Cuando después de esas situaciones
de violencia

volvés al territorio

y entrás en contacto con sus sonidos,

¿cómo te explico?

El sonido del territorio vuelve a tu cuerpo

y devuelve tu cuerpo al territorio.
 

(Pewma ull, Soraya Maicoño)

Hay una bandera azul con una estrella blanca de ocho puntas en lo alto de esa rama. Se sostiene sobre la tranquera improvisada de troncos, alambres y palos como si hubiera sobrevivido a una tempestad. En mapuzungún se llama Wüñellfe y es el primer indicio de que ese pedazo de tierra dentro del Parque Nacional Los Alerces no está solo. Para llegar hay que subir una montaña en dirección a la cordillera nevada de Los Andes, a unos 38 kilómetros desde la ciudad más cercana, Esquel (Chubut), y alejarse otros 5 de las oficinas de la Administración de Parques Nacionales (APN) por un camino empedrado y después cruzar a pie los restos de un puente de madera quemado, el rumor del arroyo tranquilo —Pailako en idioma mapuche—, deslizarse por las ramas del costado y caminar. Desde la tranquera no se ve pero varios metros más adelante la primera ruka —casa— se eleva apenas, cerca de una loma plagada de vegetación. La Wüñellfe es identidad pero también irreverencia. El 3 de mayo pasado el presidente de APN, Cristian Larsen, quien fue parte de la campaña presidencial de la ahora ministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajó todas las insignias de los pueblos originarios y dijo que de ahora en adelante la única bandera que va a flamear en los parques nacionales es la argentina. Pero aquella rama, en lo alto, todavía la sostiene.

los sospechosos de siempre
 

El Lof Pailako ocupó y reivindicó una porción de territorio como ancestral mapuche dentro del Parque Nacional Los Alerces durante 2020, en plena pandemia, y fueron judicializados. “La figura que usaron fue despojo hacia Parques Nacionales”, dice Lemu Cruz Cárdenas. A él, Larsen le dedica periódicamente posteos en sus redes sociales: “violento”, “falso mapuche”, “pseudo mapuche”, “se te acabó la joda”. El nuevo presidente de APN proclama que con su gestión llegó el orden para “devolver los territorios a todos los argentinos” y que Cárdenas debe abandonarlo. No se refiere al Lof sino a él. Como si la comunidad no existiera, como si APN desconociera por completo lo que sucede en esas hectáreas. Al poco tiempo de la reivindicación y la denuncia penal, la gestión anterior de APN había implementado una mesa de diálogo intermitente que logró algunos puntos de acuerdo que no llegaron a firmarse. Hubo encuentros, negociaciones, visita al Lof por parte de las autoridades, intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y más. Desde el 10 de diciembre de 2023, todo lo actuado cayó en el olvido.

Pero Larsen no fue el primero en ubicar a Cárdenas en el terreno de la sospecha. Juan Cabandié, exministro de Ambiente, en febrero de 2023 declaró a la prensa que el joven mapuche se encontraba prófugo tras haber iniciado los incendios forestales que consumieron 1200 hectáreas de parque. Ya en ese momento, dice Cárdenas, se presentó ante la Justicia federal para conocer los cargos que se le imputaban y le informaron que no existía ningún expediente. Lo mismo le sucedió durante los incendios forestales que asolaron al parque durante el verano de 2024 y que afectaron más de 1500 hectáreas. A las acusaciones de Larsen se le sumaron las del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que aseguró a la prensa que se encontraba imputado e incluso procesado. Pidió “medidas ejemplificadoras” a la Justicia y hasta convocó al FBI para las pericias.

Lo imperdonable, quizás, para el Estado es que Cárdenas fue brigadista por 7 años. Se rebeló contra sus aprendizajes, se reafirmó como mapuche, dejó de cantar el himno nacional y de participar de los actos patrios que, con su tradición militar, organizaba APN. Hasta que renunció a su puesto.

La única causa judicial que tuvo impulso real fue la de usurpación por despojo. Como parte de la defensa jurídica, Lof Pailako pidió al Grupo de Estudios de Memorias Alterizadas y Subordinadas del Conicet que realizara un informe científico sobre su formación histórica y territorial. El estudio etnográfico recuperó la tradición mapuche tehuelche preexistente en Los Alerces y recopiló las historias familiares. El documento presentado echa por tierra el mito racista del “falso mapuche” y pondera el trabajo de la memoria emprendido por las generaciones posteriores que “propicia la socialización de las experiencias dolorosas o de injusticia que permite (…) entender los procesos sociales contemporáneos”. No obstante, el 15 de agosto de 2024 el juez federal Guido Otranto —que intervino y fue recusado en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado— ordenó el desalojo. La decisión fue apelada y confirmada por la Cámara de Apelaciones. Al momento de esta publicación la medida se encuentra en pausa, a la espera de lo que defina la Corte Suprema. En esa ventana de incertidumbre, crisis visita a Lof Pailako y ensaya con ellos algunas hipótesis sobre por qué —aunque no lo parezca— la vida mapuche no era tan distinta antes de que asumiera la ultraderecha en el Gobierno nacional.

