Cuando se pretendió hacer esa especie de Nordelta exclusivo, el predio era una reserva de biosfera que la gente del lugar disfrutaba como parque florístico con vegetación y animales autóctonos. El Barrio Náutico Amarras nació como un emprendimiento inmobiliario en esa área natural protegida en la jurisdicción de Pueblo General Belgrano, comunidad de poco más de dos mil habitantes, que linda con la ciudad de Gualeguaychú. Y se comenzó a levantar sobre una fracción de terreno de 445 lotes en la que se había planificado construir 200 viviendas de lujo –algunas de ellas con frentes náuticos–, más un hotel de 150 habitaciones.

Todo en ese lugar que hasta entonces era otra cosa. Ahí, cada año, alumnos de distintas instituciones educativas recorrían la zona de humedales para tomar dimensión del ecosistema donde islas y esteros conviven con arenales, blanqueales y bosques de espinal. Sobre el río Gualeguaychú, la foto supo mostrar flora nativa: coronillo, espinillo, tala, guayabo colorado, sarandí, como otras tantas especies de pastizal que forman la selva en galería y el monte.  La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) había impulsado la construcción de senderos para que los visitantes pudieran vivenciar el parque y convivir con la naturaleza en el plano de un atractivo ecoturístico. También fue una zona en que la ciencia puso la lupa para el desarrollo de investigaciones sobre biodiversidad y servicios ambientales necesarios para la región, sobre todo cuando en los inicios del Siglo XXI, numerosas especies de insectos, batracios y aves comenzaron a correr peligro. La historia de los pueblos originarios, en especial de los Yaros, dejó testimonio en puntas de flechas que hoy conserva el Museo Arqueólogico Manuel Almeida.

Desmontaron, destruyeron el monte nativo y construyeron diques: las obras se iniciaron en 2012 a pesar de que la empresa no contaba todavía con las correspondientes autorizaciones. Aunque el proyecto se emplazaba dentro del valle de inundación del río Gualeguaychú, que forma parte del curso de agua, sólo tiempo después consiguieron un certificado de aptitud ambiental emitido por la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Entre Ríos. Empezaron a hacer los cimientos del complejo inmobiliario, pero tuvieron que abandonar.

fallo verde

El predio pertenece a la empresa Altos de Unzué SA, constituida el 26 de marzo de 2008, con domicilio en calle Teniente General Juan Domingo Perón 1410, cuarto piso, en la Ciudad de Buenos Aires. Como socios figuran Claudio Gabriel García Tricoli y Carlos Alberto Mica, aunque se sospecha que son apenas la cara visible.

El ex senador Julio Majul fue uno de los promotores de la pelea judicial que pasó por todas las instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El reclamo que se sostuvo durante todo ese tiempo fue uno y claro: ponerle freno al avance del proyecto y retrotraer a su estado natural el terreno intervenido. Empujando el pedido estuvo un colectivo de organizaciones sociales y ambientales integrado por Fundavida, Salvemos el Río Gualeguaychú, El agua manda y Me hago cargo.

El juez Leonardo Portela hizo lugar al amparo del ex legislador de origen justicialista. Los argumentos incluyeron la violación a normativas vigentes y el visible impacto ambiental que se profundizaba con el correr de los días. La empresa decidió apelar la medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia provincial (STJ), que hizo lugar, permitiendo que la firma propietaria del emprendimiento inmobiliario, junto a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, recurrieran la resolución que ordenaba el desmantelamiento del complejo habitacional cerrado. El fallo lo firmaron los vocales Emilio Castrillón, Claudia Mizawak y Juan Ramón Smaldone. En disidencia lo hizo Miguel Giorgio.

El próximo paso era el máximo órgano judicial del país. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de les jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti dejó sin efecto la sentencia del STJ que había rechazado la acción de amparo para que cesen las obras, y obligó a que se reparen los perjuicios ambientales producidos por la construcción del barrio privado.

El fallo aportó cuestiones novedosas. Por un lado destacó la importancia del cuidado de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales, como también el derecho a vivir en un ambiente sano; y por otro lado, resaltó dos principios de precaución y prevención a favor de los recursos naturales: “in dubio pro natura” e “in dubio pro aqua”, es decir, priorizar la defensa de la naturaleza y el agua en caso de duda.  

