narco en buenos aires: la batalla por el norte | Revista Crisis
san isidro desatado / fragmentación criminal / justicia ilegítima
narco en buenos aires: la batalla por el norte
La zona norte del conurbano bonaerense se ha convertido en el epicentro de una componenda fatal entre grupos criminales, funcionarios judiciales y altos dirigentes políticos. Con el expansivo negocio del narcotráfico como principal caja recaudatoria, esta conflictividad a cielo abierto redunda en mayor violencia territorial y furiosas disputas en las propias instituciones del Estado.
Ilustraciones: Nicolás Daniluk
07 de Marzo de 2022
crisis #54

 

E l 3 de abril de 2018 comenzaron a ingresar llamados anónimos a los teléfonos del Juzgado Nº 1 de San Isidro exigiendo comunicarse con la jueza Sandra Arroyo Salgado. Ante la insistencia, una de sus secretarias atendió. “Es un mensaje de la familia y de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas como a Candela”, se escuchó del otro lado.  

Gustavo Sancho es un poderoso narcotraficante de San Martín, detenido junto a su mujer y sus dos hijos por Arroyo Salgado, en 2017, a raíz de una investigación en la que se lo sindicaba como el líder de una banda que compraba cocaína pura en Bolivia, luego la trasladaba a Perú y a Paraguay, para después ingresarla a través de avionetas en campos de Azul, General Rodríguez y Mar del Plata. El destino final era Europa. Sancho había sido vinculado -sin consecuencias judiciales- con el secuestro y homicidio en 2011 de Candela Sol Rodríguez, de 11 años, en el contexto de un ajuste de cuentas entre grupos narcos.  

Arroyo Salgado se apartó de la causa a raíz de nuevas intimidaciones y radicó una denuncia. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, rastreó llamadas entrantes y salientes del número desde donde partieron las amenazas coactivas. En una de las testimoniales a los titulares de esas líneas surgió un nombre: José “el Tano” Sofía, conocido hampón de la zona norte. Una de las varias causas que pesaban en su contra estaba radicada en el Juzgado Federal Nº 3 de Morón luego de que una denuncia anónima en 2014 alertara sobre “una banda de narcotraficantes que se manejan en la zona de Moreno y que están sacando cocaína a Europa. El jefe de todo se llama José Sofía”. Entre las fojas de esa causa se acreditaba su relación con Gustavo Sancho.  

Después de desmenuzar una maraña de geolocalizaciones, se comprobó que Sofía había utilizado su teléfono personal en los mismos sitios desde los que se efectuaron las amenazas. Durante su indagatoria, Sofía acusó como responsable del apriete a Christian Quinteros, su chofer y mano derecha. Los rebotes en las antenas efectivamente ubicaban a ambos en los mismos horarios y lugares en los que se activó el chip desde el que se amenazó de muerte a la jueza y a sus hijas. La fiscalía sumó un dato: Sofía era amante de Analía Blummeti, la pareja de Quinteros.  

Para cuando en noviembre de 2019 se dictó el primer procesamiento con prisión preventiva de Sofía, Quinteros había sido torturado salvajemente y asesinado un año antes. La misma suerte había corrido meses más tarde su pareja y amante de Sofía, Analía Blummeti, cuando un sicario la acribilló dentro de su auto.

A pesar de las pruebas, en febrero de 2020, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento contra Sofía y dispuso su falta de mérito e inmediata libertad, a la vez que le exigió a la fiscalía recabar mayores pruebas. Uno de los camaristas -Juan Pablo Salas- sugestivamente había sido parte del Tribunal de Morón que en 2014 también había dictado la falta de mérito de Sofía en la causa abierta por narcotráfico. Aquella decisión había sido recurrida por el Ministerio Público Fiscal en medio de un escándalo. 

El fiscal Domínguez volvió a la carga y certificó que el Tano había sido el autor directo de las amenazas y agregó más pruebas, incluso fotográficas, que confirmaban su vínculo con Sancho. En septiembre de 2021, se solicitó un nuevo procesamiento con prisión preventiva, pero el juez solo hizo lugar al procesamiento y lo dejó libre. 

Un año después, en agosto de 2022, como consecuencia de un operativo encabezado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se incautaron 1658 kilos de cocaína en un galpón de Empalme Graneros, en el conflictivo noroeste de Rosario. Por razones siempre vidriosas, esta vez la DEA no dejó transitar en paz el cargamento con destino a Dubai en el contexto del mundial de fútbol realizado en Qatar. El principal detenido, sindicado como líder de la mega banda, resultó José Sofía.  

