El pasado 3 de agosto la Administración de Parques Nacionales (APN) reconoció, a través de la resolución 484, al volcán Lanín-Pijan Mawiza como “Sitio Natural Sagrado” del pueblo mapuche y determinó la necesidad de avanzar en un plan de manejo conjunto e intercultural para dicho territorio. 

Las repercusiones fueron inmediatas y virulentas. El ex presidente Macri comenzó diciendo que “el hermoso volcán Lanín es de todos los argentinos, sin discusión”. Miguel Ángel Pichetto, ex-Senador, ex-candidato a vice presidente y actual Auditor General de la Nación, manifestó su “fuerte repudio a la decisión de Parques Nacionales de declarar al volcán Lanín como un sitio sagrado mapuche”. Y siguió: “Otra vez se ve afectada la soberanía en un lugar paradisíaco y turístico de nuestro país”. Luego remató: “(es) una imbecilidad propia de este gobierno. En breve toda la Patagonia será mapuche”.

La reacción más relevante fue la de Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), quien también se expresó en contra diciendo que se trataba de un “acto de centralismo”, una “intromisión”, un “atropello ilegítimo e ilegal a las autonomías provinciales” que ameritaba acciones legales contundentes. Menos eufemismos utilizó el Fiscal de Estado de Neuquén, Raúl Gaitán, quien declaró en una radio que había una suerte de plan para quedarse con el volcán Lanín: “lo primero que dicen, es un sitio sagrado; lo segundo que van a decir es que tradicionalmente lo ocupaban; y lo tercero que van a decir es escriturámelo a mi nombre”.

Acto seguido, la Administración de Parques Nacionales anunció la derogación de la resolución 484. Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén se lamentó por el carácter “dubitativo y temeroso” del Gobierno Nacional, que “no pudo sostener ni 24 horas la resolución”.

El retroceso intempestivo respecto a una decisión largamente macerada entre los funcionarios de Parques Nacionales y las comunidades mapuche de la zona fue el resultado de una presión directa ejercida por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, sobre el directorio de la institución. Descontento con esa intervención, Lautaro Erratchú decidió renunciar a la presidencia de Parques. Y recibió el respaldo de la Confederación Mapuche de Neuquén. Federico Granato asumió la presidencia en lugar de Errachú. 

¿Qué significan estas idas y vueltas, qué conflictos ponen en evidencia? Es necesario poner en contexto la cuestión para desentrañar el enigma.

Consulta provincial sí, consulta mapuche no

Hace más de veinte años que el Parque Nacional Lanín y las comunidades mapuche de la zona protagonizan experiencias de co-manejo del área protegida. Esta política incluso se mantuvo durante la presidencia de Macri. 

Dichas prácticas incluyen consensuar los diferentes usos del territorio. Por ejemplo, en enero se suspenden durante unos días los ascensos de andinistas al Lanín porque los mapuche celebran el nguillatun, su mayor ceremonia ritual, en la base del cerro. También se dio lugar a la administración de campings y la provisión de servicios por parte de las comunidades, como se dan desde 2007 en el lago Quillén, en Ruca Choroi y en el Huechulafquen. 

De hecho, es llamativo encontrar desde tiempos tan distantes como el año 2001 las declaraciones del entonces Secretario de Turismo, Hernán Lombardi, saludando los primeros pasos de las instancias de co-manejo, señalando que “la filosofía básica es aceptar las diferentes cosmovisiones, como parte del patrimonio y de la riqueza del país”, en claro contraste con lo que dice hoy. 

También existen experiencias de administración de centros turísticos por parte de comunidades mapuche fuera del Parque Nacional Lanín, como el centro de esquí de Batea Mahuida. 

En diálogo con Radio Nacional de San Martín de los Andes, Jorge Nahuel volvió a afirmar la antigüedad de las prácticas de co-manejo y la relevancia del Lanín en tanto centro ceremonial y social. Como lugar de encuentro y espacio de vinculación, el volcán es parte importante de un entramado regional y trans-cordillerano en el proceso de reconstrucción de la memoria y las formas de organización del pueblo mapuche. 

