Durante los primeros días de agosto, un buen número de “vecinos autoconvocados” de Esquel y Trevelin marcharon en caravana automotriz hacia el Parque Nacional Los Alerces para repudiar las “ocupaciones de tierras”, “usurpaciones” y “hechos vandálicos” que, según dicen, se suceden en el Parque Nacional (PN) a partir de una recuperación territorial mapuche. Hubo barilochenses y mascardianos que leyeron un documento en la entrada de Los Alerces ante la negativa a dejarlos pasar.

Pocos días antes Patricia Bullrich, ex-ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, se filmó montando una tranquera sobre la Ruta 40 con intenciones de deconstruir el “relato kirchnerista” sobre la muerte de Santiago Maldonado. Y en el aniversario de la desaparición del artesano algunos hechos puntuales (el bloqueo con palos y piedras de las vías de La Trochita en Esquel, la destrucción de una cruz de madera en el cementerio histórico de este mismo Parque Nacional Los Alerces) habían sobresalido en una zona cordillerana que, al igual que los lagos que la rodean, parece tranquila en la superficie pero está atravesada en las profundidades por fuertes corrientes.  

Todo esto en el marco de una verdadera paliza electoral en las recientes PASO en Chubut que le propinó Juntos por el Cambio (39,48%) al Frente de Todos (26,4%) y, todavía más, a la tercera fuerza (Chubut Somos Todos) impulsada por el gobernador Mariano Arcioni, que quedó a más de 25 puntos de los macristas (13,12%). Un resultado poco sorprendente, tratándose de una provincia que carga con un ciclo de cinco años de crisis crónicas y ha estado continuamente -por una causa o por otra- en la picota de los debates nacionales.   

vuelta al tuwün

Los mapuche son el pueblo originario más numeroso de la Argentina, según el Censo 2010, con más de 200.000 personas que se autoidentifican como tales. Las casi 40.000 que viven en Chubut la convierten proporcionalmente en la provincia más indígena del país, con un 8,5% sobre el total de su población.  Cerca del 80% son habitantes urbanos, insertos en diferentes ramas de la producción y los servicios. Sin embargo no sólo el 20% restante continúa habitando zonas rurales (a veces muy alejadas y desérticas) sino que los lazos urbanos-rurales son mucho más estrechos de lo que podría pensarse en una primera instancia: aunque se viva en la ciudad no se pierde el contacto con el campo, se retorna regularmente, se ayuda a los parientes que allí se quedaron a subsistir. El vínculo mapuche-territorio no está roto. De hecho, actualmente se está reforzando.

Esta actual dinámica demográfica es producto de múltiples factores, entre ellos el despojo sufrido por la población originaria de Norpatagonia hacia fines del siglo XIX, a manos del Estado argentino al este de los Andes y del Estado Chileno al oeste. Tras las “Campañas al Desierto” y la “Pacificación de la Araucanía” el territorio indígena fue violentamente incorporado al fisco, para ser luego objeto de diferentes formas de apropiación privada. La población indígena desplazada inició desde entonces un lento retorno, en condiciones muy adversas.

Las dinámicas económicas y políticas del siglo XX se encargaron del resto: el establecimiento del latifundio, el posterior declive de la producción ganadera, la consolidación de enclaves urbanos y petroleros, el despoblamiento rural y el carácter extractivo y primarizado de las economías regionales configuran el escenario actual. 

La falta de reconocimiento étnico y territorial otorgado por los Estados nacional y provinciales, de la mano de nuevas experiencias organizativas, llevaron a la aparición de nuevas formas de reclamo. Quizás algo se rompió hacia fines del siglo pasado, porque a partir del año 2000 la recuperación territorial mapuche comenzó a adquirir visibilidad y a establecerse como una forma acción directa.

La recuperación territorial mapuche apunta a un retorno a un territorio del que se fue despojado, haciendo entrar en juego conceptos fundantes de la identidad social desde la mirada mapuche, como el tuwün (lugar de residencia y origen) y el küpan (linaje y herencia). A la vez inscribe las trayectorias de familias, comunidades y organizaciones, que muchas veces fueron despojadas y/o se vieron forzadas a emigrar, dentro de una historia mayor, que las trasciende y abarca: la del pueblo mapuche.

Sin ser la única ni la principal, esta recuperación territorial aparece como una acción directa que debe ser entendida en el marco de las fricciones y disputas territoriales en el contexto de una población que fue históricamente despojada (de las campañas en Roca en adelante) y desconocida en sus derechos étnicos y territoriales desde entonces. La potencia de la interpelación que surge de estas acciones directas es tremenda porque apuntan directamente a un centro: la propiedad.

los caravaneros

La caravana hacia el Parque Nacional Los Alerces replicó las movilizaciones que se dieron en meses previos desde Bariloche hacia Villa Mascardi, con objeto de repudiar y combatir el proceso que protagoniza, a la vera de la ruta y frente al lago Mascardi, la lof Lafken Winkul Mapu (se podría traducir aproximadamente como Territorio del Cerro del Lago), lugar donde fuera asesinado Rafael Nahuel en 2017, por miembros de la Prefectura. 

