Para ahorrar plata en la era del ajuste, para intervenir a favor del gobierno en la elección más difícil, o para recaudar millones de dólares en campaña. Las razones que trajeron a Smartmatic a la Argentina de Mauricio Macri son de lo más opacas. El gobierno de Cambiemos nunca las explicó, las empresas que perdieron la licitación dicen sentirse estafadas y la oposición alerta contra la falta de transparencia, para no hablar de sospechas de fraude. El gobierno, en cambio, dice no entender este “ruido inusitado” ante lo que define como los comicios más importantes desde el regreso de la democracia.

Con un origen venezolano que se esfuerza por negar, Smartmatic nació en el año 2000 y es capaz de hazañas de las más diversas. La primera, haberle arrebatado el negocio del escrutinio provisorio después de 22 años a Indra, el gigante trasnacional que contó los votos que llevaron a la Casa Rosada a cinco presidentes de distinto signo: un radical, tres kirchneristas, un político de cuna empresaria. La segunda, que no trascendió hasta el momento, haberse quedado con el botín a pesar de que la apertura de sobres que hizo el Correo Argentino mostró contradicciones llamativas en las ofertas de los competidores. Un escándalo digno de una mejor República, prolijamente silenciado. 

Las denuncias de la oposición sobre los riesgos de cambiar a último momento el procedimiento de transmisión de datos del escrutinio lograron una acordada de la Cámara Nacional Electoral, pero tuvieron un eco limitado. No es casual. A un negocio que siempre fue viscoso y se cierra de espalda a las millones de personas que van a ir votar el 11 de agosto y el 27 de octubre, se le suma un extraño modus operandi de una compañía que hasta el FBI impugnó en 2006 ante la compra de la firma con sede en California, Sequoia Voting Systems. Rarísimo socio del gobierno que no deja de lucrar con la condena a Venezuela, Smartmatic es conducida por dos hermanos nacidos y graduados en el país de Hugo Chávez. Ahí debutaron como empresarios del rubro y participaron de todas las elecciones hasta 2017, hasta que partieron denunciando a Nicolás Maduro por manipular el resultado de los comicios. Todavía sus detractores le atribuyen vínculos con Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

Radicada ayer en California, hoy en Londres y mañana no se sabe, con capitales que triangulan y sobrevuelan paraísos fiscales, la compañía encargada del conteo provisorio dice tener 600 empleados en oficinas en Reino Unido, Estados Unidos, los Países Bajos, Barbados, Panamá, Venezuela, Brasil, México, Filipinas, India y Taiwán. Difícil saber si en todos es dueña de la misma capacidad de lobby que exhibe en Argentina. El objetivo: reescribir el pasado y borrar antecedentes penosos. Si Google no lo almacena, no sucedió.

somos Venezuela

De Antonio Mugica, su director ejecutivo, se dice que estudió ingeniería electrónica en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas. De su hermano Pedro, que es el presidente de Smartmatic para América Latina. Los dos figuran en la página de la empresa mezclados con un “equipo” que se expande a través de los cinco continentes. La junta directiva exhibe como chairman a Lord Mark Malloch Brown, un diplomático británico que fue secretario general adjunto de las Naciones Unidas y vicepresidente de Quantum Fund, el principal fondo de George Soros.

Pedro Mugica vive en Boca Ratón, la ciudad exclusiva de la costa de La Florida que queda al norte de Miami. Ahí, donde funciona, una de las sedes de Smartmatic, Pedro circula en una Ferrari negra y, dicen los argentinos que lo conocen, actúa como si se llevara el mundo por delante. 

Después de haber crecido en Venezuela, Smartmatic logró hacer pie en Estados Unidos y comenzó a aportar tecnología para elecciones estaduales. Ahora exhiben en su página web la credencial de ser proveedor del Departamento de Defensa y miembro del Consejo de Seguridad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Pedro Mugica, el menor de los hermanos, se encargó en forma personal de abrir las fronteras del país de Cambiemos. Cuando Macri llegó a la presidencia, Mugica comenzó a operar para contratar a los directivos de empresas de la competencia. No ahorró esfuerzos ni mezquinó a la hora de hacer ofrecimientos. Pero no pudo.