La Corte Suprema también mandó a los funcionarios judiciales intervinientes a estudiar la legislación provincial. Es que el proyecto inmobiliario se desarrollaba sobre una zona de humedales denominada “Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres”, que está protegida como área natural por la Ley Número 9.718, sancionada en 2006, tiempos en que Claudia Mizawak era fiscal de Estado, algo que no podía pasar por alto. Mizawak, precisamente, había rechazado el recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

Pero además, la propia empresa presentó un estudio de impacto ambiental donde reconocía que el proyecto se desarrollaría sobre una zona de humedales, y que “los movimientos de suelo, la construcción de talud vial (terraplenes) y el relleno de celdas con material refulado alterarían las cotas de la morfología original del terreno” y que “se trata de impactos permanentes e irreversibles”. Altos de Unzué SA había avanzado en los trabajos a pesar de que no tenía autorización y “llevó a cabo acciones que dañaron al ambiente y que, por su magnitud, podrían ser de imposible o muy difícil reparación ulterior”, cuestionó la Corte Suprema.

El cuadro de situación en la actualidad es el siguiente: la empresa se sumió en el silencio y parece dejar que corra el tiempo, mientras incumple con el fallo judicial que implica hacer trabajos de reconstrucción en la zona dañada. “El predio está igual que antes que se conozca el fallo, es decir con toda la estructura que se hizo en torno a las conexiones de electricidad en cada uno de los lotes y en una parte que se destinó para eventos. Todo está intacto. Si bien no se alcanzaron a levantar casas, sí se avanzó con enormes construcciones de alcantarillado que derivan directamente al Parque Unzué, donde concurre toda la ciudad. No se ha hecho nada”, cuenta a crisis Selva Chesini, abogada que estuvo al frente de toda la estrategia judicial durante el proceso.

Hace unas semanas,  se hizo una inspección ocular en la que se registró en imágenes el estado actual de la zona que muestra un panorama de desmonte y abandono de cimientos de casas. El próximo paso consistirá en pedir en tribunales que se actúe de acuerdo a lo resuelto por la Corte. “Los jueces ambientales tienen la obligación de ser proactivos y tomar medidas concretas, no sólo a petición de partes, como en otros procesos”, afirma Chesini. Y agrega: “Acá, tanto la Municipalidad de Pueblo Belgrano como la empresa, no han presentado ningún plan de reparación. Estamos viendo que se viene otro proceso que requerirá de la participación de las organizaciones”, advirtió la letrada. 

es tendencia

Entre Ríos cuenta ya con varios casos que dejan ver de qué manera un emprendimiento privado puede avanzar sobre terrenos naturales sin un pero en el camino. Y hay algunos que traen malos augurios.

En los primeros días de julio la inmobiliaria de Buenos Aires Nordheimer puso en venta 2500 hectáreas “indicadas por terraplenes” en la isla Irupé, frente a la ciudad entrerriana de Villa Constitución, en el departamento Victoria, propiedad de la empresa chileno-holandesa Bema Agri BV. Desde 2008 la firma desarrolló un proyecto agrícola, algo que está terminantemente prohibido en suelo isleño. Allí se construyeron más de veinte kilómetros de terraplenes para encerrar 10 mil hectáreas, secando lagunas para un mejor desarrollo productivo.

Ante el reclamo de colectivos ambientalistas, la Municipalidad de Victoria y el gobierno provincial fueron a los tribunales para ponerle un freno a la obra que no tenía la autorización que requería y ordenó a la firma que reintegrara la tierra removida a sus niveles naturales por entender que se estaban ocasionando problemas ambientales no solo en lo que respecta al ecosistema, sino que además se estaba deformando el curso del río. Pero un fallo en segunda instancia les dio la razón y Bema Agri puso en la vidriera sus hectáreas, en un completo aviso publicitario que daba cuenta de las ventajas que tiene el lugar por los terraplenes realizados ilegalmente. Nadie más dijo nada. Ahí está el predio, a la venta, y con ventajas para el agronegocio. Como si nada.

