Cuando Pedro Catella buscó el pago de la indemnización por la desaparición de su madre, Alicia Eguren de Cooke, se encontró con una agria sorpresa. Su dinero -cerca de 450 mil pesos en bonos del Estado- había sido transferido por la Caja de Valores a otra persona. Los hilos de la trampa saltaron a la vista apenas hurgaron en la transacción. Alguien había falsificado la firma de un secretario del juzgado donde se tramitaba la sucesión de los bonos -de Eguren a Catella- y, de esa manera, logró que la Caja de Valores transfiriera, en dos ocasiones distintas y sin realizar los controles pertinentes, el total de los títulos a una cuenta del Banco Francés. 

Recién después de cinco años de litigio, en abril de este año la Caja la devolvió el dinero a Catella. De todas maneras, la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo estatal encargado de supervisar y controlar el funcionamiento del mercado de capitales, abrió un sumario en el que critica su conducta por “no haber corroborado la veracidad del oficio”. Mientras tanto, la Justicia aún investiga los hechos penales.

La operación para hacerse de los bonos fue llamativamente simple. Eso mismo entendieron los investigadores, por lo que todas las sospechas recayeron rápidamente en la Caja de Valores. El mecanismo fue detectado a mediados de 2010. En México, donde reside desde 1976, Pedro Catella -hijo de Alicia Eguren con un matrimonio anterior a John William Cooke- tramitaba la sucesión de los bonos a través de su entonces abogado, Mariano Duhalde. Por medio de la Ley 24.411, el Estado había pagado indemnizaciones a los familiares de los desaparecidos. Pero como técnicamente el pago es en bonos y a nombre del desaparecido, Catella tenía que resolver la sucesión de esos títulos.

En ese trajín andaba cuando Duhalde le comunicó la noticia: la Caja de Valores había transferido todo a una cuenta en el Banco Francés bajo el nombre de Héctor Albarracín. Más tarde se sabría que Albarracín, en realidad, era un vigilante nocturno que había perdido el documento, luego falsificado para abrir la cuenta. El falso Albarracín había presentado en la Caja un oficio del Juzgado Civil N°11 -donde se tramitaba la sucesión-, con la firma falsificada del secretario y un documento también falso. “Lo que decía el oficio apócrifo era, básicamente, que el heredero de Eguren era este Albarracín. Pero este tipo de operaciones no se hace con la firma del secretario sino del juez. Eso demuestra que fue una maniobra interna de la Caja; además de que solo ahí adentro pueden saber qué bonos se mueven y cuáles no”, dijo Duhalde consultado por este caso a la oficina de Derechos Humanos de la CNV.

Uno de los responsables de la Gerencia de Inspecciones e investigaciones de la CNV aportó otro dato que compromete al agente de guarda: “Por procedimiento, la Caja de Valores debería haber corroborado la veracidad del oficio, y no lo hizo”. En ese sentido, Duhalde fue contundente: “Corresponde que la Caja se haga cargo de devolver el valor de lo robado, más los intereses”. Vale la pena aclarar que La Caja es una Sociedad Anónima de capitales privados, y constituye la única institución encargada de la guarda de todos los títulos públicos y privados de la Argentina. 
El escándalo abrió dos frentes. Por un lado, en la resolución 17.169 de 2013 la CNV decidió instruir un sumario a la Caja de Valores por considerar que “habría incumplido las obligaciones previstas” como agente de guarda. En ese texto, advierte también que “vigilar no es una función estática sino dinámica que impone a los síndicos el deber de recabar las medidas necesarias para verificar la existencia de irregularidades”. Es que el Manual de Procedimiento Operativo advierte que cuando se transfieren sumas mayores a 100 mil bonos, el Sector Legales “se comunicará con el Juzgado correspondiente para corroborar los datos”. La explicación desde la Caja fue que, de manera unilateral y “en la práctica”, se había elevado ese límite a 200 mil. Lo llamativo es que, al toparse con la maniobra, los abogados de Catella detectaron que había sido realizada en dos etapas, poco menos de 200 mil la primera y otros 175 mil en la segunda.

La respuesta de las autoridades del agente de guarda fue despedir a uno de los empleados por “no haber podido brindar explicaciones satisfactorias sobre su accionar dentro del procedimiento de control”; como explicaron en el descargo ante la CNV. Recién en abril de este año, luego de una instancia de conciliación judicial, el nuevo abogado de Catellla, Jorge Karakachoff, logró que la Caja le devolviera a su cliente el monto que había sido desviado a la cuenta apócrifa del Banco Francés. Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción en lo Criminal N° 7 todavía intenta determinar quién o quiénes lograron robar casi medio millón de pesos con un documento falso como única arma.