Hasta que Smartmatic designó al ex IBM Andrés Rombola como gerente general para el Cono Sur y encontró después la piedra movediza que le abrió las puertas del macrismo. Fue Jorge Born hijo, el heredero del emporio que oficia de lobbista y se encargó de construir el nexo con el gobierno. Como apuntó Hugo Alconada Mon en su libro “La raíz (de todos los males)”, Born estuvo entre los aportantes destacados de la campaña de Macri 2015. La información es confirmada por almas anónimas pero poderosas que habitan en las oficinas del Correo, la empresa Indra y el gobierno nacional. Un mundillo que se reduce a un grupo de empresarios, los funcionarios de turno, los lobbistas multirubro y algunos especialistas entre los que se destaca Alejandro Tullio, el abogado radical que fue Director Nacional Electoral durante casi dos décadas y conoce como nadie la faena de los votos.

el especialista

Tullio desembarcó en el puesto en 1999 y atravesó indemne el interregno de Eduardo Duhalde y la larga década kirchnerista. Fue reemplazado cuando Macri llegó a la Casa Rosada, pero en 2017 –justo antes de votar– fue rescatado como Director de Asuntos Públicos del Correo, la compañía estatal que –con el macrismo– comenzó a ocuparse de organizar las elecciones. Apoderado del PRO, jefe de asesores del Presidente y uno de los contados “accionistas” del proyecto amarillo, el egresado del Cardenal Newman José Torello fue el encargado de convocarlo para su nueva tarea. Pocas cosas duelen más en el peronismo electoral que ver a Tullio jugar para el equipo del Presidente. Lo que hizo toda la vida.

De fina sintonía histórica con Indra, “José Elecciones” se siente devaluado por el gobierno de los Ceos y hubiera preferido, probablemente, que la trasnacional ibérica siga aportando su garantía. Pero viejos conocidos como el peronista Jorge Landau desconfían y piensan en la intimidad que es suya todavía “la mano que mece la cuna”. Recluido y todo, Tullio es el único que entiende de comicios dentro de una administración donde la mayoría de los funcionarios nunca pisó una escuela. 

el lobbista

Presidente de la Fundación Bunge y Born, el empresario que trajo a Smartmatic a la orilla de Macri es ingeniero agrónomo, tiene 57 años, un avión privado y un barco amarrado en el puerto de Barcelona. Atiende en su estudio de Marcelo T de Alvear al 600, a unos metros de la calle Florida. Desde su oficina se ve la Plaza San Martín y se adivina el río. Aunque prefiere no hablar con periodistas, algo parece claro: la discreción no es lo suyo. Se cansó de decir en círculos empresarios que había puesto plata para la campaña de Macri y que estaba en la cruzada por recuperarla. No sólo eso. Born comenzó a oficiar como lobbista de firmas que competían en distintos rubros por alzarse con el botín de negocios con el Estado. “Mauricio me dio una lista de compañías”, “tengo mucho acceso a la ministra de seguridad” son frases que se le atribuyen desde hace tiempo en el corredor que va desde Retiro a Puerto Madero pasando por Casa Rosada. 

Su compromiso con el negocio del escrutinio quedó explicitado el 25 de marzo en la cena de gala del CCK, durante el agasajo a los reyes de España. Compartió la Mesa 6, detrás de la del presidente, con otros dos notables: el representante global de Indra, Fernando Abril Martorell –ahora devenido su víctima– y Patricia Bullrich, la ministra estrella que conoce a los Born desde que era poco más que una adolescente. Pero mientras el directivo de Indra estaba en un extremo, al lado de Daniel Funes de Rioja y el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina, Born estaba sentado a la izquierda de Bullrich y su esposo Guillermo Yanco.

