En una clara estrategia defensiva, los medios de comunicación suelen atribuirse el rol de actores pasivos que proveen un foro para el intercambio sin aportar su punto de vista. A esta altura de los acontecimientos, circunscribir su función al de meros diseminadores de información es subestimar su legítimo rol activo en el proceso de formación de la opinión pública y, más aún, en su diálogo simbiótico con la elite política.
La cobertura de la lucha de diversos colectivos por lograr la legalización del aborto mostró avances y retrocesos en los últimos años. Pero en los días que rodearon al debate legislativo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) durante 2018, el estado de alerta social fue determinante para que el marco interpretativo pro-derechos alcanzara su punto álgido.
Darle relevancia al papel que juegan los medios en la disputa simbólica no significa concederles un poder de agenda excesivo ni invariante, sino asumir que su grado de influencia dependerá de la correlación de fuerzas entre los actores que participan activamente de un evento político. De allí la necesidad de ampliar el foco y atender a los vínculos —siempre tensos— que las principales empresas comunicacionales entablan con otras agendas, en su intento por normalizar una determinada definición de la realidad.
La deliberación mediática en el terreno digital nos da pistas para inferir el balance de poder entre actores individuales y colectivos, civiles e institucionales. Hace un año, con Ernesto Calvo analizamos el diálogo en la red #AbortoLegal en Twitter durante la semana previa a la media sanción del proyecto IVE en Diputados. Aquella fue una red tan singular que la llamamos la “Anti-red”. A diferencia de otras conmociones públicas, donde la posición sobre un asunto decanta en una conversación polarizada entre usuarios que dialogan con quienes coinciden ideológica y políticamente y donde las estrategias de desinformación encuentran un terreno fértil, #AbortoLegal fue la red del consenso y de la palabra plebeya. La distancia entre comunidades se acortó, el lenguaje pedagógico aportó claridad política y los mensajes más circulados ganaron en calidad y en reputación. En ese escenario, los trolls y los discursos de odio fueron opacados por las masas de usuarios que lograron encuadrar la conversación en términos de derecho a una política de salud pública.
Aquella singularidad se debió, en gran parte, a la creciente conciencia social de la necesidad de darle estatus legal a un proyecto que evitaría muertes inseguras. Fue resultado también de la coherencia del activismo pro-derechos y de una dirigencia política que sororizó el debate. La IVE transversalizó intereses históricamente enfrentados y reconfiguró el diálogo político, dentro y fuera de las redes sociales. Con la sagacidad que los caracteriza, los medios también se encuadraron en esa esfera discursiva que percibieron como dominante, de modo que el enfoque pro-derechos de una parte importante de la cobertura coexistió con la legitimación mediática de actores sociales que definieron la interrupción del embarazo como un derecho a decidir con autonomía.
Pero el rechazo en el Senado marcó un punto de inflexión. Aquella decisión tuvo efectos claros en la visibilidad y circulación de discursos convencionales, tanto en el ámbito político como en el mediático. No solo porque se cae una vez más en la responsabilización individual de las víctimas de abortos inseguros —la mujer de 31 años que murió en Tigre, la de 34 que murió en Pacheco, la de 30 que murió en Pilar, la de 21 que perdió el útero en Córdoba—, sino porque además se internaliza un discurso moral que torna invisible la dimensión social y política de la violencia de género.
Los alcances de aquel fracaso legislativo excedieron la mirada punitiva sobre los abortos clandestinos. Desde entonces, los movimientos conservadores y religiosos recuperaron visibilidad mediática e incidencia en decisiones institucionales. El de Lucía, la niña de 11 años embarazada por violación que fuere sometida a cesárea, es otro ejemplo de los efectos del rechazo parlamentario a la IVE aquel 9 de agosto de 2018. Uno de los pocos casos que tuvieron estado mediático entre los tres mil de este tipo reportados el año pasado.
El #28M la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto volvió al Congreso. Por aquellos días, la firma de 70 diputadas y diputados en un año de elecciones ejecutivas asomaba promisoria. Pero conforme la campaña electoral 2019 va adquiriendo la dinámica de una “carrera de caballos”, la obsesión del oficialismo es llevar la polarización partidaria al extremo —con logros parciales— y el espacio para las apuestas políticas de las oposiciones se vuelve limitado. A diferencia de lo ocurrido hace exactamente un año cuando la política logró ponerse por delante de los partidos, esta vez la audacia cede ante las especulaciones electorales. Reina una mesura debida.
