Gustavo Melella (GM) irrumpió en la política como un “radical K”, es decir, como un producto de la transversalidad impulsada por Néstor Kirchner. Pero fue más allá que el pingüino y decidió usar ese mismo método para su propio armado político llevándolo al extremo. Así alcanzó la gobernación en 2019 y así propone mantenerse en el poder.

Ya durante la gestión comenzó a tejer una red que no termina nunca: opositores, sindicatos, organizaciones sociales, jueces, periodistas y organismos de control. Todos fueron cayendo en la telaraña de un consenso prebendario al que él bautizó con el eufemismo de “paz social”.

Como un orfebre de las conveniencias mutuas, fue dándole forma al diseño de una sociedad callada, en donde casi nadie habla por temor a quedar fuera de las negociaciones. Así construyó también su nueva candidatura, con la que volverá a disputar la gobernación este 14 de mayo, con el apoyo inédito tanto de Alberto Fernández como de Cristina Fernández de Kirchner; con el respaldo de intendentes de La Cámpora y una vicegobernadora que responde al ala “derecha” del conservador Movimiento Popular Fueguino (MPF); con un primer candidato a legislador de Juntos por el Cambio; y con una justicia provincial adicta al poder que construyó mientras en simultáneo exigía el juicio político a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su “falta de independencia”.

militante salesiano

GM nació en San Justo, en la provincia de Buenos Aires. Sus padres fueron un albañil y una modista. Se recibió de profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación y se formó en instituciones salesianas.

A los 26 años viajó a Tierra del Fuego para desempeñarse en la Escuela Agrotécnica Salesiana de Río Grande, que con el tiempo terminó dirigiendo. En 2002 ingresó a trabajar en el área social del municipio, pasó por la Dirección de la Juventud y luego por la Secretaría de Producción, hasta llegar a ser Director de Desarrollo local (2004/2005) y finalmente secretario de la Producción (2005/2011) durante las dos últimas gestiones del ex intendente radical Jorge Martín (2003/2011).

En 2011, apoyado por Martín, quien ya no tenía posibilidades de ser reelecto, fue candidato a intendente de Río Grande y resultó elegido con el 33,62% de los votos.

Ya en 2015, se posicionó en el partido Forja y se autodefinió como un “radical K”, con lo que consolidó su acercamiento al entonces Frente para la Victoria. Ese año logró su reelección con el 53, 28 % de los votos.

En los años posteriores mantuvo su alineamiento kirchnerista, al tiempo que comenzó a distanciarse de la entonces gobernadora peronista Rosana Bertone, a quien acusó de “consustanciarse” con las políticas del ex presidente Mauricio Macri. Así comenzó a edificar su propia candidatura a gobernador, aunque también dio muestras de una forma pragmática de construcción del poder. Mientras agitaba las banderas de “Néstor y Cristina” selló una alianza con el MPF, en particular con el ala comandada por la familia Loffler, conocida por sus influencias en la política, la justicia y el empresariado local.

Damián “Loly” Loffler llevaba entonces cinco mandatos consecutivos como legislador provincial y manejaba los hilos del parlamento. Ernesto “Nené” Loffler era camarista Civil y se lo definía como el “jefe en las sombras” del Poder Judicial. Otros hermanos manejaban empresas contratistas del Estado. De allí salió el nombre de la compañera de fórmula, la mopofista Mónica Urquiza. Se concretaba así la alianza entre el discurso nacional y popular y la derecha conservadora vernácula.

Pero funcionó. En 2019, GM se impuso a Bertone en primera vuelta con el 50,9% de los votos. Tenía 48 años y su diseño transversal parecía a la medida de la sociedad fueguina.

transversalidad al palo

La provincia arrastraba oleadas de conflictos de todo tipo. Los empleados estatales y, en especial, el combativo sector docente, pugnaban por recomposiciones salariales después del atraso acumulado durante la gestión de Bertone. Las entidades ambientalistas se mantenían en alerta luego de haber enfrentado al gobierno anterior por el intento de construir una ruta costera sobre el Canal de Beagle e impulsar proyectos de cría de salmones. Prevalecía una atmósfera de confrontación y GM encontró en ese caldo de cultivo una oportunidad inigualable: eligió al sector público como su principal aliado. Subió salarios aún a costa de tener las cuentas públicas en rojo, sedujo a los sindicalistas más rebeldes con cargos en el gobierno y horas cátedra. Lo mismo pasó con las entidades ambientalistas, otrora intransigentes, y desde entonces sumidas en un paciente silencio alimentado también con la contratación de algunos de sus referentes en dependencias del Estado.

