“El presupuesto de educación para este año es lamentablemente menor que el del año pasado. No estaríamos llegando a octubre”. La oración, que alarma, no forma parte de una denuncia de CTERA, de ADEMyS, ni de ningún otro gremio docente. Aunque sorprenda, la confesó el propio secretario de Educación, Carlos Torrendell, el miércoles 26 de marzo en la 140 Conferencia del Consejo Federal de Educación, el organismo que reúne a los ministros de la materia de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para consensuar políticas nacionales que impacten en todas las escuelas del país, tanto secundarias como primarias o jardines de infantes.
Quizá la mejor hoja de ruta para interpretar el rumbo de un gobierno, para saber qué áreas y políticas prioriza y cuáles deja de lado sea el presupuesto nacional. Pero la administración de Javier Milei decidió gestionar sin esa herramienta para poder ajustar, definir y direccionar partidas de manera discrecional, sin transparencia y sin necesidad de consensuar con la oposición. A más de un año de gobierno se puede concluir que esa arbitrariedad convirtió a la educación en un área severamente perjudicada. Según estimó la diputada de Unión por la Patria y expresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Blanca Osuna, desde diciembre de 2023 hasta diciembre 2025, según sus proyecciones, la inversión educativa habrá caído 38%. El cálculo del investigador especializado en economía y educación, Alejandro Morduchowicz, aún es más dramático y eleva la reducción al 40%.
El desdén de Milei hacia la educación ya había quedado en claro desde el momento en que conformó su gabinete, cuando le bajó el rango al área de ministerio a secretaría, algo que no ocurría desde la dictadura de Juan Carlos Onganía, en la década de 1960. Si bien el lugar que ocupa en el organigrama no necesariamente implica una afectación presupuestaria, desde lo simbólico resultó una señal contundente.
La información publicada en el portal oficial Presupuesto Abierto lleva aquella manifestación simbólica a números concretos. Mientras que la inversión presupuestada para 2025 en las partidas de educación y cultura (el informe las toma en conjunto) corresponde al 5,71% del total del gasto de la administración nacional, los recursos previstos para el pago de la deuda pública serán casi el doble: 10,89%. Si bien en el gobierno de Alberto Fernández lo destinado al pago de la deuda también ya era mayor a lo asignado a la educación, en 2023 la diferencia entre ambas erogaciones era solo de dos puntos (9% para la deuda contra 7% de educación). Es decir, la brecha entre ambas partidas más que se duplicó.
provincialización al palo
La política de recortes en educación fue a través de un juego de pinzas. Por un lado prorrogó el presupuesto 2023 por dos años seguidos con el consiguiente congelamiento y licuación de partidas por el efecto inflacionario y, en el caso en que fueron actualizadas, siempre se lo hizo aplicando un índice por debajo del índice de precios al consumidor. El otro camino fue el empleo de la ya emblemática motosierra, a través de despidos en la administración pública y del cierre o minimización de programas como, por ejemplo, el de Educación Sexual Integral.
En este último caso, un informe presentado por el Movimiento Federal XMÁSESI sobre el primer año de la gestión de Milei señala que la falta de financiamiento del Estado nacional provocó que en 13 provincias redujeran los equipos y las acciones encaradas para implementar las políticas de ESI. En otros cuatro distritos, a su vez, el programa tuvo que discontinuarse porque los equipos quedaron sin contratos, las provincias no pudieron hacerse cargo de ellos y se vieron obligados a desarmarlos. Más allá de los presupuestario, pero no menos importante: en seis provincias los programas continúan pero fueron subsumidos en otros o cambiaron de orientación, tal vez inspirados en los discursos que emanan de la Casa Rosada (CABA, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Misiones y Neuquén).
Según un informe del Instituto Marina Vilte, de CTERA, publicado en agosto pasado y que compraba los primeros siete meses de 2024 con el mismo período de 2023, prácticamente todas las áreas tenían recortes impactantes: en infraestructura y equipamiento el ajuste había sido del 98%, en comedores escolares del 43%, en acciones de formación docente 88%, en becas a estudiantes 64% y en Conectar Igualdad 86%, entre otros programas y partidas reducidas.