Desde 2017 existe el proyecto que la Confederación Mapuche de Neuquén había presentado a Parques, pidiendo el reconocimiento del Lanín como sitio sagrado. Ya en aquel momento se habían expresado con claridad: “el volcán puede ser, tranquilamente, las dos cosas: patrimonio de toda la región -como de hecho lo es- y, a la vez, un sitio de carácter sagrado para la cultura mapuche porque ahí es donde se realiza una de las ceremonias más importantes de esta cultura. Esto será un lugar de acceso libre, popular, para que ingrese la mayor cantidad de gente para conocer la cultura mapuche con respeto supremo a la cosmovisión mapuche”.

Frente a la polémica actual, la posición fue la misma: “Entender que los mapuche tenemos una experiencia de miles de años para aportar es un desafío para la política del gobierno de Neuquén, que ojalá escuche. Ojalá entienda que una declaración como la generada por el Directorio de Parques Nacionales no es una amenaza, que no la vean como una cuestión que les va a quitar soberanía al Estado o que pueda llegar a vedar el uso o el ingreso de la población del Neuquén, porque es todo lo contrario lo que estamos proponiendo”.

Parques Nacionales, por su parte, refrendó el trabajo realizado y mantuvo el valor de los pasos dados en la co-gestión: “Es importante mantener junto a la provincia de Neuquén los procesos de toma de decisión que involucren aspectos de dicha área protegida, teniendo en cuenta que desde hace décadas la provincia mantiene una relación respetuosa y armoniosa con las comunidades originarias”

Asimismo, se comprometió a trabajar en pos de una nueva resolución tras derogar la 484, reconociendo el carácter inconsulto de la misma respecto de Neuquén. En un giro sorprendente, el argumento de la consulta previa, en general negado a las comunidades, fue utilizado en favor de la provincia. 

A diferencia de lo que pasa en otros Parques Nacionales, como el Nahuel Huapi y Los Alerces, donde se desarrollan recuperaciones territoriales mapuche que han entrado en conflicto con Parques, la experiencia del Lanín marca una senda alternativa y dialogada donde las tensiones intentan tramitarse desde la aceptación de la coexistencia. Aquí el conflicto de los mapuche no ha sido con la APN. Sin embargo, ante la marcha atrás de la resolución 484, el presidente de parques, Lautaro Errachú, presentó la renuncia porque no iba a firmar la derogación de eso que ya había dicho que acompañaba. Los medios dijeron que el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, había pedido la renuncia de todo el directorio de Parques pero el jueves ratificaron a todos los miembros (que firmaron la vuelta atrás de la medida) y nombraron a quien era jefe de gabinete de Parques, Federico Granato, como nuevo presidente en lugar de Erratchú, que había renunciado.

Contextos

Los Parques Nacionales de la Argentina se crearon a partir de la década de 1930, en el marco de una geopolítica signada por la sustitución de importaciones en el contexto del crack de 1929 y la consolidación de la frontera andina.

El Parque Nacional Lanín fue declarado como tal en 1937, previo a la provincialización de Neuquén, que fue territorio nacional hasta 1955-1957. Tal como en otros casos, implicó la expulsión de algunos pobladores que estaban instalados dentro del territorio que fue delimitado como área protegida y la fuerte regulación de las actividades productivas y comerciales que se pudieran desarrollar en dicho espacio. 

Pero la jurisdicción del Parque, que es nacional, no es la única involucrada en cuestiones con los mapuche-tehuelche. La provincia de Neuquén ha tenido actitudes contradictorias respecto del reconocimiento territorial de las comunidades. Hace pocos días se saludó desde diferentes ámbitos el inicio de una mesa de trabajo vinculada a un protocolo de consulta previa, tal como obliga hacer el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene valor de ley en la Argentina por haber sido refrendado por el Congreso Nacional. 