La falta de mayoría legislativa tampoco fue un obstáculo. La creación de estructuras super numerosas dentro del propio Poder Legislativo fue un buen incentivo para una oposición poco predispuesta al control y los debates. El presupuesto 2020 reveló que solo la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura poseía una plantilla de 72 asesores. A ello hay que agregarle los asesores personales de cada legislador y la nómina de empleados del Poder Ejecutivo afectados a cada parlamentario, según contó la ex asesora (y ex legisladora del Partido Social Patagónico) Amanda del Corro.

Dentro del propio gobierno, el festival de designaciones también permitió alinear tanto a propios como extraños. Cargos inverosímiles destinados a punteros sin pergaminos para el ejercicio de la función pública llevaron a escándalos como el caso del ex Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Gabriel Caro, acusado de integrar una banda de narcotraficantes con base en Río Grande, quien ingresó a la provincia 24 kilos de marihuana en plena pandemia. Caro fue condenado por la Justicia Federal a dos años y ocho meses de prisión por el delito de “confabulación en la comercialización de estupefacientes”. GM protegió a su funcionario y tan solo lo suspendió mientras se desarrollaba la investigación.

salir del clóset

A poco de ganar la gobernación, en junio de 2019, GM sorprendió a la opinión pública al declarar abiertamente su homosexualidad. Fue durante una entrevista con Nancy Pazos cuando dijo: “Soy gay y estoy en pareja hace 16 años, pero no pienso en casarme”.

En la provincia el dato se conocía extraoficialmente desde hacía años y su confirmación pasó casi desapercibida. Pero el gobernador no lo hizo público para blanquear a los ciudadanos su elección sexual sino para defenderse de una denuncia por presunto abuso presentada el año anterior por dos obreros de la construcción que ya investigaba la justicia. "Nosotros sabíamos que por mi condición sexual iban a ir por ese lado, no por el lado de la corrupción porque tenemos una gestión transparente. Sabíamos que algo iban a hacer y sucedió una semana después de que yo dije que iba a ser candidato”, contó en aquella entrevista.

En octubre de 2018, Alfredo Suasnabar, un trabajador de la construcción de 55 años, y Damián Rivas, un carpintero de 48, se presentaron ante la justicia de Río Grande para denunciar que el entonces intendente les había exigido “favores sexuales” a cambio de empleo y de cobrar trabajos que ya habían realizado para el municipio.

Suasnabar y Rivas declararon haber conocido al intendente cuando visitó su barrio y le solicitaron empleo. Los dos sostuvieron que allí les pidió sus teléfonos. Rivas declaró ante el juez Raúl Sahade que GM comenzó a acosarlo a través de mensajes por Whatsapp, lo que incluía propuestas sexuales. Suasnabar, por su parte, relató en sede judicial que aceptó una invitación al domicilio del intendente y allí comenzó a abrazarlo, a besarlo e intentó practicarle sexo oral.

El caso se remonta al 28 de agosto de 2018, cuando el abogado de Río Grande Francisco Giménez denunció ante el entonces fiscal Guillermo Quadrini una posible defraudación alrededor de obras públicas contratadas por la municipalidad en el Centro Tecnológico y el Polideportivo del barrio Margen Sur. Según la denuncia, dos empresas -Patagonia Constructora y Marino Luis Vaquera- habían facturado al municipio por obras que no realizaron. De la denuncia surgía que los trabajos habían sido llevados a cabo por Rivas, Suasnabar y un tercero de nombre Mario Lovera. Los trabajadores declararon en el expediente como presuntos damnificados, ya que aseguraban haber realizado trabajos que nunca cobraron. En ese contexto fue que detallaron los supuestos abusos de GM.

