El debate alrededor de la reforma de la Ley de Migraciones realizada por el gobierno de Mauricio Macri era innecesario en términos reales porque los datos no avalan la posición del Poder Ejecutivo: no es cierto que hayan aumentado los casos de inmigrantes que delinquen, pero el tema le suma votos en un año en el que aspira a lograr la mayoría parlamentaria.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich manipuló las cifras penitenciarias. Una y otra vez, la funcionaria repitió que, entre los detenidos por delitos vinculados con drogas, el 33 por ciento era extranjero. El CELS mostró que esos datos correspondían únicamente a las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, porque si se tomara en cuenta la totalidad de presos en el país, resulta que la cifra de extranjeros detenidos por delitos de drogas se reduce al 17 por ciento. En números absolutos son apenas 1426 personas y, además, es una proporción que se ha mantenido estable en los últimos quince años. Hay que tomar en cuenta, además, que los extranjeros representan únicamente el 4.4 por ciento de la población total en la Argentina.

Si se desglosan los casos, se descubriría que muchos de los acusados o condenados son víctimas de las redes de explotación del narcotráfico: mujeres utilizadas como “mulas” para transportar drogas o pequeños vendedores. Los escalafones más bajos del millonario negocio.

Con su discurso, Bullrich alimentó el prejuicio de que “los extranjeros” vienen a quedarse para delinquir, principalmente en el negocio narco. ¿Cómo negarse a que se les complique el ingreso, la radicación; que se facilite su expulsión? Lo que muy pocos explican es que es una obviedad que en todos los países hay extranjeros detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico: es un crimen transfronterizo, pero ¿en realidad es tan grave en Argentina? ¿Ameritaba cambios en la ley? No. Pero en la era de la post verdad, lo importante no son los hechos, los datos concretos, sino ideas basadas en falacias que calan hondo en las sociedades, que dispersan lugares comunes como “la gente quiere seguridad”.

En redes sociales, en los titulares de los medios, en comentarios de lectores, en programas de radio o televisión se pudieron leer o escuchar frases como: “Los inmigrantes delincuentes”, “¿Por qué delinquen los extranjeros?”, “Deberían exigirle el triple de requisitos a los bolivianos”, “Hace 30 años Mendoza tenía gente muy hermosa trabajadora, ahora uno camina por el centro de las ciudades mendocinas y solo se ve gente enana, fea, morocha de mal aspecto”, "El paraguayo que viene a trabajar va a ser bien recibido, pero aquel que tiene malos antecedentes, ¿qué puede aportar a la Argentina?", “Seguimos importando extranjeros pobres”, “En otras épocas los inmigrantes venían a trabajar, ahora vienen a delinquir”.

En su gira mediática, la ministra de Seguridad reforzó la discriminación: " acá vienen ciudadanos peruanos y paraguayos y se terminan matando por el control de la droga… muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen tanto sea como capitalistas o como ‘mulas’, como choferes o como parte de una cadena en los temas de narcotráfico".

La respuesta más enérgica provino del gobierno boliviano. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, condenó “esta suerte de estigmatización contra nuestros compatriotas bolivianos que coincide con el discurso Trump, que es un discurso xenofóbico, en apariencia exacerbador de sentimientos patrioteros". No se quedó sólo en palabras. El presidente Evo Morales envió luego a Buenos Aires una comisión encabezada por el presidente del Senado, Alberto Gonzáles, para que evaluara los alcances de la reforma migratoria macrista. El senador todavía no informa las conclusiones del viaje, pero sí tuvo tiempo de preguntarse qué harán Juliana Awada y las grandes marcas de ropa en sus talleres si ya no dejan entrar a bolivianos al país. Una ironía directa a la denuncias de trabajo esclavo que sufrió la empresa de uno de los hermanos de la primera dama.

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Hace quince años que radico en Argentina y uno de los aspectos más gratos de tener documentos oficiales de dos países es la facilidad con la que realizo los trámites migratorios cuando llego a Buenos Aires y a la Ciudad de México. En ambas ciudades entro como local. Cuando tramité la residencia tuve que presentar, como todos los extranjeros, mi comprobante de antecedentes penales. Siempre ha sido un requisito.

