A 3000 kilómetros de Buenos Aires, con apenas 136.000 electores (el distrito más chico del país), recursos naturales propios, atractivos turísticos y una ley de promoción económica, nadie entiende muy bien por qué los procesos políticos y la calidad institucional en Tierra del Fuego están tan degradados como en los estados provinciales que arrastran 150 años de historia.

Para el observador inexperto, la elección fueguina se dirimirá entre dos candidatos kirchneristas a la gobernación, y uno de Cambiemos que según cualquier encuesta tiene asegurado un muy cómodo tercer lugar. Pero la batalla política es mucho más compleja e incluye los intereses económicos de una burguesía fueguina enquistada en las esferas del poder y dispuesta a reacomodarse una vez más, hasta donde se lo permita el veredicto de las urnas.

Los intentos fundacionales por generar un sistema electoral innovador –para, por ejemplo, eliminar las listas sábanas en los estamentos legislativos– terminaron convertidos en engendros de poca o nula utilidad. Los fueguinos pueden tachar de la lista de diputados provinciales a los candidatos que no les gusten, pero la clase política se encargó de subir el porcentaje de “tachas” que hacen falta para modificar la lista original hasta un piso del 50% que rara vez se alcanza.

Los vecinos de Ushuaia pueden, en cambio, preferir a los candidatos a concejales con una tilde al lado del apellido del postulante. Si las “preferencias” superan el 15%, ese candidato desplaza al resto y se ubica primero, rompiendo la lista sábana. Pero el juez electoral acaba de considerar que el sistema debería ser declarado inconstitucional, porque –a grandes rasgos– un 15% del electorado tuerce la voluntad del 85% que votó la lista completa.  A ello hay que sumarle que, por aplicación de las preferencias, los hombres desplazaron a las mujeres y el Concejo se constituyó en su totalidad por varones, dejando de lado el cupo femenino del 50% que rige para la confección de las listas.

Como los actuales legisladores se negaron a encarar una reforma política y a implementar las PASO provinciales, rige una ley que facilita la proliferación de partidos  y candidatos. El resultado es que en las elecciones del domingo, donde se elige en forma simultánea gobernador y vice, 15 diputados provinciales, 3 intendentes (de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin) y 21 concejales municipales, los fueguinos entrarán a un cuarto oscuro con 73 boletas en Ushuaia y 77 en Río Grande, para buscar sus candidatos entre 1015 nombres, y con una lapicera en la mano con la que podrán tachar a diputados y preferir a concejales, sin confundirse, y si es que antes no sufren una embolia cerebral o un ACV.

peronismo pragmático

La actual gobernadora Rosana Bertone intentará su reelección a través de una alianza con el “kirchnerismo puro” de la provincia, llamada “Unidad fueguina”. Bertone es una peronista pragmática que construyó múltiples contactos políticos durante su trayectoria como diputada y senadora nacional. Ello le ha permitido mantener diálogo y “abrir puertas” en época de zozobra económica, sin distinguir entre interlocutores por razones ideológicas y ni siquiera partidarias. Ese rasgo, que podría apuntarse como una virtud, también le ha generado críticas de todo tipo.

Cuando la segunda mujer en gobernar Tierra del Fuego (la primera fue Fabiana Ríos, entre 2007 y 2015) asumió en 2016, la provincia era un hervidero. El sistema previsional estaba en crisis y las jubilaciones se pagaban en cuotas, sumado a la inercia de una dirigencia gremial acostumbrada a conflictos permanentes para mantener una ecuación inviable: más del 90% de los recursos públicos se destina al pago de salarios.

Para peor, el escenario nacional, otrora favorable, se convirtió en una sucesión de ajustes agravada por la idea del gobierno de Macri de reducir (y si fuera posible desaparecer) a la industria electrónica que constituye la principal fuente de empleo privado de la isla.

Bertone lidió con esta situación tomando decisiones fuertes: cambió por ley el régimen jubilatorio, soportó el vendaval de conflictos estatales y congeló durante un par de años el sueldo de los empleados públicos. En términos políticos, se alejó del kirchnerismo y se alineó dentro del peronismo ortodoxo en Alternativa Federal, mientras comenzó a fomentar una relación con el macrismo (que llegó a tenerla como aliada) basada en la necesidad de mantener la provincia a flote y en hacer equilibrio con los sucesivos ministros de industria para que el tsunami sobre la producción industrial tuviera la menor cantidad de víctimas posibles.

Dicen los opositores que Bertone “sobreactuó” su relación con la Casa Rosada y el rol de “tercera posición”, lo que la llevó a perder las elecciones legislativas de 2017. Desde entonces reconstruyó su relación con el intendente de Ushuaia y jefe de La Cámpora Walter Vuoto, con el diputado nacional Martín Pérez, y edificó la alianza con la que busca ser reelegida en el cargo.

