El 10 de diciembre de 2011, Alberto Weretilneck (AW) asumió como vice del gobernador peronista Carlos Soria. Tan solo veinte días después de aquel triunfo histórico que interrumpió 28 años de gobiernos radicales, Soria sería asesinado por su esposa con un disparo a la cabeza en la madrugada del 1 de enero.
Desde entonces emprendió la vertiginosa construcción de un partido provincial con actores de diversos espacios, con el que sería reelegido gobernador cuatro años más tarde y senador nacional en 2019. Ahora, el 16 de abril próximo, con 61 años, aspira a obtener una vez más la gobernación tejiendo abajo lo que arriba se deshilacha cotidianamente: el apoyo de La Cámpora y de la Unión Cívica Radical, el Frente Renovador y Nuevo Encuentro bajo el sello de su criatura provincialista, Juntos Somos Río Negro (JSRN).
En una provincia con 600 mil electores, correspondientes al 1,63% del padrón nacional, AW ejerce una política de cercanía: responde personalmente cada mensaje que llega a su Whatsapp y centraliza las decisiones más domésticas de la gestión. Supo mantener buena sintonía con Mauricio Macri mientras fue presidente y sintonía más que fina con Cristina Kirchner desde su actual banca en el Senado.
Nació en la ciudad de El Bolsón, a donde su padre, trabajador bancario, había sido destinado. Cuando cumplió 18 emigró a Cipolletti y comenzó a militar en la juventud que desbordaba los mitines del Partido Intransigente, la referencia de centro izquierda en los albores del gobierno de Alfonsín. Fue secretario de prensa comunal, forjó con peronistas renovadores el nacimiento del Movimiento Patagónico Popular (MPP), un espejo del Movimiento Popular Neuquino. Pronto llegó a ser secretario de gobierno y de servicios públicos municipal y armador político del intendente al que terminó desplazando en las urnas en 2003, asumiendo al frente de una de las cuatro ciudades más grandes de la provincia. En plena crisis de representación política en 2001, el MPP se integró al Frente Grande de Chacho Álvarez en una Alianza ya en descomposición. AW caminaba Cipolletti sin custodia, hacía fila en supermercados, alentaba a su equipo en la cancha y asistía a la reunión de padres de sus hijos. En 2007 logró la reelección.
Hacia el final del segundo mandato, midió números y aceptó la propuesta de Carlos Soria de acompañarlo en la fórmula del Frente para la Victoria, que derrotó al imperio radical con más del 50% de los votos y 14 puntos de diferencia. Casi inmediatamente llegó el homicidio del gobernador y pasó a liderar la provincia.
el legado de Néstor
La muerte de Soria agitó las tribus justicialistas, que empezaron a asediarlo. De un lado Martín Soria, actual Ministro de Justicia de la Nación, hijo de Carlos, heredero de un bastión en General Roca que hoy defiende su hermana María Emilia, recientemente reelecta como intendenta de esa localidad. Del otro Miguel Pichetto, por esos años jefe de senadores del Frente para la Victoria, quien pidió elecciones internas pero encontró en Cristina Kirchner una oposición infranqueable. Influenciada por su jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, con el que Weretilneck compartió filas en el Frente Grande, la presidenta priorizó el camino de la institucionalidad. Pichetto tal vez nunca se lo haya perdonado. “O soy empleado de Soria o de Pichetto, o armamos algo”, dijo AW en una reunión de mesa chica. Entonces dio los primeros pasos: acomodó las piezas del gabinete para llegar al Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner y al de Infraestructura de Julio de Vido sin pasar por Pichetto ni Soria; a la vez que impuso una mayoría en la Legislatura con radicales, aliados y peronistas.
Nacía así el embrión de Juntos Somos Rio Negro (JSRN). La elección del nombre del partido es risueña: se pronunció por primera vez en un acto de campaña a gobernador cuatro años más tarde, en 2015, en contraste con el lema del Frente para la Victoria “Pichetto es Río Negro”. Aquel año ganó el provincialismo y tercero quedó el radical Horacio Massaccesi con un 3%.
“Lee la política, reúne voluntades, arma como Néstor Kirchner”, lo describen oficialistas y adversarios. El delegado de un sindicato estatal cuenta haber conocido al gobernador minutos después de quemar neumáticos en la calle. Fue recibido y le habló de igual a igual. Más tarde resolvió la demanda cuya gestión no delegó a ningún funcionario.
