E l cambio de escenario es veloz. Ya no se habla de paritarias sino de mantener el empleo. De fantasear con un Ministerio de Economía Popular pasamos a marchar contra el ajuste y los despidos. En apenas unos meses, el gobierno del PRO logró reconfigurar el escenario del trabajo, empujar de una manera inesperada el mapa de alianzas sindicales, hacer de las reincorporaciones un marco perverso de negociación y evidenciar que la precariedad es capaz de una serie de matices casi infinita. 

Mientras, en los barrios se pronostica que la economía informal, popular y multiforme va a ser, a la vez, el sector que más crezca y el que más sufra. Ese engorde será proporcional, apuestan algunos referentes, a la inflación y el enfriamiento de la economía. Sin embargo, lo que parece funcionar como colchón a la caída del consumo que ya se siente es un fortalecimiento de los segmentos más sumergidos, ilegales y desregulados que supieron combinarse con las economías informales como modo de hacerlas prosperar, autonomizarse y aguantar -también antes- la pérdida de poder de compra de los subsidios. Se trata del mismo dinamismo que convirtió a esas economías en combustible de endeudamiento popular, de nuevos negocios financieros, y lo que hoy marca un elemento clave de su fragilidad. El tinglado precario de planes sociales y contrataciones se desmoronará a distintas velocidades sobre ellas: hacia su interior (la parte formal de la economía informal, como se le llama a las cooperativas) y hacia sus laterales (la parte más violenta con que se conecta la informalidad: transas, aprietes y pelea por los negocios inmobiliarios).

populismo financiero

El directorio del Banco Central, presidido por Federico Sturzenegger, convirtió hace unas semanas en tarjeta de débito a los plásticos mediante los cuales se cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los planes o programas de ayuda social. La disposición, que fue impulsada desde el ANSES, se conecta con la extensión del beneficio a monotributistas de bajos ingresos y también es el medio por el cual se hace operativa la devolución del IVA de la canasta básica para la población beneficiaria. Esa devolución, claro, se concreta “en la medida que las compras se hagan con tarjeta de débito de las cuentas en las que se acreditan beneficios laborales, asistenciales o de seguridad social”, pero el reintegro se hace en función del saldo “independientemente del origen de las acreditaciones” (Resolución de Directorio N° 165). 

Los efectos de esa modificación, según los argumentos de Sturzenegger, corresponden a una idea más estricta y radical de extender la “inclusión financiera” para los sectores populares. La argumentación oral se quiere desprejuiciada: ¿por qué una cuenta AUH no debiera permitir a sus beneficiarios usar y contratar otros servicios financieros? De este modo, se trata de convertir a los beneficiarios (un término que remite a cierta pasividad) en una categoría más dinámica y afín con la nueva época: clientes. Para eso se habilitó a las cajas de ahorro por las cuales se cobran los planes sociales, para que en ellas se puedan depositar fondos de otras proveniencias (con un límite del importe de dos salarios mínimos por mes) y para que se adhieran a pagos automáticos (esto sí sin límites de ningún tipo).

Se quiere dar lugar así a una bancarización stricto sensu. Expandiendo y completando un proceso que se inició hace ya varios años por medio de la bancarización compulsiva de los beneficios sociales, se escribe un nuevo capítulo que conecta financierización y derechos. Esto significa que los derechos sociales son mediados por instrumentos financieros que, por supuesto, nunca son gratis. Las finanzas exhiben así su capacidad constitucionalizante: es decir, de producir derechos, enlazarse con la producción jurídica y anudar, de un modo que antes era insospechado, inclusión social y negocio financiero, consagrando nuevas modalidades de explotación que no dejan a nadie afuera.

¿Qué implica que alguien que cobra 966 pesos por AUH –según el último aumento– pueda en esa misma cuenta ingresar otros fondos? En primer lugar, permite la extracción de dinero en cualquier cajero pero también “el retiro en efectivo en los comercios adheridos”. Fiesta de intereses, se escucha detrás de bambalinas. En segundo lugar, esas cuentas que estaban exentas de chequeo por el origen de sus fondos (mientras reciben sólo dinero del Estado, se supone que es en blanco y por tanto operan bajo un “régimen simplificado” de control), ahora podrían entrar en colisión con otras normativas. Sin embargo, y a pesar de las advertencias, la modificación no tuvo observaciones legales.

Esas miles de cuentas podrían convertirse en canales de blanqueo para ingresos provenientes de las llamadas economías informales, algunas al borde de lo ilegal, todas en un tembladeral de rebusques que se calientan y aceleran mientras suben los precios. De este modo, tendrían la chance de ingresar al sistema financiero bancario flujos de efectivo que provienen de los miles de empleos, emprendimientos, changas y negocios de diversa escala de ese famoso 40 por ciento de la economía “en negro”, que hoy representa uno de los puntos más sensibles del mapa político y económico de Argentina. Así, el sistema financiero consigue sangre nueva: se alimenta de un flujo de trabajo producido en condiciones completamente precarias, de fuerte dinamismo en su capacidad de articulación territorial y muy desiguales en términos tributarios y de ingresos. Por eso no es tan importante controlar de dónde vienen los fondos, sino que se les pueda sacar provecho a través de los bancos y las organizaciones financieras no bancarias.

marca personal 

Buena parte de los despidos que se dieron al interior del Ministerio de Trabajo tienen que ver con programas que intentaban convertir o al menos generar algún tipo de contacto entre la población receptora de los planes sociales y ciertas formas de empleo flexible: subsidios destinados a cooperativas y emprendimientos, al empleo joven, a pasar de la noción de pasantía a “entrenamiento laboral”. De boca del actual secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, ex directivo de Techint, salió la propuesta de cambiar la noción de “trabajo decente” (ya bastante polívoca, pero que condensaba una polémica sorda con la de “trabajo digno” que supo embanderar a los movimientos piqueteros) por la de “personalización laboral”. Se trata de una idea que recoge todos los clichés neoliberales y que quiere limpiar de un plumazo cualquier reminiscencia a que un trabajador pertenecería a cierto tipo de colectivo social (uno bastante particular, diría Marx). Entonces, ya no se habla de trabajadores sino de personal, y esa personalización supone que el trabajo se puede “customizar” (sic) a medida de cada quien.