negociaciones infructuosas
 

La pava para el mate sobre las brasas, la leña encendida en el centro de la ruka circular que amortigua los 3 grados de temperatura, y Maru que no dice su apellido para evitar que la denuncien por usurpación. “El mundo indígena tiene un modo de hacer política con trawün —parlamento— constante, para escucharse, llegar a entendimientos, consenso, y el sistema tiene otros tiempos y formas verticalistas, aceleradas”. El proceso de negociación con APN antes de los libertarios tuvo su principal escollo en la percepción de que, a pesar de los diálogos, no se hablaba el mismo idioma. “Aun si hay intenciones reales de dialogar, partimos de lugares muy diferentes. Tienen que aceptar coexistir con pueblos antiguos y no siempre hay predisposición para eso”. Alrededor del fuego los interlocutores pasan la palabra, entran y salen, buscan leña, convidan mate, miran a veces con desconfianza.

“La gestión del gobierno peronista nos propuso la resolución alternativa de conflictos a la que fuimos, primero, sin abogados y articulamos con el INAI que se ofreció a intervenir para que se arme la mesa”, cuenta Cárdenas. APN estaba dispuesto pero había que consensuar. Las negociaciones estaban encaminadas, los puntos del acuerdo establecidos, hubo sendas reuniones y borradores, pero la firma nunca se concretó.

“A lo que nos habíamos comprometido lo cumplimos casi todo, nosotros ya habíamos hecho un acuerdo de palabra. Pero Parques no cumplió”.

futuro ancestral
 

Hay dos puntos principales cumplidos por el Lof que contrastan con las denuncias mediáticas de Larsen. El primero, que liberaron el paso del camino viejo que llega hasta las inmediaciones de la reivindicación territorial. Y el otro, que desde diciembre pasado también desocuparon una casa donde funcionaba una seccional de guardaparques. Su permanencia allí había generado antipatía de los trabajadores de APN y de los vecinos de Esquel y Trevelin, fricciones y denuncias sobre pedradas contra vehículos por parte del Lof, sumado al descrédito mediático con relación a los incendios forestales. “Tomar la seccional es como tomar un cuartel. Cuando ya estás declarando una guerra, atacando al Estado y violando leyes, no te la perdonan, por eso hablo siempre de la inteligencia política, porque si no tenés a la sociedad convencida de que lo que hacés es justo y humano, no avanzás ni un centímetro”, reflexiona Walter Fernández, trabajador de APN en Los Alerces.

Eso que todavía no permea en la sociedad quizás tenga que ver con que las reivindicaciones territoriales, lejos de ser solo una respuesta a la crisis habitacional, tienen otras razones que comienzan por entender qué es el territorio para la cosmovisión mapuche. Lo tangible y no tangible, la posibilidad de desarrollo de un modo de vida distinto al modelo de las ciudades. “Significa una vuelta a la filosofía y economía mapuche, a los trabajos espirituales. Lo que vemos como territorio, el winka lo ve como recurso u objeto explotable que se extingue, no tiene sentimiento de empatía”, dice Weke de Lof Pailako. Y Maru agrega: “También se reivindica para ofrecerle a pichikeche —niñeces— que tengan la oportunidad de crecer alimentándose de la propia siembra, que estos sean sus primeros contactos con los árboles, las plantas, que no tengan que crecer en ambientes tan tóxicos y alejados de su historia”. Que esas infancias, dice, no lleguen como ellos a los 30 o 40 años a tener que revisar todo lo aprendido para reconstruirse como mapuche.

En ese marco, ¿qué tipo de políticas debería implementar el Estado para los pueblos indígenas que reivindican territorio? Cárdenas dice que lo primero sería un reconocimiento verdadero del despojo y las matanzas que sufrieron, que implique una devolución real de las tierras. “Ahora, con este gobierno, no creo que estén dispuestos”.

