Bajo la gestión de Jorge Macri y su estandarte de recuperación del espacio público, los operativos contra la venta ambulante se intensifican en la ciudad de Buenos Aires. La máquina de limpiar las calles la integran policías, funcionarios y una organización ciudadana que ejerce de panóptico social, la oenegé Buenos Vecinos (BV). Su líder, Gloria Llopiz Ortiz, dice que el suyo es un activismo pro derechos humanos, aunque cueste vislumbrar allí un reclamo universal.
A las 10:37 del 9 de mayo, la cuenta de X @ArgentinoProm, conocida como TBD News, difunde el video del ataque a Richard Flores, un trabajador migrante boliviano brutalmente golpeado seis días antes en Ezpeleta, provincia de Buenos Aires. Los comentarios que se descargan en el post festejan su muerte, ocurrida luego de la agresión. Sobre su cuerpo racializado se proyectan violencias históricas.
En los dos casos, es fundamental la producción de imágenes que se agregan a las corrientes de la recomendación algorítmica, agite para la tropa propia y vectores de un nuevo orden que extiende sus raíces en sustratos centenarios.
buenos muchachos
Goodfellas es un clásico de mafiosos dirigido por Scorsese. El doble sentido que da título a la película se tradujo en Latinoamérica como Buenos muchachos y en España como Uno de los nuestros. No hay ironía en el nombre escogido por Gloria Llopiz Ortiz para su oenegé: Buenos Vecinos. Hay en cambio una demarcación entre “los nuestros” y “los otros”. BV se presenta como una “organización independiente de vecinos que trabajan para mejorar el lugar donde habitan”. Desde 2012, esta vocación comunitaria de los porteños de bien se ejerce hostigando a vendedores ambulantes, persiguiendo a personas en situación de calle y acosando a trabajadoras sexuales. Una saña especial va dirigida contra lxs migrantes, a quienes les señalan que “este no es su país” y “las leyes de Argentina se respetan”.
Llopiz Ortiz se define como periodista y “principal CEO” del grupo. Tuvo un programa radial, columnas en revistas barriales y es una activa bloguera. En 2015 dio sus primeros pasos en la política, en la elección comunal de CABA, dentro de la lista de Sergio Massa para la Comuna 3, que abarca los barrios de Balvanera y San Cristóbal. Según relata, todo empezó en 2013: “Al llegar a mi casa en Balvanera, me encontré con las veredas llenas de manteros, lo cual me sorprendió porque venía de una Barcelona muy ordenada. Me pregunté si todo eso estaba regulado, y a partir de ahí comencé a involucrarme”. En 2019 registró una primera versión del sitio web buenosvecinosba.com.ar y el mismo año se incorporó a las reuniones del Consejo Consultivo de la Comuna.
La web de BV es un índice del activismo del pequeño colectivo: quejas sobre el espacio público, denuncias contra los invasores que lo mal usan, promoción de actividades con alguna comuna o autoridad. La guerra contra la venta ambulante comenzó en 2020, pero al principio era fácilmente ignorable. Hasta que en mayo de 2022 organizaron una marcha “contra las mafias” frente a la Comisaría 3A, ubicada a pocas cuadras de la estación de tren de Once. Portando carteles contra las “veredas tomadas” advertían: “No nos vamos a callar, no les tenemos miedo”. Denunciaban al Estado porteño por la “vulneración de los derechos humanos que se produce en nuestro territorio”, acusando a policías y funcionarios porteños de cómplices de “contrabandistas”, “tratantes de personas” y “extorsionadores disfrazados de organizaciones”. La invocación de los derechos humanos parece disonante, sin embargo a alguien le debe haber resultado convincente porque Llopiz Ortiz fue, durante el gobierno del Frente de Todos y mientras organizaba este tipo de acciones, asesora de la Dirección de Proyectos e Investigaciones del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, un organismo descentralizado del Ministerio de Justicia de la Nación.
Pocas semanas después, en julio de 2022, aparecieron las primeras denuncias judiciales por extorsión y asociación ilícita contra referentes migrantes de la organización Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que luego fueron ruidosamente difundidas en programas de televisión. El acoso judicial se mantiene, con esa y otras causas judiciales que incluso alcanzan a Juan Grabois.