La afinidad entre la ministra gendarme y el hijo del empresario secuestrado por Montoneros es antigua y lleva a coincidencias sorprendentes. Mientras Born se codea con la política, la abanderada de la doctrina Chocobar se asume como encargada de salir a defender la transparencia del escrutinio. Lo hizo el 11 de junio pasado en conferencia de prensa, aunque no explicó cuál es su expertise en la materia, además de su relación con el lobbista de Smartmatic. Empleado con fama de eficiente, el ministro de Modernización Andrés Ibarra no se animaría a tanto. 

En 2017, la compañía apadrinada por Born compitió por la licitación del escrutinio provisorio pero cayó ante una Indra que venía invicta, gobierno tras gobierno. A los venezolanos le dieron un premio consuelo: la licitación de una prueba piloto de identificación biométrica en Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Salta y Jujuy.  

Para las elecciones de este año las cosas fueron distintas. José Torello y Nicolás Caputo comenzaron a operar, cada uno por su lado, en busca de aportantes para la campaña de Macri. Los dos tocaron ventanillas similares, aunque era Nicky el que estaba confundido: pedirle plata a las empresas que compiten por contar los votos no era la mejor de las ideas. “Ahí no, porque Carrió nos está mirando. Que vaya a robar a otro lado”, se le oyó decir al jefe de asesores de Macri, en la residencia de Olivos, cuando se enteró.

La intención de Torello era que Indra siguiera con el negocio pero que bajara el precio de la contratación. Mientras la multinacional española pretendía cobrar 23 millones de dólares -como en el contrato de 2017, aunque después de una devaluación furiosa- , el ex Newman que es íntimo del Presidente sugería que el pliego debería costar varios millones menos. Finalmente Indra bajó el precio a 19 millones de dólares, pero estaba destinada a perder.

Por un camino paralelo, Born avanzaba con reclamos de recuperar lo que había aportado para la campaña de Macri 2015. Consultados para esta nota sobre el rol del lobbista y el origen venezolano de la compañía, desde Smartmatic pidieron preguntas enviadas por mail, las leyeron y las dejaron sin respuesta.

los sobres

En este 2019, Smartmatic presentó la oferta más baja y ganó una licitación valuada en 17 millones de dólares, que –siempre sucede– terminará costando en definitiva entre 20 y 22 millones de dólares.

Para alzarse con la victoria, la empresa radicada en Londres superó a Indra, a los catalanes de Scytl y a los colombianos de Thomas Greg & Sons. Nadie en esa esfera orina agua bendita.

Indra tiene como presidente en Buenos Aires a Ricardo Viaggio, que cuenta entre sus valiosos antecedentes con un pasado como directivo en Itron, la compañía tecnológica de Socma. Director general para el cono sur de la multinacional española, conoce al clan Macri desde el tiempo en la política les resultaba un terreno viciado y ajeno. 

El obstáculo principal para Smartmatic no fue la poderosa Indra sino la catalana Scytl, que contaba entre sus asesores especiales al ex director global de Procesos Electorales de Indra, Jesús Gil Ortega. Desplazado por Abril Martorell con el argumento de irregularidades en Angola en 2012, Gil Ortega conoce de primera mano la escena argentina del negocio de los votos.

Los cuartos interesados eran una compañía de origen colombiano, Thomas Greg & Sons. Todos fueron parte de una licitación que, para los perdedores, fue un simulacro innecesario. Con nota del 16 de abril al Correo Argentino, Viaggio presentó una impugnación de 14 páginas en las que denunció “gravísimas inconsistencias”, se quejó de un proceso “ilegítimo” y “arbitrario” y pidió que se suspenda en forma urgente la licitación y la apertura de sobres. En el punto 1.3, el representante de Indra puso el dedo en la llaga: “Aprovecho la oportunidad para denunciar una causal de desestimación de oferta (...) una nueva irregularidad en el procedimiento de selección ya que según surge del Acta de Aperturas de Ofertas Económicas del 12 de abril SCYTL no cumple con la obligación de presentar una garantía de mantenimiento de oferta del 5% del monto ofertado, por lo que su oferta deberá ser desestimada”.

