El jueves 22 de agosto de 2024 el Barrio Esperanza del partido de Tres de Febrero amaneció sitiado. Unas horas más tarde, la ministra de seguridad Patricia Bullrich y el intendente Diego Valenzuela desembarcaron en el lugar de los hechos: se trataba de un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina (PFA), el Ministerio de Seguridad de Tres de Febrero y la Policía Bonaerense. Según información oficial, era la culminación de una investigación llevada adelante por el Poder Judicial de San Martín con asistencia de la PFA e intervención del fiscal general de San Martín Marcelo Lapargo, el titular de la Fiscalía 5 Ignacio Correa, el juez Mariano González y el fiscal de menores Fernando Sirni. También trabajaron en la investigación el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martin Verrier, y el subsecretario de Investigaciones Criminales, Marcelo Romero. El objetivo: la captura de una “banda muy peligrosa que se dedicaba al robo de autos”.
La noticia de lo que pasaba aquella mañana bajo la lluvia se comenzó a difundir a escala local cuando agentes de la Policía Bonaerense y de la Municipalidad de Tres de Febrero ingresaron por la fuerza al Centro Comunitario Color Esperanza (CCCE). Este hecho era solo la punta del iceberg de una serie de atropellos y situaciones de vulneración de derechos que quedaron detrás del humo de Bullrich y Valenzuela.
arrasar lo comunitario
“Ese día, a nosotros no nos sorprendió lo que hizo [Valenzuela]. Lo que sí sorprendió fue que hubiera tanta, tanta policía y la manera. Como el creer que él, por ser intendente solamente, puede hacer lo que quiera, que tiene todo permitido”, comenta una de las referentas del CCCE. Para entender la falta de sorpresa es necesario remontarse en el tiempo.
La historia comienza hace unos 11 años, cuando la zona donde funciona el CCCE no estaba tan poblada: “era más campo, y nosotros hacíamos la olla acá, en un pedazo de un terreno cedido por un vecino del barrio que se volvió a Paraguay”, nos cuentan. La olla se sostuvo a lo largo del tiempo y fue creciendo. No pararon ni en pandemia: “estábamos cocinando en la calle, armando las ollas porque te acordás que no te dejaban estar adentro. Entonces era calle, olla, todo con barbijo, guantes, cocinando y había cola de dos cuadras para recibir el tupper. Porque este es un barrio de mucha gente que labura de carrero. No había laburo, estaban cerrados los depósitos. Su único alimento era el que nosotros podíamos brindar con la olla”, recuerdan. En el marco de ese montón de actividades que hacían, y de su vínculo con el Movimiento Evita, surge la necesidad de contar con un espacio techado: “siempre era en la calle, a la intemperie. Y los días que llovía decíamos ‘estaría bueno hacer algo’. Pero vos imagínate que nosotros teníamos un chip en la cabeza, que siempre te decían que vos no podías construir nada, que el suelo de acá, que no daba, que las paredes se iban a rajar, un montón de cosas”.
Una vez que les aprueban el proyecto, Valenzuela les dice que no los va a dejar construir. El motivo: hacer un basural. “Quería traer la basura de todo el distrito y que acá se clasifique. Pero vos ves que la basura está y no hace nada con la basura. Era solamente para que no lo hagamos”. Mientras charlamos en el CCCE vemos pasar los camiones de la Municipalidad que arrojan basura a metros del lugar, sin permiso alguno. También se ven camiones atmosféricos descargando en el arroyo.
“Desde el primer minuto que se empezó con la obra, él creó su Mesa de Hábitat. No tenía Mesa de Hábitat, no existía para él, no sabía ni lo que era”, nos cuentan entre mates y vecinas que entran a preguntar cómo sigue todo. “Con la obra en marcha, las visitas de inspección municipal comenzaron a tener lugar cada 15 días, una vez por mes, una vez por semana, o sea, no te avisaban. Nos pusieron un equipo de arquitectos. Nosotros pensábamos que no nos iba a joder más, porque estaba viendo que todo estaba en regla”.
Una vez que se terminó la obra y se inauguró, a los pocos días el intendente les mandó a avisar que estaba enojadísimo porque no lo habían invitado al evento: “Para nosotros la inauguración era un día de festejo. Mirá si lo íbamos a invitar con todas las que nos había hecho. A partir de ahí, fue como que no existíamos”. De los tres espacios de tipo comunitario que hay en Barrio Esperanza, el CCCE es el más grande y se financia exclusivamente con donaciones. Hace unos dos meses tuvieron que reducir los días de olla popular porque pasaron de cocinar para 70 familias a 180 familias, siempre con el mismo recurso. Los números no dan. También tuvieron que sacar un día de merienda.
estado usurpador
Eran las 11 de la mañana cuando la PFA y el personal municipal rompieron los candados y la traba de la puerta e ingresaron al Centro Comunitario. La alarma comenzó a sonar. El barrio, que ya estaba sitiado desde hace varias horas, comenzó a hacer correr la bola de que el Centro Comunitario estaba en peligro.