Pero también es cierto que la provincia se niega a reconocer las personerías jurídicas otorgadas por la Nación y se arroga exclusivamente dicha potestad. Tampoco había iniciado, hasta 2019, el relevamiento territorial que manda la ley 26.160 desde 2006. Tal suele ser un instrumento habitual al momento de las disputas territoriales: las provincias niegan la presencia de las comunidades indígenas en el territorio con el fundamento de que no tienen personería jurídica o no están reconocidas legalmente. No por banal tal argumento se deja de usar.          

La construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que sale de Tratayén (en Neuquén, tomando el fluido de la explotación de shale gas de Vaca Muerta) hasta Saliqueló (en la provincia de Buenos Aires) le agrega condimentos a la cuestión. El gasoducto, solo en este primer tramo, atravesará cuatro provincias (Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires). ¿Cuántas comunidades indígenas hay en el trazado del caño? ¿Cuántas serán consultadas? ¿Qué implica dicho proceso de consulta en cada caso? 

Si bien Neuquén tiene el esqueleto de un protocolo de consulta, el fiscal Gaitán, antes citado, decía en la misma entrevista radial que “no hay comunidades en Tratayén”. ¿Es así? ¿Y en el resto de Vaca Muerta? ¿Y en las demás provincias implicadas en el gasoducto?

A esta constelación de actores y procesos hay que agregarle el frente de propietarios de la Patagonia analizados en otra nota en esta misma revista. Articulados por Juntos por el Cambio de la mano de Patricia Bullrich, Florencia Arietto y PROtagonistas locales, este grupo de abogados, políticos, propietarios y ciudadanos preocupados por el libre acceso a los bienes públicos se ha articulado en torno de la figura del Consenso Patagonia, con el claro objetivo de desacreditar la demanda mapuche desde el discurso del secesionismo y el terrorismo. Ya están planeando su segundo Foro (a realizarse el 14 de septiembre en Bariloche) y hasta se han convertido en productores audiovisuales. En el plano judicial se encuentran representando a propietarios afectados por los reclamos mapuche.  

Como suele ocurrir y aunque no lo merezca por su complejidad y profundidad histórica, el reclamo indígena queda atrapado en las tensiones políticas de la sociedad mayor.  

Sacralidades en pugna

¿Qué quiere decir que el volcán es sagrado? ¿Qué acarrea el reconocimiento estatal de tal estatus? Lo sagrado no se reduce a “lo bueno”, “lo religioso” o “lo espiritual” sino que forma parte -por lo general de manera acrítica y automatizada- de nuestra propia cotidianidad. 

Lo sagrado suele ser delicado. A veces, peligroso. Requiere un tratamiento especial, en ocasiones solo ejecutado por especialistas. No puede ser tocado por cualquiera ni de cualquier manera y suele tener cierto grado de inviolabilidad. Como efecto produce pertenencias colectivas, límites, afueras y adentros. Tiene correlato con la historia mítica y muchas veces se articula con los relatos sobre los orígenes del mundo, las personas o la sociedad. 

Pijan-Mawiza o Pillan Mawiza quiere decir, en lengua mapuche, “la montaña del pillan”. El pillan es un ser que forma parte del universo mapuche, una persona no humana que interviene en el orden natural de las cosas con funciones y roles específicos. Hay muchos seres de ese tipo en el mundo mapuche, se llaman Ngen y, al contrario de una interpretación simplificada del asunto, el pillan no es “malo”, ni demoníaco, sino que cumple un rol en el mantenimiento de cierto equilibrio. De ese equilibrio también forman parte los seres humanos (che), por eso se hacen ceremonias colectivas y ofrendas y el pillan está presente en las rogativas de esa región. Se trata ciertamente de un ser sagrado y si habita en el Lanín, claramente el Lanín es sagrado también. 