Los denunciantes contaron que el intendente usaba la siguiente modalidad: los captaba para trabajar en alguna obra pública y cuando estaban por finalizar su tarea, los retiraba del lugar y las obras eran facturadas por empresas allegadas al municipio. Según la denuncia, el intendente convocaba luego a los trabajadores y les exigía el cumplimiento de favores sexuales a cambio de seguir trabajando y cobrar lo que ya habían hecho.

Tanto GM como su abogado particular, Francisco Ibarra, atribuyeron siempre estas denuncias a una “campaña sucia” de sectores allegados a la ex gobernadora Bertone. “Al peor estilo de la isla están haciendo campaña sucia en lugar de discutir ideas para mejorar la vida de los fueguinos. Ese es el verdadero motivo de estos ataques basados en prejuicios, discriminación y cuestiones de la vida privada”, declaró GM a la prensa.

Lo cierto es que en la Justicia, la causa nunca avanzó. El juez Sahade les tomó declaración a las presuntas víctimas y a algunos testigos, pero nunca llamó a indagatoria al gobernador. Tampoco valoró pruebas como el contenido de una pericia telefónica que encontró más de 100 llamadas con uno de los obreros.

Desde que GM asumió su cargo en junio de 2019 la causa se paralizó definitivamente hasta noviembre de 2020, cuando una novedad sacudió la modorra judicial: el juez de la causa, Raúl Sahade, fue denunciado por el supuesto cobro de fallos y arreglo de causas. Sahade estaba en apuros y desempolvó la causa por las denuncias de abuso. La primera resolución fue ordenar una pericia psiquiátrica al mismísimo gobernador: “Practíquese peritaje psiquiátrico sobre el imputado Gustavo Daniel Melella, tendiente a determinar la estructura de su personalidad. (…) si presenta patología de índole sexual, y/o síntomas de perversión en términos psicopatológicos compatibles con los hechos denunciados, así como indicadores de desajustes o desviaciones de la lívido y/o en el área de la sexualidad”.

La orden cayó como una bomba y motivó subterráneos movimientos judiciales y políticos. Repentinamente Sahade suspendió primero la pericia, que nunca se llevó a cabo, y en febrero de 2021 desvinculó al gobernador de la causa. Para ser precisos, lo que hizo Sahade fue rechazar el requerimiento de instrucción fiscal, a través de una resolución en la que expuso que GM había mantenido relaciones sexuales consentidas con los denunciantes y que ello no era objeto de imputación criminal. El fallo fue corroborado en mayo por la Cámara de Apelaciones.

Poco tiempo más tarde, la justicia desestimó las denuncias contra Sahade, a la vez que el Consejo de la Magistratura desestimó someterlo a un jury de enjuiciamiento.

Sahade es un juez vinculado con Ernesto Loffler, por entonces camarista Civil e integrante del clan aliado de GM. De hecho, se recibió de abogado en la facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), sede Río Grande, donde Loffler dicta varias materias y además es el coordinador académico de la facultad. Cuando trataron el pedido de jury contra Sahade en el Consejo de la Magistratura fueguino, el fiscal que se pronunció en contra de promover el jury fue José Rodas, un abogado de Río Grande integrante del estudio jurídico Loffler.

Librado de la imputación, en el marco de este intercambio de medidas, GM tuvo que cumplir el compromiso con sus aliados del MPF que responden a la familia Loffler. Fue así como en plena pandemia de coronavirus impulsó la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de tres a cinco miembros y firmó la designación de Ernesto Loffler como juez del máximo órgano judicial.

la familia judicial

La conformación de una nueva Corte provincial, que más tarde se complementó con la designación de la jueza Edith Cristiano, cercana a los Loffler, inició una etapa distinta dentro del Poder Judicial, caracterizada por el liderazgo de este grupo de poder con extrema cercanía con la clase política. Basta citar la absolución generalizada dictada en 2021 por el Superior Tribunal (ya integrado por Loffler) sobre los condenados en un histórico escándalo de corrupción. La causa investigaba un negocio oscuro con Letras de Tesorería de la provincia mediante las cuales se habían pagado por servicios nunca prestados al Estado. Hubo un juicio oral y público y una condena a ocho personas, entre las que se encuentran dos ex ministros de Economía (Horacio Sosa y Raúl Berrone) durante la breve gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro (2005/2007).  Siete años, seis meses y dieciséis días después de aquella condena, el nuevo Superior Tribunal halló supuestas irregularidades y absolvió a todos los involucrados.

