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el aguante senegalés
Se estima que en Argentina viven hoy más de diez mil senegaleses, una presencia que no pasa desapercibida para el aparato de persecución policial y jurídico porteño a la hora de regular la venta callejera, bajo el auspicio de marcas como Nike. Un relato sobre la supervivencia cotidiana de los inmigrantes africanos, entre el aprendizaje del idioma, el inventarse un laburo y la nostalgia por el origen.
Fotografía: Gala Abramovich
11 de Febrero de 2019

La mañana del último 8 de junio, Abdou Lahat Faye recibió una llamada a su celular: “Entró la policía a tu local, vení pronto que se llevan todo”. Eran las 8 am. Abdou le gritó a su hermano Aliou que lo acompañara y corrieron las cuatro cuadras que los separan del primer piso de una galería sobre la calle Bartolomé Mitre, en el barrio de Balvanera. La investigación impulsada por la fiscalía Contravencional y de Faltas N°35 a cargo de Celsa Ramírez, autorizada por el juez Ladislao Enre, tenía un objetivo específico: allanar 27 locales, departamentos y habitaciones de hotel de senegaleses en la zona de Flores y Once considerados depósitos de mercadería ilegal. En total secuestraron 70.667 productos -bufandas, anteojos, cinturones, gorras y bijouterie- comprados en locales mayoristas. Después, le retuvieron el comprobante de residencia precaria.

Abdou tiene 29 años y llegó a Buenos Aires en 2015 con el deseo de mejorar su condiciones de vida. Su hermano, instalado en la ciudad cuatro años antes, lo alentó a emprender el viaje y le ayudó a pagar el pasaje. La diferencia entre ambos países es un abismo. Con secundario completo, a Abdou le costaba encontrar trabajo. Fue empleado de un comercio y vendedor informal, pero le correspondía mantener a su madre y a ocho hermanos. Es esa clase media senegalesa la que migra, según cuenta el documental Yo, Afro, en el que se relata la experiencia de africanos y afrodescendientes que enfrentan episodios de racismo y el prejuicio de los argentinos.

 

derecho de fuga

En el ranking del Banco Mundial en 2017, Argentina tiene un producto bruto por habitante nueve veces más alto (US$ 20.500 contra US$ 2.700) que el de Senegal. “En Senegal los hombres son responsables exclusivos de la versión ampliada de su familia”, explica Abdou mientras frena para atender a los clientes en un aceptable español y habla por teléfono en francés o en wólof, su lengua nativa. Ellos mantienen a sus mujeres, a sus padres y a los hermanos pequeños, y también colaboran con otros miembros de la comunidad si lo necesitan. Por eso no es fácil quedarse en un país donde el 45 por ciento de las personas tiene problemas de empleo, según un informe de 2017 de la Agencia Oficial de Estadística y Demografía. Con una población de casi 16 millones de habitantes, la que fuera colonia francesa hasta 1960 despide a sus hijos que parten con el sueño de un progreso ausente en su propia tierra. Por cercanía, la primera opción siempre fue cruzar a Francia o España, pero hacia principios de este nuevo siglo la Unión Europea decidió endurecer aún más sus fronteras y tuvieron que migrar a sitios que ni siquiera habían imaginado. Entre esos sitios, Ecuador, Brasil y Argentina fueron destinos amigables dentro del continente americano.

Los primeros senegaleses llegaron a mediados de los noventa. Una rareza en el paisaje urbano, pero el número creció y las redes sociales contribuyeron para expandir la noticia de que bien al sur de América había un país en el que podían probar suerte. Se calcula que hoy el número se acerca a los siete mil, aunque la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA) estima que son más de diez mil. La cifra es difícil de definir porque muchos ingresan de manera ilegal, explica el abogado Federico Agusti, Director de Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional de Migraciones.

La convivencia que en otras épocas supo ser pacífica dejó de serlo a partir de 2015, cuando el Gobierno de la Ciudad desalojó la venta callejera, señala Arfang Diedhiou, presidente de ARSA. Desde 2007 esta organización difunde su cultura como núcleo y puente hacia la inserción de los migrantes en la sociedad. Si bien la venta ambulante está permitida en el territorio argentino, al desplegar la mercadería en la calle sin permiso se transforma en una contravención según el artículo 83 de la ley 1472 del Código Contravencional, que establece multas para quienes ejerzan competencia desleal. El secuestro de la mercadería tuvo episodios de violencia, tanto que los miembros de la comunidad senegalesa denunciaron ser víctimas de xenofobia y represión ante la Legislatura Porteña. “Ahora la policía también entra mientras dormimos para llevarnos detenidos y sacarnos lo poco que tenemos”, acusó un vendedor en una sesión convocada por las comisiones especiales de Derechos Humanos y contra la Violencia Institucional, presididas por Myriam Bregman y Victoria Montenegro. En aquel operativo, que terminó con 23 detenciones, la policía ingresó a la madrugada con escopetas y se llevó los celulares, la ropa y el dinero.