Facundo López es hombre de su confianza desde los tiempos de la intendencia en Cipolletti, presidente del bloque oficialista y candidato a legislador. Lo une a AW kilómetros recorridos en la provincia y anécdotas en los parajes rurales de la Región Sur, una línea que atraviesa la estepa desde la cordillera al mar. Allí observó cómo hace contacto directo con la gente. “El emblema de los dos gobiernos de Alberto es el Plan Castello y las obras que pudimos hacer con esa inversión, como el gasoducto para la Región Sur”, destaca López. “Hablamos de 17.000 habitantes a los que les llegó el gas sin ningún tipo de motivación electoral, porque esa misma plata podríamos haberla volcado a Bariloche, Roca, Cipolletti, donde concentramos el 40% del padrón electoral”. El Plan Castello implicó un endeudamiento de 580 millones de dólares. Una decisión criticada por la oposición y organizaciones sindicales como ATE, cuyos principales dirigentes fueron detenidos con causas penales en el marco de protestas callejeras.
López destaca que AW “no es nada dogmático, tiene el pragmatismo de la gobernabilidad. Nunca lo vas a ver al lado de la derecha. Banca la ampliación de derechos y la defensa derechos sociales, pero no banca un Estado compitiendo con el privado ni enfrentándolo”.
Su pragmatismo irradia en todas las esferas. En la sindical, primero articuló una relación fluida con UPCN, adquirida en vínculos políticos de antaño. Después se enamoró (o se rindió) ante la pujante dirigencia de ATE, que recalentaba la conflictividad social. Río Negro, como todas las provincias de la Patagonia, tiene más trabajadores estatales que el promedio nacional. “Él siempre fue respetuoso de los factores de poder real”, me dice un ex funcionario eyectado del gobierno a pedido de una empresa frutícola vinculada al Diario Río Negro.
punto final
Así como Néstor Kirchner pidió el 24 de marzo de 2004 perdón en la ESMA en nombre del Estado argentino por los crímenes durante la dictadura, AW pidió perdón por el genocidio del Estado a los pueblos originarios en un acto de devolución de restos óseos en Viedma. “Su relación con los pueblos originarios es ambigua”, me aclara Orlando Carriqueo, werkén (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro, organización que nuclea a 160 comunidades. “Él recorre el territorio y tiene contacto con la gente en términos clientelares, no estableciendo una política institucional. Si bien hemos mantenido diálogo con funcionarios de su gobierno, nunca recibió a nuestra coordinadora en ocho años”.
La Provincia tiene un amplio marco normativo en relación a las comunidades indígenas, pero el gobierno de AW –dice Carriqueo– prácticamente no lo instrumentó: “La política oficial siempre fue de vaciamiento. El Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, un organismo integrado por el Estado y las comunidades, tiene asignados 50.000 pesos y una camioneta para recorrer 160 comunidades”.
La Ley Integral del Indígena de 1988 prevé la reparación de entregas de tierras viciadas de nulidad. Entre 2011 y 2015, durante la primera gestión de gobierno de AW, funcionó al amparo de la Legislatura, impulsada por la Comisión de Relevamiento de Entregas de Tierras Fiscales cuyo resultado fue publicado en el libro “En la tierra de los otros”, de Lorena Cañuqueo, Laura Kropff, Pilar Pérez y Julieta Wallace. Allí las autoras advierten sobre la entrega desmedida de tierras públicas a precio vil durante años anteriores, facilitada por el éxodo de sus ocupantes ancestrales o tradicionales de comunidades indígenas.
La Comisión elaboró dos proyectos de ley aprobados en la Legislatura, que recuperan para el Estado provincial casi 25.000 hectáreas, dejando sin efecto las adjudicaciones antes realizadas. Sin embargo, las autoras afirman que el Gobierno no dio cumplimiento efectivo a las leyes, eludiendo la toma de posesión y la escrituración a su nombre.
En 2016, el oficialismo presentó un proyecto que busca crear un Código de Tierras Fiscales en su intento de modificar la Ley de Tierras vigente desde 1961, que defiende su función social. La reforma intentó un cambio de uso del suelo ya no solo basado en la actividad pastoril, agrícola y ganadera, sino que incluyó las actividades forestal, energética, minera, turística, industrial, tecnológica o cualquier otra económicamente rentable. Omitió el marco jurídico indígena y la creación de una autoridad de aplicación colegiada. Por ahora, el texto duerme en un cajón.
“Hay una intención de Weretilneck de convertir a Rio Negro en una empresa netamente minera. Nosotros ya hemos definido que sobre el territorio de las comunidades tiene que haber una consulta previa y que las actividades extractivas no son parte de la dinámica cultural del pueblo indígena”, dice Carriqueo.
