1. “Acá hay muchos traficantes de tumbas”, dice un funcionario municipal entusiasmado con el tropel de periodistas, cámaras, fotógrafos, micrófonos. Es 21 de febrero de 2024. El día anterior, el Municipio de La Plata envió la primera gacetilla: “Encuentran más de 500 ataúdes abandonados y 200 bolsas con restos humanos en el cementerio platense”. Es un éxito instantáneo de la oficina de prensa propulsado por las imágenes: pilas de féretros, muchas, cincuenta, hasta cuatro cajones uno sobre otro, cubiertos por una capa de polvo gruesa, gris, casi plateada, firme, un fémur blanco, una calavera en el piso, huesos quebrados, un florero de vidrio partido, hojarasca, una estatuilla de la Virgen acostada, flores secas, rosa pálido en la tapa de un nicho, un esqueleto con barro adherido, un recién desenterrado. El texto no ahorra: “olor fuerte y nauseabundo”, “22 [ataúdes] correspondientes a niños, ya que tenían la identificación de ‘angelitos’”. Un festín para la viralización. Los portales titulan: macabro hallazgo, tenebroso, tétrico. Los noticieros musicalizan sin pudor por la obviedad. Los panelistas repiten “en el país de la identidad”, ¿qué querrá decir eso en este país que es más bien lo contrario? No tan rápido, falta para esa discusión. Ahora es 21 de febrero y el cementerio de La Plata se abre, dispuesto al escrutinio, “con toda la muerte al aire”, diría el coronel que escribió Rodolfo Walsh. Los que guían la visita especulan explicaciones, no parecen haberlas investigado antes. Dos días después, llega otra gacetilla: “El Municipio denunció el hallazgo de otras 2 mil bolsas con restos humanos”. Sin imágenes en esta ocasión: “son escenas todavía más espeluznantes que por ahora no serán difundidas”, dice Infobae. El intendente de La Plata, Julio Alak, declara: “Esta horrorosa situación es producto de la desidia e irresponsabilidad absoluta que heredó nuestra gestión”. Norberto Gómez, secretario general del Municipio, dice: “Se ha roto la cadena identificatoria dentro del mismo predio”. En una entrevista con La Nación es más preciso: “No encontramos ni un cuaderno con los movimientos internos, apenas algunas fichas totalmente desordenadas escritas a máquina sin respaldo digital”. Otras personas que estuvieron ahí hablarán de la máquina de escribir. El 5 de abril el Municipio anuncia que hubo 150 identificaciones de ataúdes que tenían placas o números. Los funcionarios no lo dicen pero sí las fotos: los cajones están numerados a mano con liquid paper. La noticia late unos días más hasta apagarse. Ahora es fines de abril de 2024. El Municipio no brinda más información, ningún funcionario del cementerio está autorizado a hablar, la oficina de prensa enmudece ante las preguntas, la decisión es que ninguno de los funcionarios que se sacó fotos caminando entre ataúdes responda. El cementerio se encapsula otra vez.

2. Ahora es 10 de septiembre de 2010. En el cementerio de La Plata, gobernada por Pablo Bruera, se descubre un túnel y allí se encuentran más de mil bolsas de plástico negro con huesos. Están apiladas del piso al techo en el fondo de un pasadizo abovedado. Algunas están abiertas, volcadas, por los animales, el agua, el trajín de la materia. Las fotos no llegan a los medios. No hay mayor escándalo pero los diarios locales sí dan cuenta del hallazgo y de la pregunta principal que arroja: ¿serán los desaparecidos? Interviene entonces la Cámara Federal de La Plata que desde 1998 —cuando, con las leyes de impunidad vigentes, reconoció el derecho a la verdad en una causa iniciada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)— está a cargo de la búsqueda e identificación de los desaparecidos por la represión política clandestina entre 1975 y 1983. El diario El Día registra otra posibilidad: “Existe, además, una hipótesis que refiere a cuestiones de manejos internos de la necrópolis en gestiones anteriores. El osario histórico colapsó hace unos meses y debieron inaugurar otro espacio para el destino colectivo de restos. No se descarta que, en alguna época, por la falta de lugar, se haya utilizado el pasadizo como depósito.” Las “gestiones anteriores” son las cuatro intendencias consecutivas de Julio Alak, entre 1991 y 2007.

