En un paneo rápido por las noticias sobre Vaca Muerta en las últimas semanas de diciembre 2024, el buscador arroja datos similares: YPF confirmó la salida de Petronas del proyecto de GNL en Vaca Muerta y se anuncia una alianza con Shell, YPF suma la Inteligencia Artificial para controlar desde Puerto Madero las operaciones de Vaca Muerta, Neuquén adhirió al RIGI y ofrece incentivos para inversiones. No asoma en los portales sin embargo una información reunida con el trabajo de dos años de búsqueda y cruzamiento de datos que habla, más allá de los titulares, de los impactos en los cuerpos (personas, aguas, suelos) producidos por la intensificación del fracking en especial en la zona productiva del valle de Río Negro. Un acervo informativo comunicado en dos informes (uno en mayo, otro en diciembre) organizados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue (FACA) y el Stockholm Environment Institute (SEI). Entre los dos trabajos, se demuestra la presencia de metales pesados y su impacto en la salud, la economía y el ambiente y se pone al descubierto la desprotección ante normativas que, contrario a su deber, garantizan la impunidad ambiental.
atar cabos
Son 400.000 barriles por día (las intenciones empresariales y de los gobiernos es llegar a 2030 con un millón de barriles diarios) que se obtienen de unos 2550 pozos registrados hacia fines de 2023. De ellos, al menos 278 pozos (194 de no convencionales) hunden sus caños en la región donde hasta hace poco reinaban las chacras frutícolas en el Alto Valle. Un cambio en las entrañas del subsuelo que cruza los pozos antiguos, de hidrocarburos convencionales, mal cerrados y desparramados entre el verde de las plantaciones de manzanas y peras, donde cohabitan -no sin problemas- con las posibilidades de pensar en alimentos para la región. En ese choque de modelos, asoman varias preguntas alrededor del uso del agua y el suelo. Principalmente, cuál es el impacto y quién registra y mide los daños.
Para comenzar a pensar en esa clave, es necesario hacer foco en la cuenca. En esta zona suele construirse una idea de desierto como sinónimo vacío, pero es, sin embargo, donde corre el sistema hidrográfico más importante del territorio argentino: la Cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, que abarca una superficie de 140 mil Km2. Frente a los escenarios que esboza el cambio climático y la tendencia decreciente de caudales observados en los últimos años, cuidar este sistema se vuelve crucial.
En paralelo a la tendencia en la reducción de caudales y a la ciclotimia propia de la crisis ambiental, el fracking avanza y utiliza grandes cantidades de agua, en especial, para la inyección que lo hace posible. Ese agua, tomada en la primera etapa, es mezclada con diferentes químicos e inyectada para producir la famosa fractura,y luego es devuelta de alguna forma, no demasiado detallada en los registros oficiales. Al igual que las preguntas por los residuos petroleros, las incógnitas sobre ese destino son varias.
En el mapa, en la zona de chacra, se reproducen los puntos. Marcan los pozos y su avance. Una marcación que crece a medida que las familias chacareras se desarman y se rinden ante la persistencia de la crisis y la rapidez del dinero rápido: vender el terreno, rentarlo, que se hagan pozos, playas de estacionamiento para camiones de servicios petrolero, que la Vaca Muerta expanda sus tentáculos. El territorio cambia, las personas que en él viven, también.
Desde la FACA, donde piensan modelos posibles para la agroecología y la sostenibilidad de la fruticultura, la inquietud sobre esto los llevó a aliarse con un organismo internacional para poder obtener respuestas; el SEI (Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo es su nombre en español) se especializa en desarrollo sustentable y políticas ambientales alrededor del mundo. Con datos geoespaciales, estudios locales, bases de datos oficiales y entrevistas, el equipo estableció indicadores espaciales para evaluar impactos. A partir de ello, desarrollaron Observar, una plataforma colaborativa para analizar “la actividad de explotación hidrocarburifera, en particular del método fractura hidráulica (fracking) y su relación con el ambiente y los recursos naturales de la cuenca del rio Neuquén y rio Negro”. .