Mientras tanto, queda pensar nuevas formas de resistencia. Curra, que solo da su nombre mapuche como prevención ante una posible denuncia penal, asegura que “la gente, mapuche o no mapuche, si no mira cómo se vivió no va a encontrar una resistencia. Tiene que estar vinculado a su historia. El progreso puede llevar a la destrucción, eso no quita que no aceptemos algunas cosas, sino que el pueblo mapuche sufrió el avance del progreso, no tuvimos respeto al proceso de crecer y hasta hoy no lo tenemos, porque nunca se van a tomar nuestros tiempos”.

memoria de una recuperación
 

Es como si Lof Quemquemtrew hubiera estado ahí desde siempre. La sensación añeja de aquellas rukas, el río que se adivina por el rumor líquido, la soltura cotidiana de los animales: perros, ovejas, gallinas, gatos. Ese ir y venir por la leña, una coreografía equilibrada entre adultos y niños, la nieve incipiente en el vidrio del auto, el crepitar metálico de la salamandra. Al paraje de Cuesta del Ternero, a 50 kilómetros de El Bolsón (Río Negro), se llega por camino de tierra, trepando una montaña que después serpentea, un laberinto de piedras, pozos y ramas que cortan el paso. Ante la posibilidad de un operativo policial quizás le juegue a favor. “El tiempo en que no fuimos noticia, donde no teníamos nueva orden de desalojo, era mejor porque lo que uno quiere es vivir tranquilo”, dice Romina Jones. Y, sin embargo, hay todavía un resto de alivio en los rincones de la casa, risas. Se pospuso el juicio oral por usurpación que pesa sobre la comunidad para fines de septiembre de 2024 y ese lapso le da un respiro. Todavía no sabe que la justicia provincial ordenará el desalojo y la condenará, junto a otros dos integrantes de la comunidad, a un año y seis meses de prisión en suspenso como coautora del delito de usurpación de su propio territorio ancestral.

El 18 de septiembre de 2021 el Lof decidió, después de un largo proceso, que allí recuperarían su espacio territorial mapuche. Aquella decisión fue —casi de inmediato— resistida por el tenedor del predio, el empresario Rolando Rocco, a quien el Gobierno de la Provincia de Río Negro le cedió, en los 80, un total de 2500 hectáreas para la explotación forestal de pino por el término de 90 años. La recuperación de Quemquemtrew reivindicó, en sus inicios, 300 de esas hectáreas. No obstante, ante la posibilidad del desalojo y la necesidad de estrategias de cuidado colectivo, se mantuvo dentro de las 10.

“Sabemos que las recuperaciones territoriales van a seguir pasando, aunque quizás hoy el momento de la política no da porque no es lo mismo uno que ya está en territorio recuperado y ya atravesó un momento represivo. Donde ya hubo una muerte es más difícil volverse, hay algo ahí que queda”, dice Romina. En ese territorio, el 21 de noviembre de 2021 —a dos meses de haber entrado— dos trabajadores de Rocco asesinaron a un miembro de Lof, Elías Cayicol Garay. Llegaron armados y con autorización de la policía provincial pasaron los retenes que, hasta ese momento, no dejaban entrar o salir a nadie más para evitar que les alcanzaran mercadería o abrigo a quienes permanecían en el Lof. “En su momento sitiaron el lugar, quedamos arriba y había peñis que se calzaban la mochila con paquetes de harina o de fideos, pero tenían 3 o 4 horas para subir con ese peso y el riesgo porque la policía del COER estaba por todos lados. Los retenes duraron casi 6 meses”, cuenta Alejandro Morales de Lof Quemquemtrew.

El crimen de Elías selló una especie de quietud entre Rocco y el Lof. Los asesinos fueron encarcelados, Rocco y la policía deslindaron sus responsabilidades y en las tierras de Cuesta del Ternero, en estos pocos años, esa paz armada les permitió desarrollar un poco más la vida comunitaria. “Como mapuche, el territorio es la necesidad de volver a tener una conexión con otra fuerza y lo lindo de que te acepte en el lugar”, dice Alejandro. Sin embargo, el contexto de creciente avance represivo del Gobierno de Milei y las alianzas del gobierno provincial con el empresariado avivaron el fuego de la causa judicial que pasó, sin previo aviso, a instancia de juicio oral. Otra vez, la inminencia del desalojo.

“que no haya un Larsen en esos lugares”
 

La lectura política actual, dice Romina, no puede despojarse del proceso de extranjerización de la Patagonia que comenzó desde hace mucho tiempo a partir de la expulsión de sus tierras de los pueblos indígenas y la creación de Parques Nacionales en 1922, hasta la actualidad de la mano de empresarios como Lewis, Benetton, Roemmers, por nombrar algunos. “Hace unos meses todos festejaban la Patagonia rebelde de los gobernadores contra Javier Milei pero, al poco tiempo, la provincia se estaba alineando al 100% con la nación, ya aprobaron la Ley Bases y el RIGI (Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones), que van contra los pueblos originarios”. En mayo pasado, Lof Quemquemtrew le acercó una carta al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, con un pedido del diálogo ante el posible desalojo. De manera informal, él les comunicó que estaba dispuesto a conversar pero, desde la aprobación de la Ley Bases, dejó de contestar. “Nosotros pedimos que la solución sea política, no represiva. En sus discursos Weretilneck decía que escuchaba a las comunidades mapuche y ahora nada”, apunta Romina.