En junio de 2014 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en calidad de perito en la causa impulsada por la APDH, asume la tarea de investigar a todos esos muertos apilados. Otro lugar, un altillo también usado como depósito, había sido encontrado después del túnel. El EAAF cuenta 2658 bolsas. En alrededor de trescientas hay huesos de más de una persona. Es decir: los muertos son más de tres mil. Tras cuatro meses de registro y análisis, las y los antropólogos informan que el 71% de las bolsas tiene etiquetas con algún tipo de información. A veces los datos son suficientes para identificar y datar: Serafina B. de Azcona, 13/6/44. Otras veces, limitados pero aun así permiten reconstruir la trayectoria del cuerpo muerto: NN Masculino, 4/1/98. Acta: 53575. Sección: 52. Tablón: A. El otro 29% de las bolsas no tienen rótulo. Los caminos del cuerpo y la identidad se bifurcaron, probablemente para siempre, cuando la etiqueta no fue puesta, cuando la despegó el agua, cuando la corroyó el tiempo. ¿Alguna de esas personas podría estar siendo buscada? Podría. El EAAF completa una base de datos a partir del análisis antropológico indicando si se trata de mujeres, varones, recién nacidos, adultos, ancianos. Solo una tiene características compatibles con haber sido víctima de desaparición forzada durante la época investigada por la Cámara Federal. El EAAF los deja a todos ordenados en un sector del cementerio, donde se irán depositando más bolsas. Allí serán encontrados diez años después y ofrecidos como noticia.

3. “Cuando comenzamos con las tareas para el Mausoleo de los Desaparecidos durante la última dictadura militar nos encontramos con una construcción abovedada”, dijo el director del cementerio en septiembre de 2010. El Mausoleo ya había sido inaugurado cuando fueron hallados los muertos del túnel, y estas declaraciones trataban de explicar las circunstancias. La preparación de un lugar especial para unos hizo aparecer el abandono de los otros.

El rol del cementerio de La Plata en el dispositivo de desaparición de personas fue registrado muy pronto por las madres Chicha Mariani y Licha de la Cuadra, quienes antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 ya habían documentado el crecimiento de tumbas anónimas. Enero de 1984, diario La Razón: “Fueron sepultados 482 cadáveres como NN en el cementerio de La Plata, entre 1976 y 1982”. La mayoría habían sido trasladados al osario general en 1982, y por lo tanto no pudieron ser recuperados. Otros sí, fueron exhumados, identificados y reinhumados, algunos en el Mausoleo.

El 2 de abril de 2013 otro acontecimiento pone en el centro al cementerio. Una tormenta arrasa con la ciudad y con la vida de lxs platenses. El número de muertos es materia de una controversia interminable. La primera versión oficial asegura que son 52. Las investigaciones judiciales concluyen que son 89, o 109 si se suman los fallecimientos por causas indirectas. Entre la primera y la segunda cifra, el circuito de gestión de la muerte demuestra ser parte de la catástrofe. Un caso trasciende: una mujer denuncia que su padre fue enterrado dos veces. Se comprueba que, por supuesto, fue inhumado una vez pero que hay dos sepulturas, dos cuerpos muertos con el mismo nombre asociado al mismo DNI. La causa judicial investiga también la morgue de la ciudad que funciona en el predio del cementerio. Tras un allanamiento, el caso llega a los medios nacionales: “Horror y descontrol”. Las imágenes no se publican pero circulan. Se desprende una investigación por la venta de certificados de defunción truchos que involucra a funerarias y policías. El río revuelto da forma a temores nuevos: ¿podría haber más muertos por la inundación ocultados en el cementerio? Crece la especulación sobre que los desmanejos en los registros de la burocracia de la muerte pueden ser aprovechados para esconder cadáveres, y nunca se disipará. El 21 de febrero de 2024, en la recorrida del cementerio, los trabajadores de prensa escucharán otra vez hablar de los muertos de la inundación. Varios medios de comunicación escribirán que “no se descarta” que pudiera tratarse de ellos. Ningún dato sostiene por el momento esa hipótesis.