lo que se esconde en el suelo
“Los suelos frutícolas secuestran carbono en un momento en donde hay un cambio climático imperante. Los trabajos para toda la región de Comahue nos ponen en una zona donde habrá entre un 20 y un 30% menos de agua de acá al 2050. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. No podemos disociar lo que está pasando con el fracking”, advierte Agustín Gonzalez, ingeniero agrónomo, investigador y docente de la FACA. Con ello, resalta la necesidad de políticas que protejan las zonas agrícolas y promuevan un equilibrio entre las actividades industriales y la producción de alimentos. “La gestión de estos recursos debe llevarse a cabo dentro de un marco de cuenca hidrográfica, considerando los impactos transfronterizos, como es el caso de la región de Vaca Muerta, donde las acciones regulatorias deben ser coordinadas entre las provincias”, dice.
En el estudio publicado en mayo, como parte de lo presentado en el XXIX Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, en la Universidad Nacional de Catamarca, desde la facultad rionegrina compartieron unos primeros datos que indicaban que había presencia de hidrocarburos y metales pesados en muestras tomadas en zonas urbanas y frutícolas. “La normativa no sólo es vieja, sino permisiva hacia la industria”, dice González.
Para garantizar un uso sustentable, es necesario monitorear la calidad de los bienes comunes, como el agua o el suelo. Ese debería ser el primer acuerdo sobre el cual comenzar a conversar, con esas garantías. Este trabajo se llevó a cabo en Allen, Río Negro, a partir de un muestreo aleatorio de suelos agrícolas y el agua freática en zonas cercanas a pozos, en busca de presencia de Hidrocarburos Totales del Petróleo (HTP) y metales pesados como mercurio, arsénico, cadmio y cromo. Compararon los resultados con los parámetros permitidos por la legislación provincial y nacional, y con regulaciones internacionales de países con producción de hidrocarburos no convencionales. El contraste mostró las distancias que existen entre los límites permitidos entre distintos países. Algunos índices que en Río Negro son tolerados, no lo son en otras partes como España o Bolivia, por ejemplo. En síntesis, lo que aquí se permite, afuera, no. De eso derivó una urgencia: la de revisar la legislación actual a la hora de plantear una verdadera intención de garantizar la salud del ambiente y de quienes lo habitan.
Entre algunos números puntuales, el estudio mostró:
– Presencia de HTP (Hidrocarburos Totales del Petróleo) con valores entre 3110 a 5330 ppm, que si bien no superan los límites permitidos en la legislación actual indican que ha habido contaminación en la locación en algún momento.
– en agua hay valores de metales pesados en el límite permitido y por encima de los mismos tanto en Cromo con 0.006 mg/l como Plomo 0.010 mg/l; valores que fueron obtenidos en las muestras próximas a la laguna contigua a la locación por lo que asumen que provienen de la actividad hidrocarburífera.
una mancha silente en el agua
El segundo informe se dio a conocer a fines de diciembre, fue una segunda etapa de investigación, y allí pudieron determinar que:
– Aproximadamente el 80% de las aguas residuales no se contabilizan. No hay registros de qué sucede con ellas.
– Un cuarto de los pozos en la categoría de extracción efectiva solo tienen información sobre el agua de retorno, y no sobre el volumen de agua que se inyectó inicialmente
– en las provincias de Río Negro y Neuquén, 3017 pozos de fracturación hidráulica se encuentran a menos de 1 km de ríos, centros poblados, escuelas y canales de riego agrícola, y 2430 están en proximidades de riesgo medio.
– cinco familias reportaron incidentes en la región (derrames de petróleo), de los cuales en Campo Grande hay al menos dos casos públicos.
Todo sucede de manera solapada, casos aislados que emprenden sus luchas en solitario, explicaciones que los gobiernos no salen a dar. Mientras, la industria petrolera succiona: “En mayo fueron más o menos un millón y medio de metros cúbicos, 1500 millones de litros, que se usaron en ese mes solamente para el fracking. Recordemos que utilizan agua dulce, no les sirve el agua salada porque interactúa con sus químicos. Una de las preguntas importantes a hacerse acá es hasta cuándo se va a permitir seguir sacando agua para el fracking, ¿hasta qué valor por mes?”, pregunta González.