La consigna está siendo lanzada en reuniones de equipo y, aún si permanece vaporosa, se complementa con una descripción de las tres economías realmente existentes: la ordinaria o economía blanca; la economía social (“los choriplaneros” es la definición técnica); y la economía de base, compuesta por quienes no pueden ser beneficiarios de políticas públicas porque “chorrean mierda”. El nuevo lenguaje oficial se conjuga con el del policy making, pintando un cuadro de lo más desinhibido del pensamiento político que circula entre los funcionarios de alto rango.

El cambio político y de estrategia en el Ministerio de Trabajo no es sólo cuestión de marketing, expresa un plan para la población sobrante con especulaciones de un desempleo que llegaría a más del 17 por ciento tras los primeros meses de gestión. A modo de lapsus pero como desliz sintomático del nuevo horizonte, en algunas reuniones se nombra sin querer al ex Ministerio de Agricultura como Ministerio de Agronegocios. En ese tándem agrobusiness y desocupación se entiende que José Anchorena (apellido de una línea terrateniente de larga data), director económico de Fundación Pensar y ahora a cargo de la Subsecretaría de la Programación Técnica y de Estudios Laborales, diga a la vez que el “auto-reconocimiento indígena” no tiene mucha credibilidad y que debería implementarse algo más cercano a exámenes de ADN para justificar la entrega de subsidios o reconvertirlos a artesanos que puedan vender sus productos por plataforma Etsy, como en Estados Unidos. Ya lo escribió, en el diario La Nación, debatiendo la ley antidespidos que re-bautizó como “cepo al trabajo”: “El mercado laboral es un organismo dinámico cuyo gran objetivo es crear oportunidades”.

pooles de prenda

La imagen de un mantero senegalés empujando con furia a un policía de la Metropolitana se viralizó, tal vez, porque condensaba una acción concreta y decidida frente a una serie de atropellos que encontraron menos resistencia de lo que se imaginaba. Al menos por ahora.

El sector de vendedores ambulantes, feriantes y todo el arco de trabajadores del sector textil (de las fábricas que cosen para grandes marcas, a los talleres textiles llamados clandestinos) están siendo chantajeados por una doble pinza: la amenaza patronal de que si no hay autoajuste las importaciones de China inundarán el mercado; y la embestida securitista contra la informalidad por medio de denuncias y llamado social a su represión. Hay miles de cooperativas de costura en todo el país (las máquinas de coser fueron uno de los implementos más entregados por las gestiones anteriores del Ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo) y hoy podrían caer en la denuncia de la gente de a pie que se promueve desde el conglomerado patronal nacional a través de argentinailegal.com (volviendo realidad una app que ya anticipó Capusotto).

Algunos emprendedores de la economía informal tal vez logren dar el paso y reinventarse como pequeños importadores de prendas, haciendo pooles de inversión para comprar containers. Aun así, les será difícil seguir vendiendo al mismo ritmo. Otros trabajadores ligados a las economías regionales, de las que depende una mano de obra también sumamente precarizada, muchas veces migrante y vinculada de modo estrecho a eslabones de la economía informal (recolectores de fruta, ladrilleros, yerbateros, etc.) verán reducida su porción de ingresos. Más aún si se tiene en cuenta que, según especialistas en el área, durante la década pasada no hubo avances cualitativos a favor de su regulación o de una institucionalidad que hoy funcione verdaderamente de obstáculo. En paralelo, la quita de muchos subsidios provenientes de la desaparecida Subsecretaría de Agricultura Familiar –como ya pasa en todo el cordón fruti-hortícola de la zona sur de provincia de Buenos Aires– obliga a los productores de alimentos a vender cada vez más barato para garantizar su circulación o a conseguir canales alternativos de compras comunitarias directas, las que ya proliferan en varias ciudades del país.

incorrecciones políticas

Bajo el nombre de economías populares se intentó pensar la mutación del desempleo a formas de empleo que se mixturaban con los planes sociales, los emprendimientos y el reconocimiento como derecho social de una serie de actividades que emergieron en la crisis de 2001 y luego se consolidaron como estratos importantes para una buena parte de la sociedad. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) incluso se propuso pensar una forma sindical que acompañara ese reconocimiento del nuevo mundo laboral pos-salarial, tratando de ensanchar por abajo la imaginación sindical. Muchas otras organizaciones e iniciativas con trayectorias diversas ya venían organizando estrategias similares. La referencia práctica es un conjunto variopinto de actividades productivas que nunca estuvieron desvinculadas de la llamada economía formal ni funcionaron como un archipiélago de solidaridad. Las finanzas se encargaron de ser el código de articulación más veloz y astuto de esos espacios que, cuando se articulan priorizando identidades políticas, luchan aún por preservarse bajo la lógica de la distinción. Las nuevas políticas financieras, del agrobusiness y de gestión del empleo entienden los códigos de estas interconexiones sin guardar ninguna corrección política. Queda por verse hacia dónde estas economías populares (heterogéneas, intermitentes y cambiantes) se siguen expandiendo. Que van a seguir creciendo, que no caben en la etiqueta de trabajo nacional y que tienen un desafío sobre su capacidad de autodefensa, es lo único de lo que podemos estar seguras.