El martes 8 de octubre un comando de la policía bonaerense ingresó de manera ultraviolenta al domicilio de Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana del gobierno nacional. Ella, su esposo y sus cuatro hijas fueron agredidos con saña. El argumento judicial para semejante ataque hace agua por todos lados. Pero lo cierto es que ella vive en un barrio popular donde la violencia avanza, ubicado en la zona norte del conurbano. Allí, desde hace años, la justicia se entrelaza con la política y la cana para gestionar el crímen de manera no santa. En particular el negocio narco. Un secreto a voces que Miño se propuso poner en debate.

la camioneta

Aquel frío jueves de julio del 2018 Fernanda Miño estaba trabajando en el Concejo Deliberante de San Isidro, cuando vio en su teléfono la llamada entrante de su marido.  Ese día ella cumplía 44 años y supuso que Juanka, su marido desde los 21, quería confirmar algunos detalles del festejo. Pero el tono de la voz la alarmó enseguida y una gota de sudor frío corrió por su espalda mientras su compañero, en evidente estado de shock, le explicaba que estaba bien aunque había sufrido un accidente. Juan Carlos Molina, agente del servicio penitenciario bonaerense, estaba de franco pero como tantas otras veces acudió al llamado del organismo para trasladar a un interno que había recibido el beneficio de la detención domiciliaria. 
Era 19 de julio, llovía, la camioneta patrulla que los trasladaba perdió el control, giró varias veces como un trompo, y volcó. El lenguaje técnico de las aseguradoras diagnosticó  destrucción total. Juanka iba en el asiento de atrás y se le fracturaron siete costillas, que perforaron uno de sus pulmones, generando hemorragias que casi lo ahogan. Para salvarle la vida, luego de que los bomberos lo extrajeran entre los restos de la camioneta, hubo que perforar su pecho antes de llegar al hospital y quitarle la sangre de los pulmones sin anestesia. Mientras le rompían la ropa para atenderlo, Juanka pidió que no rompieran el dibujo de su remera, que era la preferida de una de sus hijas menores, las mellizas que por ese entonces tenían seis años.
Juan Carlos Molina se salvó un poco de milagro y otro poco porque es fuerte como un roble. Además de dejarlo en cama durante meses, producto del siniestro hoy tiene medio cuerpo de metal, secuelas como la pérdida de movilidad y súbitos picos de dolor en distintas partes del cuerpo. Sin contar los efectos psicológicos y emocionales que implica haber tocado las puertas de San Pedro. La indemnización que cobró del seguro en dos cuotas fue absolutamente insuficiente. Con el primer pago que entró en 2019 se compró una camioneta Sharan usada. La segunda cuota llegó en octubre del 2021 y le permitió cambiar la Sharan por la hoy “famosa” Dodge Journey modelo 2012, que la ministra Patricia Bullrich categorizó como “camioneta de lujo”.

el allanamiento

El martes 8 de octubre se había hecho largo. Después de la presentación del documental de Ofelia Fernández en el Complejo C Art Media, Miño fue a C5N invitada por el Gato Sylvestre para una entrevista sobre la situación en los barrios ante la retirada de la obra pública, el desfinanciamiento de las organizaciones comunitarias y el avance del narcotráfico. Ya habían pasado las 22 cuando entró en el pasillo del barrio La Cava, una de las villas más emblemáticas del Gran Buenos Aires por cómo se expresan, en escasos metros cuadrados, las enormes diferencias sociales que caracterizan a nuestro continente, el más desigual y violento del mundo.

Para llegar a su casa hay que transitar unos sesenta metros de pasillo. Aunque gracias a la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) que ella presidió ahora hay iluminación y se pavimentó buena parte del barrio, adentrarse de noche allí no es una experiencia sencilla para quien no está habituado. Ella elige seguir viviendo en la villa porque considera que irse sin terminar de integrarla sería una derrota. A veces, cuando La Cava atraviesa alguna temporada particularmente dura de violencia, repasa su decisión. Por ahora la sostiene.