La otra pregunta es por el agua de retorno ¿hasta cuándo dejarán inyectarla? “El último dato que tenemos, a mitad de 2024, son 200.000 metros cúbicos que se inyectaron en mayo, es una cantidad monstruosa de agua y es un agua que está totalmente podrida, que ya no sirve para para nada, y que el gobierno provincial (habla de Río Negro) le permite a la industria petrolera esconder bajo tierra. No existe una tecnología química que permita depurarla”, apunta González.
Laura Forni forma parte del SEI, que trabaja a nivel global. Especialista en estudios sobre el agua, dice: “el agua subterránea, también a nivel global, es un recurso que se está utilizando más y más, por el cambio climático y el aumento de demanda y la combinación de una sequía más frecuente y hay pocos análisis que realmente digan cómo debería suceder eso y cómo hacerlo de una manera que sea sostenible”. Ante una extracción que avanza como topadora, lo que se preguntan es cómo se lleva a cabo: “¿Cómo se está realizando en lo ambiental, en lo social, incluso la mirada económica, que está muy enfocada en lo macro, pero no tanto en los micro? ¿Qué quiere decir para la economía local y quiénes se benefician de eso?. Esta expansión es liderada por industrias”, agrega Forni.
cuerpos y la letanía judicial
Poder arribar a esos datos, hacer estudios, mapeos, cartografías, requiere trabajo, tiempo y dinero. Tener esos índices permite interrogar a las leyes vigentes y también a las capacidades de los gobiernos de controlar los negocios que impulsan. Por fuera de esas cifras, están los cuerpos, y hay barrios. Uno, en particular, es representativo de esta historia.
Calle Ciega está ubicada en Allen, donde familias trabajadoras de la cosecha se asentaron hace décadas. Con el tiempo ese caserío de trabajadores de la fruta se vio rodeado de pozos. El avance del fracking fue contundente: cinco pozos a 300 metros; cincuenta y dos a menos de un kilómetro. Los efectos no tardaron en aparecer. En 2016, luego de un proceso de organización, comenzaron un espiralado camino judicial. Lo que las mujeres decían era que la cercanía de los pozos no sólo afectaba al ambiente (ruidos molestos, roturas de paredes, contaminación), sino que impactaba en la salud y eso, en consecuencia, trastocaba las vidas cotidianas de esas mujeres que debían ocupar el ya poco tiempo disponible en más tareas de cuidado para los adultos y niños enfermos.
Ante esa situación, el feminismo comunitario aportó su marco teórico y produjo estudios de campo. Belén Alvaro es investigadora de la Universidad del Comahue y hace años que analiza el impacto del fracking en especial en la vida de las mujeres de ese barrio, en el que los varones o están ausentes o aparecen ocasionalmente, ocupados en trabajos en la fruta y otros circuitos productivos, “ sectores muy vulnerables que ni siquiera entran a trabajar al petróleo”, dice. A la enumeración de consecuencias agrega más: “los efectos fueron evidentes en la soberanía alimentaria, en el aumento de tareas de cuidado, en los cambios de vida vinculados al territorio”.
Son hijas y nietas de obreros de la fruta que venían de Chile y se quedaron en las migraciones de la década del 50 del siglo pasado, construyeron esas casas con sus propias manos. Ellas también trabajan en la fruta, generalmente en los empaques y en la poda que son dos actividades más feminizadas. “Cuando vos vendés una manzana, esa manzana tiene una trazabilidad y cuando se empieza a advertir que la chacra está al lado de un pozo, ya no le compran porque viene con una potencial contaminación que en Europa no se permite”, dice Alvaro.
A lo largo de los años, dieron cuenta de procesos. Las mujeres contaban que habían enfermedades que antes no, relatos del día a día que señalaban que algo había cambiado en lo cotidiano, en las vidas, en los cuerpos. “Hay que darle estatuto epistémico a esas afirmaciones que son saberes cotidianos, pero que tienen un registro de lo reproductivo”, dice Alvaro. Las chacras aledañas comenzaron a cerrar. Durante los inviernos fríos, la leña (que tomaban de los árboles cercanos) comenzó a faltar. Las casas cercanas al Río Negro, precarias, se volvieron un freezer. Los álamos que serían de frontón dejaron de estar. Lo que no estaba mercantilizado se mercantiliza. Muchas empezaron a comprar agua porque empezaron a notar que no les caía bien la red. Como dice Álvaro: “Los relatos de estas mujeres rompen esas dicotomías de lo público y lo privado, el mercado y lo doméstico, las cuentas públicas y las cuentas privadas. En la vida de las personas estas divisiones están absolutamente erróneas, dividen cosas que no están divididas”.