Las prácticas de los Buenos Vecinos no se limitan a las vías de reclamo institucional y las notas en los medios amigos. Desarrollaron un dispositivo de acción directa: con un megáfono en una mano y un celular en la otra, recorren las zonas ocupadas por los indeseables a quienes escrachan en las redes por dedicarse a actividades extremadamente perjudiciales para el Estado de derecho, entre ellas la venta de paltas en las esquinas. Los videos musicalizados como si se tratara de una excursión por los fondos más bajos de la criminalidad organizada agitan el racismo realmente existente. Georgina Orellano, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, cuenta que la campaña de BV contra el trabajo sexual deriva en ataques directos. Por ejemplo, tirarles agua caliente a las personas que usan las veredas para trabajar o dormir.
En algún momento BV pasó de denunciar la complicidad de la Policía de la Ciudad con los negocios al margen de la ley a apoyarse en esa fuerza para desplegar su programa de limpieza social. Para explicar este cambio de etapa hay que remontarse a las Comisarías Cercanas/Comisarías Abiertas, impulsadas por Horacio Rodríguez Larreta en 2017, que con el fin de “acercar el Estado a los vecinos” convocan a reuniones en todas las dependencias policiales para recoger “reclamos y sugerencias” y “evaluar las soluciones implementadas”. A través de este mecanismo, BV empezó a aportar material audiovisual que luego es usado en las denuncias contra, por ejemplo, los vendedores callejeros.
Con los años, el armado político de BV se fue ensanchando con lazos institucionales y vínculos con el ecosistema derechista. Su sitio web fue relanzado en 2021, registrado y diseñado por Denis Fernando Romero, el actual director de Gestión Informática de Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Milei, quien como libertario de la primera ola, “coordinador IT” del partido, aún tiene a su nombre el sitio milei2023.com.ar. En 2023, Llopiz Ortiz y otros integrantes de BV integraron la lista comunal de Aptitud Renovadora, un espacio autodefinido como de centro derecha y liderado por Juan Pablo Chiesa. Las boletas a legisladores las encabezaron Fabio “Gaucho” Onetto, conductor de Crónica TV, y Delfina Meza Wagner, investigada por su relación con la trama de activistas radicalizados que estuvo detrás del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. No lograron ninguna banca, pero dejaron clara su intención de convertir a la vigilancia callejera en poder institucional bajo el lema “primero los porteños”.
La exigencia de expulsión de los extranjeros y los trabajadores sexuales del espacio común recorre toda la historia moderna de la ciudad de Buenos Aires. En su libro La patria chica, Manuel Tufró remonta la genealogía de la relación entre las élites vecinales y la policía hasta las primeras décadas del siglo XX; ya por entonces no se trataba de ciudadanos que querían controlar el uso de la fuerza policial sino de un “nosotros” que quería colaborar con la domesticación de las costumbres: frente al ruido molesto y el desborde, la higienización. A lo largo de los años la vigilancia vecinal fue adquiriendo nuevas formas pero siempre tuvo poco que ver con la disminución de los índices delictivos: “De lo que se trata más bien es de gestionar eficazmente las interacciones cotidianas de manera de poder excluirlas a categorías enteras de personas”, afirma Tufró. Hoy, en ese ejercicio de soberanía moral para decidir e indicar a las autoridades quiénes merecen habitar la ciudad, los Buenos Vecinos no están solos. Un caso similar es el de Elena Gallardo y sus Vecinos en Alerta en la Comuna 7.