Dos semanas más tarde, la Justicia Federal y la Procunar detectaron que otros 1434 kilos de merca habían salido desde un puerto privado de Rosario, operado por la empresa Vicentín y Ultramar, y descubiertos en los puertos de Santos (Brasil) y Rotterdam (Países Bajos). Los envoltorios eran idénticos a los hallados entre los pellets de maíz durante el allanamiento que puso entre rejas al Tano Sofía.  

 

tirate un pase 

“Me miró con odio profundo y me dijo en un tono firme y elevado que yo era un hijo de puta que le presentaba putas a su marido (refiriéndose así a Alberto), circunstancia que yo negué por no ser cierta y además le expliqué que su “marido” era lo suficientemente grande como para elegir con quién salir. Insistía con eso y yo mantenía mi negativa. Allí sumó a otro amigo de Alberto, a quien también tildó de hijo de puta por ser el dueño del local nocturno al que concurría Alberto Nisman supuestamente con las putas que yo le conseguía”. 

Así justificaba el abogado Marcelo Rocchetti el pedido de recusación por supuesta enemistad manifiesta y falta de objetividad contra su persona por parte de Sandra Arroyo Salgado en la causa abierta contra su defendido, el representante de jugadores de fútbol Uriel Pérez Jaurena. Una vez finalizado el último mundial de fútbol, Pérez Jaurena adquirió plena visibilidad cuando se conoció que era el representante de la joya de la selección, el joven Enzo Fernández, quien fue adquirido por el Chelsea, de Inglaterra, por 120 millones de dólares. Rocchetti fue jefe de seguridad de la legislatura porteña y jefe de gabinete en el Ministerio de Seguridad bonaerense durante la primera mitad (2016/2017) del mandato de Cristian Ritondo.  

Esta nueva investigación impulsada por Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez surgió luego de que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) recibiera en julio de 2019 una denuncia anónima acusando a Pérez Jaurena de “presuntas vinculaciones con maniobras de lavado de dinero proveniente del tráfico de estupefacientes en México” y por “la transferencia de derechos económicos y/o federativos de varios deportistas, efectuando una triangulación de fondos mediante el empleo de empresas fantasmas”.  

En los allanamientos realizados en clubes principales de la primera división del fútbol argentino, Sergio Rapisarda, presidente de Vélez Sarsfield, presentó las facturas entregadas por Pérez Jaurena a cambio de sus labores profesionales. Sorpresivamente correspondían a una firma llamada Bynar SRL, dedicada a la comercialización de alimentos e insumos informáticos. El total de los pagos ascendía a 94.648.963 de pesos. La fiscalía detectó que 58.462.230 de pesos del total habían sido depositados en dos cuentas corrientes del banco ICBC y en una del Banco Supervielle pertenecientes a dos misteriosas compañías: Trading Border SA y DAF COM SRL. Las dos presentaban como máximos responsables a testaferros. La AFIP-DGI determinó que Trading Border SA "no tiene capacidad económica, ni medios, ni capacidad técnica, para llevar a cabo la actividad comercial declarada".  

El paso siguiente consistía en la adquisición de dólares libres de impuestos y la transferencia a las cuentas corrientes de brumosas sociedades como Alpics Best Limited en el Standard Chartered Bank de Hong Kong; Munduz Global Inc. en el M and T Bank, Buffalo, New York; Impronta Logistic Inc. en el Firstbank de Puerto Rico; y Fox Bay LLC en el Bank of América de Estados Unidos.  

Para hacerse de los dólares libres, se presentaban facturas de compañías locales que supuestamente habían contratado a navieras para importaciones de productos. Cuando la fiscalía indagó a la Pacific International Lines LTD sobre los permisos de embarque a su nombre, la naviera negó haber prestado esos servicios para Trading Border y DAF COM. La investigación detectó que estas dos firmas fantasmas no eran utilizadas únicamente por Pérez Jaurena. Desde 2018 a junio de 2021 habían fugado 12.531.953 de dólares mediante operaciones de comercio exterior a través de los bancos Supervielle, Hipotecario, ICBC y BBVA.  