En cuanto al ámbito nacional, reflexiona: “Antes era más fácil mantener un diálogo con nación, con los Fernández. Lo que no quita que hayan reprimido y accionado contra las comunidades como en Mascardi (contra el Lof Lafken Winkul Mapu). Con Macri y ahora con Milei, salen a festejar y arengan al desalojo y las amenazas. Nosotros estamos dentro del margen de la Constitución Nacional, no vinimos a robarle nada a nadie, a nosotros nos despojaron antes de nuestros territorios”.

En la experiencia de Quemquemtrew, algunas políticas identitarias serían útiles si se llevaran a cabo en la práctica real. “Pero todo depende de las presiones de afuera, nosotros tuvimos poco acercamiento con el INAI, escuchan sobre todo cuando pasa una situación grave como lo de Elías”. Pero qué pudo y puede hacer la política, se pregunta, para evitar que lo grave suceda. Y agrega: “Hay leyes bonitas que no se cumplen y organismos como el INAI que no tienen peso al lado del Ministerio de Seguridad. Si esas instituciones que creó el Estado para el resguardo de los pueblos originarios tuvieran equipada su fuerza política dentro del gobierno, con otros ministerios… El INAI puede hacer ciertas cosas, pero después cualquiera lo pasa por encima. Es necesario que esas instituciones tengan peso y que no haya un Larsen en esos lugares”.

Hay que buscar todas las estrategias, dice Romina, que permitan sostenerse en el territorio. “Hoy nuestra postura es buscar el diálogo y, si hay violencia, que sea del otro lado”.

es solo una cara indígena
 

Las políticas del Ejecutivo diseñadas para los pueblos indígenas, si bien contribuyeron a sus procesos formales de conformación, no garantizaron el acceso real a los derechos al territorio ancestral reconocidos en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales. Fabiana Nahuelquir, antropóloga mapuche de la Comunidad Vuelta del Río de El Hoyo, Chubut, fue parte de la mesa de diálogo que logró —en junio de 2023— un acuerdo a favor de las mujeres mapuche detenidas tras el desalojo del Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi (Río Negro). En aquel momento, la violencia del desalojo motivó la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Hace solo unas semanas, aquel acuerdo fue anulado por la Cámara Federal de Casación Penal. Para Nahuelquir, ese proceso y el que atraviesan las otras recuperaciones territoriales ponen la mirada sobre el momento en que el Estado empezó a cooptar las agendas indígenas ya que no fueron institucionalizadas desde un lugar de poder. “Se da entonces el uso de una representatividad, de una cara indígena para dialogar, pero no hay modificaciones profundas. Pensemos: ¿qué dejó la ley 26.160 de relevamiento territorial?, ¿qué cambió en la agenda ambientalista o en la educación intercultural?”.

Así, Luciana Jaramillo del Lof Lafken Winkul Mapu dice que el Estado no reconoce el genocidio indígena y que “desde sus inicios ha tenido políticas de asimilación e integración forzosa hacia las naciones originarias, incapaces de reconocer la riqueza de las múltiples identidades”. Las instituciones estatales, entonces, terminan siendo estamentos burocráticos que ni siquiera tienen la capacidad de intervenir en los procesos judiciales de las recuperaciones territoriales. Y la persecución, una consecuencia casi necesaria de esa lucha contra los intereses empresariales, inmobiliarios y extractivistas.

“Tenemos sobradas razones y argumentos para retornar a los territorios, no naturalizamos la represión, luchamos por algo legítimo. A pesar del hostigamiento y del encarcelamiento, lo que logran es fortalecer nuestra decisión de retornar”, dice Luciana, que solo pudo volver al rewe —sitio ceremonial del cual fue desalojada— pocas veces desde que la liberaron en 2023. El lugar permanece militarizado por el Comando Unificado.

Al cierre de esta nota, tras la anulación del acuerdo, Luciana fue apresada en una comisaría de Bariloche por orden del juez federal Hugo Greca. Luego, liberada con prisión domiciliaria hasta el inicio del juicio oral por usurpación del territorio que reivindica como ancestral. Finalmente, fue condenada a dos años de prisión en suspenso junto otros integrantes del Lof. Sus abogados y organizaciones denunciaron ensañamiento racista del Poder Judicial. Un eslabón más del entramado estatal, a la medida de sus propios intereses.