asumió Néstor Kirchner su pelea con el duhaldismo alcanzó a la Corte, que conservaba su poder de extorsión y amenazaba con desestabilizar económicamente al gobierno en la salida de la convertibilidad. Estas presiones convencieron a Kirchner de promover un cambio drástico y en junio de 2003, por cadena nacional, le pidió al Congreso el juicio político a los jueces de la “mayoría automática”. Entre destituidos y renunciados, la CSJN se fue renovando con las incorporaciones de Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Elena Highton, que se sumaron a los que estaban: Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. Y en 2006, el Congreso aprobó la reducción del número de jueces de nueve a cinco.
La presidencia de Enrique Petracchi inició un proceso de reconstrucción de la legitimidad política y social de la Corte que tuvo hitos realmente importantes. No hubo solo fallos relevantes sobre derechos humanos, garantías constitucionales, acceso a la justicia, recomposición de los derechos laborales, sino también un modo de pensar el Estado que acompañó la salida de la crisis. Ese momento político incluyó reformas orientadas a la apertura y transparencia de la propia Corte Suprema, como las audiencias públicas, los amicus curiae y el acceso a la circulación interna de los expedientes. Como pocas veces se da, confluyeron una propuesta del gobierno −que había impulsado la participación social en la selección de los nuevos jueces y juezas− y el liderazgo asumido por la Corte, que daba cuenta de la necesidad de mejorar la respuesta judicial y de desarrollar precedentes importantes.
Aun así, muchos de estos cambios no tuvieron el impacto pretendido hacia el interior de la CSJN. El sector más poderoso de la justicia federal fue recuperando su lugar. Con la renuncia de De la Rúa y la acefalía general, Stiuso ganó la pelea interna en la SIDE y comenzó a consolidar su rol de dador de gobernabilidad. No solo por su vínculo con las agencias de inteligencia extranjeras −para los temas de drogas, armas y terrorismo−, sino también por su capacidad para intervenir en problemas de seguridad asociados con las policías, como la ola de secuestros extorsivos que preocupaba en ese entonces al gobierno de Kirchner, y también como nexo o puente principal con un sector de la justicia federal. Muy pronto, en 2004, se truncó la intención de quitarle poder a la justicia federal, luego de que Gustavo Béliz fuera desplazado de su cargo de ministro de Justicia y mostrara la foto de Stiuso en la televisión.
Diez años después tuvo lugar la tormenta perfecta: paradojas del kirchnerismo que terminó finalmente enfrentado con esa gestión de la SIDE, con la Corte liderada por Lorenzetti y con buena parte del poder judicial. En la confluencia de intereses de gran parte de la justicia federal, del dispositivo capilar del stiusismo, de algunos medios de comunicación y de parte de la oposición, la Corte creció en protagonismo y estructura. Comenzó una nueva época en la construcción de su legitimidad, ahora asociada al liderazgo de su presidente como articulador de la transparencia y de “la lucha contra la corrupción”. El objetivo de transformar el funcionamiento de la Corte se fue esfumando a medida que creció la posibilidad de consolidar poder político propio.
silbando bajito
Las muertes de Argibay y Petracchi, las salidas de Zaffaroni y Fayt, y el ingreso de los dos candidatos propuestos por Macri, cambiaron la conformación. Lorenzetti inclinó la balanza hacia una Corte que, además de ser protagonista en las disputas políticas, fue definiendo una tendencia jurisprudencial orientada a debilitar la protección de les trabajadores. Sin llegar a tener los rasgos de la corte menemista, sin mayorías automáticas ni hegemonías absolutas, sus decisiones acompañaron las posiciones del gobierno macrista.
Así, una Corte menos estridente, atravesada por muchos conflictos, sin la grandilocuencia de los grandes fallos, y sin mayor repercusión mediática, fue tomando decisiones restrictivas para el reconocimiento de la tutela sindical y del trabajador como sujeto de especial protección constitucional. La línea contraria, la de ampliación de esos derechos, había sido fundamental en la Corte poscrisis –por ejemplo, había decidido la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo del gobierno de Menem, estableció las indemnizaciones adecuadas y protegió las jubilaciones.
