- ¿Cuánto es el tiempo de trabajo neto de cada empleado?, preguntó fingiendo curiosidad el ex CEO de Shell y ministro de Energía, Juan José Aranguren.

- Dos horas treinta y tres minutos, contestó uno de sus asesores.

Pero ambos sabían la respuesta de antemano: estaba detallada en un informe elaborado varios meses antes desde el corazón de la Jefatura de Gabinete, que trazaba un mapa del ajuste de “los gastos” del Estado.

Aranguren tensaba la cuerda. Buscaba horadar la defensa de los 79 trabajadores cesanteados de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la mina de carbón más grande del país, ubicada a 2700 kilómetros de Buenos Aires, bien al sur. Al otro lado de la mesa estaban los representantes de ATE que, sobre el final de la reunión, escucharon una promesa de boca del ministro: “Vamos a reincorporar a los que estén mal despedidos”. La frase era un reconocimiento de lo que verdaderamente importa al gobierno: la modificación del convenio colectivo de trabajo.

¿Por qué el eje de la pelea no estaba en los despidos? Porque ni bien se abrió la negociación paritaria la intervención que lidera Omar Zeidán denunció el convenio colectivo, puso en duda el pago de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) –beneficio que el Estado adeuda desde hace tres años–, y planteó la necesidad de modificar la jornada laboral, mientras una fuerte campaña mediática instalaba la “inviabilidad” de la mina y amplificaba las denuncias de corrupción contra el gobierno anterior.

Lo que ocurre con los mineros de Turbio no es un caso aislado. La discusión sobre la necesidad de modificar los derechos laborales comenzó ni bien Mauricio Macri se calzó la banda presidencial. Y se aceleró con la reforma de Brasil. Pero empezó a sentirse con fuerza durante las negociaciones salariales de 2016, a caballo de las apelaciones a “modernizar” los convenios colectivos de trabajo, un camino alternativo a reformar la Ley de Contrato de Trabajo. A la cabeza de esas modificaciones se anotó Guillermo Pereyra, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, que firmó una adenda al convenio para los trabajadores de los pozos no convencionales, por ahora ubicados en el yacimiento de Vaca Muerta. Lo que se acordó allí fue dejar de pagar algunos conceptos como el tiempo de traslado hasta la boca del pozo, que suele ser de hasta dos horas: se pactó una reducción de salario, que no tiene relación con el cambio tecnológico. Pero no es el único sector donde avanzan este tipo de negociaciones; también los sindicatos de comercio, mecánicos y los estatales de UPCN andan rosqueando de lo lindo.

los santos inocentes

“Pretenden hacer recursos negociando a la baja nuestro convenio laboral”, sintetiza el secretario general de ATE Río Turbio, Miguel Ángel Páez. Y explica con números la lógica que mueve a la intervención de Zeidán, un radical que responde al empresario y diputado Eduardo Costa, dueño de la cadena de supermercados Hipertehuelche: “Para 2017 pidieron al Presupuesto Nacional 3500 millones de pesos para la mina, pero nosotros llevamos nuestro propio presupuesto al Congreso y se lo explicamos a todos los diputados y senadores. Finalmente se aprobó una partida de 4216 millones. Este año la propuesta del gobierno es de 3000 millones, que es menos de lo que propusieron el año pasado”.

En “El estado del Estado. Diagnóstico de la administración pública”, cuya coordinación estuvo a cargo de el subsecretario de Comunicación, Hernán Iglesias Illia, quien responde de manera directa al Jefatura de Gabinete de Marcos Peña, se anticipaba el argumento: “La proporción de las sumas destinadas a salarios sobre el total de los gastos de la empresa subió del veinte por ciento en 2005 al setenta por ciento en 2015. Paralelamente, la cantidad de trabajadores aumentó de manera exponencial: había 1200 en 2005 y casi tres mil en diciembre de 2015”. El problema parecen ser los salarios y la cantidad de personal, no la usina térmica que debería terminarse pronto para cubrir la energía que utilizan cuatro provincias argentinas.