El año pasado algo empezó a cambiar y no fue en los aeropuertos. El famoso “por qué no te vas a tu país”, frase que siempre me ha parecido un berrinche y que escuchaba de manera ocasional como respuesta a cualquier comentario crítico que hacía sobre la política argentina, se fue volviendo más recurrente. Jamás me afectó el ánimo. No presto atención a los insultos ni a las descalificaciones, pero sí me di cuenta de que cada vez más personas evidenciaban su xenofobia y racismo. Descalificaban mi opinión por ser extranjera. Y ya no eran sólo casos aislados.

A principios de febrero, a raíz del endurecimiento de la Ley de Migraciones en la Argentina y de la oleada de prejuicios que recorre el mundo escribí en las redes sociales: “Soy una inmigrante mexicana en Argentina pero no soy una delincuente en potencia. Ningún inmigrante lo es. No lo somos aunque así lo quieran hacer creer”.

Hubo comentaristas que coincidieron con el mensaje. Otros intentaron tranquilizarme con posturas egoístas: “si no eres delincuente no tenés por qué preocuparte”. Algunos más justificaron la reforma: “está bien que el que tenga antecedentes penales se tenga que ir”, pero eso ya ocurría.

Una mujer me reclamó: “¿Por qué no contás mejor cómo México discrimina y deporta a migrantes argentinos? Hablo con conocimiento de causa. #Desagradecida”. Como si la discriminación en un país justificara la de otro. Un lector concluyó, en una triste definición, que “todos somos delincuentes en potencia”.

El mensaje más repetido, el que más me sorprendió fue: “ojalá te deporten”.

Así que el “por qué no te vas a tu país” ya pasó de moda.

Me desconcertó que los términos xenófobos se hubieran propagado en la Argentina de una manera tan rápida y sólida como para que, de repente, muchas personas pidieran una de las promesas electorales más exitosas de Donald Trump: deportación.

Por supuesto que ni el presidente de Estados Unidos ni el de Argentina inventaron la discriminación o el racismo. Son factores siempre presentes en las sociedades, más o menos evidentes dependiendo de la época. Lo que sí hacen los dirigentes políticos es validar esas actitudes con sus discursos. Cuando los funcionarios macristas defienden el endurecimiento de las leyes migratorias y asustan a los ciudadanos con los supuestos peligros que representan los extranjeros, cuando políticos de cualquier partido o personajes mediáticos hablan de “delincuentes extranjeros” o acusan directamente a determinadas nacionalidades de problemas internos, los xenófobos se envalentonan, se sienten amparados para atacar, para denostar a “los paraguayos”, “los bolivianos”, “los peruanos” así, en general. Para ellos, todos son delincuentes, por lo menos en potencia.

El racismo queda en evidencia, también, porque las acusaciones y el temor siempre están dirigidos a los inmigrantes latinoamericanos, jamás a los europeos.

Los prejuicios ya se habían impulsado el año pasado con debates sobre los extranjeros que se atienden en hospitales públicos o estudian en la Universidad de Buenos Aires, en un discurso con nulo sentido de la solidaridad y que excluye los aportes sociales, culturales y económicos de las comunidades migrantes. Esta idea del “otro” como una amenaza que no es tal.

Uno de sus principales exponentes fue el senador Miguel Ángel Pichetto cuando dijo: “El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia, y ajuste delictivo de Perú. Hablando con un médico del Hospital Rivadavia me dijo que todo el mes de noviembre estaba ocupado por ciudadanos que vienen del Paraguay a operarse e intervenirse en distinto tipos de operaciones y no hay ningún tipo de reciprocidad”.

En esa oportunidad, los datos también desmintieron las acusaciones: según el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, apenas el 0.1 por ciento de las personas internadas en hospitales públicos residen en otros países. En la UBA pasa algo similar: hay sólo un 4.4 por ciento de estudiantes de extranjeros.

A la construcción de ese discurso se sumaron los operativos para desalojar con violencia a los manteros. Fue usual escuchar críticas hacia “africanos” y “peruanos” por no pagar impuestos al vender en la calle. En las últimas semanas, la noticia fue que en Misiones le quitaron la jubilación a mil extranjeros, principalmente paraguayos y brasileños, que jamás habían vivido en la Argentina.

Pese a que en ningún caso las cifras son significativas, en un sector de la sociedad pervive el prejuicio de que los extranjeros vienen en masa y aprovechan para atenderse gratis en los hospitales públicos, estudiar gratis en la universidad pública, traficar drogas, trabajar en las calles para no pagar impuestos y cobrar jubilaciones sin haber trabajado. Es una gran mentira que, como bien lo sabe Trump, suma votos.