En ambos casos las filas de autos y camionetas aparecen organizadas por vecinos de las localidades cercanas que, sin explicitar ningún tipo de filiación política, se manifiestan “contra las usurpaciones”, “en defensa del Parque Nacional y los bienes públicos” y, en sus formulaciones más claras, en defensa de la “propiedad privada”. Protagonizaron “banderazos” (con la bandera argentina como emblema, por supuesto). Una de las caravanas que salieron de Bariloche hacia Mascardi fue detenida en el camino, antes de llegar. Ocurrió en septiembre de 2020 porque algunas personas que invitaban a participar se habían expuesto en redes sociales exhibiendo armamento e incitando a un desalojo por mano propia. En respuesta, la ex-ministra Bullrich apoyó a los manifestantes, a quienes el Gobierno Nacional dejaba “desamparados”. Tres meses más tarde, en diciembre, Bullrich participó de un Zoom con referentes locales del macrismo y en abril de este año visitó Bariloche para participar de un encuentro “Por la paz, la justicia y contra la violencia extrema en la Patagonia”. Allí se reunió con víctimas de la “violencia protagonizada por las agrupaciones mapuche”. El diputado Fernando Iglesias, invitado al encuentro junto a Waldo Wolff, Fernando Sánchez, Pablo Torello y otros dirigentes relevantes del PRO, señaló que se encontraba en Bariloche “escuchando las escalofriantes historias de agresiones de la RAM de boca de sus víctimas”. Entre los locales, estuvieron presentes el ex-intendente de Cipoletti, Aníbal Tortoriello, el legislador Juan Martin y Diego Frutos, el damnificado y luego incorporado a la militancia del PRO.

Las acciones desarrolladas por este colectivo en conformación, además de las caravanas, movilizaciones y actos frente a la comunidad mapuche, incluyeron la realización y continuación de denuncias penales y la divulgación de la problemática a nivel nacional en distintos medios de prensa que, por lo general, los presenta como ellos piden.

En síntesis, lo que aparece es que frente a la conmoción generada por procesos que tienen en realidad larga data, pero hace poco se han acercado al área urbana de Bariloche, la plana nacional del PRO se presenta como uno de los representantes, en el plano político, de las demandas de los propietarios afectados por el movimiento de recuperación mapuche.

los libertarios

De ahí que desde la mirada propietaria se haga necesario enfatizar algunos mecanismos que demuestren la legitimidad de su posición. Ello se hace acentuando la profundidad histórica de su propia presencia en el territorio, bajo la figura del pionero. Aquí hay una novedad relativa, porque sin desaparecer, han mermado los discursos que niegan la preexistencia mapuche en el territorio patagónico. Los propietarios ya no dicen simplemente que “los mapuche vienen de Chile”, que “los verdaderos indígenas argentinos son los tehuelche”, o que no había población en la Patagonia previo a la ocupación de origen europeo o criollo. La cuestión pasa por distinguir entre los indígenas “integrados” o las comunidades “tradicionales” y otras que plantean demandas radicales. Vinculado a ello, se agitan los fantasmas del peligro que supuestamente representa la demanda mapuche en torno un drama central: la propiedad de la tierra. 

En diálogo con la Fundación Atlas, una fundación “libertaria” de las que pululan ahora que los partidos tradicionales de la derecha han quedado moderados, Leonardo Jones, presidente de la Sociedad Rural de Esquel, señaló en abril (pocos días después de las reuniones de Bullrich en Bariloche y en una emisión virtual que Florencia Arietto se encargó de difundir por Twitter), que él formaba parte de “una familia de descendientes de galeses que pueblan la costa [el este del Chubut] desde 1865”, que el problema no es tanto la comunidad mapuche sino “determinados grupos anónimos bajo banderías o reclamos de autonomía (...); son mas bien grupos de ultraizquierda, del anarquismo”. Y continuó el ruralista: “cuando empezó el conflicto en 2014 muchos entendían que era solo un problema de Benetton. Recién hace muy poco eso empezó a cambiar y la gente comenzó a entender que era un problema de todos […]. Durante un par de años el usurpado era Benetton, entonces muchos productores pensaban que no iba a ser un problema propio nunca. Pero el problema empezó a crecer y ya no se usurpó a empresas grandes o extranjeras sino a argentinos, a descendientes de mapuches”.

La imagen de mapuche usurpando a mapuche y de ataques contra los productores familiares alimenta la idea de un problema “de todos”, lo que permite que los propietarios (o quienes aspiran a serlo, o quienes dependen de ellos) se aglutinen en un bloque unificado que olvida sus distinciones internas de escala e intereses. La bandera argentina viene a ser el emblema que levantan para representar ese “todos” en un discurso que conjuga espacio público, derechos, libertad y propiedad privada en una misma oración y que invita a otros sectores sociales a participar. 