Otro de los programas que sufrió la poda libertaria fue el Plan Nacional de Lectura: el gobierno de Milei dio de baja en abril del año pasado a una licitación por 25 mil millones de pesos para imprimir cuatro millones y medio de manuales que iban a ser distribuidos en escuelas públicas de todo el país. Si bien la explicación oficial habló de problemas administrativos, en los pasillos del Ministerio decían que desde ahora “cada provincia deberá hacerse cargo de entregar los materiales de estudios”. Morduchowicz señala como una directriz del gobierno la provincialización al máximo de las políticas educativas.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboró un informe sobre el proyecto de presupuesto que el gobierno envió al Congreso para este año. Aunque finalmente no se aprobó, su análisis sirve para descubrir las intenciones del Ejecutivo. Según la ONG, el presupuesto destinado al fortalecimiento edilicio de los jardines de infantes disminuye un 30% respecto al año 2024 y un 69% de lo ejecutado en 2023.
sin carpa
Como si no hubiera dicho nada preocupante, Torrendell –a quienes solo los integrantes del ámbito educativo le conocen la voz– pidió a los presentes en la asamblea del Consejo Federal de Educación que no transmitieran pánico a la sociedad y, casi como un argumento para quitarle dramatismo a la situación presupuestaria, minimizó: “De nuestro presupuesto, el 90% se destina a becas y salarios. Pero los sueldos son solo los de las universidades y el pago de una hora más de clase para maestros de primaria”.
Es verdad que a partir de la provincialización de las escuelas primarias que realizó la última dictadura y de las escuelas secundarias que hizo el menemismo, el 75% de la inversión que el Estado nacional realiza en la educación está destinado a universidades. Pero el otro 25% es suficiente para ejecutar políticas de impacto nacional como las mencionadas en el informe del Instituto Marina Vilte.
A partir de aquellas descentralizaciones de las escuelas, los salarios de los niveles inicial, primario y secundario están a cargo de las provincias. Sin embargo, desde que Fernando de la Rúa asumió la presidencia de la Nación en 1999, el Estado nacional había instaurado como política pública el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un aporte de la nación a las provincias para mitigar la enorme brecha salarial que existía entre docentes de distintas jurisdicciones a pesar de que realizaban el mismo trabajo. Aquella medida le permitió al gobierno de la Alianza poner fin a la Carpa Blanca en la que maestros de todo el país realizaban un ayuno rotativo de protesta que ya llevaba más de mil días y se había iniciado durante la administración de Carlos Menem. Una de las primeras medidas que tomó Milei cuando entró a la Casa Rosada consistió en eliminar este aporte, lo que impactó directamente en una reducción del salario docente de entre un 5 y 8% , según el distrito. Sin embargo, la disminución del poder adquisitivo de los maestros fue aún mayor.
Morduchowicz realizó un estudio sobre el salario de bolsillo de un docente de jornada simple con diez años de antigüedad. Señala que si se toma el 2024, de punta a punta, en promedio aumentó un 6,6 %. Sin embargo, dice que esa lectura encierra una falacia: ignora la fortísima e inusual devaluación determinada por el gobierno libertario en diciembre de 2023 que llevó la inflación mensual al 25,5%. Por eso, para evaluar la gestión Milei sugiere que lo más realista sería comparar los salarios de 2024 contra los de 2022. Desde entonces, el promedio de salarios docentes cayó un 16,1%. Solo en cuatro provincias los sueldos de los maestros crecieron en ese periodo: Santa Cruz, Jujuy, San Juan y Río Negro. En los demás distritos, cayeron. Y en algunas en forma catastrófica, como en San Luis, donde los docentes perdieron un 54,8% o en Formosa, donde el derrumbe fue de un 33,8%. En la provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de docentes del país, los ingresos decrecieron un 27,8%.
Las autoridades nacionales podrían argumentar que a ellas solo les corresponde hacerse cargo de la porción de la caída salarial correspondiente al FONID y que el resto es todo por cuenta y obra de las provincias, las cuales ajustaron a los docentes por el desfinanciamiento general que sufrieron al recortarse de manera abrupta los giros que tradicionalmente realizaba el Estado nacional o, bien, por haberse mimetizado con las políticas del gobierno federal, empuñando también la motosierra.
los vouchers
La mayoría de las noticias que trascienden de la gestión educativa nacional, desde que asumió Milei, están relacionadas con ajustes. Solo dos políticas expansivas ganaron espacio en la agenda informativa. La primera fue la implementación de un voucher para subsidiar (el gobierno evitó utilizar el término) a los estudiantes de escuelas privadas. La enorme licuación de salarios que hubo a partir de la devaluación de diciembre de 2023 amenazaba con una masiva fuga de estudiantes de establecimientos privados a públicos, sobre todo de aquellas escuelas confesionales donde el público mayoritario pertenece a una clase media baja.
Torrendell –que proviene de la Universidad Católica Argentina– diseñó ese beneficio que fue otorgado a familias que percibían ingresos inferiores a siete salarios mínimos (2.077.824 pesos a valores de hoy) y podría llegar a cubrir el 50% de la cuota escolar. Un informe de septiembre del año pasado, elaborado por la Jefatura de Gobierno de la Nación, señalaba que recibieron este beneficio 833.000 estudiantes, un tercio de los 2.400.000 alumnos que concurren a establecimientos educativos privados.