En 2015, mientras el barrio Amarras mostraba sus primeros avances, otro litigio de años y características parecidas llegaba a su fin. Un empresario se iba a apropiar de lo que había sido el balneario municipal más concurrido de Paraná durante décadas. Sergio Gregorio Lifschitz, hombre de negocios múltiples que supo financiar campañas políticas sin distinción de partidos, un buen día llegó a esa zona de ocho hectáreas lindera al Túnel Subfluvial que une las capitales de Entre Ríos y Santa Fe para desarrollar un complejo cerrado de nombre “Amarras del sol”. La trama judicial comenzó en 2005 cuando Irma Rosana Barrientos y Mara Guadalupe González, en carácter de ciudadanas indignadas, cuestionaron judicialmente un decreto (7.560) firmado por el entonces gobernador Jorge Busti y su ministro de Gobierno Sergio Urribarri, por el cual el Estado provincial desistía del pleito en el que se discutía si la propiedad era provincial o municipal respecto al ex balneario “Los Arenales”. El caso arrastraba años de idas y vueltas en los estrados judiciales y, mientras ese debate se mantenía sin resoluciones, Lifschitz avanzó en la construcción del barrio privado que había adquirido a precio vil y nunca lo pagó con el artilugio de que era una “formación natural” del río, según se auto convenció luego. El desistimiento por parte del Gobierno llevó la firma de Mizawak, que oficiaba de fiscal de Estado, antes de saltar al Poder Judicial a instancias de Busti.

El 19 de marzo del 2015, el STJ sostuvo que la determinación de desistir en el reclamo de un espacio público constituye una atribución del Poder Ejecutivo (sic) y que en esta decisión no se advierte una “afectación a intereses difusos o de incidencia colectiva”. ¿Puede la fiscal de Estado cuya función constitucional es bregar en defensa del erario público desistir de un litigio de estas características? El caso quedó cerrado y el ex balneario fue ocupado por casas lujosas con amarras al río Paraná.

María Emma Bargagna es abogada y patrocinó a las vecinas. A la distancia de aquellos episodios, que contaron con un importante lugar en los medios locales, asegura que toda esa zona “era del dominio público provincial, que incluso fue delimitado como tal y era administrado por la Comisión Administradora del Túnel Subfluvial, y por lo tanto es un territorio fuera de cualquier operación comercial, lo que lo hace inalienable e imprescriptible”. ¿Qué quiere decir esto? “Que si un fiscal de Estado quisiera recuperarlo para la provincia podría hacerlo, no por expropiación sino por reivindicación, como ya se hizo en la provincia”, provoca ante la consulta de crisis la ex diputada socialista y ex integrante de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), durante el gobierno del radical Sergio Montiel. 

La abogada recuerda que desde el lado de Santa Fe “se puso el grito en el cielo y se realizaron actas de constatación notarial exigiendo que se paren las obras que se estaban llevando adelante con grandes máquinas porque ponía en riesgo una parte del propio Túnel. Desde el lado de Paraná hicieron oídos sordos”, apunta. 

Bargagna tiene presente el episodio en que Lifschitz apeló al argumento del supuesto fenómeno natural que provocó el río, que no fue tal, para quedarse con la parcela. “Fue una declaración unilateral y es nula de nulidad absoluta, porque si querés comprobar que esa zona es una formación natural lo tiene que declarar un juez. No podés andar por la vida presentándote en escribanías diciendo que el río te regaló tierra”, ironiza. 

La meca

Que ambos proyectos inmobiliarios se hayan dado en llamar amarras, quizás sea un indicio de una lógica de concebir un paisaje rivereño y aprovechar un recurso. En este caso para mirar a ese monstruo marrón y anclar una embarcación, de manera exclusiva, como en el patio de una casa.

Paraná, por ser la capital de la provincia, mereció la llegada en septiembre de 2011 del programa CQC que conducía Mario Pergolini, pero no fue suficiente la presión de algunos sectores minoritarios y desorganizados que se dieron por vencido ante tanto revés judicial y político.

En Gualeguaychú es diferente. Allí se construyó una conciencia ambiental en el marco de lo que fue la lucha en contra de la instalación de las pasteras Botnia y Ence, que dio la vuelta al mundo. A partir de ese conflicto se sembraron ideas sobre la necesidad de pensar nuevos paradigmas. El intendente Martín Piaggio se ha encargado de darle cobertura política a las organizaciones que plantean la agroecología, una alimentación sustentable y la prohibición del glifosato en zonas de ejidos de la ciudad. A instancia suya se aprobó por unanimidad una ordenanza en ese sentido. Basta ingresar al salón donde sesiona el Concejo Deliberante para encontrarse, en cada una de las bancas de los representantes del pueblo cualquiera sea el color político, una placa que dice “No a las papeleras”. Ese rezo indiscutido hace más de una década sigue siendo una guía.