La Corte actual, con la disidencia en general de los jueces Rosatti y Maqueda, tuvo un retraimiento en ese avance jurisprudencial y en el alcance del reconocimiento de los derechos sociales. Algunos ejemplos: restringió el derecho a huelga para los gremios que no tienen personería; con una posición proempresaria, revirtió decisiones de los tribunales del trabajo; dirimió en favor de la libertad de contratación y del debilitamiento de las garantías de les trabajadores, denuncias sobre fraude por subcontratación laboral y pedidos de protección por despidos arbitrarios; convalidó reclamos para recortar la extensión de las indemnizaciones y de aumentar el poder de las ART; y quitó el peso que había otorgado a la legislación antidiscriminatoria para proteger la actividad sindical.
En temas ambientales va construyendo una posición más protectora. El punto aquí parece ser el de convalidar el poder regulatorio estatal frente a los reclamos de las empresas, y obligar al Estado a adecuar su legislación e infraestructura de control. Sin embargo, en la medida que por su composición y las disputas internas, las mayorías resultan difíciles de lograr, actualmente sus decisiones son inestables para consolidar definiciones o lineamientos. Tampoco aparece como una Corte dispuesta a ocupar un rol que ordene a nivel federal, con precedentes, reglas y autoridad. La vacante que dejó la renuncia reciente de la jueza Highton reabre la pregunta sobre cómo quedarán conformadas las mayorías y la orientación de su intervención.
Hoy es una idea cada vez más extendida que esta Corte requiere cambios profundos que limiten su discrecionalidad a la hora de armar agenda, su tiempismo político y la falta de apertura y transparencia. Que tiene que volver a estar enfocada en su rol de tribunal constitucional que define el alcance de derechos y garantías, y dirime conflictos sobre las reglas de funcionamiento del sistema democrático. Que debe desescalar su tamaño y dejar de lado funciones de administración y gobierno judicial. Poco después de asumir, el gobierno de Alberto Fernández convocó a una comisión para que le sugiriera un paquete de reformas, empezando por la propia Corte.
Ya sin Lorenzetti en la presidencia, la CSJN pasó a un esquema de menor protagonismo público. Sin embargo, en 2020, aceptó intervenir con un per saltum por gravedad institucional (es decir, en forma muy extraordinaria) en el planteo de dos jueces federales que habían sido devueltos a sus cargos originales, luego de haber sido trasladados en forma permanente como camaristas federales. Esta forma de intervenir la puso, de nuevo, en el centro de las intrigas políticas.
Después de un mandato de Rosenkrantz, Rosatti asumió la presidencia en 2021 con el mensaje de recuperar parte de la agenda de transformación interna. De las propuestas de reforma de la Comisión de expertos no se volvió a hablar. Los proyectos de ley impulsados por el oficialismo y que intentaron intervenir sobre Comodoro Py o sobre el Ministerio Público Fiscal tampoco prosperaron. Sigue sin poder implementarse el sistema acusatorio a nivel federal, resistido con ahínco por parte del sistema político y del propio fuero involucrado. Desde hace cinco años, la CSJN tiene pendiente resolver un pedido de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura que CFK impulsó con el mensaje de democratización de la justicia. Este es el marco político institucional en el que la Corte sigue envuelta.
Rica en un país cada vez más pobre, poco transparente, palaciega, y con una jurisprudencia sinuosa, la Corte está inmersa en una disputa de sentido: es atacada tanto por convalidar los privilegios de los poderosos y formar parte del engranaje de persecución política, como por ser la que no le pone límites al populismo corrupto. De lo que no hay dudas es de que se trata de una Corte acostumbrada a las intrigas, mientras hace crecer su burocracia interna, construye poder hacia adentro del sistema judicial gracias a la distribución discrecional de recursos, y se mantiene alejada de los problemas sociales en los que podría inclinar la balanza para reparar desigualdades estructurales.
Quedan vestigios de una CSJN que fue icónica y acompañó la reconstrucción del sistema político e institucional después del estallido social que la puso también en el centro de la escena. Más allá de sus fallos a lo largo de estas dos décadas −algunos muy importantes y otros muy controvertidos−, la envuelve un clima de descrédito y de falta de liderazgo, justo cuando a nivel nacional e internacional se impone un ciclo de derechización que pone en jaque a las agendas de igualdad y protección de derechos.