El poder de los Loffler sigue creciendo actualmente con la designación de funcionarios judiciales en diferentes áreas, al mismo tiempo que prolifera en la Legislatura con la influencia de Damián “Loly” Loffler, vicepresidente del cuerpo y candidato a su séptimo mandato consecutivo.

Fuera del Estado también hay empresas privadas de la familia. Los Loffler son propietarios de las dos franquicias de “Café Martínez” en Ushuaia. Sobre uno de esos negocios funciona una pantalla led de grandes dimensiones en la que se difunden avisos publicitarios. En 2021, la prensa reveló que el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), presidido por un allegado a los Loffler, invirtió cifras millonarias de publicidad en ese cartel de Café Martínez.

Otro ejemplo de los vasos comunicantes entre la familia y el Estado es lo ocurrido en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con los seguros contra incendios. El IPV determinó como un problema que una gran cantidad de los 8 mil adjudicatarios de viviendas sociales no cumplieran con la obligatoriedad de contar con un seguro contra incendios. A partir de ello, firmaron un convenio de “cooperación” con una empresa en particular -“Swiss Medical Group” (SMG)- y sin concurso ni licitación le adjudicaron  la gestión de las pólizas de seguro con cada adjudicatario de vivienda social de la provincia. Pero no solo eso. Al poco tiempo, quien se presentó como “productor asesor de seguros” y en nombre de SMG para cobrar las primeras “4802 pólizas” por un total de “$9.503.158” fue “Alejandro Martín Deanes”. Deanes publicita su empresa aseguradora en las redes sociales como “Loffler Deanes Asesores de Seguros” junto a Juan Matías Loffler, uno de los cinco hermanos de la familia.

Deanes y Juan Matías Loffler tienen numerosos vínculos. Ambos fueron secretarios del Concejo Deliberante de Río Grande en 2011. Por otra parte, son socios en la empresa Maloy SRL, dedicada a la explotación integral de establecimientos gastronómicos.

Por si faltaba algo, al firmar la nota de solicitud de pago ante el IPV, Deanes consignó el domicilio 11 de Julio 798 de Río Grande, una propiedad asociada a varios emprendimientos de los Loffler. Allí mismo funcionó el estudio jurídico de la familia.

reforma previsional

El año pasado GM avaló una nueva modificación del sistema jubilatorio fueguino para el sector público, que había sido reformado a instancias de la ex gobernadora Bertone en 2016, luego de una severa crisis que impedía el pago en tiempo y forma de los haberes. La reforma impulsada por Bertone cambió, entre otros puntos, la forma de cálculo del haber jubilatorio, estableciendo que debía ser determinada como el promedio de las últimas 120 remuneraciones. También eliminó la “movilidad automática” como forma de actualización (el 82% móvil) generando una variación de aplicación semestral, a la vez que fijó una tabla para llegar progresivamente a una edad jubilatoria de 60 años tanto de hombres como de mujeres.

Jubilados y empleados públicos reclamaban por esas y otras condiciones. El sector docente presionó y la nueva reforma avalada por el gobierno no tardó en cristalizarse. Las jubilaciones comenzaron a calcularse como “el promedio de las mejores 60 de las últimas 120 percibidas”, mientras que los jubilados adquirieron por ley el derecho de solicitar el “recálculo”. A su vez, se retomó la “movilidad automática” eliminada en 2016 y se creó un sistema que permite jubilarse (hasta 2027) a personas de 55 años, cinco años menos que el mínimo de edad establecido para la jubilación ordinaria.

El nuevo mecanismo aguarda la firma de GM para quedar reglamentado y para empezar a aplicarse, a pesar de que ex funcionarios como el ex presidente de la Caja Jubilatoria, Rubén Banjhe, aseguran que el nuevo régimen tenderá al colapso en pocos años más.