“Los fondos asignados para los vouchers, provienen de programas socioeducativos que desde principios de siglo fortalecían las condiciones de escolarización de los grupos más vulnerados. De este modo, se profundiza la desigualdad ya existente entre escuelas de gestión estatal y privada”, subrayan Nora Gluz, Mariel Karolinski y Axel Kesler en el documento “El anarcocapitalismo y la mercantilización de la vida. Extremas derechas en educación argentina a partir del gobierno de Javier Milei”, elaborado para Clacso.
El principal –casi el único– anuncio de política educativa vinculado directamente a los aprendizajes fue el Plan Nacional de Alfabetización que –según el presupuesto fallido que el gobierno envió al Congreso– tendría asignado para este 2025 unos 700 mil millones de pesos con el objetivo de reforzar la práctica lectora en los primeros años de escolaridad, incluyendo en el programa acciones para la formación docente y el involucramiento de la comunidad. Esa suma equivale al 11,6% del gasto educativo nacional.
En un artículo escrito en Le Monde diplomatique, el especialista Leandro Bottinelli presentaba cierta sorpresa por esta política educativa: “El analfabetismo en Argentina es bajo desde hace cincuenta años (solo el 6% de los adultos no sabía escribir y leer según el Censo de Población de 1980). El porcentaje actual es del 1%, concentrado en adultos mayores de áreas rurales. ¿Por qué, entonces, la insistencia con esa palabra? Creemos que más allá de la política educativa, responde a la idea de instalar un diagnóstico de barbarie y proceder a implementar no ya políticas de mejora sino la demolición del sector público”. Bottinelli señala, además, que si uno mira los resultados de las pruebas Aprender, los problemas en el aprendizaje de las matemáticas son más acuciantes que los de área de lengua.
inteligencia artificial
Si hasta acá el panorama parece desolador, al poner la lupa en las universidades la situación parece catastrófica. Dos tercios de la inversión nacional en el sector están destinados a la educación superior, dado que el mayor gasto en la educación inicial, primaria y secundaria lo hacen las provincias. Quizá esa sea la razón por la que el gobierno tomó a la universidad como uno de sus principales blancos.
Un informe publicado en la red X por el especialista en economía de la educación, Juan Ignacio Doberti, señala que la decisión administrativa 3/2025 otorgó a las universidades 3,3 billones de pesos, un monto que equivale al 50% del presupuesto solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional y que solo permitirá pagar salarios hasta septiembre. El especialista denuncia que la medida no respeta la Ley de Educación Superior que, en su Artículo 58, impide la reducción presupuestaria. También viola la Ley de Administración Financiera que, en su artículo 27, obliga a actualizar las partidas cuando hay prórroga presupuestaria de manera de dar eficiencia a las prestaciones.
Doberti subraya que, en enero pasado, hubo un aumento para gastos de funcionamiento equivalente al 105% en relación a enero del 2023, pero que debido a la inflación acumulada implica una reducción presupuestaria real del 70%.
Los gastos de funcionamiento no llegan a representar el 10% del presupuesto universitario. Casi el 90% de los recursos se destinan a los sueldos de docentes y no docentes. Según el Observatorio del Salario y el Presupuesto Universitario, un espacio interdisciplinario creado por la Universidad Nacional de Córdoba, los ingresos de los docentes cayeron un 27% en valores reales desde noviembre de 2023. El acumulado perdido desde entonces, equivale a la suma de casi cinco salarios actuales. La licuación del salario docente del nivel superior es un problema que viene de larga data: para recuperar el poder adquisitivo que tenía en agosto de 2015 –según calcula el Observatorio–, en marzo el aumento debería haber sido del 94%.
Este desfinanciamiento también se ve reflejado en el gasto universitario por alumno. Según la investigación realizada por Doberti, de cada cien pesos que se destinaba a cada estudiante universitario en 2014, hoy se invierten solo 46, es decir, 19 pesos menos que lo que se gastaba en 2013, cuando asumió la gestión libertaria.
En el ámbito educativo, el gobierno se caracterizó hasta ahora por la reforma de la estructura institucional, las restricciones presupuestarias con el cierre o minimización de programas, la derivación de responsabilidades a las provincias, el deterioro salarial y la escasas iniciativas políticas de la Secretaría de Educación. Cuando el Poder Ejecutivo Nacional decidió cerrar Télam, hizo circular por las redes sociales una provocación: “Para qué queremos una agencia de noticias si tenemos Twitter”, posteaban sus adláteres. ¿Ahora pensarán para qué queremos la educación si tenemos la inteligencia artificial?
