Entre el torbellino de sonidos, acentos y vendedores ambulantes de calle Florida, hay alguien con un pasado explosivo. Se trata de Josiel Gomes de Macedo, de 52 años, condenado a más de 16 años de prisión por crímenes cometidos en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia durante el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Su vida en Argentina no sería la misma sin el apoyo de empresarios, abogados y políticos brasileños.

Hasta que The Intercept Brasil lo localizó vendiendo shows de tango para una agencia de turismo en el centro de la capital argentina, las autoridades brasileñas desconocían su paradero, al igual que el de otros 124 condenados por el Supremo Tribunal Federal (STF) que se esconden de la justicia para no ser encarcelados definitivamente.

Pero Josiel no es un prófugo más, ni una “anciana con una biblia en la mano”, como suele referirse la extrema derecha a los detenidos en la intentona golpista: en los videos publicados, donde aparece al frente de las manifestaciones golpistas, Josiel se hacía llamar «007» en referencia al agente secreto e incluso adoptó tácticas paramilitares durante el acto. El 8 de enero de 2023, según la denuncia presentada por la Fiscalía, Josiel prendió fuego a un vehículo de la Policía Legislativa estacionado frente al Congreso Nacional. Se le incautaron un radiocomunicador y un pasamontañas negro, según declaraciones de policías militares del Distrito Federal.

Detenido en el acto, Josiel permaneció en prisión preventiva hasta diciembre de 2023, cuando el juez del STF Alexandre de Moraes le concedió una orden de libertad hasta que la causa penal fuera juzgada por el pleno del Tribunal. En junio del año pasado, fue uno de los 203 objetivos de una operación de la Policía Federal de Brasil (PFB) contra 209 fugitivos del 8 de enero, donde solo detuvieron a cincuenta personas. En aquel momento, la PFB dijo que muchos de los fugitivos entraban en Argentina en baúles de autos, cruzando ríos o a pie por la frontera, y que también iban a Uruguay y Paraguay. A partir de estos informes, en octubre del año pasado el STF pidió al gobierno argentino que le informara cuáles de los acusados por los crímenes del 8 de enero habían entrado legalmente en el país. Josiel no figuraba en la lista. Por eso fue excluido del pedido de extradición hecho en octubre de 2024 por Alexandre de Moraes. 

Moraes pidió entonces a la Cancillería argentina la extradición de 63 brasileños que estaban en el país, y el juez argentino Daniel Rafecas accedió al mes siguiente. Pero casi cien días después de la decisión, sólo cinco de ellos han sido detenidos, y otros fugitivos, como Josiel, gozan de los privilegios de una red que les proporciona asistencia legal, espacio en medios de comunicación de gran alcance y apoyo de empresarios que no tienen reparos en mantener en su nómina a condenados.

la binacional reaccionaria
 

Aun sabiendo que Josiel está prófugo de la Justicia en Brasil, los hermanos Rodrigo y Paula Bitencourt lo mantienen como uno de los vendedores de Bitentour, una agencia de viajes que tiene dos locales y varios puntos de venta en el centro de Buenos Aires.

Tras la publicación del primer reportaje de esta serie, el 13 de marzo, Josiel participó en un programa de televisión de VV8 TV en Valinhos, en el interior de São Paulo, y afirmó que había sido despedido, además de amenazar al periodista: “Te van a ir a buscar”.

La propietaria de la empresa, que tiene su sede en Uruguaiana, ciudad de Rio Grande do Sul situada en la frontera con Argentina y Uruguay, confirmó a The Intercept Brasil que estaba al corriente de la condición de fugitivo de Josiel. Durante la conversación en la oficina de la agencia en Buenos Aires, Paula también dijo que no veía ningún problema en contratar a un hombre condenado por un golpe de Estado. “No tengo nada que ver con lo que haya hecho esa persona, su mundo, su vida. Simplemente trabaja aquí”, dijo.