Aquella noche, ni bien llegaron, Juan Carlos se fue al piso de arriba a cambiarse y ella se quedó con una de sus hijas en la planta baja. Tienen cuatro: una de 21, otra de 16 y las mellizas de 12. La mayor escuchó algo en la puerta de entrada y se acercó. Fernanda llegó a escuchar que hablaba con alguien pero no entendió bien. Luego sabría que estaba pidiéndole a la policía que no rompan la puerta, que ella les abría. De nada sirvió. 

Los oficiales del Grupo de Apoyo Departamental entraron rompiendo la puerta, golpearon a la hija mayor que cayó de bruces al suelo y cuando Fernanda se acercó a preguntar qué pasaba, le pegaron en la nuca y la arrastraron de los pelos al piso mientras la insultaban. Los hombres encapuchados y con armas largas apuntaron a su rostro y al de sus hijas. Una de las mellizas cayó encima suyo, empujada por el escudo de un efectivo policial. Arriba, otros agentes le apuntaron a Juan Carlos mientras lo burlaban de manera provocadora. Le exigieron que entregue su arma reglamentaria, lo cual hizo sin oponer resistencia. Otra de las hijas menores acababa de ducharse y estaba en el baño envuelta en una toalla. La obligaron a vestirse en frente de una agente.

Luego de esta brusca arremetida inicial, la Departamental de Investigaciones de la zona (DDI) se hizo cargo del allanamiento. Durante dos horas tuvieron a Miño y su familia incomunicados sin mostrarles orden alguna de allanamiento. Dieron vuelta la casa, revolviendo y revoleando sus pertenencias sin dejar entrar nunca al abogado defensor. A medida que se iban juntando la parentela, los vecinos y militantes en el pasillo, la policía fue cambiando la violencia inicial por una simpatía impostada. Argumentaron el robo de una moto en Tres de Febrero, del que por supuesto nada sabían. Pidieron los papeles de su auto y se los dieron, pero no era el auto que buscaban. Lo único que se pudieron llevar fue el arma reglamentaria del servicio penitenciario de Juanka y sus respectivas balas.

la trama judicial

A mediados de este año la camioneta Journey modelo 2012 estaba averiada y el arreglo costaba más de lo que la familia podía afrontar, razón por la cual decidieron venderla. El 3 de julio último Juan Carlos Molina se puso en contacto con una agencia de compra venta de autos usados. Al día siguiente se acercaron a La Cava para ver el rodado. Luego de ponerse de acuerdo en el precio de venta, Juan Carlos fue a una escribanía del partido de San Martín, firmaron los papeles, recibió el dinero y se despidió para siempre de la Journey modelo 2012. Todos estos movimientos se pueden verificar en el teléfono celular de Juan Carlos. 

Sin embargo, el ingreso de la policía al domicilio de Miño se basa en un supuesto robo de una moto acontecido el 23 de agosto a las 18:30 horas en el municipio de Tres de Febrero. Según las fotos provistas por la Secretaría de Seguridad del municipio que gobierna el macrista-libertario Diego Valenzuela, en el hurto habría participado como cómplice la Journey que seguía estando en el Registro de la Propiedad Automotor a cargo de Miño y con cédula azul a nombre de Juan Carlos Molina. El expediente judicial dice así: “Tras el robo agravado por el uso de arma de fuego (con la ejecución de dos disparos intimidatorios) en el que una persona desciende de una camioneta, roba la moto y huye junto a su cómplice (conduciendo la camioneta). Empleados del COM de Tres de Febrero aportaron a la fiscalía interviniente fotograma de los lugares en donde fue captado el hecho”.

La investigación determinó que Molina, quien es efectivo retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense, tiene portación de un arma compatible con los disparos efectuados durante el robo. Y con esos dos míseros indicios (la camioneta y los disparos) el fiscal ordenó realizar el violentísimo allanamiento contra Fernanda Miño, el juez lo ratificó, y la policía bonaerense lo ejecutó.

Un primer listado de cabos sueltos e irregularidades es demasiado contundente como para suponer que se trata de una simple impericia. Veamos:

• ¿Alguien puede creer que una figura pública como Miño, o su marido, vayan a realizar un robo a plena luz del día con una camioneta a su nombre? 

• Los funcionarios judiciales no le tomaron declaración a la víctima, para conseguir indicios sobre los atacantes y los disparos. Solo consta su declaración policial, pero nunca fue citado a sede judicial.