El gobierno de Jorge Macri es notablemente menos eficaz que el de su predecesor en lo relacionado con el cuidado de la ciudad, colapsada de basura en todos sus rincones. Pero mientras tanto publicita el desalojo de los cuerpos indeseables: manteros, personas sin techo, vendedores son removidos de la calle, la hidrolavadora lustrando la vereda vacía como símbolo civilizatorio. Los Buenos Vecinos son su sostén capilar. Carlos, migrante y mantero en Once desde hace más de diez años, cuenta que hoy cada operativo organizado por la Policía junto al personal de Espacio Público e Higiene Urbana los obliga a escapar de manera improvisada. “Hace poco casi atropellan a una compañera que intentaba huir de los motorizados que la perseguían por la vereda”, relata. Aun así, los nómades, los no-vecinos, resisten.
más ojos para la bondad
Detrás del núcleo de la colaboración vecinal está el intercambio con el aparato institucional que respalda y sostiene, que da espacio a sus acciones directas y amplían su capacidad de incidencia. Si al principio aseguraban vigilar tanto a los civiles como a la Policía, su vínculo con las fuerzas de seguridad hoy parece consolidado.
Algunos testimonios vecinales sugieren vínculos entre BV y funcionarios de la Policía de la Ciudad. Alberto Aguilera, representante de la agrupación de vecinos Manzana 66 Verde y Pública, relató que en una reunión de comisarías de la Comuna 3, Gloria Llopiz de BV asistió “acompañada por un agente”. Según Alberto, Gloria recolecta información que generan los vecinos y luego presenta los reclamos a la Policía con su nombre.
BV no es la única ONG que mantiene este tipo de comunicación con las fuerzas de seguridad. La lógica de la vigilancia social en las comunas se extiende a otros espacios similares. Grupos como Vecinos en Red operan como un sistema de gestión rápida de reclamos y dicen estar presentes en más de 15 comunas; o Vecinos en Alerta, otra organización de Parque Chacabuco que concentra su militancia en la comuna 7.
Muchos testimonios apuntan que, desde el principio de la gestión de Jorge Macri, este tipo de organizaciones vecinales pasaron a tener más poder, alineándose a la política de seguridad del Gobierno de la Ciudad: “Por una ciudad más limpia”. No solo se trata de tener las calles despejadas en sentido literal, sino también de mantener el intercambio con los vecinos para decidir quién puede ocupar la ciudad y quién no.
Tiempo Argentino publicó una nota sobre grupos de WhatsApp creados por la Policía de la Ciudad como canales no oficiales para recibir denuncias, que sirven para que no queden registradas y, así, bajen los índices de inseguridad. También funcionan como un canal informal donde los vecinos y vecinas aportan material audiovisual de personas en situación de calle o vendedores ambulantes que después se usa para desplazarlos o criminalizarlos.
Hay en esta relación un vínculo simbiótico, donde uno sirve como informante, y los otros utilizan esa información para ejecutar y legitimar sus programas de hostigamiento, control y exclusión.
turbia batalla discriminatoria
El 23 de abril la cuenta de X @ArgentinoProm, conocida como TBD News, publicó 32 tuits para instalar que “más de un millón de nuevos bolivianos sin ahorros y sin estudios buscarían ingresar a la Argentina escapando de la crisis”. Ese mismo día, el canal de televisión Crónica lo dio por cierto y lo reprodujo al aire y en sus redes. Algunas semanas más adelante, TBD festejó el suicidio de Richard Flores, luego de haber sido linchado en la zona sur del conurbano bonaerense como represalia porque había chocado accidentalmente su auto contra los cajones de una verdulería.
@ArgentinoProm fue creada el 27 de enero de 2023 y acumuló 39.500 seguidores hasta su eliminación el 18 de marzo de 2025, el día de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. Funcionó como un búnker de producción y circulación de contenido antimigrante, con un ritmo de publicaciones tan alto que permite inferir una administración colectiva: “¿Plan Andinia?, más bien Plan Andina. Estamos siendo invadidos por millones de bolivianos que crean villas y exigen planes donde sea que caen. El nacionalismo argentino es una mentira, por 20 años fueron funcionales a la invasión limítrofe” (22/5/2025).