Curtidos en el negocio que dominan como pocos, los directivos de Indra no tienen pruebas pero tampoco tienen dudas. En el segundo piso de la sede del Correo, en Brandsen 2070, alguien cambió los sobres. Es la única explicación que encuentran para lo que aparenta ser un error de principiantes en un requisito básico a la hora de presentarse a una licitación: que la garantía o póliza de las empresas que compiten por el negocio sea proporcional al monto de la oferta. Mientras Scytl aportaba una cifra que no llegaba al 5% (U$S 820.000 sobre U$S 17.899.000), curiosamente Smartmatic la superaba (U$S 1.500.000 sobre U$S 17.093.000).

“Los señores cristalinos y puros cambiaron los sobres”, me dice sentado en su despacho uno de los empresarios que conoce el rubro de primera mano y participó del proceso de licitación. 

Hermanados en un barco y a mitad del río, el gobierno y la empresa ganadora no desconocen la irregularidad pero la reducen a una falla de los catalanes, que quedaron descalificados. “La que actuó mal perdió”. “¿Cómo van a cambiar los sobres? No hay ninguna presentación. Están filmadas las cajas de seguridad con la firma de todos los oferentes. Se sellaron los sobres y se fajaron las cajas. Nadie tuvo acceso a eso”, responden desde Casa Rosada. 

El mismo día en que se conoció que Smartmatic ganaba el negocio del escrutinio provisorio, Indra también recibió una buena noticia: la licitación del rediseño del espacio aéreo, un premio consuelo de valor mucho menor que llegó con una precisión de la que el macrismo carece en otras áreas. Igual que había sucedido con los ganadores de 2019 en 2017.

el escándalo que no fue

También señalada por irregularidades en distintos puntos del globo pero con una experiencia muy superior a la de los novatos de Smartmatic, la caída de la multinacional Indra no es fácil de barrer bajo la alfombra del cambio. Con 37.000 empleados en 46 países y cotización en las bolsas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, tiene fuerza para dar batalla. 

Desde Madrid, Abril Martorell insistía de mal humor con la necesidad de presentar una demanda ante la justicia con el gobierno de Macri. Nombrado en 2015 por el Partido Popular en una compañía que tiene la mayor parte de su paquete accionario en manos del Estado, Martorell fue ratificado hasta hoy por el socialista Pedro Sánchez. El derrotado no se quejaba sólo por haber perdido. Como a sus directivos en Buenos Aires, lo enfurecía haber trabajado y destinado recursos para una licitación que resultó una farsa. 

Si no avanzaron con denuncias, dicen desde Indra, fue por dos motivos que figuran en un orden discutible. Primero porque podía demorarse el proceso electoral, el resultado de los comicios y el nombre del próximo presidente. Segundo, por la diversidad de negocios que la multinacional tiene con el Estado argentino: vigilancia aérea, tráfico aéreo, tecnología militar, ciberdefensa, radares…

La larga lista de objeciones de la oposición y las denuncias de falta de transparencia de los especialistas serán sometidas a prueba el 11 de agosto y el 27 de octubre. Smartmatic deberá sostener en los hechos la publicidad favorable que paga. Pero la decepción en el Círculo Rojo por el intercambio de favores, los aportes oscuros para la campaña y el modus operandi de los defensores del cambio no tiene vuelta atrás. Es una trama oscura de poder que tal vez quede en el olvido si Macri es reelecto. Pero también puede servir para explicar su fracaso, si los votos que va a contar la empresa de los hermanos Mugica no alcanzan para ganar.