Para Valenzuela, no se trataba solo de abrir el espacio sino de tomarlo. Así se lo hicieron saber a los vecinos y vecinas del barrio cuando llegaron al lugar para exigir explicaciones: “nosotros somos cerrajeros, la Municipalidad de Tres de Febrero nos contrató para abrir las puertas y cambiar las cerraduras porque la propiedad les fue usurpada”, les respondieron los empleados del intendente historiador. En el momento de mayor tensión el personal municipal, respondió de este modo a la responsable del CCCE: “Andate de acá negra villera, este lugar es nuestro. ¿Te querés quedar con el lugar? ¿Te gustó el piso con cerámica? Bueno, eso se terminó”, exclamaron entre risas.
Por lo sucedido aquella mañana, el gobierno municipal y su máximo responsable, Diego Valenzuela, ha sido denunciado por “delitos de violencia institucional, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, violación de domicilio, usurpación en grado de tentativa y lesiones”. Veremos qué hace la justicia.
“Como que vinieron a hacer mucho daño”, nos cuentan, “aprovechó la situación como, ‘bueno, estoy con mi amiga Bullrich, tengo todo permitido. Tengo la policía de mi lado, les quito el lugar’, ¿viste?”. Pero bueno, no les fue tan fácil. Efectivamente, si no hubiera sido por los vecinos y vecinas del barrio que se acercaron rápidamente al Centro hoy el mismo estaría en manos municipales, en una clara usurpación de algo que no les pertenece.
Sin embargo, el ingreso por la fuerza al Centro fue el corolario de una serie de vulneraciones de derechos que aún permanecen en el silencio. Como nos dijeron en el barrio: “Acá nosotros no fuimos los únicos afectados. Acá hubo un montón de vecinos que no tenían nada que ver y les rompieron toda la casa”.
narco coartada
El objetivo oficial del operativo difundido con bombos y platillos por el gobierno nacional y municipal era la captura de una “banda muy peligrosa que se dedicaba al robo de autos”, conocida en el barrio como “Banda Didi”, por hacer uso de las aplicaciones Didi y Uber para pedir autos y luego robarlos. Algunos de sus miembros, en su mayoría menores de edad, fueron apresados, procesados y llevados a institutos de menores. Más adelante contaremos un poco acerca de sus vidas, ejemplos lacerantes de aquello que una sociedad resquebrajada y una seguidilla de gobiernos desafortunados están dejando a su paso. En el medio, el operativo sembró el terror en el barrio haciendo uso de la violencia institucional y la arbitrariedad. Así lo cuentan quienes lo vivieron:
1. La vecina del “búnker narco”: “Acá hay vecinos que construyeron su casa al frente y acá al lado, y vinieron con una máquina y les tiraron la casa abajo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos (gobierno municipal) no tienen militancia dentro del barrio, entonces no conocen, no saben. Ponían ‘no, es un búnker narco’. Yo sé que no es un búnker narco y sé que la casa de acá al frente que tiraron abajo es de una piba que es mamá sola y que todos los meses usa parte de su ingreso, lo que le queda, para poder construir. Entonces, todos los meses compra un puchito y viene ella, con la mamá, con la hermana y levantan ella las paredes. Entonces, sí, no estaba terminada la casa. No estaba terminada porque no tuvo nunca la plata para poder hacerlo. Pero vos viniste y se la tiraste”.
2. El pibe de la barbería (al que le plantaron un arma). “A los 18 se pudo abrir su propia barbería que es un lugarcito en la casa de él. Tiene dos espejitos, dos sillas y dos sillitas más para esperar. El barrio se corta el pelo ahí. Todos los días a las 7 de la mañana lleva la nena al jardín y cuando vuelve ya abre la barbería. De lunes a viernes y los sábados la abre igual, pero sin llevar la nena al jardín. Ese día él salía, lo agarraron y la familia gritó. Los policías le decían otro nombre. La familia pensó que lo llevaban en el patrullero, le iban a tomar el antecedente y lo volvían al rato. Y fue cambiando todo, ese día a la tarde incomunicado, no se sabía dónde estaba. Después dijeron que lo habían agarrado con un arma. Pero acá los vecinos como nosotros ya sabemos cómo funciona, que siempre se terminan llevando a cualquiera. Los vecinos cuando pasa algo así lo primero que hacen es prender el teléfono. Hay muchos videos del pibe, se ve cómo lo agarran y cómo un policía saca de una mochila un arma en una bolsa cuando todavía ni siquiera lo habían revisado. Lo detienen y todos los vecinos empezaron a correr. Le abrieron una causa federal. Recién el 31 de agosto, después de que la pericia del arma diera negativa, Enrique recuperó su libertad. En el medio, amenazaron testigos, boludearon a los padres y sembraron el terror en el barrio”. Si le pasó a Enrique le puede pasar a cualquiera. “Nosotros estamos asustados con esta situación”, repiten las vecinas.