Mientras tanto, el gobierno sigue utilizando una autorización legislativa para emitir Letras de Tesorería por más de 8 mil millones de pesos como “instrumento financiero” para paliar el déficit de las cuentas públicas y dispone de otro permiso para tomar un crédito de 145 millones de dólares destinado a obras de infraestructura energética. Es curioso porque GM llegó a la gobernación criticando el endeudamiento de 200 millones de dólares tomado por Bertone para obra pública y hasta prometió gestiones para renegociar esas obligaciones que se garantizaban con regalías hidrocarburíferas. Sin embargo, a partir de la pandemia, echó mano a los dólares para desafectarlos de las obras de infraestructura y usarlos para gastos corrientes. De los 130 millones que recibió, quedan menos de 10 millones depositados en el banco, según admiten los propios legisladores aliados.

sepelios para todos

El silencio general que la “paz social” de GM dispersó en los órganos de control y la mayoría de la prensa, evita que escándalos mayúsculos tomen la dimensión que merecerían. En el laboratorio estatal del Fin del Mundo se incineraron en 2019 medicamentos vencidos por un total de 2.654.960 dólares. Se trataron de 48.272 frascos de Atazanavir de 300 mg para el VIH-Sida que se compraron en 2018 a los fines de ser vendidos al Ministerio de Salud de la Nación. La gestión GM culpa de esta operatoria fallida a la gestión anterior, aunque los remedios se vencieron cuando él ya estaba en la Casa de Gobierno.

Otras medidas polémicas fueron gestadas desde la propia Legislatura, como la Ley 1407 que creó un sistema de seguro de sepelio obligatorio para toda la población, solventado con un adicional de la tarifa eléctrica. La norma adjudicó las prestaciones (en forma directa) a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande que no solo controla el negocio de las funerarias en toda la provincia sino que maneja a discreción un fondo estimado de más de 1000 millones de pesos anuales de excedentes entre la recaudación y los servicios que efectivamente se prestan de acuerdo a la demanda actual.

la red infinita

GM declaró públicamente que en Tierra del Fuego “no existe la grieta”. La lista de candidatos a legisladores provinciales por Forja, el partido oficialista, constituye una síntesis de su modo de hacer política. La nómina de diputados está encabezada por Federico Sciurano, hasta entonces legislador “opositor” del partido radical y referente de Juntos por el Cambio. Sciurano es un ex intendente de Ushuaia que formaba parte del armado de Martín Losteau y que criticaba medidas del gobierno nacional como el juicio político a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. El mismo juicio político que GM suscribió expresamente. Cuando Sciurano quedó afuera del armado de Juntos por el Cambio, el gobernador no dudó ni un segundo en convocarlo a las filas propias.

No es el único caso. En la lista aparecen dos referentes peronistas, como Ricardo Furlan y Miriam Martínez, que respondían a la ex gobernadora Bertone y que ahora se postulan por el espacio oficialista.

El “radical K” se abraza en público con los intendentes de La Cámpora, Walter Vuoto (de Ushuaia) y con Martín Pérez (de Río Grande), con quien los separa más de lo que los une. Pero ahí están, dentro de un mismo frente que busca sus respectivas reelecciones.

El próximo domingo la lista oficialista Unidos Hacemos el Futuro encabezada por GM  se las verá con dos fórmulas surgidas luego de una ruidosa ruptura en Juntos por el Cambio entre el radicalismo y el PRO. Por un lado, bajo ese sello aparece la fórmula integrada por Pablo Blanco y Federico Frigerio; por el otro, bajo el nombre del PRO a secas se presentan Héctor “Tito” Stefani y Paulino Rossi; finalmente, Andrea de Pauli y Sebastián Galdeano encabezan la fórmula de Republicanos.

Con el silencio como telón de fondo, con la prebenda disfrazada de bandera del consenso, GM teje y teje su red de aliados ocasionales con un pragmatismo a prueba de todo. Como si hubiese encontrado la fórmula para gobernar una provincia chica pero siempre insurrecta. Como si le hubiese encontrado el precio a Tierra del Fuego.