Pero el Lanín también parece ser sagrado para otros sectores de Neuquén. Los neuquinos no mapuche lo identifican como un distintivo de su provincia. Lo dibujan desde niños en la escuela, en la forma de un triángulo. “Es un símbolo de la identidad para todos los neuquinos y neuquinas. Forma parte de nuestra geografía e identidad cultural. Está en nuestro escudo provincial, himno provincial y nuestra bandera”, dijo el gobernador Gutiérrez. Himno, bandera, escudo, todos elementos de la sacralidad estatal, puestos en boca del representante de la voluntad popular (otro mito fundante del sistema representativo). El volcán, además, está sobre la frontera demarcando el límite con Chile. Encima activo y en un Parque Nacional, área sacralizada por el Estado. 

Sumado a ello, otro de los argumentos para el rechazo de la declaración en tanto “sitio sagrado mapuche” es el presunto desconocimiento de los mandatos constitucionales en torno de las autonomías provinciales. La Carta Magna, pacto constitutivo de la Nación, es el texto emblemático de la sacralidad no-religiosa. 

Es decir, no hay duda de que lo sagrado está presente en estas discusiones. Sea en el plano de lo nacional (que provee argumentos a favor y en contra de ambas posturas) como en el ámbito de lo mapuche (que por cierto, no existe tampoco por fuera de lo nacional), el debate en torno de lo sagrado es el que define la arena de disputa. Lo sagrado no se reduce a las culturas indígenas: también el Estado, sus objetos, símbolos y funciones son sagradas. De hecho, al reconocer al volcán, la resolución 484 lo está re-sacralizando.     

Y es que también, por detrás de lo sagrado, se manifiesta el poder. Qué es sagrado y para quién. Tal discusión regula los accesos, restringe los usos, delimita lo propio de lo ajeno y sitúa a las personas en los distintos lados de un territorio agrietado. Disputar la sacralidad es también disputar algunas dimensiones del poder. El tránsito de la sacralidad de la Nación a una sacralidad mapuche, o la inclusión en la sacralidad nacional de sacralidades históricamente excluidas de la misma, aunque no sean excluyentes, va armar revuelo.

La interpelación originaria

La voz mapuche interpela con fuerza. En algún punto, le recuerda al Estado promesas incumplidas y pone en evidencia las violencias de su propio origen, las “Campañas al Desierto”, por ejemplo.  

En este tipo de casos vuelve a exponer la doble vara con que vastos sectores de la sociedad argentina continúan ejerciendo un racismo de fondo. Que amplios territorios patagónicos, incluso dentro de los mismos Parques Nacionales, se encuentren privatizados y cerrados al acceso no escandaliza a nadie. Alrededor del lago Nahuel Huapi, por ejemplo, se despliegan en un complejo entramado de legislaciones superpuestas las ciudades de Bariloche y Villa La Angostura con casas, countries, complejos turísticos y atracaderos que impiden el acceso a las costas o el tránsito hacia los cerros. Pero la simple posibilidad de que algunas comunidades mapuche gestionen un atractivo turístico, presten servicios o sencillamente puedan regular el acceso a un lugar como el Lanín hace que pongan el grito en el cielo desde ex presidentes hasta guías de montaña, pasando por todas las líneas intermedias. Lo mismo en emprendimientos de mayor escala, como gasoductos, petróleo o yacimientos mineros. El Estado reconoce los derechos a consulta para después ignorarlos. 

La interpelación mapuche fuerza a repensar la ciudadanía, a ampliarla, a hacerla más inclusiva y democrática. Eso genera conflicto con otros actores. Parte de ese conflicto se tramita, como en este caso, en disputas en torno de objetos, bienes, lugares o signos sagrados. Y es que, en los tiempos actuales, las luchas en torno del territorio se han convertido en uno de los conflictos más visibles de la zona. Y no solo la derecha ha tomado el convite para convertirlo en uno de sus emblemas. Esta historia continuará.