Los teléfonos y una computadora incautados en los domicilios de Pérez Jaurena debían ser peritados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Para impedirlo, Rocchetti regó con pedidos de nulidad la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. Tres fallos simultáneos salieron como ráfagas el 26 de abril de 2022: en uno se hizo lugar a la recusación de Arroyo Salgado aunque se descartó que se debiera a “las referencias personales alegadas” por Rocchetti. La justificación se centró en supuestas arbitrariedades y en dos yerros formales: no haber cargado a tiempo la totalidad de las actuaciones en el sistema online e irregularidades en los horarios que figuraban en las actas de los allanamientos. Otro fallo ordena la puesta en suspenso de toda la investigación hasta tanto se resuelva una nueva denuncia interpuesta por Rocchetti contra Arroyo Salgado por "delitos de coacción y falsedad ideológica en instrumento público y eventualmente incumplimiento de los deberes de funcionario público".  

La investigación detectó que estas dos firmas fantasmas -Trading Border y DAF COM- no solo eran utilizadas por el representante de fútbol Uriel Pérez Jaurena. Desde 2018 a junio de 2021 habían fugado del país 12.531.953 de dólares.

supernovo 

Quienes conocen la próspera zona norte del conurbano bonaerense echan luz sobre dos actores protagónicos: la Embajada de Estados Unidos y la DEA. Las rutas 8 y 9 son las puertas de ingreso de sustancias ilegales para el abastecimiento local y el puerto de aguas profundas de Zárate-Campana para su tránsito internacional.  

La presencia de agentes propios de la agencia norteamericana es escasa en nuestro país. Se lo considera un corredor marginal hacia Europa y un mercado interno de cabotaje. Su verdadera incidencia radica en la cooptación de agentes de las fuerzas de seguridad e inteligencia, lo mismo que de jueces y fiscales. En el libro Blanca y radiante, de Gabriel Pasquini y Eduardo Miguel, se afirma que “San Isidro, la residencial zona del Gran Buenos Aires, era considerada “zona libre” para la DEA por algunos críticos de la agencia. Los norteamericanos elegían el juzgado federal de San Isidro y a la policía local para sus operativos más grandes”. De allí que los jueces federales de este departamento hayan sido históricamente figuras estelares, desde Alberto Piotti y Roberto Marquevich a la actual jueza Sandra Arroyo Salgado. 

Los fiscales del fuero provincial comenzaron a cotizarse a partir de 2004, con la aprobación de la ley 13274 que habilitaba a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia la creación de unidades fiscales descentralizadas en los municipios. Con la excusa de acercar la justicia a la ciudadanía, se trasladaba a los barones del conurbano el financiamiento de esas nuevas fiscalías que debían investigar, entre otros, los actos de corrupción ocurridos en sus propios municipios.  

Pero el gran salto ocurrió en 2008, con la puesta en marcha del nuevo código procesal penal. Desde entonces, las instrucciones de las investigaciones pasaron a ser responsabilidad exclusiva de los fiscales. Con una particularidad: al no existir la figura del fiscal natural, pasaron a ser los fiscales generales quienes digitan cuáles de sus subordinados intervienen en cada causa. Una consecuencia no deseada de esta reforma de espíritu progresista fue que se convirtió en una cotizada moneda de intercambio con los intendentes.  

De esas entrañas emergió Julio Novo, fiscal general de San Isidro, de promiscua ligazón con jefes comunales como Sergio Massa. Tigre fue pionera en la apertura de nuevas fiscalías.  

Novo y sus lugartenientes fueron procesados en 2016 por Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez. Se lo acusó de obstaculizar la investigación de dos homicidios de narcotraficantes colombianos en el shopping Unicenter y de un tercero en San Fernando. Pretendían ocultar las vinculaciones entre estos asesinatos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, condenados por trasladar 944 kilos de cocaína a España en una avioneta propia en 2011.  

Novo renunció a su cargo en julio de 2017, cuando su guardia pretoriana en la justicia y la política se dio finalmente por vencida ante la avalancha de denuncias y pruebas irrefutables. Sus lógicas corruptas, sin embargo, ya habían hecho metástasis.  