La antropóloga Samanta Guiñazú coordinó en Rio Negro el área social del equipo de relevamiento impulsado por la Ley 26.160, que suspende el desalojo de las comunidades indígenas de las tierras que tradicionalmente ocupan. Mientras funcionó plenamente entre 2009 y 2012, tan solo doce personas lograron censar a 50 comunidades de las 126 inscriptas hasta entonces. Hoy esperan ser relevadas más de 120. Weretilneck, sin embargo, se expresó a favor de la necesidad de establecer un “punto final” al surgimiento de comunidades y de limitar a tres años la prórroga de la ley. “Con el cambio de gobierno en 2011, los técnicos de la Provincia dejaron de integrar las áreas administrativas, social y de geo-referenciamiento del Equipo Técnico Operativo del relevamiento. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas prometía bajar fondos cada seis meses a cambio de cuatro carpetas técnicas terminadas por mes. Pero no es fácil relevar cuatro comunidades por mes. Relevar no solo es tomar nombres, sino también conocer cómo perdieron su territorio y georreferenciar extensiones enormes”, analiza Guiñazú.
Un caso emblemático de irregularidad en la entrega de tierras es el de la empresa Hidden Lake, propiedad del inglés Joseph Lewis, que a partir de 1996 se hizo de 12.000 hectáreas alrededor de Lago Escondido. La ex Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció en Comodoro Py que las tierras apropiadas por el magnate se encontraban en “zona de seguridad de fronteras” y “sometidos, por ello, a un régimen jurídico especial que impedía ser adquiridos por personas extranjeras”. La causa finalmente fue cerrada por prescripción en octubre de 2021 con la firma de los jueces de Casación Penal Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Guillermo Yacobucci, al tiempo que se confirmó el sobreseimiento de todos los imputados. Pero Lago Escondido tiene un segundo capítulo: la imposibilidad de llegar a sus costas si no existiera un sendero de servidumbre de paso de tres días por la montaña. En 2005, la entonces legisladora provincial Magdalena Odarda presentó un amparo con el objeto de que se garantizara el libre acceso. En 2013, un juez de Bariloche interpretó un fallo del Supremo Tribunal de Justicia y ordenó a Vialidad rionegrina a acondicionar el camino de montaña pero también la traza más corta denominada Tacuifí. El entonces gobierno de Weretilneck y luego el de su sucesora Arabela Carreras, a través del Ministerio Público Fiscal, apelaron en toda oportunidad los fallos en ese sentido junto con los abogados de Hidden Lake, la empresa que a lo largo los años construyó dos centrales hidroeléctricas sobre Río Escondido y un aeropuerto en la localidad de Sierra Grande. AW le escapa a las pronunciaciones públicas sobre este severo conflicto y cuando lo hace se refugia en supuestas dificultades presupuestarias para concretar las obras necesarias que permitan el acceso al Lago. El mismo camino ha seguido la actual gobernadora, quien recientemente declaró en el diario Perfil que esa obra “definitivamente no es una prioridad”.
la Carrera
Un tweet de mayo de 2017 sacudió a la opinión pública rionegrina. El gobernador anunció el emplazamiento en la provincia de una central nuclear como resultado del acuerdo entre el entonces presidente Macri y el presidente chino Xi Jinping. Ni la promesa de construcción de hospitales, rutas, escuelas y tendidos eléctricos, ni el empleo de 4000 trabajadores pudieron revertir el rechazo social, que contribuyó ese año a la derrota de JSRN en las elecciones primarias legislativas. Weretilneck dio marcha atrás y provocó el disgusto de Macri. Tal vez, como forma de recomponer ese vínculo, JSRN bajó de la elección general a su candidato a diputado nacional y favoreció la banca de Cambiemos en disputa con el Frente para la Victoria.
AW recorrió una traza zigzagueante en su relación con Macri. No dudó en expresarse a favor de la reforma previsional aprobada entre gases, piedras y balas de goma en diciembre de 2017. Puertas adentro sostenía que la ley iba atada al nuevo Consenso Fiscal que mejoraba la coparticipación de la provincia y que por eso era necesario militarla. Las migajas de recursos que fletaban desde Casa Rosada durante los cuatro años de gobierno macrista –me dice una dirigente boina blanca- impidieron el empoderamiento de Cambiemos.