En el primer contacto que tuve con Josiel, en una concurrida calle cercana a la Casa Rosada y rodeado de policías argentinos, él mismo admitió que sus jefes en el “exilio” —como llama erróneamente a su situación en Argentina, ya que no ha conseguido asilo en el país— conocían su situación. “¿Ellos llevan a Bolsonaro en la sangre?”, le pregunté. “Sí, sí, son más de derecha”, respondió el fugitivo.

El de Josiel no es un caso aislado. Según informes obtenidos por The Intercept, otros brasileños prófugos en Argentina —dos de los cuales incluso viven en la misma casa que Josiel— podrían estar escondidos en Argentina en condiciones similares: con el apoyo de una red de empresarios y abogados de extrema derecha con ramificaciones internacionales.

turismo para divertirse
 

Cuando llegué a Bitentour, el 27 de febrero, busqué a Rodrigo, uno de los socios de la agencia donde trabaja Josiel Gomes de Macedo. Pero me recibió su hermana, Paula. La conversación empezó tensa. Aunque dudó en responder con objetividad a las preguntas del reportero, Paula confirmó que Josiel trabajaba en Bitentour, pero negó cualquier responsabilidad en la situación.

“Si es un delincuente, si no es un delincuente, si hizo o no hizo algo, yo no soy responsable”, dijo Paula. Pese a intentar minimizar la situación, confirmó que Josiel trabajaba allí todos los días, vestía el uniforme de la agencia y publicitaba el trabajo en sus redes sociales. Consultada de nuevo por la gravedad de contratar a un prófugo de la justicia brasileña, Paula respondió: “esto es turismo, no política”. “Ya anoté su nombre, le saqué una foto y no va a publicar nada de mi empresa”, dijo.

“No tiene nada que ver conmigo, es sólo un empleado. ¿No puede trabajar hasta que pague su deuda? ¿Qué tiene que ver con él? ¿Cuál es el problema? Vaya a la policía”, me dijo. “Mi política es dar trabajo a quien quiera trabajar. Contrataré a cualquiera que pida trabajo”, completó.

Paula entonces invitó al periodista a abandonar la agencia. Luego, cuando vio a la fotógrafa Anita Pouchard Serra, colaboradora de The Intercept, sacando fotografías fuera de la tienda, intentó arrebatarle el equipo de la mano y amenazó con llamar a la policía.

milícias digitais
 

Tras la publicación de la primera nota, hubo una oleada de amenazas de muerte y violencia física contra este periodista que demuestra que Josiel cuenta con mucho apoyo. Fue precisamente un retweet de Eduardo Bolsonaro lo que hizo crecer la ola de odio contra el periodista The Intercept. Además de él, otras personalidades y figuras públicas lanzaron insultos. El propio Josiel, en una emisión en directo, también amenazó al reportero. “Todo el mundo te vigila a partir de ahora. Ya saben quién sos. Ya saben lo que hiciste. Y también te van a ir a buscar. Podés estar seguro”, dijo. 

Pero no se detuvo ahí. Especialmente en X, los bolsonaristas apostaron por amenazas más agresivas. “Te vamos a arrancar la cabeza”, “vas a pedir amnistía” y “te merecés un buen baño con lavandina” son algunas de las gravísimas amenazas, que incluían posts con la dirección y datos personales del periodista, así como menciones a miembros de su familia.

La campaña fue orquestada por una red de golpistas, que incluye emisoras de radio y televisión y perfiles influyentes, así como políticos y otras personalidades. Además de revelar la estructura de protección de la extrema derecha a los golpistas del 8 de enero, también demuestra que este grupo es capaz de cometer actos violentos y delictivos para afirmar su posición política.

La cronología fue así: en la mañana del viernes 14, empezó a funcionar uno de los primeros pilares de esta estructura, la comunicación. Menos de 24 horas después de la publicación del informe, la emisora VV8TV y la radio Auriverde Brasil, ambas en el interior de São Paulo, emitieron violentos discursos en defensa de Josiel.

