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la pesada mole del fmi
El Fondo Monetario Internacional volvió para quedarse y los funcionarios argentinos otra vez mendigan misericordia en la sede del organismo en Washington DC. ¿Dónde y cómo funciona nuestro ministerio de economía off shore? ¿Y qué margen de maniobra tendrá el próximo gobierno nacional para zafar del torniquete?
Fotografía: Charo Larisgoitia
03 de Junio de 2019
crisis #38

 

Christine Lagarde impone su presencia. Metro ochenta, pelo blanquísimo y corte garçon, la directora gerente aparece de golpe desde atrás de una puerta con vidrios translúcidos, cruza el hall de su despacho y desaparece de vuelta a toda velocidad. Estamos a dos cuadras de los jardines de la Casa Blanca, en el Headquarters 2 (segundo cuartel general) del Fondo Monetario, justo en la esquina de la calle 19 y avenida Pennsylvania. Cae el sol de un sábado de abril y la Asamblea de Primavera del FMI llega a su fin, pero el séptimo piso de esa mole que ocupa toda la manzana es un hervidero de hombres de traje y algunas —poquísimas— mujeres. Otra vez un presidente argentino se juega el puesto en las negociaciones que llevan adelante sus ministros en esas oficinas de Washington DC.

Lo llaman así, cuartel general, como si hubieran renunciado al eufemismo. Como si admitieran que desde esa ribera del río Potomac el poder no se ejerce con modos mucho más sutiles que desde el Pentágono, justo en la orilla opuesta. Su sede siempre se llamó de esa manera: cuartel general. Y no por azar. Frente a sus primos del Banco Mundial, los tecnócratas que habitan la mole de enfrente, y en comparación con cualquier otro diplomático, los staffers del Fondo se forjaron una imagen prácticamente de comandos. Marines de las finanzas. Son, como los soldados, verticalistas y cultores de las jerarquías. Si en una reunión con funcionarios de un país está el jefe de la misión enviada desde Washington, por ejemplo, los otros visitantes no hablan.

Catorce meses atrás, Christine Lagarde aterrizaba en Buenos Aires para reunirse con Mauricio Macri. Antes de verlo dio una conferencia en la Universidad Di Tella donde aseguró que no venía a prestarle plata al país. “No lo necesitan y yo no estoy en ese negocio”, soltó sin que nadie llegara a preguntarle, entre risas cómplices de funcionarios y consultores como Miguel Kiguel o Miguel Ángel Broda. Al mes y medio, corrida cambiaria mediante, le estampaba la firma a un nuevo crédito para la Argentina, el mayor de la historia del organismo. Era una orden inapelable del accionista mayoritario del Fondo, el gobierno de Estados Unidos.

Ese primer programa de asistencia, firmado en junio por Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Luis “Toto” Caputo, colapsó a los tres meses. En el camino debió irse Sturzenegger, de tensa relación con la Casa Rosada desde que a fines de diciembre lo habían obligado a relajar sus metas de inflación. En septiembre hubo que firmar otro acuerdo, para lo cual Macri debió entregar también a su sucesor en el Banco Central, Caputo, a quien Marcos Peña había definido poco antes como “el Messi de las finanzas”. Dujovne sobrevivió, empoderado, y administró desde entonces la relación con Madame.

El Fondo volvió para quedarse. Su regreso para salvar el pellejo de Macri fue también un rescate para los bancos acreedores que, en caso contrario, habrían sufrido una cesación de pagos de los títulos que compraron sin límite durante el festival de endeudamiento de 2016 y 2017.

 

vamos a volver

Un año alcanzó y sobró para que el Fondo Monetario haya vuelto a erigirse como un factor de poder protagónico en la Argentina. En un soplo ocupó otra vez el centro de la agenda económica y se expandió hacia la política, como durante tantos años entre el fin de la dictadura y la crisis de 2001. Lagarde demostró que esa influencia había llegado a su cenit cuando, en conferencia de prensa durante la misma cumbre de primavera (boreal), incurrió en la intromisión retórica más atrevida que se le recuerde a un director gerente del organismo sobre la política interna de uno de sus miembros. “Sería tonto de parte de cualquier candidato darle la espalda al trabajo que se está haciendo”, advirtió, ante una pregunta sobre las elecciones presidenciales.

No solo en Washington se imparten directivas así. En el paisaje del macrismo postrero volvió a ser normal escuchar a auditores externos opinar con autoridad sobre la política económica local. Lo hizo en mayo Roberto Cardarelli, el encargado para Argentina del Departamento del Hemisferio Occidental, en un cocoliche parecido al de Paolo Rocca. “Lo peor ya pasó”, aventuró al salir de reunirse con la cúpula de la CGT. Parecido a lo que decía el indio Anoop Singh durante sus visitas de 2001, bajo las órdenes de Anne Krueger y Horst Köhler.

El Fondo nació en la posguerra como una especie de banco central mundial, para morigerar los contagios de las crisis financieras y evitar que una moneda viera pulverizado su valor de la noche a la mañana. Se suponía que eso evitaría otra guerra de alcance planetario. Ese rol se resignificó a partir de la crisis del petróleo de los setenta y la creciente presión de los intereses de la deuda externa sobre los países en desarrollo. Desde entonces empezó a custodiar también los intereses de los bancos acreedores. Pero nunca perdió de vista su mandato tácito original: preservar la hegemonía estadounidense en la economía mundial.

El ente que preside Lagarde emplea a unas 1600 personas y tiene tres estamentos diferenciados que a veces chocan entre sí: el sta (los técnicos), el management (Lagarde y los jefes de cada área) y el directorio (los dueños). En el directorio, Estados Unidos tiene el 16,5% de los votos. Sumado al resto del G-7 controla un 41,2% de los votos. La ascendente China, como el reparto de las sillas refleja la participación en el PBI global pero tarda años en actualizarse, tiene solo un 6,1% de los votos. La Rusia de Vladimir Putin, un 2,6%. Estados Unidos, además de la primera minoría en el directorio y el poder de veto, tiene asegurada en el management la vicepresidencia, hoy en manos del halcón demócrata David Lipton.