En 2018, un año antes de las elecciones presidenciales, el diputado Sergio Massa, el senador Miguel Pichetto y los gobernadores de Salta Juan Manuel Urtubey y de Córdoba Juan Schiaretti forjaron Alternativa Federal. Un espejismo de la ancha avenida del medio a la que buscaron encarrilar a AW, que solo dio muestras de coqueteo. Su libido estaba puesta en la reelección. Roto los vínculos con Macri, que declaró meses más tarde una profunda decepción por él, los radicales de Cambiemos se lanzaron a la Justicia para impedir la candidatura. El dilema era si el primer mandato que desencadenó el asesinato de Soria contaba como tal habiendo sido su vice.
La Corte Suprema de Justicia finalmente le cerró el paso. El gobernador ungió como candidata a la entonces ministra de Turismo, Arabela Carreras, que le sacó 15 puntos de ventaja a Martín Soria. La dirigente se había formado en un partido vecinalista de Bariloche, su ciudad natal. Después se acercó al Frente para la Victoria y se quedó con AW. Fue concejala, legisladora provincial e integrante del Consejo de la Magistratura. AW, en tanto, fue elegido senador. La noche de la victoria en las urnas dijo para los suyos: “El próximo gobernador voy a ser yo”.
ATN para la victoria
Los resultados de las elecciones legislativas de 2021 encendieron las luces de alarma en el despacho porteño de AW. Si bien JSRN ganó por diez puntos sobre Juntos por el Cambio, que obtuvo prácticamente la misma cantidad de votos que el Frente de Todos, la proyección del intendente de Cipolletti y empresario evangélico del Pro Aníbal Tortoriello comenzaba a inquietarlo. Weretilneck conformó un monobloque prácticamente como apéndice del Frente de Todos y luego, tras su división, de Unidad Ciudadana. El rionegrino consensuó con el oficialismo el texto que terminó modificando la composición del Consejo de la Magistratura. Fue más allá y al mes siguiente presentó el proyecto de reforma del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Por esos días, Weretilneck y el senador rionegrino Martín Doñate, de La Cámpora, comenzaron a difundir gestiones conjuntas de fondos nacionales para la provincia. Las gacetillas de prensa informan los detalles de millones de pesos destinados al financiamiento del oleoducto que unirá Vaca Muerta con el puerto de Río Negro y aportes del Tesoro para el sostenimiento de los gastos corrientes de la provincia. Desde el despacho de Doñate aseguran que las municipalidades recibieron en dos años entre cinco y ocho ATN mientras que durante el macrismo solo entre uno o dos.
“El voto de un senador rionegrino que representa a 600 mil habitantes es mucho más valioso que el de un bonaerense que representa a 17 millones”, me dice un dirigente del peronismo. ¿A cambio Weretilneck encuentra allanado ahora el camino hacia un nuevo mandato?
Hace unos meses, Weretilneck levantó el teléfono y convocó a Martin Doñate al Gran Acuerdo Rionegrino, una invitación a traccionar voluntades en un partido sin cabeza unívoca. El dirigente camporista orienta el Consejo del partido, que es el que define las alianzas y el que finalmente constituyó el nuevo frente electoral Nos Une Río Negro que sella la unidad entre el PJ, el Frente Renovador y Nuevo Encuentro con el respaldo del doble de intendentes de los que responden al opositor Martín Soria.
Ana Marks es Coordinadora de la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior, integra La Cámpora, fue la candidata a diputada nacional del Frente de Todos en 2021 y disputa ahora una banca en la Legislatura. “No es un acuerdo electoral que termina el 10 de diciembre. Si ganara Weretilneck, el peronismo vuelve al gobierno”, me dice.
AW convocó también al radicalismo. Una de sus dirigentes, Lorena Matzen, candidata a gobernadora por Cambiemos en 2019, ex diputada nacional, ahora busca una banca en la Legislatura. Dice que el punto de inflexión en el acuerdo con el Pro es la figura del evangélico Tortoriello y su menosprecio a la UCR. Matzen me aclara: “Creo que este acto de apertura de AW es parte de un cambio de época, de un hartazgo con la grieta”.
viva el neoextractivismo
Rio Negro presenta un Valor Agregado Bruto aproximado del 1,5% de todo el país, según datos de 2022 de la Secretaría de Políticas Económicas del Ministerio de Economía. Las exportaciones son fundamentalmente agroindustriales asociadas a los sectores frutícola de peras y manzanas (80% de la producción nacional) y pesquero de langostinos, que en conjunto explican más del 76% del total de sus ventas externas. En 2021, ocupó la posición 18º del ranking exportador nacional representando una caída interanual del 0,9%.