A principios de junio de 2021, auspiciada y organizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una conferencia por Zoom con el título de “Desafíos de la propiedad privada y las identidades culturales indígenas. Análisis jurídico de la problemática en la toma de tierras y las usurpaciones”. Coordinó la charla, que no incluyó la presencia ni la opinión de ningún dirigente indígena ni otro miembro de algún pueblo originario, la politóloga Jimena Pshatakis, quien fuera durante el macrismo la directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la agencia estatal que específicamente se ocupa de los pueblos originarios. En este ámbito uno de los conferencistas, abogado de Bariloche, señaló que quienes llegaron como inmigrantes a la Patagonia “también tienen ocupación tradicional del territorio” y que los sacrificados pioneros tuvieron una “convivencia pacífica” con los indígenas, pero “la herida de la Campaña al Desierto se ha transformado en resentimiento”.

Con la presencia del abogado de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, centenario latifundio hoy bajo control del grupo Benetton, otros juristas que se encargaron de la crítica de la ley 26.160 y el relevamiento de comunidades indígenas que ordena, consideraron que el Estado, al mensurar predios comunitarios que están en disputa, estaba actuando inaudita parte. Es decir, sin avisar a los propietarios y asentando precedentes que hacían a “un futuro no promisorio”. Desde esta perspectiva, el Estado no solo avala las usurpaciones sino que las alimenta y les provee de herramientas legales. 

frente de todos los propietarios

El encuentro fue cerrado por el abogado Daniel Sabsay en una arenga para formar un frente de abogados y propietarios que pusiera un freno a las usurpaciones. Además dijo que las intervenciones originarias buscan imponer un derecho distinto del argentino, que es republicano, y que tal situación puede llevar a la destrucción del Estado nacional. Sabsay también capitalizó su intervención en sendos artículos en los diarios La Nación (que le dedicó un editorial al tema) y Clarín. En sus notas, Sabsay se esfuerza por distinguir las supuestas tensiones existentes entre las formas de propiedad comunitaria y privada, y reconoce que ambas están amparadas por la Constitución Nacional. Sumo como argumento que la propiedad comunitaria no ha sido suficientemente reglamentada ni reconocida para los pueblos originarios. Pero ello no es excusa para que se cuestione o ponga en discusión. Lo que hasta aquí podría respetarse como un argumento político-legal de raíz conservadora deriva rápidamente hacia la agitación de los mismos fantasmas que habíamos encontrado en los Zoom del PRO. “Las pretensiones secesionistas de algunos iluminados violan la esencia de nuestro pacto federal, la Constitución Nacional. Se trata de una aventura que la desconoce de manera grosera y que perturba la paz interior contemplada en su Preámbulo”, afirma Sabsay. Sobre el relevamiento ordenado por la ley 26.160 indica: “Estamos en presencia de una norma de emergencia que ha cumplido quince años. Lejos de merecer una celebración semejante extensión en el tiempo, atenta contra el núcleo duro de la garantía constitucional de la propiedad privada”. Sobre el INAI denuncia que “actúa de manera secreta a través de un expediente que denomina “carpeta” que le permite adjudicar tierras a supuestas comunidades aborígenes sin darles intervención a aquellos que se han visto despojados de sus inmuebles”. Esto es radicalmente falso, pues el INAI no tiene la potestad de entregar tierras. Y así podríamos continuar.

Como síntesis, en un artículo de 2020 Sabsay terminaba afirmando, respecto de las usurpaciones (fueran en Guernica o en la Patagonia): “Frente a tan desconcertantes comportamientos, fenómenos de este tipo se están multiplicando en todo el país. Se premia a quien delinque, mientras que resulta perjudicado quien ha llevado a cabo los trámites para acceder a una vivienda, en violación del principio de igualdad ante la ley. La organización de Profesores Republicanos ha presentado recientemente una proclama sobre este tema, pero tamaña degradación de las instituciones exige de una rápida respuesta de las autoridades nacionales, de lo contrario el Estado de Derecho quedará hecho trizas”.

Al no provenir de las autoridades nacionales la reacción esperada, algunos grupos sociales han tomado en sus manos el ejercicio de la respuesta. Después de la caravana al Parque Nacional Los Alerces el pasado 8 de agosto, una denuncia por abigeato dio lugar a un allanamiento en Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, comunidad mapuche a cuya tranquera se subió Patricia Bullrich y donde, el 1 de Agosto de 2017, desapareció Santiago Maldonado.

Los dirigentes nacionales del PRO se encuentra impulsando las reacciones en articulación con los actores locales. La flamante ultraderecha liberal se sumó también este año a la danza de la indignación blanca. Como en otras oportunidades, primero se avisa por los medios, se realizan declaraciones por parte de dirigentes políticos, se induce cierto estado de indignación y peligro y luego se avanza con el brazo armado, a través de medidas cautelares y órdenes de allanamiento. El frente de abogados, propietarios y políticos en defensa de la propiedad privada está en marcha.