A lo largo de 2018, los hechos de violencia recrudecieron y ocuparon mayor espacio en la prensa. Basta con googlear “senegaleses” para que aparezcan artículos recientes sobre las detenciones, o sobre cómo viven en el país; en la mayoría se menciona la precariedad y las dificultades para trabajar y un racismo que asoma como un fantasma que se agiganta. A principios de junio fue viral el ensañamiento de la policía de la ciudad contra un vendedor ambulante en el barrio de Flores al que golpearon hasta tirarlo al suelo. El resultado fue atroz: Serigne Dame Kane sufrió una fractura expuesta en su brazo derecho.

la fiscal marcaria

Las causas que corresponden al uso indebido del Espacio Público son contravenciones que desembocan en alguna de las cuarenta fiscalías de la ciudad de Buenos Aires. El fallo está a cargo del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. A su vez, los delitos vinculados a la violación a Ley de Marcas, la venta de ropa y objetos, imitación de los productos originales, son delitos que tratan los juzgados federales. “Sería muy difícil rastrear la cantidad de causas y allanamientos que se realizaron desde 2015 a los miembros de la comunidad senegalesa, ya que debería consultarse a cada una de las fiscalías y los juzgados si interviene una persona de esa nacionalidad”, explica María Victoria Reale, coordinadora del programa de prensa del Ministerio Público Fiscal. La mercadería que se secuestra queda incautada en los depósitos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. “Si las causas avanzan y se prueba la inocencia, se les devuelve, si no queda confiscada y se dona a comedores. Pero si se trata de alimentos perecederos, se incinera”, afirma Reale.

La fiscal Celsa Ramírez no desea hablar con la prensa ni da entrevistas hasta que las causas avancen. Nicolás Caropresi, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), considera que la figura de la fiscal es polémica. Desde su perspectiva, “Ramírez interviene en las causas de uso indebido del espacio público pero recurre a la justicia federal y malgasta sus recursos para desenmascarar la supuesta asociación ilícita de los vendedores”. Y agrega un dato impactante: la fiscal suele recibir premios y reconocimientos de las marcas por su intervención para desarticular la “mafia de los senegaleses”. En 2017, el Ministerio Público Fiscal publicó una foto donde se la ve recibiendo un premio de la empresa Nike por su compromiso contra el delito. La fiscal, entre tanto, subió con orgullo a su cuenta de Facebook la foto de la plaqueta entregada por Nike en la que se la reconoce “por su destacada labor y profesionalismo en la lucha contra el delito, la piratería marcaria y el comercio ilícito”.

Hace dos años y medio se acercó a la sede de CTEP un grupo de senegaleses porque no podían trabajar en la calle. Al principio solo les secuestraban la mercadería por uso indebido del Espacio Público y, salvo excepciones, no la recuperaban porque no contaban con la factura correspondiente, ya que compraban en La Salada o en Once. “La única mafia real es la de los negocios que proveen a gran parte de los locales legales del país, los falsificadores son los que generan el trabajo esclavo, no los que revenden como forma de subsistencia”.

A mediados de 2017, al judicializar los casos, comenzaron los operativos. Se investigaba a los vendedores, los seguían hasta sus casas y les sacaban fotos a los que evaluaban como posibles delincuentes. Los procesos desembocaron en allanamientos a los locales y a los hogares. Caropresi piensa que “la constante persecución institucional a los trabajadores del espacio público tuvo su expresión en la modificación aprobada el 13 de diciembre de 2018 con la mayoría oficialista de “Vamos Juntos”, el bloque del Pro de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para aumentar las penas por contravenciones y liberar a la voluntad de los policías la intervención en el espacio público”. Se trata de la modificación del artículo 84 del Código Contravencional que permitirá el arresto de cualquier persona que desarrolle algún tipo de actividad laboral en la vía pública.