El andamiaje discursivo va directo a construir la idea de “mantenemos vagos”: “horario reducido en mina (turnos de seis horas, con trabajo neto de dos horas y media), cuantiosas licencias, nueve millones de pesos en horas extras (a pesar de trabajar en una mina casi sin producción), un ‘bono anual por eficiencia’ de entre 70 mil y 240 mil pesos, aun cuando se incumplían por mucho los objetivos de producción, y pago de pasajes aéreos anuales sin necesidad de rendirlos, entre otras cosas”.

Lo que el informe no dice es que las horas de “trabajo neto” tienen relación directa con las obras de infraestructura que no se hicieron. Los trabajadores demoran en llegar desde el ingreso al predio de la mina hasta el socavón donde trabajan. Ese tiempo perdido se lo comen los caminos intransitables: el gobierno cambiemita frenó las obras en ejecución que había encarado el gobierno anterior para mejorar los niveles de producción de la mina. La jornada laboral, las licencias para un trabajo bajo tierra, la bonificación anual y los pasajes aéreos para salir a tomar aire fuera de ese paraje desolado que es Río Turbio, son los puntos que se pusieron en discusión apenas producidos los despidos, el 28 diciembre del año pasado, cuando la religión católica recuerda el Día de los Santos Inocentes.

creando grietas

Desde que comenzó la negociación en Trabajo, los cuatro gremios que conviven en la mina denunciaron hostigamiento de parte de la intervención que comanda Zeidán. ATE reclamó el pago del bono anual que se adeuda desde hace tres años, rechazó el cambio de horario en la jornada y advirtió que se estaban intentando hacer modificaciones en el funcionamiento de la empresa que apuntaban a su vaciamiento y achique. La Asociación del Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF también se opuso a los cambios de las condiciones laborales y denunció que se realizan sumarios administrativos muy extensos, que llegan a durar más de ocho meses. Durante ese proceso se suspende el pago de salarios. La misma posición cerrada ante cualquier propuesta de cambio planteó el Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia. También los choferes de trenes de La Fraternidad se mostraron refractarios y marcaron un dato curioso: el plan de retiros voluntarios sí contempla el pago del bono que se adeuda hace tres años.

La negativa a abrir los convenios se apoya en el temor a perder derechos. Los sindicatos –no sólo los de Río Turbio– entienden que están en una situación de desventaja relativa respecto de los empresarios, que lograron sentarse en Casa Rosada sin intermediarios. Así lo detalló un trabajo del Observatorio de las Elites Argentinas –realizado por Ana Castellani, Paula Canelo y Mariana Heredia– que mostró que el 31 por ciento de los funcionarios que llegaron al Estado junto al presidente Mauricio Macri ocupaban antes un puesto de alta o media gerencia en el sector privado.

La explicación oficial sobre por qué y cómo modificar los derechos ganados parece darles la razón: “Queremos mejorar las condiciones del empresario para que pueda generar más empleo. Ir actividad por actividad para ver lo que en algún momento fue una conquista social hoy suena a un privilegio para quien no está formalizado”, sintetizó el vicepresidente de la bancada de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Álvaro González, durante una entrevista radial. Esa definición, que había dado quince días antes de las elecciones legislativas, cobró otro peso ahora, que el macrismo se siente poderoso. Por eso el Presidente fue preciso: “Es ahora o nunca”.

“Ver dentro de tu actividad qué cosas que no terminan de jorderle tanto la vida a los trabajadores formales pero frente a una crisis, frente a una emergencia, donde hay que incorporar a los informales, decir: ¿a vos que te toca estar de éste lado del mostrador estas dispuesto a entregar este pedacito?”, completó González, que centró la argumentación de la reforma de los convenios en la diferencia de derechos que tienen los trabajadores registrados que están representados por sindicatos respecto de los que son contratados fuera de la ley y no están representados por ningún gremio.

Lo que no aparece en la fundamentación del oficialismo es qué porcentaje representa el salario en el costo de las empresas, y tampoco se explica por qué para generar nuevos puestos de trabajo es necesario reducir los derechos adquiridos. “Hicieron una auditoría en los términos que propone Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, que apunta a bajar los costos. Y bajar los costos es bajar el convenio colectivo”, insiste Páez, que tiene 45 años y llegó hace treinta a Río Turbio buscando una vida mejor. Algo de eso encontró en la mina de carbón, donde rige un convenio que tiene aires nórdicos por los derechos que garantiza. Y parece difícil que rediscutirlos no implique, casi necesariamente, bajar la calidad.