• En el expediente consta el hallazgo de una vaina y “un proyectil intacto” en el lugar del robo, pero cualquier persona con experiencia en este tipo de hechos sabe que lo usual sería encontrar proyectiles percutados. Para colmo no hay ninguna imagen o especificación del lugar dónde se secuestraron la vaina y el proyectil. Mucho menos una pericia balística. ¿Y si los plantaron?

• Siguiendo con el razonamiento, no existe una explicación racional de por qué van en búsqueda de Molina y no de la titular del auto, que es Miño.

Pero lo más llamativo es la facilidad con que podía constatarse que la Journey supuestamente utilizada para el robo tiene desde el 18 de julio una póliza de seguro a nombre de una tercera persona, domiciliada en Tres de Febrero, que nada tiene que ver con Juan Carlos y su familia.

Ese mismo 18 de julio se realizó una verificación policial sobre la Journey, solicitada por la actual titular del seguro del auto, quien también realizó una Verificación Técnica Vehicular del rodado en cuestión, lo que evidencia que ella le compró el auto a la agencia a la que Molina le vendió.

Toda esta información fue suministrada a la justicia por los abogados de Fernanda Miño quienes, ante la inacción judicial y policial, exigieron la búsqueda de la camioneta supuestamente utilizada para robar. El rodado fue fácilmente ubicado en la puerta de la vivienda de la nueva dueña, la cual fue allanada, ahora sin violencia y a plena luz del día, el pasado viernes 25 de octubre.

Hay un elemento más que alegan los personeros del sistema judicial y policial para argumentar que todo se trató de un desafortunado malentendido, el famoso garrón. Un supuesto sin el cuál todo se derrumba: tanto el fiscal, como el juez y la policía ignoraban que la persona allanada era la ex secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, y una de las contradictorias más potentes del actual gobierno de ultraderecha. La verdad se parece demasiado a todo lo contrario.

el contexto 

Fernanda Miño se crió junto a sus ocho hermanos en una casilla de madera en el fondo del Pozo, literalmente, que es como le dicen a la parte más baja del barrio. A los 14 años comenzó a trabajar como empleada doméstica “cama adentro”. Luego de casarse hizo el secundario de adultos y empezó la carrera de Trabajadora Social en la Universidad de Buenos Aires. Pero durante su primer embarazo tuvo que dejar los estudios universitarios y se dedicó a cursar el profesorado de catequesis. 

Desde muy temprano desarrolló una fuerte militancia social en su barrio, abriendo un espacio para niños y adolescentes en el patio de su casa. Más adelante ingresó en política porque veía que la militancia social no era suficiente para cambiar la realidad de su barrio. Fue concejala de San Isidro en 2017, presidió el bloque del peronismo en su ciudad y se postuló como candidata a intendenta. En 2019, durante la gestión de Alberto Fernández, pasó a conducir la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación (SISU), que el propio Sebastián Pareja, actual titular de dicha dependencia, denominó como “quizás la única Secretaría que funcionó” durante el gobierno pasado. Su labor fue reconocida nacional e internacionalmente y valorada por prácticamente todo el arco político y social.

Aún así, o precisamente por eso, desde hace varios meses Miño viene siendo blanco de un intenso ataque político encabezado por sectores del gobierno nacional y sus medios afines. Fundamentalmente por parte del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien se quedó con el control de los fondos que la SISU administraba y cuyo sobrino tiene gran influencia sobre el aparato estatal de inteligencia y las milicias paraestatales de comunicación. Vale aquí señalar que sobre la familia Caputo pesa la sospecha de haber financiado a la ya extinta agrupación Revolución Federal, que llamaba abiertamente a matar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner justo antes del atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022. También se sumó al ataque contra Miño la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Por otro lado, Fernanda ha ido constituyéndose en una suerte de punto de unión de lo que podríamos llamar el Frente Democrático contra la violencia. Su reconocida gestión, su integridad evidente, la constante denuncia del avance del narcotráfico y la búsqueda de favorecer la Cultura del Encuentro que pregona el Papa Francisco, la llevaron a protagonizar diversos encuentros con figuras tan distantes como Mario Quintana y Ricardo Quintela, Mariel Fernández y Lilita Carrió, y a promover acciones con funcionarios importantes de la Iglesia Católica como el Arzobispo García Cuerva y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, quienes conocen la vida de Miño de primera mano por haber tenido a su cargo en distintos momentos la pastoral de villa La Cava. Finalmente, Miño es una de las principales referencias de la fuerza política que conduce Juan Grabois, una de las voces más fuertes de la oposición política al actual gobierno.