 

ley de la calle

Lucía Molina, coordinadora del equipo legal de CTEP, junto a Ignacio Funes Peralta y Nicolás Rechanik, hablan de una persecución contra todos los vendedores ambulantes. Los tres defienden a cuatro vendedores senegaleses en una causa compleja de casi trece cuerpos con múltiples involucrados. Remarcan que por su condición de migrantes y sus problemas con el idioma, los senegaleses están en desventaja y se convierten en sujetos oprimidos particularmente por la fiscalía que preside la fiscal Celsa Ramírez. Los abogados relatan que muchas veces los pasean por las comisarías antes de registrarlos en el juzgado, se quedan con sus documentos y que a ellos mismos les han negado información sobre su paradero o el estado en el que se encuentran. El devenir jurídico de la causa que siguen es, según su experiencia, ridículo por la magnitud de los allanamientos realizados y por un pedido de información que involucra a la embajada de Estados Unidos sobre la gente de Senegal. "A raíz de ello, el expediente en su totalidad tiene cuestiones objetables desde el punto de vista formal y material, constituyendo una causa arbitraria y con una manifiesta intención de estigmatizar al sector", afirman.

Por otra parte, entienden que como fiscal penal y contravencional de faltas de la Ciudad no es de su competencia la ley de Marcas, pero con la nueva reglamentación que sacó el fiscal general de la Ciudad, Luis Cevasco, se transforma una contravención en delito federal a discrecionalidad de la policía. La resolución 552/2018 permite a la policía de la ciudad detener y encarcelar a los cuidacoches y vendedores ambulantes que después de ser advertidos para que cesen en su actividad vuelvan a ser encontrados en flagrancia. En ese caso, podrán ser detenidos hasta quince días por resistencia a la autoridad, un delito de alcance nacional. CTEP aclara que en el artículo 88 del código de contravención establece un supuesto de atipicidad de la conducta. “La venta ambulante no autorizada en la calle es una contravención cuando no sea de mera subsistencia de la persona. Con esta resolución se violenta el principio de inocencia, ya que se reconoce que las personas están cometiendo una infracción sin analizar las condiciones del tipo contravencional y dándole la autoridad suficiente a la policía para detenerlos”, afirma Lucía Molina.

Las soluciones posibles pasan por que el Estado discuta con los interesados. “La mayoría no está a favor de un uso anárquico del espacio público, están dispuestos a discutir la forma, el sentido y cómo ordenar ese trabajo mediante un registro, pagar si es necesario, pero que no se le niegue la posibilidad de llevar el pan todos los días”, dice Caropresi. Desde CTEP se ayuda a empoderar al colectivo senegalés y les brindan un espacio para organizar reuniones con gente de su país que permita en un futuro cercano la representación diplomática. La estrategia de los abogados implica acompañarlos legalmente: “Nuestro principal objetivo será ganar este tipo de causas, porque tenemos herramientas y no estamos tan limitados por el poder político, podemos dar nuestra visión jurídica y apelar”. La prioridad es que se respeten sus derechos, no los reprima el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, no se cometan irregularidades en la detención ni tampoco deban enfrentar a una audiencia sin un traductor acorde que hable su propio idioma.

Ignacio Funes Peralta añade que se responde con derecho penal, que se supone que es una solución de última ratio en el sistema jurídico, a una problemática de índole social que debe solucionarse mediante políticas públicas. “Más aún, a sabiendas que el 28 de septiembre del corriente, el Fiscal General Adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Luis J. Cevasco, superior de la Fiscal Celsa Ramírez, hizo saber su conformidad para impulsar una mesa de diálogo con relación a los conflictos que se presentan con los trabajadores del espacio público, de la cual participen áreas gubernamentales, sociales y jurídicas, así como las organizaciones sociales que participan e intervienen en cada uno de los conflictos".

En un comunicado emitido por el sindicato Vendedores Libres, advierten: “Estamos ante una escalada de violencia que parece no tener límite”. La represión se incrementó desde que se aplica la “Ley Cevasco”, dice Omar Guaraz, Secretario General de la organización que pertenece a la CTA y acusa que por presión de la Cámara de Comercio, en diciembre la policía de la Ciudad efectuó más de cien detenciones por “atentado y resistencia a la autoridad”, en la zona de Flores y de Once. De todos ellos, los senegaleses fueron los grandes afectados, como Cisse Abdou, Faze Abdoulay y Sila Laminibara, detenidos en alcaldías, o como Ousmane Siége, que el 29 de enero permaneció dos horas tirado en la vereda después de ser golpeado durante un procedimiento represivo porque la policía no permitía que lo atendieran y lo llevaran a un hospital.  En enero hubo más detenidos por ley de Marcas. El objetivo político, considera Guaraz, es exterminar a los vendedores ambulantes y armar causas judiciales como una de las maneras de disciplinarlos.