Aunque el sta procura presentar todos los movimientos del Fondo como desprovistos de intereses políticos y regidos por normas inquebrantables, el organismo suele jugar en situaciones límite alineado en un 100% con el gobierno estadounidense, sin importar lo que dictaminen sus técnicos. Lo hizo por caso durante el fallido intento de golpe de estado contra Hugo Chávez en abril de 2002 por parte del empresario Pedro Carmona. “Esperamos poder continuar trabajando con las nuevas autoridades de Venezuela y estamos listos a ayudarlas si lo desean”, dijo el entonces vocero del FMI, Thomas Dawson, cuando Carmona recién terminaba de tomar el control del aparato estatal. Pocas horas después, una rebelión de la población pobre de Caracas reinstaló a Chávez en el poder.

El FMI también basa su legitimidad en que sus desembarcos no parezcan agresivos. Como sus miembros son naciones soberanas, tiene prohibido siquiera enviar una misión técnica a un país si sus autoridades no lo invitan a hacerlo. Tampoco impone condiciones ni cobra intereses a los países que no acuden a él para pedirle prestado dinero. Le pasó en 1997 con Tailandia, que lo descolocó al rechazar su ayuda incluso cuando el baht se derretía al calor de la crisis asiática.

Ahora, además, procura forjarse una imagen algo más querible y dejar atrás la impronta de ajustador insensible que construyó a puro recorte presupuestario en los noventa en América Latina y en los dosmil en la Europa del sur. Por eso promociona sus “waivers sociales”: permisos para gastar dos o tres décimas del PBI en programas de asistencia a los más pobres, que se extienden siempre y cuando los gobiernos garanticen lo troncal del ajuste.

Portugal redujo su desempleo a la mitad y es el país que más crece de Europa, pero todavía no revirtió la flexibilización de su mercado laboral y no llegó a recontratar ni a la cuarta parte de los empleados públicos que echó la centroderecha durante el ajuste previo.

 

telarañas

Gane quien gane en octubre, el Fondo va a seguir como una sombra al próximo presidente o presidenta. Quien asuma el 10 de diciembre —o el mismo Mauricio Macri, en caso de ser reelecto— deberá desembolsar 47.544 millones de dólares a lo largo de sus cuatro años de mandato solo para cubrir los vencimientos del préstamo standby récord que salvó a Cambiemos del helicóptero por obra y gracia de Donald Trump. Un monto equivalente al 70% de las actuales reservas brutas del Banco Central y muy superior a las reservas netas, si se resta del total el “canje de monedas” con China y los depósitos en dólares que también figuran como reservas pero tampoco le pertenecen.

Tal como está planteado hoy el programa standby, la telaraña fondomonetarista llega incluso hasta el mandato del subsiguiente inquilino o inquilina de la Casa Rosada. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2027 deberíamos desembolsar otros 10.519 millones de dólares, un monto similar al que heredó Néstor Kirchner de Eduardo Duhalde.

Las alternativas para la próxima administración son las siguientes:

- Pagar y mantener la tutela estricta que exige el Fondo a sus deudores.

- Renegociar los vencimientos, algo para lo cual sería indispensable la venia de Estados Unidos y que igual forzaría —quizá por más tiempo— el cumplimiento de las metas que fija el staff .

- Negociar waivers (perdones) puntuales sobre algunos vencimientos y metas de los que fija el programa, procurando cumplir el resto.

- Romper unilateralmente, declarar el default o la moratoria de los pagos y exponerse a las consecuencias.

Romper, según el consultor y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, “sería un suicidio financiero”. Para Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía de Cristina Kirchner, los problemas de la economía “se multiplicarían por diez”. Axel Kicillof, su jefe, esquiva responder qué haría en caso de volver al cargo con el argumento de que todavía no está claro qué va a dejar Macri el 10 de diciembre. Lógicamente, el oficialismo propone seguir igual.

No hay experiencias de países que hayan atravesado un camino rupturista frontal después de la interconexión de los mercados financieros de los años noventa y la globalización de las cadenas productivas de los dosmil. Sí hubo gobiernos que se apartaron de la hoja de ruta del Fondo y contradijeron sus recetas de austeridad, como la coalición portuguesa de izquierda y centroizquierda que asumió en 2015. Sus resultados fueron positivos pero tampoco descollantes: Portugal redujo su desempleo a la mitad y es el país que más crece de Europa, pero todavía no revirtió la flexibilización de su mercado laboral y no llegó a recontratar ni a la cuarta parte de los empleados públicos que echó la centroderecha durante el ajuste previo.

De cara a las elecciones de octubre, la única fuerza electoral que propone abiertamente una ruptura es el Frente de Izquierda. Sostiene que debería combinarse con la nacionalización de la banca, la “asignación democrática del crédito” y el monopolio estatal del comercio exterior. No es sencillo, pero debería ser mucho más específica al describir los obstáculos que tendría ese camino y los sacrificios que exigiría a la población. O al menos a una parte importante de ella.

El Fondo volvió para quedarse. Su regreso para salvar el pellejo de Macri fue también un rescate para los bancos acreedores que, en caso contrario, habrían sufrido una cesación de pagos de los títulos que compraron sin límite durante el festival de endeudamiento de 2016 y 2017. Ahora el mayor acreedor del Estado argentino no está en Wall Street sino en Washington DC, en la calle 19. A dos cuadras de la Casa Blanca. Enfrente del Pentágono.

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