Quienes conocen la próspera zona norte echan luz sobre dos actores protagónicos: la Embajada de Estados Unidos y la DEA. Las rutas 8 y 9, junto a los puertos de aguas profundas de Zárate-Campana, son las vías de ingreso de sustancias ilícitas con destino local e internacional. 

cámara oscura 

El fiscal Claudio Scapolán, titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas y Antinarcóticos de San Isidro, delfín de Julio Novo, fue procesado en 2021 junto a su equipo y más de veinte policías de la provincia de Buenos Aires. Se lo acusaba de una catarata de delitos cometidos entre 2013 y 2015: asociación ilícita en carácter de jefe, falso testimonio, uso de documento público falso, sustracción de medios de prueba, falsedad ideológica de documento público reiterada, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, extorsión en calidad de coautor y abuso de autoridad. 

La caída empezó cuando una persona de identidad reservada denunció en 2016 que el fiscal era “el jefe de una organización compuesta por policías que se dedican a extorsionar narcotraficantes fraguando causas”. Meses más tarde, la misma fuente agregó: “el 29 o 30 de diciembre de 2013, Scapolán llevó a cabo un procedimiento con intervención de la DDI de Quilmes con el objeto de interceptar un cargamento -de cocaína- de unos 1000 o 1200 kilogramos”. La investigación encabezada por Arroyo Salgado y Domínguez descubrió que se había registrado oficialmente la mitad de la droga, mientras que el resto había sido enviada al Partido de la Costa y una porción significativa al exterior.  

Los ilícitos de Scapolán y su banda explotaron. El fiscal contragolpeó interponiendo recusaciones y operaciones contra la jueza y el fiscal.  

En junio de 2021, cuatro miembros de la Suprema Corte de Justicia y ocho del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires se excusaron en fila para borrarse del jury de enjuiciamiento pedido por Arroyo Salgado. El tribunal recién pudo conformarse cuando una ignota titular de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata aceptó la presidencia. Un año después, con 9 votos a favor y 2 en contra, Scapolán fue apartado preventivamente de su cargo. Uno de los votos negativos fue el de Sofía Vanneli, actual senadora oficialista, integrante del Frente Renovador.  

Pero la guerra estaba desatada. La Cámara Federal de San Martín, la misma que liberó a Sofía, apartó en 2021 a Arroyo Salgado presionada por un arbitrario fallo de la sala IV de la Cámara de Casación Penal a cargo de Mariano Borinsky. Lo curioso es que esa misma Cámara Federal la había ratificado en la causa muy poco tiempo antes. Fuentes del caso afirman que Borinsky habría negociado ese brusco apartamiento a cambio de paralizar un inminente jury en su contra a raíz de sus asiduas visitas al expresidente Mauricio Macri.  

La jueza denunció en la prensa una operación orquestada por Marcelo D`Angelo, abogado de Scapolán, asesor histórico de Cristian Ritondo y socio actual de Marcelo Rochetti (recordemos: abogado de Uriel Pérez Jaurena y también mano derecha de Ritondo) en la causa abierta contra el prefecto que asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel. También dejó entrever en el diario Perfil que las operaciones trascendían cualquier grieta: “Se habló de una visita de Malena Galmarini, dicho por propios funcionarios de la actual intendencia de Tigre, a la Cámara de San Martín”.  

La solidaridad de la presidenta de Aysa con Scapolán tiene su historia. El fiscal había embestido contra Carlos Washington Palacios, el fiscal que avanzaba valientemente en una causa abierta por el turbio allanamiento del domicilio de un prefecto que había robado la casa de Massa y Galmarini en 2013. La principal hipótesis es que allí se recuperó una millonaria cantidad de dinero no declarada cuyo destino era solventar la campaña del naciente Frente Renovador. La causa por el allanamiento quedó en la nada y el fiscal Palacios fue destituido en un arbitrario jury impulsado por el propio Scapolán. 

El golpe final llegó en junio de 2022, cuando la Cámara Federal de San Martín volvió a la carga y revocó todos los procesamientos que recaían sobre Scapolán, con la excepción del más benigno por “falsedad ideológica de documento público”.  

Un funcionario cercano a la causa, especula: “Está atada a cómo se arme el año electoral. Esto es una gran carpeta para quien quiera utilizarla. Sobre todo por el rol que hoy ocupa Massa, que es la persona que aparece como más ligada al esquema, ligada informalmente porque no hay elementos que lo vinculen desde lo formal. Pero por las protecciones que ha recibido Scapolán y por las dinámicas políticas que hay detrás, todo conduce a la financiación de la política y hay muchos con los dedos manchados”.

