La incesante maquinaria de propaganda del ministerio de Seguridad nacional difundió unos allanamientos en el barrio Esperanza, en el partido de Tres de Febrero, como otra carrera ganada a las mafias. Las fotos que acompañan esta nota, provenientes de las usinas de la ministra Bullrich, exhiben ese desembarco despampanante. Pero cuando se disipa el humo, se ve claro que la guerra es contra la organización social.

El Registro Nacional de Barrios Populares aprobado en 2016 y la posterior Ley de Integración Sociourbana de 2018 fueron ensayos complejos de articulación entre el Estado, las organizaciones sociales, los vecinos y las ONGs. Su concreción fue dispar, ambivalente, pero implicó un punto de inflexión para revertir la gravísima situación que se padece en los márgenes urbanos. La llegada al poder de la ultraderecha marcó el fin del financiamiento en medio de una puja judicial todavía en curso e interrogantes sobre si se resiste semejante retroceso.