A través suyo, puede narrarse la historia del poder que permanece más allá del tiempo y las épocas. Roberto Edgardo Gordillo se entrenó para una actividad que nunca pasa de moda: la inteligencia sobre el enemigo. Formado en la doctrina de la seguridad nacional, con actuación destacada como miembro del Batallón de Inteligencia 601 durante la última dictadura, Gordillo llegó a lo más alto en los años del menemismo como coronel del Ejército y siguió activo en pleno reinado de los derechos humanos, hasta que fue detenido en octubre de 2014 en Buenos Aires y trasladado a Colonia Pinto, Santiago del Estero. Casi tres años después, en diciembre pasado, el coronel sacó provecho de uno de esos fallos que favorecen a los genocidas argentinos desde que Mauricio Macri aterrizó en la Casa Rosada: obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y regresó a su casa de Villa Luro, en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde allí, con una vigilancia judicial electrónica que no ofrece garantías, activa ahora una red de contactos que jamás perdió vigencia. A los 74 años, en su agenda se confunden todavía lazos con actores gravitantes de la política, del sindicalismo y del mundo de los negocios. Sin embargo, ningún vínculo es más sintomático que el que mantiene con el jefe de la UOCRA Gerardo Martínez, el gremialista que lleva toda una vida como oficialista de turno y logró la estima preferencial de presidentes tan diversos como Carlos Menem, Cristina Kirchner y Mauricio Macri.
Surgido durante la época de la más cruel represión, ese nexo fue importante para Martínez en los años noventa, cuando Gordillo era el influyente jefe de la Casa Militar y tenía llegada preferencial al Presidente, mientras Martínez era un dirigente más que, de la noche a la mañana, se convirtió en el jefe de la CGT menemista.
Reclutado por Gordillo como agente de inteligencia para el Batallón 601, en tiempos en que militantes y sindicalistas caían en masa bajo el exterminio, Martínez no tuvo mayores dificultades para sortear el test antojadizo de Comodoro Py. En 2012, el juez federal Ariel Lijo lo galvanizó en un trámite exprés en la causa donde un grupo de organismos de derechos humanos y el SITRAIC -gremio paralelo enfrentado a la UOCRA- lo denunciaban por su responsabilidad en la desaparición de 105 obreros de la construcción entre 1976 y 1983.
Nuevos documentos que acaban de ser presentados ante la Justicia confirman que ese pacto de sangre no fue apenas un rito de iniciación o un pecado de juventud, sino que se mantuvo a puro rédito por lo menos durante 30 años.
Mientras Martínez cumplía con su costumbre de aplaudir en Casa Rosada, Gordillo fue detenido el 4 de octubre de 2014 y procesado con prisión preventiva el 14 de noviembre de ese año por los cargos de tormentos agravados, torturas seguidas de muerte, asociación ilícita agravada y homicidio calificado de ocho hombres y mujeres. Pasó tres años preso hasta que en diciembre pasado, con los votos de los jueces Gabriel Casas e Ignacio Montilla, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán le concedió la domiciliaria, pese a que desde la cárcel anduvo amedrentando a testigos de la causa. Por ser mayor de 70 años, con el argumento de que quiere conocer a su nieto, el Tribunal lo dejó volver a su casa sin ningún tipo de reparo: sin avisar a la fiscalía, sin haber ordenado el informe psicosocial -requisito de la vigilancia electrónica- y sin constatar las condiciones del inmueble donde vive ni de quién sería el guardador legal del cumplimiento.
Casas tiene sus razones: es un juez emblema de los sectores ultramontanos del PJ y la Justicia, que ya favoreció a célebres represores que se destacan por violar la prisión domiciliaria como como Jorge Gerónimo Capitán y Néstor Rubén Castelli.
Planilla que demuestra el vínculo comercial entre Insumos Argentina S.R.L., de Gordillo, y la UOCRA de Gerardo Martínez, fechada al 14/11/2013
sobresaliente
El legajo del represor Gordillo es de lo más meritorio. El 24 de marzo de 1972, aprobó con “Excelente” un curso en la materia, en Campo de Mayo. Su primer destino fue el Destacamento de Inteligencia 101, de La Plata, como auxiliar del Grupo de Contrainteligencia. En diciembre de 1975, ya como capitán del Ejército, pasó a jugar en Primera: ingresó al Batallón de Inteligencia 601, destinado a la Compañía de Ejecución “A”. En 1976, hizo dos incursiones que dejaron huella en Tucumán, del 3 al 22 de mayo y del 2 al 18 de agosto, en la denominada “Zona de Operaciones”.