VV8 TV es una cadena de televisión comunitaria propiedad del empresario Odair Paes Junior, más conocido como Juninho da Seap. La emisora lanzada en enero de 2016, que se define como la única “100% de derecha”, es utilizada para hacerse eco del lado más radical y golpista del bolsonarismo. El programa se emite en el canal 8 de Claro TV.

“Prepárense para una revolución conservadora”, declaró Juninho en una noticia publicada en la web de VV8. Juninho incluso se lanzó como precandidato a alcalde con el PL en 2024, pero el plan no funcionó.

Contactada por The Intercept, VV8 negó haber proferido amenazas y afirmó que da voz a todos los brasileños. También dijo que existe un intento de intimidar a los brasileños en Argentina. 

Por otro lado, Radio Auriverde Brasil también atacó el informe de The Intercept. Se trata de una antigua emisora de Jovem Pan en Bauru, São Paulo, que ganó alcance nacional en los últimos años al convertirse en portavoz del bolsonarismo. El propio Jair Bolsonaro concede habitualmente entrevistas en la emisora, que cuenta con más de 2 millones de suscriptores en YouTube.

La radio pertenece a la familia Dare, cuyo patriarca, Airton Antonio Dare, murió en 2011. La familia fundó el Grupo Bauruense, presente en tres estados y activo en infraestructuras. Aunque fue fundada en 1966, el programa de extrema derecha de la emisora se consolidó durante los gobiernos de Michel Temer y de Bolsonaro. El actual director, socio y principal presentador de la emisora es Alexandre Pittoli, un maestro de ceremonias cercano a la familia Bolsonaro y a los políticos de Bolsonaro. El presentador dijo que el reportaje de The Intercept despertó en él “instintos primitivos”.

Respondiendo a una pregunta por correo electrónico de The Intercept, Pittoli negó que AuriVerde hubiera ayudado a fugitivos. Sólo reconoció que la empresa de comunicación había solicitado donaciones para una organización que apoya a las familias de estos fugitivos brasileños.

También el viernes 14, un post en X de Eugênia Assis, una estudiante brasileña afincada en Argentina, se hizo viral diciendo que The Intercept estaba “persiguiendo brasileños” en Argentina. El post ganó tracción cuando fue replicado por destacados políticos bolsonaristas, como Eduardo Bolsonaro, del PL de San Pablo, y el exsenador Arthur Virgílio Neto, quienes utilizaron términos como “Judas” para desacreditar el trabajo periodístico. Ambos son exponentes de la defensa de la amnistía para los condenados el 8 de enero.

Otros influencers de extrema derecha también apoyan al “grupo operativo” en defensa de los delincuentes. Uno de ellos es el Didi Red Pill, un ex participante de Gran Hermano Brasil que transmitió en directo las invasiones del 8 de enero, pero escapó a cualquier castigo tras huir al extranjero. El agente de policía criminal David Ágape, que se autodenomina periodista de investigación, también realizó ataques de bajo nivel a The Intercept.

financiamiento en reales
 

Sin embargo, la protección de los fugados del 8 de enero en Argentina no es sólo el resultado de decisiones individuales, ni tampoco una mera estrategia de comunicación. Redes de apoyo vinculadas a la extrema derecha hicieron campaña para financiar la fuga y estadía de muchos de estos prófugos, garantizándoles dinero para sobrevivir en el país vecino. Y, como en el caso de Josiel, ofreciéndoles trabajo en empresas dirigidas por personas alineadas con Bolsonaro.

La abogada penalista Mariel Marra, que defiende a los acusados de 8 de enero ante el STF, llegó a decir en una entrevista publicada por UOL en julio del año pasado que el transporte y alojamiento en Argentina de algunos prófugos era financiado por terceros.

“Hay un grupo financiero fuerte detrás de estas fugas”, dijo, refiriéndose a la existencia de personas en Brasil que pagaron micros para llevar fugitivos al exterior. “Supe de personas que fueron allí [Argentina] y les ofrecieron colectivos”, añadió.