Las diez empresas exportadoras que colocan su fruta por el puerto de San Antonio Oeste manejan cerca del 85% del total de los embarques. La concentración en la producción frutícola explica también el éxodo de la juventud chacarera del valle, que cae rendida ante los precios del mercado, las imposiciones de los monopolios y el avance de la extracción de hidrocarburos sobre chacras. Río Negro participó con el 4,7% de la extracción de petróleo y el 3,6% de gas del país en 2021. Es poco, pero todos coinciden en que la intensificación de la producción en Vaca Muerta consolidará por si misma esta realidad.
El diputado nacional Agustín Domingo, de JSRN, anticipó en Noticias Net que la Provincia buscará evitar la prórroga automática de las concesiones de centrales hidroeléctricas que vencen en 2023, para que ese manejo se traslade de la Nación a las provincias, como indica la Constitución desde 1994. Se trata de El Chocón y Arroyito (concesionada a la italiana Enel), Alicurá (a la norteamericana AES) y Piedra del Águila (a Sociedad Argentina de Energía).
Asoman con fuerza dos grandes proyectos de oro y uranio que se encuentran en fase exploratoria de modo silencioso en la Región Sur y decenas de cateos en busca de minerales que superan las 200.000 hectáreas con permisos exploratorios en el último año.
La producción de hidrógeno verde se convirtió en la bandera del gobierno de Anabela Carreras luego de que la empresa Fortescue anunciara el deseo de invertir 8400 millones de dólares para construir una planta de producción en la localidad de Sierra Grande. El plan del grupo australiano determina el inicio de la producción en 2026, a partir de la cesión de 625.000 hectáreas de tierras fiscales y la exigencia de Río Negro del pago de un canon anual y de garantías por 115 millones de dólares. El proyecto del marco regulatorio está frenado en el Congreso y desde la empresa vaticinaron en off que así como está no va a salir.
provincializar el descontento
El 16 de abril Río Negro elegirá gobernador, intendentes en 22 municipios, 36 comisionados de fomento y 46 legisladores en dos niveles: uno por representación poblacional y otro representativo de ocho circuitos que envían tres legisladores cada uno, como si fueran senadores.
La ingeniería electoral es inédita y colosal. El candidato a gobernador es uno, pero cada partido presenta su lista poblacional y por circuito. No obstante, existen múltiples vasos comunicantes. Por ejemplo, JSRN cedió un lugar a un candidato del Frente Renovador en la lista poblacional y anotó candidatos a intendente en solo 17 municipios porque en cinco cede espacio a Nos Une Río Negro.
El justicialismo residual irá dividido. El sorismo y aliados llevan de candidata a la dirigente del Movimiento Evita y ex diputada nacional Silvia Horne. Por otro lado, Gustavo Casas nuclea a sellos satélites y dirigentes dispersos de la vieja guardia.
Por el lado del macrismo, Cambia Rio Negro lleva a Tortoriello junto a la Coalición Cívica - ARI. Ariel Rivero, el último soldado de Pichetto, se abraza a Javier Milei.
Estarán presentes las listas de la izquierda trotskista (FIT-U y MAS), un partido vecinal, y un experimento con arraigo sindical y territorial: Somos Unidad Popular y Social, la alianza de Somos Barrios de Pie, Unidad Popular y el Partido Socialista.
“Sin el regreso de AW, JSRN no hubiese tenido la tranquilidad de un armado que incluya al PJ y a la UCR. Porque a Alberto no te lo discute nadie: adentro lo respetan y afuera le creen”, me dice Facundo López, el jefe de bloque de legisladores de JSRN, ensanchando la distancia con la gobernadora Arabela Carreras, en una relación últimamente tensa por decisiones domésticas de gobierno y, sobre todo, de los intentos emancipatorios de ella. Meses atrás, la gobernadora manifestó en una entrevista televisiva [minuto 8.40] su deseo de ser reelegida. A partir de ese momento, la relación con Weretilneck cambió para siempre.
Mario Riorda, politólogo y asesor en estrategia y comunicación política, analiza lo siguiente. “Los provincialismos en diversos modos están con la misma dinámica: cerrar el discurso provocando un corte endogámico, identitario, priorizando esta cuestión de la identidad provincial. Puede ser que los discursos provincialistas sean otra modalidad que asume el descontento”.
La victoria de AW está vaticinada en encuestas y en la evolución posible de los últimos resultados que, asimismo, pronostican que el peronismo podría perder el rol de principal partido de oposición. AW ensaya ligeras propuestas sobre seguridad, narcotráfico, Estado y cargos políticos. La campaña del oficialismo aparece disociada de la política nacional, quizás como señal de paz interna, o de blindaje frente a eventuales tormentas a partir de quien asuma el sillón de Rivadavia el 10 de diciembre.