El 26 de mayo del ‘76, el coronel Alberto Luis Cattaneo, Jefe del Estado Mayor del Comando de la Quinta Brigada de Infantería, lo distinguió con una felicitación: consideró que el señor Gordillo se desempeñó como Jefe del Grupo de Interrogadores “con gran capacidad y eficiencia” en forma “sobresaliente” en la “lucha contra la delincuencia subversiva”. Cattaneo era el segundo del genocida Domingo Bussi en Tucumán, actuaba además como Jefe del área Inteligencia de la Brigada y ante él se reportaba el Jefe del Destacamento 142 de Inteligencia.
En 1978, Gordillo fue comisionado al Batallón de Inteligencia 183 con asiento en Comodoro Rivadavia. En octubre de 1980 viajó a Honduras para entrenar tropas y regresó después para cumplir funciones otra vez en el 601, hasta fines de 1981. Jefe del Distrito Militar Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur entre 1982 y 1983, jefe de la compañía de ingenieros Goya entre 1984 y 1985, a cargo de la Jefatura II (Inteligencia) Estado Mayor del Ejército entre 1986 y 1987, el represor nacido en Mendoza no tuvo inconvenientes con el regreso de la democracia. Todo lo contrario. Entre 1988 y 1991, retornó a La Plata como Jefe del Destacamento de Inteligencia 101, donde conoció al entonces joven intendente Julio Alak, y llegó a la cúspide entre 1991 y 1997 como Jefe de la Agrupación de Seguridad e Inteligencia de la Casa Militar. Allí accedió a la intimidad de la residencia de Olivos y forjó un vínculo privilegiado con Menem que lo llevó incluso a compartir largas jornadas de golf. Peronistas de esa era como Miguel Ángel Toma, Osvaldo Mercuri, Alfredo Atanasof, Carlos Corach, el ex senador y ministro de Desarrollo Social José Figueroa contribuyeron a su ascenso.
delación premiada
Durante la dictadura militar, Gordillo utilizaba identidades falsas. El fiscal Martín López Perrando -ex viceministro de Seguridad bonaerense- confirmó dos de los alias que utilizaba: “Miguel Alfredo Morra” y “José Américo Carabetta”.
También Gerardo Martínez tuvo en sus orígenes un nombre apócrifo. De acuerdo al legajo microfilmado del Departamento de Personal de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército que se conoció en 2012, el jefe de la UOCRA ingresó con 25 años en la inteligencia militar bajo el seudónimo de “Gabriel Antonio Mansilla” y pasó a desempeñarse como “agente de reunión en ámbito gremial”. Martínez era uno de los empleados que la dictadura utilizaba como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en su lucha contra la “subversión”.
En su Foja 1, el legajo del sindicalista precisa que “está vinculado con el mayor Roberto Edgardo Gordillo, que fue quién recomendó a Martínez” y en su Foja 7 agrega que el represor es una de las “personas que pueden avalar antecedentes morales o ideológicos” del sindicalista. Según ese documento, el gremialista que fue ejemplo para Cristina Kirchner, viajó con Macri a Holanda en 2017 y es interlocutor privilegiado del actual Presidente, trabajó entre 1981 y 1984 en el Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo.
Pese a eso, a Martínez le alcanzó con una solicitada en Página 12, una entrevista en Radio Mitre y sus contactos con el poder de turno para superar rápido el trámite del expediente que el juez Lijo tenía a su cargo. Oficialista permanente, Martínez es una pieza valiosa del esquema que despliega Cambiemos con el sindicalismo colaboracionista. Parte del grupo de los gremios llamados independientes que tienen trato directo con Macri y adversario histórico de Hugo Moyano, el jefe de la UOCRA cuenta con dos características que lo hacen único: es emblema de la obra pública que explica el -tenue- crecimiento de actividad económica, y es abonado a las paritarias a la baja que impulsa Jorgito Triaca, el hijo del ex ministro de Trabajo de Menem que lo tuvo como funcionario en los años noventa.