Miño sigue viviendo en La Cava, en la misma casa de siempre, nunca se compró un cero kilómetro ni se fue de vacaciones al extranjero. Podría haberlo hecho de forma justificada, pero ha optado por una vida austera. Por todo esto, es verosímil que el poder profundo la considere una enemiga.

los sospechosos de siempre

El fiscal que ordenó el allanamiento se llama Daniel Cangelosi. Sin embargo, la investigación inicial donde se orientó la acusación fue realizada por la UFI #10 del Departamento Judicial de San Martín, que se encarga de los crímenes con “autores desconocidos” y cuyo titular es José Miguel Guozden, personaje egresado del Colegio Militar, que fue asesor legal del ejército, y en los noventa fue nombrado en el poder judicial. Guozden tuvo a su cargo hace unos años la estratégica fiscalía de drogas, de donde fue desplazado.

Otro actor relevante en la trama del ataque a Miño es el juez Carlos Mariano Gonzalez, quien luego del escándalo provocado por el allanamiento dejó trascender que Juan Carlos Molina estaba muy comprometido con el robo de la moto, en una clara operación de amedrentamiento. Se trata de un ex policía de la localidad Malvinas Argentinas, quién según diversas fuentes está conectado políticamente con el ex intendente Jesús Cariglino. González fue promovido a Oficial Inspector de la policía Bonaerense en enero de 2002, según esta resolución. Y designado por la gobernadora Vidal en el Juzgado de Garantía n° 2 del Fuero Penal de General San Martín en julio de 2019, según este decreto. Como explicó el Equipo de Investigación Política en el informe sobre la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aparecido en el último número de la revista crisis, Cariglino es socio de Sergio Neiffert, flamante titular de la agencia de espionaje gracias al favor del asesor estrella del presidente Milei, Santiago Caputo.

Un día antes del supuesto robo acontecido el 23 de agosto en Tres de Febrero que permitió el allanamiento contra Miño, en esa misma localidad se desplegó el “operativo arrasar” en el barrio Esperanza, otro territorio muy pobre, donde la policía ingresó por la fuerza al Centro Comunitario Color Esperanza (CCCE), gestionado por el movimiento Evita. Los responsables de aquella agresión contra la organización comunitaria fueron el intendente Valenzuela (y su temerario ministro de Seguridad Fernando Villares, quien fuera un hombre clave del inefable Gerardo Millman) y el mismísimo juez Gonzalez. En dicho caso convocaron a las fuerzas federales y la ministra Bullrich se hizo presente en el lugar, para la foto.

Patricia Bullrich tuvo una participación estelar también en el ataque contra Miño, cuando en un acto de violencia institucional salvaje salió a acusarla de “chorra” en sus redes sociales, a pesar de no tener ni siquiera una imputación. Asimismo, fueron desafortunadas las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, compañero de partido de la víctima, quien salió raudo a defender el accionar de la policía a su cargo, a pesar de que una mínima lectura política hubiera recomendado solidarizarse con la agredida.

Tres semanas después del violento episodio, la inocencia de Miño y su esposo está totalmente probada. Y no solo nadie pidió disculpas o pagó por la evidente injusticia, sino que una nota aparecida el lunes 28 de octubre en el diario Clarín continuó criminalizando a la militante social en una evidente campaña de demolición contra su figura.

Fernanda Miño presentó una denuncia por “vejaciones y apremios ilegales en el acto de servicio” contra los efectivos de la policía bonaerense que ingresaron por la fuerza a su casa. La demanda quedó radicada en la UFI 1 y el Juzgado de Garantías # 3 de San Isidro. Además de la justicia, sería de esperar que el gobierno peronista de la Provincia de Buenos Aires lleve a fondo las investigaciones para esclarecer un hecho de evidente gravedad, en tanto aparecen involucrados el tipo de poderes que carcome cualquier pretensión democrática.