El atentado contra la AMIA ocurrido hace 27 años es un monumento republicano a la impunidad: no solo no tuvo castigos, ni siquiera contamos con una verdad sobre la mecánica de los hechos. El aceitado engranaje entre gobiernos, poder judicial y servicios de inteligencia logró embarrar la cancha para siempre. Fiscales, defensores y testigos pasaron de acusadores a acusados. La mesa judicial del macrismo salió en 2018 al rescate de dos exfiscales que protagonizaron el primer gran plan de encubrimiento. Los esquemas de pactos no se tocan.

En su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández sorprendió con el anuncio de una importante reforma de la Agencia Federal de Inteligencia, el organismo que ejecuta el espionaje político y manipula a la justicia Federal. Se inicia así un proceso complejo al que no conviene asistir como meros espectadores. A continuación, cinco nociones fundamentales para tener en cuenta.

El estreno de la serie "Nisman. El fiscal, la presidenta y el espía" le puso picante al primer día del año y azuzó el debate sobre qué hacer con los servicios de inteligencia. Las entrevistas e imágenes de archivo, muchas de ellas difundidas por primera vez, alumbran una trama que explica por qué no sabemos qué pasó el 18 de julio de 1994, ni tampoco qué le pasó al fiscal que tenía que investigarlo.

Desde hace tres décadas, cada vez que vivimos un escenario de alternancia en el vértice del poder político, el mundo de los servicios de inteligencia salta al primer plano. Viaje a 1989, el año en que se pusieron los cimientos de una lógica espúrea que hizo metástasis.

Se los conoce como los “plumas”, integrantes originarios de la tribu de los halcones. Pueden estar en cualquier parte donde se considere que la seguridad de la Nación está en peligro: una organización de derechos humanos, un gimnasio, esa asamblea a la que fuiste la semana pasada. Algunos han tenido una módica fama y estuvieron rodeados de un escándalo tenue –como Iosi, reciente protagonista de una serie, o Américo Balbuena–, pero poco es lo que el poder judicial está dispuesto a hacer para desarmar esa profusa red de inteligencia.