Acostumbrado a castigar al kirchnerismo con los bolsos de José López, los altos mandos del macrismo deben haber olvidado las filmaciones que muestran a Martínez con el ex secretario de Obras Públicas en un asado regado con buen vino en la mansion del country de Dique Luján.
La relación entre Gordillo y Martínez está denunciada desde hace más de tres años en el expediente que llevó a la cárcel al represor. Según testimonios que figuran en la causa, el coronel de Inteligencia se jactaba de haber entrenado al hombre que conduce los destinos de la UOCRA desde hace 28 años. Por la influencia y los nexos de los protagonistas de la historia, es escasa la información que trasciende en los medios sobre el tema.
Marcelo Larraquy publicó en Clarín que Martínez fue presentado en 1978 al coronel Pedro Coria, el entonces interventor del sindicato que había sido parte también del Operativo Independencia en Tucumán. El gremialista llevó a la UOCRA a su tío “Chicho”, que también era personal civil del Ejército y entregaba información a la jerarquía militar sobre el activismo gremial.
Cuadro confeccionado por Gordilllo que exhibe la red de relaciones que tenía en 2011 la empresa que dirige desde las sombras.
abandonar nunca
La novedad es que un testigo de identidad reservada acaba de aportar en la Justicia documentación que estaba en manos de Gordillo, que demuestra hasta qué punto ese puente sigue vigente. Se trata de una serie de documentos que estudia el fiscal federal y coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Tucumán, Pablo Camuña, y muestran una red envidiable de contactos, alejada del imaginario que muestra a los represores como parias olvidados. La información surge del puño y la letra del represor Gordillo y revela el entramado de poder que buscó reactivar desde la cárcel de manera desesperada. Vista la prisión domiciliaria que acaba de obtener, puede decirse que su trabajo paciente volvió a dar resultados.
Una carta del 14 de noviembre de 2014, cuando la Cámara Federal confirma su procesamiento en Tucumán, resulta de lo más ilustrativa. Dirigida a una persona de su íntima confianza, le cuenta los pasos que dará el defensor oficial (Marcelo) Galliano para apartar al juez de la causa (Daniel Bejas). El primer pedido de Gordillo es claro. “Quiero que le digas a Belén, para que hable con Silvia, para que autorice el Negro, si puede el Dr. Pablo Argibay Molina llamar al defensor (hay otro de apellido Cannata) para hacer el seguimiento de la cosa, ya que entre pares se entienden y el de aquí va a estar más presionado para hacer las cosas”.
Belén y Silvia (Nancy Sosa) son dos de las secretarias de Gerardo Martínez. Argibay Molina es el famoso penalista que representa al sindicalista de la UOCRA y tuvo entre sus defendidos más notorios a Alfredo Yabrán, María Julia Alsogaray y el comisario Néstor Espósito, responsable por la muerte de Walter Bulacio. Ahora su estudio defiende a Omar “El Caballo” Suarez.
Carta de puño y letra del represor donde indica qué deben hacer las secretarías y el abogado de Gerardo Martínez para ayudarlo en su intento de eludir a la justicia.
Más adelante, Gordillo dice: “tengo que asegurar mi jubilación por si hay problemas con la UOCRA, que no creo, pero…”. Procesado por delitos de lesa humanidad, el ingreso que percibía por parte del sindicato estaba al día mientras Martínez era -como ahora- habitual interlocutor del gobierno.
Apenas detenido, la semana del 10 al 17 de octubre, el represor del Batallón de Inteligencia 601 envía instrucciones precisas.
- “Que Centeno y Fernando entiendan que tienen que apretarlo ellos al ministro Alak. No mandar terceros y es urgente”, escribe. Se refiere a Jorge Emilio Centeno Quiroga, alias “El Loco”, ex miembro de la banda paramilitar de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria; y a Fernando Nuñez Monasterio, el ex coordinador de gestión en La Plata que en los años noventa estuvo involucrado en una estafa con adicionales de la policía.
- “Ir siempre a la oficina”, escribe, y después agrega una definición que muestra cómo hasta el poder más cruento se puede venir abajo, cuando cambia el viento: “Ojo no se puede abandonar si no nos abandonan”.