 

el idioma de los precarios

Desde la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Pablo Arenaza asegura que no existe una política en contra de los senegaleses. En conjunto con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público trabajan para ordenar la venta ilegal en la ciudad. “Los únicos grupos que tuvieron agresiones contra los inspectores fueron los senegaleses. Si están vendiendo, la policía no puede actuar con violencia, sólo interviene si ellos la ejercen contra la autoridad. Eso no significa que pueda existir un policía que no cumpla con el protocolo”. Como  legislador y presidente de la Comisión de Seguridad, Arenaza redactó la Ley de Seguridad en la ciudad (Ley 5688/16), que permite a los ciudadanos que sufran algún tipo de violencia hacer la denuncia en la Oficina de transparencia y Control externo de la Policía de la Ciudad (OTCEPCDAD).

En un local de comidas rápidas de Constitución nos encontramos con Arfang Diedhiou, integrante de ARSA: “Sin documento, el idioma cuesta, es difícil conseguir un laburo formal. Lo único que podés hacer es trabajar en la calle para sobrevivir. Cuando llegás no queda otra, y mientras trabajás, tratar de conseguir algo mejor”. El problema, previo a conseguir trabajo, es acceder a un documento de identidad. Para Abdou Faye todavía es una misión imposible. Como su estadía es irregular, cada tres meses debe renovar su residencia precaria. El hermano obtuvo su documento en 2013, cuando la dirección de Migraciones hizo un proceso de regularización especial que alcanzó a casi 1600 senegaleses. Agusti, Director de Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional de Migraciones, explica que para estar en regla es necesario el visado, que puede sacarse como turista, por viaje de estudios o trabajo, pero ser vendedor ambulante no alcanza como criterio migratorio. Por eso no se alienta a que los regímenes especiales se conviertan en norma. “Cuando se regulariza a la gente que no ingresó por las vías legales, de alguna manera sos parte del esquema del que organiza una red de tráfico”, relata y agrega que existen denuncias sobre redes que cobran miles de dólares para facilitarles el ingreso a los senegaleses. El presidente de ARSA, sin embargo, niega la existencia de organizaciones mafiosas que exploten a personas sin recursos, como señaló la fiscal Ramírez.

Senegal no es un país en guerra, los que arriban solicitan asilo por cuestiones económicas, pero como no son perseguidos por cuestiones de sexo, raza, política o religión, la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) suele negarle el estatus que les asigna a los refugiados. A su vez, como no existe un consulado de Senegal en Argentina que canalice los pedidos y reclamos, los vendedores se sienten desprotegidos.

 

biodrama afro

En la obra Dos amigos. Un biodrama afro, la directora Vivi Tellas estudió la cultura africana, realizó una convocatoria y en el casting eligió a Fallou Cisse y Sow Mbagny, quienes nunca habían actuado delante del público, para que compartieran su historia, las costumbres de su país y su relación con los argentinos. Así transformó esa charla sobre migración y libertad en un hecho teatral. En CTEP, por su parte, se dictan clases de idiomas a la que asisten los senegaleses que quieren integrarse a la sociedad. Migrar es un derecho humano y así lo entiende la ley 25.871 de política migratoria argentina que extiende la protección de derechos constitucionales y humanos a todos los inmigrantes dentro del país, más allá de su estatus legal, a la par que les garantiza el derecho de igualdad de trato, no discriminación y acceso a servicios médicos, educativos y sociales. 

Para Abdou y su familia el futuro es incierto. Su abogada presentó una apelación para recuperar la mercadería pero lo incautado se mantiene bajo custodia judicial hasta que se dictamine la sentencia. La policía no les permitió hacer un inventario y no se declaró todos los productos que se llevaron, aunque calculan que fueron cerca de $150 mil. Demasiado dinero para darlo por perdido. Abdou no sabe de mafias, tampoco entiende por qué su local está sospechado de ser un depósito. Actualmente espera que se realicen nuevas audiencias porque la última se suspendió ante la falta de un intérprete oficial que pudiera hacer la traducción en simultáneo a su hermano. Abdou vive con él, su tío y sus primos en un departamento alquilado pero busca mudarse a un lugar mejor, donde no le exijan garantías que no puede conseguir. Extraña a los que quedaron en Diourbel, a 150 kilómetros de Dakar, y sigue a la distancia el crecimiento de su hijo de cinco años sin saber si algún día lo volverá a abrazar.

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