El informe identificó al menos dos ONG y varias campañas online destinadas a financiar a brasileños condenados por participar en los atentados golpistas. Una de las organizaciones que recauda dinero para las familias de los autodenominados “refugiados” es el Instituto Gritos de Liberdade (Gritos de Libertad), una asociación privada fundada en junio de 2024 por la abogada bolsonarista Taniéli Telles de Camargo en Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

En las redes sociales y en sus datos de registro, la ONG muestra dedicación a los partidarios de Bolsonaro supuestamente “refugiados y exiliados”, y hace varias publicaciones sobre los prófugos en Argentina. En su bio de Instagram, el instituto indica su código de identificación fiscal para transferencias vía la billetera virtual Pix con el objetivo de “ayuda humanitaria a familiares de Presos, Exiliados, Refugiados y Perseguidos Políticos”. Desde septiembre de 2024, hicieron varios posts solicitando donaciones, sin mencionar específicamente a los prófugos en Argentina. 

Ana Caroline Sibut Stern, abogada de la organización, negó que el Instituto Gritos de Liberdade haga ningún tipo de transferencias directas a los fugitivos. “Llevamos la contabilidad de todo el dinero que el instituto recauda y pasa, es muy transparente. Si la Policía Federal lo investiga, pondremos todo a su disposición”, afirmó. Las solicitudes de donaciones suelen ser compartidas por abogados e influencers de extrema derecha, especialmente páginas bolsonaristas mantenidas por miembros de la comunidad brasileña en el extranjero, como Direita Boston, dirigida directamente desde Estados Unidos.

Entre los grupos más activos de esta red de apoyo está la Asociación de Familiares y Víctimas de 8 de Enero, Asfav, fundada en mayo de 2023 por la abogada Gabriela Ritter. La organización también muestra en los destacados de su perfil de Instagram una clave Pix para donaciones en apoyo a la defensa de los prófugos. En mayo del año pasado, la asociación llevó al Congreso argentino una delegación formada por los abogados Ezequiel Silveira, Carolina Siebra y Luciano Cunha para ayudar a los condenados brasileños en el país vecino. En noviembre, Silveira volvió a la Argentina con el mismo objetivo.

Silveira fue otro de los que se implicó en los ataques coordinados contra The Intercept poco después de la publicación de la nota. Asfav publicó un video del abogado en tono exaltado, compartido en varias páginas de extrema derecha, tergiversando el contenido del reportaje al decir que Josiel no es objeto de una orden de detención en Argentina. Pero esta información nunca fue publicada por The Intercept: explicamos que el fugitivo tiene una orden de detención en Brasil y huyó a Argentina sin aparecer en la lista de pedidos de extradición del STF.

Cuando se le preguntó formalmente sobre la prestación de apoyo material y asesoramiento jurídico a prófugos de la justicia, Asfav declaró que “no proporciona ayuda financiera a refugiados en otros países ni a personas con órdenes de detención, porque no somos idiotas”. Y agregaron lo siguiente: “Aunque, como se puede ver en las redes sociales de la asociación, sí promovemos públicamente la ayuda legal y humanitaria a los refugiados brasileños fuera de Brasil que son víctimas de la persecución del Estado”.

emprendedurismo golpista
 

En 2024, una vendedora que ayudó a organizar micros para el golpe del 8 de enero fue sorprendida ofreciendo ayuda a otros presos y acusados que querían huir a Argentina. En mensajes, Fátima Aparecida Pleti dijo que podía ayudar a otros convictos a “cruzar con seguridad” la frontera entre Brasil y el país vecino. Alquiló una casa en La Plata, que puso a disposición de otros prófugos, según reveló un informe de UOL.

Fátima aún tiene pendiente una orden de detención en Brasil por haber sido condenada a 17 años de prisión por su participación en los atentados terroristas del 8 de enero. Pero mientras sigue pendiente, ella, Josiel y otros condenados siguen circulando libre e impunemente por Buenos Aires, con apoyo financiero y estructural garantizado por redes y organizaciones que operan más allá de las fronteras brasileñas.

Publicado originalmente en portugués en The Intercept Brasil