Un entramado de cuentas en X orbitan alrededor de estas ideas y las expanden. Para evitar bloqueos o restricciones, estos usuarios construyen un léxico propio; así, la sigla TBD opera como una contraseña que nuclea a una comunidad digital. Su origen se puede rastrear hasta el sitio web 4chan, donde la fórmula “Total + [grupo racializado] + Death” funciona para articular persecuciones. El caso más documentado es el de TND (Total Nigger Death, muerte total a los negros), acrónimo de las comunidades supremacistas blancas en Estados Unidos. Existen entonces dos hipótesis sobre el significado de la sigla TBD en nuestro país. La primera la traduce como Total Bolivian Death o “muerte a los bolitas”. La consigna de odio no se delimita tanto por una cuestión de nacionalidad como por el aspecto, acento o vestimenta que remitan a una otredad indígena. La segunda hipótesis circula en los márgenes del campo ultra, aunque con escasa adhesión. Según el usuario @PibeAncap se refiere a Totalitarian Biopolitics Doctrine (Doctrina Biopolítica Totalitaria). Esta versión camufla el programa racista bajo una pátina de gobernabilidad y orden estatal que propone un plan migratorio restrictivo para reparar la soberanía nacional destruida por el proyecto de la Patria Grande.
Tras el cierre de la cuenta principal de la comunidad TBD, la energía cibermilitante no se apagó sino que se distribuyó en otras cuentas como @argdefender (Alt Right Argentina) y @news1984_ (1984 News). @Argdefender: “Hay que volver a hablar sobre razas y dejar de lado la pelotudez de la nacionalidad. Nosotros tenemos más en común con un germánico noruego que con cualquiera de los 6 millones de cholos bolitas que tienen la nacionalidad argentina” (16/5/2025). El Manifiesto TBD, creado por @ArgentinoProm en abril de 2025, reclama la “deportación masiva de legales e ilegales que hayan ingresado bajo el Plan Patria Grande”, al que califican como una amenaza demográfica, y una reforma migratoria “selectiva” que priorice a quienes “trabajen, estudien y enriquezcan nuestra cultura”.
En las sombras del algoritmo, estas cuentas funcionan como vanguardia agitprop. Hay método en el aparente caos: acoso a figuras públicas, memes violentos, chistes racistas. El anonimato esmerila el volumen real de la comunidad, los usuarios parecen muchos y dispersos, como si se tratara de un movimiento autoconvocado, legítimo y multisectorial. Lo cierto es que se retroalimentan entre sí hasta que logran permear en las conversaciones más amplias, muchas veces ayudados por el consumo irónico o crítico que sin pretenderlo los distribuye fuera de sus burbujas. Pero la comunidad TBD sí encontró eco en funcionarios como la senadora provincial por La Libertad Avanza Florencia Arietto —discípula de Patricia Bullrich en la escuela de la mano dura y en la de cambiar de fuerza política para estar siempre en la vereda del sol—, el diputado Agustín Romo y Ramiro Marra —más vinculado con otro grupo similar, Argentina Para Argentinos—, quienes replican los contenidos en sus cuentas verificadas.
Incluso, al observarlos de manera sostenida es notable cómo mutaron de su cuenta central a una constelación de perfiles independientes, anónimos y transitorios. Hay muchos ejemplos como los de @maicenitachan o @GordoAntiProgre que comparten su mensaje con el mismo odio anti inmigrante sin usar la sigla TBD. Estas redes son dinámicas y proclives a conflictos internos, como hace unos meses cuando @news1984_ fue doxeado por uno de sus seguidores bajo la acusación de ser un “villarruelista”.
Este fenómeno constituye una molecularización del activismo: se disipa el centro unificado y se multiplica el mensaje en núcleos descentralizados. Esto dificulta su monitoreo y, a la vez, actúa como un vector de aceleración para su propaganda ideológica. Los doxeos internos revelan las luchas de poder y la desconfianza dentro de estas mismas comunidades, mostrando que la violencia digital que se restringía a la lucha entre “progres” y “fachos” también se aplica a los disidentes internos.