- “Que Belén haga el seguimiento junto a Silvia (la otra secretaria), que Gerardo tenga la esquela (es urgente)”.
- “Vos llamá a Centeno-Fernando para ver si estuvieron con Alak”, insiste.
El entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos tenía una relación con Gordillo del tiempo en que era intendente de La Plata y el represor estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia de la capital provincial. El “Predador” -según el nombre que eligió para abrir su cuenta en Facebook- fue detenido ya casi sobre el final de su gestión por decisión del juez Bejas, el mismo que hacía la vista gorda en la causa contra César Milani.
Entre la nueva documentación ahora en poder de la Justicia aparece también una agenda improvisada que incluye nombres, apellidos y números telefónicos que lo muestran en plena actividad con fechas de 2011. Figura, por ejemplo, otro miembro del Batallón de Inteligencia 601 de su íntima confianza, el teniente Enrique Zaraboso, represor que se entrenó en Colombia como interrogador, actuó en Santa Fe durante la dictadura, y con el regreso de la democracia se integró a las filas carapintadas para participar del alzamiento de Campo de Mayo junto a Aldo Rico. Pese a sus antecedentes, llegó a trabajar entre 2003 y 2005 bajó las órdenes de Norberto Quantín en la secretaría de Seguridad Interior. Zaraboso apareció en la lista del Batallón 601 de Inteligencia que se difundió en 2010, a través de la revista Veintitrés. En esa primera lista, por alguna razón que no queda clara, Gerardo Martínez no figuraba.
Volviendo al cuaderno del Predador, no sólo hay nombres ligados a la dictadura sino destacados empresarios como Antonio Balcedo, padre del sindicalista y dueño de medios que fue detenido este verano en Punta del Este. Miembro reconocido de la derecha peronista que llegó a ministro del gobernador bonaerense Victorio Calabró, Balcedo padre fue el secretario general del SOEME y estaba ligado a la CNU. Murió en 2012 en medio de los honores de la dirigencia que lo vio engordar. Figura además su amigo Antonio “Nino” De Tomasso, jefe sindical de la UOM desde 1974 hasta hoy y señalado ante el TOF 1 de La Plata como colaborador de la dictadura militar.
En otra hoja de lo más sugestiva aparece un cuadro con tareas que Gordillo delega en su rol de empresario. El represor está ligado a la compañía Insumos Argentina SRL dedicada a proveer soluciones tecnológicas y plataformas informáticas a grandes empresas, universidades y distintos niveles del Estado. Un esquema en el que Gordillo especifica tareas, tema y trabajo, con fechas de 2011, como si fuera el dueño de todo. Insumos Argentina SRL tiene como socio principal a Maximiliano Tropeano y cuenta entre sus domicilios alternativos con la casa de Gordillo, donde el represor hoy cumple con la prisión domiciliaria, Araujo 319, en Villa Luro.
Gordillo menciona con quién hablar en cada caso por licitaciones para digitalización en Ciudad de Buenos Aires, el “ministerio de Justicia y Seguridad”, el Banco Ciudad, la CONEA, el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires y la UOCRA. Rodríguez Larreta, Alak, Diego Guelar -hoy embajador en China- y la secretaria de Gerardo Martínez aparecen mencionados.
A disposición de la Justicia está también un dato que aporta al nexo monetario entre el sindicalista y el represor: el detalle de cobros que la UOCRA le pagó a Insumos Argentina por servicios que prestó al gremio en 2013. Allí, Gordillo aparece como el “vendedor” y representante de la empresa ante el sindicato que conduce Martínez.
En poder de Gordillo, se encontraron también videos y cds que lo confirman activo, con tareas de “asesoramiento” al servicio de la UOCRA. Testimonios de afiliados heridos en la batalla contra las facciones opositoras que erosionan el reinado de Martínez y entrevistas en las que el ex jefe de la CGT se refiere a sindicalistas que fueron sus históricos adversarios, como Moyano padre.
Integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal debe decidir la semana que viene si confirma el beneficio de la prisión domiciliaria o si la revoca, como acaba de hacer en el caso del genocida Miguel Etchecolatz. Es posible que Gordillo siga sus pasos. Más dificil es que Martínez, el ex agente de inteligencia que transita la democracia como sindicalista modelo, vea resentido su poder.