Finalmente, en diciembre de 2022, el tribunal de enjuiciamiento presidido por la jueza Ana María Bourimborde suspendió a Scapolán. Y en los primeros días de 2023 se decidió el comienzo del demorado jury con fecha para el próximo 28 de marzo. La causa judicial todavía duerme y aun se mantiene bajo los mismos –mínimos- cargos en su contra.

Las luchas fratricidas, a cielo abierto, en el Poder Judicial de San Isidro pueden ser una inusual y epifánica oportunidad de conocer la caja negra de la participación de las instituciones estatales en las empresas criminales. O también puede ser un síntoma de un quiebre histórico: la consolidación de bandas autonomizadas.

normalidad salvaje 

La Comisión Provincial de la Memoria participa como querellante en la “Causa Scapolán” por incluir prácticas sistemáticas de violencia institucional (policial y judicial). Federico Schmeigel, director del Programa de control de corrupción e inteligencia ilegal, señala que “en este tipo de causas se verifica un Estado asociado a esquemas de mercados ilegales ya no solo patrocinándolos sino participando activamente y utilizando prácticas que son propias de esas empresas criminales como el sicariato”. Pero suma una hipótesis aun más inquietante: “La regulación informal del delito, que siempre estuvo por parte de la policía bonaerense, hoy pareciera estar más segmentada, no pareciera ser tan piramidal, en donde la recaudación tenía sus articulaciones en el territorio pero fluía bastante unidireccional hacia arriba. Había un control a partir de grandes liderazgos políticos de ese esquema ilegal. Lo que se observa es un proceso que quizás tienda hacia la segmentación en determinados actores judiciales, en determinadas jurisdicciones, etcétera, que empiezan a generar sus propias dinámicas de control”.  

Marcelo Saín, actual asesor en el Ministerio de Seguridad y viejo conocedor del mundillo policial y judicial del cordón norte, advierte que el doble pacto establecido entre los gobiernos y las fuerzas de seguridad y de estas últimas con las bandas delictivas, a los fines de mantener un orden elemental en los territorios, puede encontrarse en vías de extinción: “La policía en Buenos Aires no ha perdido integralmente el control del territorio. Pasó lo de la cocaína adulterada y al mes no se habló más del tema. Se restituyó el orden. Pero ya no tiene el control de hace diez o quince años. Y por el lado criminal empieza a haber una fragmentación, que es casi natural, porque cuando se amplía el mercado empieza a haber competencia de los lugartenientes y de los soldaditos que te manejan un barrio. Existe un mercado cada vez más amplio con cada vez menos control por parte de los grupos criminales. Esto da lugar a un fenómeno que es la fragmentación criminal: horizontal y vertical. El Estado puede pactar cuando vos tenés un interlocutor criminal que tiene un control del negocio, porque el tipo te regula la violencia, te negocia, te pacta. Es un gerente de una empresa compleja. Vamos hacia una suerte de cuestionamiento del doble pacto en función de una transformación de la escala del negocio”. 

Estamos habituados a detectar la atomización de las bandas narcos a partir de fatídicas disputas territoriales. Pero no a nivel institucional, cuyos desmadres y reagrupamientos se tornan mayormente opacos. La saga de luchas fratricidas, ocurridas a cielo abierto en el Poder Judicial de San Isidro, plagadas de recusaciones y apartamientos arbitrarios, absoluciones cinematográficas, de alianzas de jueces y fiscales con sectores ultra jerárquicos de la política, también de la policía y del hampa, puede ser una inusual y epifánica oportunidad de conocer la caja negra de la participación de las instituciones estatales en empresas criminales. O también pueden ser sinónimo de un quiebre histórico: la consolidación de facciones autonomizadas, con múltiples terminales de poder, capaz de dejar atrás esa última frontera que todavía separa el cordón norte del conurbano bonaerense de la sangrienta ciudad de Rosario, considerada como la anomalía salvaje de la Argentina contemporánea.

Destacadas
podcast de revista / quinta temporada / cuando la realidad lo demande
Por Colectivo Editorial Crisis
las fuerzas puras / máquinas teatrales / entrevista a Pompeyo Audivert
Por Natalia Gelós
gatillo fácil en movimiento / mapa de la policía
Por Facundo Lo Duca
desfinanciación.ar / resistir y filmar / una de terror nacional
Por José Esses