4. Rodrigo Abd es fotoperiodista, corresponsal de Associated Press. Durante la pandemia de covid-19 retornó a la Argentina después de diecisiete años cubriendo los conflictos internos en Guatemala, Siria, Libia y la guerra en Afganistán. Fotografió a humanos en todos los estadios posteriores al momento de morir: cadáver, momia, esqueleto articulado, huesos, en una calle, en un campo de batalla, en una morgue, en la sesión de maquillaje previa al velatorio, en una fosa al borde de un abismo. En 2017, quiso cubrir la exhumación de los combatientes enterrados sin nombre en las Islas Malvinas bajo la lápida “soldado argentino solo conocido por Dios”. No lo logró, solo un pequeño grupo de forenses estuvo delante de esas tumbas abiertas, tironeadas por soberanías en conflicto. A Abd le interesaba en general, y en particular: su primo Marcelo Daniel Massad es uno de los 121 muertos en la guerra que recuperó su identidad. Fue entonces cuando se topó con la expresión “festival de huesos” que recuerda ahora mientras conversamos sobre las imágenes del cementerio. La frase fue usada por integrantes de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas cuando se oponían a las exhumaciones, con las que finalmente estuvieron de acuerdo: “Esto no puede ser, para decirlo brutalmente, un festival de huesos. Tiene que haber un respeto por los restos mortales de los soldados [...] Sería inadmisible la difusión de ese tipo de imágenes” (César Trejo citado en el libro Darwin. Una historia de Malvinas, de Agustina López).

“A mí me parece una discusión muy de acá”, dice Abd comparando su experiencia con otras exhumaciones en Guatemala y en Perú. La publicación de imágenes de cuerpos muertos mutó en las últimas décadas hasta llegar a prácticamente desaparecer de los medios argentinos. Incluso cuando se trata de fotografías de denuncia, por ejemplo de la violencia estatal, su difusión está rodeada de un halo de sospecha. La acusación de morbo se suelta demasiado fácil. Distintos actores tuvieron peso en este clima de época. Si de las imágenes de huesos se trata, hay que buscar los orígenes del debate en el verano de 1984, cuando tuvo lugar el “show del horror”. Las exhumaciones en los cementerios, que se denunciaban como lugar de disposición final de los desaparecidos, tuvieron una gran visibilidad. Las fotos de sepulturas abiertas y conjuntos óseos apilados fueron cuestionadas en tiempo real por los medios críticos. “Se trató de información redundante, macabra, hiperrealista”, escribieron Inés González Bombal y Oscar Landi en un texto súper citado. La cuestión excedía a las fotografías y abarcaba otras facetas de la aparición de los desaparecidos en la prensa. Los contemporáneos tenían un pasado demasiado espeso que procesar y no podían saber en qué medida serían esos huesos los que permitirían acceder a la verdad acá y en decenas de otros países, a partir de la ciencia que se inventó para hacerlos hablar. Pero, desde aquella polémica, es difícil no preguntarse si ese tipo de imágenes deben ser publicadas. En la era de la exposición total, la muerte del cuerpo tensa el régimen de lo visible. Abd argumenta a favor: “Si hay setecientos cuerpos, huesos tirados… ¡mostrémoslo! ¿Por qué lo vamos a ocultar? Al final, la fotografía, el documento presiona. La fotografía cumple esa función, para eso lo hacemos. Me parece que hay que hacerlo, con la mayor humanidad posible, con respeto”. Estuvo en el cementerio de La Plata: “Me llamó la atención que en un país donde la gestión de la muerte no es tan abierta mostraran todo”.

5. Rubén López vio las fotos en el sitio web 0221.com.ar. Dos veces en su vida Rubén tuvo a su padre desaparecido, la segunda empezó hace casi 18 años, el 18 de septiembre de 2006, cuando el rastro de Jorge Julio López se desvaneció a unas pocas cuadras de su casa en Los Hornos, partido de La Plata. Jorge Julio había sido secuestrado en 1976, estuvo en el centro clandestino Pozo de Arana, en la órbita de Miguel Etchecolatz, y en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Testimonió por primera vez en los juicios por la verdad y en 2005 fue testigo de la primera causa que llegó a juicio después de la declaración de inconstitucionalidad del punto final y la obediencia debida. De inmediato dos hipótesis se instalaron: por un lado, Etchecolatz y su entorno; por otro, integrantes del SPB. El caso y la causa recibieron un pico de atención social y política. Luego el olvido destiñó las voluntades, la investigación se convirtió en un megaexpediente inefable. Tal vez la verdad aguarda allí en alguna foja que nadie miró. “No tienen ni idea de lo que pasó”, dice ahora Rubén. Al nadie-nada-nunca que caracteriza a la búsqueda de los desaparecidos no lo transforma ni el caso irresuelto más resonante de la democracia. La noticia del hallazgo en el cementerio remueve la ausencia. Todavía hoy no hay certeza de que Jorge Julio López no esté ahí, el caos registral impide responder una pregunta en apariencia tan simple: ¿habrá atravesado alguna de las burocracias de la muerte? Rubén habla de la falta de trazabilidad de una parte de los cuerpos encontrados, de huellas dactilares, de registros, de ADN, de que pidió otra orden de no innovar, la segunda para este cementerio. “Nadie se hace responsable de no encontrarlo. Nadie los obliga a dar explicaciones”, dice.