La gestión bertonista es criticada por haber tomado un endeudamiento de doscientos millones de dólares en el exterior con destino exclusivo a obras de infraestructura, por haber encarado la construcción de una ruta costera en el Canal Beagle que según sectores ambientalistas pone en riesgo el paisaje y el patrimonio arqueológico de la zona y, entre otros aspectos, por su “pasado macrista”.

Con el “regreso” a las filas kirchneristas, Bertone abandonó Alternativa Federal para sumarse de lleno a las aspiraciones presidenciales de Alberto Fernández, quien le ha manifestado su apoyo explícito e incluso ha integrado a varios funcionarios bertonistas a su equipo de trabajo.

el socio oscuro

¿Y contra quién compite Bertone? A simple vista contra el intendente de la ciudad de Río Grande, Gustavo Melella, un radical K que exhibe como mérito haberse opuesto durante estos cuatro años al “ajuste de Macri” y haber gestionado una ciudad “con recursos propios, sin recorte de derechos y con un plan de obras que salta a la vista”.

Sin embargo, Melella enfrenta dos denuncias judiciales muy delicadas, que se relacionan entre sí. En agosto del año pasado tres obreros de la construcción dijeron ante la justicia que el intendente les pedía “favores sexuales” a cambio de empleo y de cobrar tareas ya realizadas. Contaron que el funcionario los captaba para realizar obras públicas, y que cuando estaban por finalizar los trabajos los retiraba del lugar y las obras eran facturadas por empresas allegadas al municipio.

Según la denuncia, el intendente convocaba luego a los trabajadores (a veces a su domicilio particular) y les exigía el cumplimiento de esos favores a cambio de seguir trabajando y de cobrar lo que ya habían hecho. La imputación por “abuso sexual coactivo” que impulsó el fiscal Guillermo Quadrini chocó con la reticencia del juez Raúl Sahade, que a nueve meses de iniciada la causa nunca indagó a Melella y en cambio hizo declarar tres veces a las supuestas víctimas, entre otras irregularidades que le valieron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

El abogado de los obreros, Francisco Giménez, amplió la denuncia por irregularidades en la contratación de obra pública municipal y reveló datos escalofriantes: el 73% de las licitaciones públicas realizadas por el municipio de Río Grande entre 2012 y 2019, por un monto de 142,3 millones de pesos, y el 54% de las licitaciones privadas, por un monto de 118 millones de pesos, fueron adjudicadas a tres empresas “vinculadas” a la administración municipal: Zimentar SRL, Dapco SRL y Constructora Patagonia SRL, que además se quedaron con el 81% de las contrataciones directas en el mismo período, por un valor de 53,2 millones de pesos.

El dato clave es el vínculo entre algunas de estas compañías y el llamado “clan Loffler”, miembros de una familia de Río Grande conformada por empresarios, abogados, contadores y jueces que conducen el sector mayoritario del Movimiento Popular Fueguino (MPF).

El intendente kirchnerista de Río Grande (sin el apoyo de CFK y Alberto Fernández) se presenta en alianza con el MPF del “clan Loffler” y según las encuestas peleará voto a voto, el sillón de la gobernación más austral del país.

cambiemos pero que no se note

Como en otros distritos donde el nombre resta más de lo que suma, en Tierra del Fuego “Cambiemos” irá a los comicios provinciales con otra denominación: “Ser fueguino”. Con una curiosidad: tanto el PRO como la UCR hicieron todo lo posible para no presentar candidatos a gobernador, ya que la marcada polarización entre Bertone y Melella pone a la fuerza macrista en la antesala de un resultado, al menos, poco decoroso.

Tras amagar con no competir por la gobernación, media hora antes del cierre de listas, “Ser Fueguino” postuló a Juan “Pipo” Rodríguez, un histórico dirigente radical que se hizo cargo de la responsabilidad mientras otros líderes mejor posicionados, como el diputado nacional Héctor “Tito” Stefani, optó por disputar la intendencia de Ushuaia y el ex intendente de la capital fueguina Federico Sciurano se anotó como primer candidato a diputado provincial.

Desde el punto de vista de la realidad nacional, los fueguinos ya eligieron su futuro. Van a votar a un gobernador o a una gobernadora que apoya la candidatura presidencial de Alberto Fernández, que podría adaptarse a un presidente peronista no kirchnerista, pero que definitivamente padecerá una eventual reelección de Mauricio Macri. Sobre eso no tienen dudas.

La batalla provincial es mucho más subterránea y menos conocida. Está plagada de adornos, marketing, slogans, fake news y publinotas. Es poco atractiva para otras jurisdicciones y fundamental para la democracia local. Está disfrazada de juego electoral pero en realidad es una pelea de negocios. Se trata, ni más ni menos, que de distinguir a los lobos hambrientos que llevan ropaje de corderos fueguinos.