Hasta ahora esta radicalización nacionalista blanca tuvo expresión política concreta en la reforma migratoria por decreto presidencial que, usando el mismo tipo de datos falsos que las comunidades online sobre la cantidad de extranjeros que viven en el país, les hace la vida más difícil a “todos los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino”, salvo que lleguen al país con 500 mil dólares en la mano. Algunas de las cuentas de la galaxia racista anunciaron el DNU algunos días antes de su publicación. La transformación en curso desborda los enunciados que se presentan como transgresores de la corrección política para empezar a redefinir quién merece pertenecer a la Nación, bajo qué criterios de pureza, utilidad o tradición.
acostumbrarse a todo
A fines de 2013 y principios de 2014 un parpadeo de violencia social hizo palidecer las promesas de la década ganada. Una huelga policial enturbió las aguas de la gobernabilidad. En una ola de saqueos murieron catorce personas, la mayoría jóvenes, en distintos lugares del país, a manos de ciudadanos que defendían sus propiedades. Semanas después, en enero, David Moreira, de 18 años, fue asesinado a golpes por un grupo de vecinos cuando intentó robar una cartera. Las noticias sobre linchamientos llegaron a la decena.
Las imágenes se reprodujeron una y otra vez. Era posible detectar que por abajo se descomponía el imaginario brillante de los derechos. La patria ya no era el otro a pesar de que esa consigna recién se había pronunciado. En aquellos días, Horacio González escribió un artículo titulado “El linchador”, googleable: “Lo que ocurre necesita imagen y es de fuerte visibilidad. Al contrario de la degradación humana que introdujo el terror militar en los 70, que necesitaba de su invisibilidad para intimidar, del lugar vacío y no de lo público y notorio. La eficacia recóndita del anónimo pateador de la cabeza de un ladronzuelo sangrante en el pavimento es lo contrario-complementario de lo que precisó la napa profunda de la sociedad para saberse aterrorizada hace treinta años: lo incorpóreo, lo etéreo inimaginable, la sangre no vista. Lo visible, ahora, es un llamado del destino”. Como está de moda decir: se fingió demencia.
Dos corrientes vuelven a hervir en el subsuelo de la patria. Por un lado, un supremacismo criollo que reactiva el nacionalismo blanco y excluyente base de la Argentina moderna. Esta matriz no es mera añoranza del pasado, sino un reclamo de expulsión real del otro. Al mismo tiempo, la vecinocracia —término propuesto por Esteban Rodríguez Alzueta para agrupar los linchamientos y otras formas de punición por mano propia— traduce al supremacismo en el ejercicio directo del control barrial, regulando quién tiene derecho a habitar la ciudad y bajo qué condiciones.
Los vigilantes cívicos se asocian con fuerzas policiales y operadores del Gobierno para hostigar y criminalizar a personas que trabajan en el espacio público. Construyen sus baterías de información audiovisual que luego intercambian con comisarías, abastecen a los medios y crean un régimen de visibilidad de lo popular: el laburante racializado y humillado por el vecino. El mismo mantero que viste a las clases medias empobrecidas con ropa que imita a las marcas que ya no se pueden comprar reaparece en Instagram como el que debe ser borrado de la ciudad que desea todo porteño de bien.
En esta intersección nace el verdadero desafío político: entender que no se trata de dos fenómenos disociados sino de un ensamblaje. El supremacismo a lo criollo ofrece el horizonte ideológico y simbólico; la vecinocracia provee la tecnología política y el armado operacional. Juntos construyen un régimen que combina la micropolítica con la política oficial. El debate conceptual en torno al carácter fascista de las fuerzas que hoy gobiernan el país se escurre como agua entre los dedos frente a interrogantes más concretos: ¿esta politización reaccionaria por abajo que hace del otro un enemigo exterminable encontrará un límite? ¿O este tiempo verá nacer una movilización social de ultraderecha en donde el patrullaje civil se extienda más allá de cualquier reserva democrática?
La libertad no avanza solo con discursos o acciones belicistas; teje su hegemonía en la trama misma de lo cotidiano normalizando sus mecanismos. Como propone el sociólogo Pablo Semán: no arrasa, pero sedimenta. Su verdadera potencia reside en esta domesticación de lo intolerable, en convertir la lógica del cerco y la purificación en algo recursivo. Desafiar este entramado exige más que análisis: requiere fisurar esa normalidad, reclamar la calle como espacio de encuentro e intercambio, y construir una comunidad capaz de ofrecer una pertenencia sin lugar para el fantasma del exterminio.