6. Poco se habla de la gestión pública de la muerte, incluso cuando lo que está frente a los ojos es la deriva previsible de esa evasión. Al menos desde fines de la década del noventa, en el cementerio de La Plata titila la luz roja del colapso. En mayo de 2007, su entonces director, pocos meses antes del final de la cuarta intendencia consecutiva de Alak, dijo: “Habría que ir buscando otro lugar”. El osario está colmado, es decir: el sitio donde deben llevarse los cuerpos muertos que tienen vencido o impago el arrendamiento de la sepultura o el nicho no puede contener a más. Que en La Plata no haya crematorio público dificulta elegir la reducción a cenizas, una tendencia creciente en los centros urbanos. La construcción local de esta infraestructura está trabada desde hace décadas. Un matiz económico tiene peso en las pujas entre municipios en torno a este tipo de instalaciones: las cremaciones son una fuente de ingresos; por ejemplo, en Chacarita una reducción a cenizas cuesta 56 mil pesos y es la opción elegida por unas 15 mil familias por año, solo contando los nuevos ingresos. Sin osario y sin crematorio no hay carriles para hacer lugar en el cementerio. Como no se puede anunciar que en La Plata ya no hay donde caerse muerto, al asunto se lo tramita con ilegalismos. En 2011 un matrimonio demanda al Municipio porque van a visitar la tumba de su hija y ella no está. En 2023, una hija denuncia que fue a visitar a su padre y el nicho está vacío. Menos glamour que un traficante de tumbas: microgestionar una burocracia detonada. En marzo de 2019, durante la intendencia de Julio Garro, los trabajadores fueron a la huelga: “Es impresionante lo que recauda hoy en día el cementerio, lo que les cobran a las personas por un servicio de entierro, y es vergonzoso que no tenga internet para trabajar y ser más rápido en el trabajo administrativo para que la gente no esté esperando. Están trabajando con máquinas de escribir”, dijo el delegado Emanuel De Matías a Pulso Noticias.

En un libro de aparición reciente, Después del trabajo, Helen Hester y Nick Srnicker analizan por qué el desarrollo tecnológico descollante del último siglo no redujo el tiempo que le dedicamos al trabajo reproductivo: “Usamos las tecnologías domésticas para el entretenimiento y la educación y el enriquecimiento de nuestros niños a fin de poder preparar sus cenas y organizar sus uniformes de educación física. Sin duda debería ser exactamente al revés”. ¿Por qué la innovación tecnológica no derrama en mejores soluciones para gestionar la trayectoria posmortuoria de la comunidad?

Desde 2019, la legalización del compostaje humano avanza en Estados Unidos, como opción a una industria funeraria cada vez más cuestionada por sus costos y su impacto ambiental. El human composting es otra forma de tratar al cuerpo muerto y de ritualizar el fin de la vida, más sustentable que la cremación —que requiere combustibles y libera una gran cantidad de dióxido de carbono—. Convierte al cuerpo en tierra reutilizable y resuelve los problemas de espacio, que en ciudades como Nueva York se acercan al momento crítico. En Japón, otro camino no se dirige hacia la naturaleza sino hacia la ultratecnología: Ruriden es un cenizario vertical iluminado con pequeñas luces LED que alberga a miles y tienta a los instagramers de todo el mundo. Pero, como ya sabemos, la imaginación tecnológica está condicionada por los sistemas de ideas de cada época. Para romper el hiperrealismo funerario hay que sacar nuestra relación con lo que pasa después de la muerte del fondo de los túneles. Por ahora parece estar sucediendo lo contrario. La burocracia vuelve a sus susurros. Hasta la próxima.