3. El SUM VIP made in Paraguay. “En el barrio hay una comunidad de paraguayos que colaboran entre sí los fines de semana y se van haciendo las casas. Hace un año y medio, uno de ellos empezó con la construcción de su pileta de material. Todos sabíamos porque veíamos la tonelada de tierra afuera. Y el otro día salió en todos los medios que su casa era un quincho VIP donde planeaban los asaltos. Los chicos ni conocían el lugar, ni siquiera nunca estuvieron ahí adentro. Al tipo casi le agarra un ACV, estuvo internado. Dicen que lo llamaban los amigos del laburo y le deían ‘che, están allanando tu casa’. Ni siquiera tenían una orden de allanamiento. Ahora dicen que como esto es una villa pueden entrar a las casas sin órdenes sin nada”.
las terminales de Valenzuela
Era diciembre de 2015 cuando corrió la noticia de que el flamante nuevo intendente historiador de Tres de Febrero había designado a Juan Manuel Lucioni como secretario de Seguridad, un apologista del terrorismo de Estado ampliamente denunciado por organismos de derechos humanos locales y organizaciones políticas y sociales. Responsable, entre otras cosas, del asesinato de Diego Cagliero, el 19 de mayo de 2019.
Menos repercusión tuvo la designación del actual responsable de la seguridad local, Fernando "Teco" Villares. Su nombre tomó estado público en el marco de la investigación del atentado contra CFK. Se trata, nada más y nada menos, del nexo que uniría a Gerardo Milman con el dirigente de ultraderecha Hernán Carrol, mencionado por el tirador Sabag Montiel.
En su declaración, Carolina Gómez Mónaco, asesora de Milman, dijo que le “sonaba” el nombre de “Teco” Villares porque había trabajado en el Ministerio de Seguridad durante la primera gestión de Patricia Bullrich: “Me suena el apellido Villares. Había una persona que trabajaba en el Ministerio de Seguridad con ese apellido. Le decíamos Teco, por eso no sé exactamente el nombre. Era como el jefe de Gabinete de Milman, pero no lo veo desde el ministerio, desde el 2019, pero sí lo he visto y hemos trabajado”.
Villares llegó al cargo de secretario de Seguridad de Tres de Febrero en enero de 2022, luego de haber sido electo concejal por la lista de Valenzuela en 2021. En el marco del operativo que dirigió en Esperanza se pavoneó por el barrio junto a sus amigos Valenzuela y Bullrich. No se privó de liderar el intento de usurpación al Centro Comunitario y de insultar y amenazar a sus referentes.
una injusticia que no tiene nombre
En los setenta había menos casas, eran más precarias, pero había más militancia. Villa Perdida le decían en aquel entonces, por estar ubicada a la vera del Arroyo Morón, sinónimo de desechos y contaminación. Con el paso del tiempo lo rebautizaron Esperanza. Será porque es lo último que se pierde.
“Nosotros no tenemos nombre de calles acá dentro, no tenemos numeraciones de las casas. Se logró que la gente tenga el certificado de vivienda. Pero todos tenemos Francisco Sierra 2400 todos, todos, o San Javier 2400. No entra nada, las boletas de la luz, del gas, tarjeta o lo que sea, se deja todo en un kiosco. Es la única manera”. La falta de nombre de las calles parece ser lo menos grave de una situación de abandono y desigualdad que se agrava desde hace décadas, pero no deja de ser un signo más de desamparo e injusticia.
Cuando preguntamos por los chicos que la policía y el municipio buscaban, las caras cambian: “Sabés cuántas veces nosotros reclamamos por esos chicos que tienen 12, 13 años, que los llevaron detenidos como si fueran un narco. Son pibitos que no tuvieron nunca una oportunidad de nada, que están re perdidos en el consumo. Los metieron en institutos de menores y la familia recién los pudo ver el domingo”.
A la desigualdad estructural que atraviesa Esperanza desde sus inicios se le suma la situación crítica que se agrava desde finales del año pasado. Las calles sin nombre son solo un síntoma de la tremenda ausencia del Estado allí donde más derechos resultan vulnerados. Pero al intendente caprichoso del conurbano, solo le importa cortar las cabezas de quienes se asoman entre la decadencia, la negligencia y el abandono con un poco de dignidad. Lo último que se pierde es la Esperanza. Especialmente, cuando es sinónimo de organización colectiva.