La justicia tuvo una brevísima respuesta: durante tres años, entre 2018 y 2021, cerraron el pozo más cercano. Aunque al finalizar el amparo que así lo había dispuesto se reabrió por tareas de mantenimiento. En ese camino que hasta hoy no ha tenido respuestas definitivas, han habido pruebas de sonido y ruidos molestos realizados por YPF, la propia empresa que es señalada como responsable de estos cambios. La causa está en un limbo. Otro de los temas que no tienen lugar en la ecuación a la distancia.
interrogar futuros
Agustín González señala a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) como responsable del monitoreo; según él, ahí deberían tener la frecuencia necesaria para muestreos ambientales de suelo, de agua y de aire. Para hacer seguimiento de procesos de remediación donde el fracking ya está hecho, y para tener parámetros de comparación donde todavía no se avanzó para tener algo que hoy no existe: una línea de base ambiental.
“El Río Negro fomenta la agroecología tanto el municipio de Cordero como Campo Grande pero en frente del río le están dinamitando todo con el fracking y empiezan a aparecer estos problemas ambientales de rotura de pozos viejos de YPF de los 60 de los 70 de los 80, por eso decimos que hay una cuestión normativa que hay que atender”, dice el investigador de la FACA. Se refiere a apariciones de petróleo en tierra, incluso en canillas, en chacras que durante años se habían habituado a una convivencia con los pozos. El caso más resonante fue el de Norma Ramírez, pero hay otros.
Forni señala la profesionalización del proceso de investigación, el cuidado de mantenerlo en un discurso científico certero: “Queremos llegar a una manera transparente de demostrar esta información. Los datos de agua son preocupantes y no está contabilizado. Es preocupante las cantidades que nos están mostrando, particularmente de los residuos. Hay que construir nuevos modos de investigación para entender lo que está sucediendo. En California tienen una posición muy fuerte en proteger el recurso hídrico, pero en los estados donde hay hidrocarburos, los datos no son claros. Es algo que no sucede sólo en Argentina. Se está arruinando un suelo de buena calidad, donde tienen un sistema de riego por gravedad con canales que ya están hechos y que funciona de una manera increíblemente bien y hay toda una tradición en conocimiento, una comunidad está siendo afectada. Esto muestra la importancia de una planificación territorial”.
A fines de 2024 hubo otra noticia en el municipio de Contralmirante Cordero, algo local pero que iba en un sentido casi a contracorriente: daban luz verde al proyecto de la Villa Agroecológica Janus: “un modelo de usos mixtos del suelo enfocado en la producción agroecológica, con objetivos educativos, turísticos de bajo impacto y un fuerte arraigo territorial”. Jorge Aragón, responsable del proyecto, ingeniero agrónomo, con pasado en la industria y orientado a la biodinámica, dice: “Nuestra región es un pequeño oasis. Suelos nuevos, aún hoy fértiles, posibilitaron desde hace poco más de 100 años una matriz productiva exportadora sobresaliente en el país desde sus inicios. Sin embargo, en este siglo perdió su orígen chacarero ante una economía de escala que gran mayoría de los colonos originales y sus herederos no pudieron sostener. Al mismo tiempo, la confluencia de los ríos Neuquén y Limay dando origen al río Negro posibilitó en el Alto Valle el asentamiento de más de 20 municipios que concentran la mayor población patagónica. En la actualidad, mantiene tasas de crecimiento entre las más grandes del país, configurando una verdadera ciudad lineal con una interfaz rural entre 2 municipios contiguos. Al mismo tiempo vemos una oferta inmensa de tierras bajo riego en estado de abandono (equivalentes a los terrenos baldíos en las ciudades) con una creciente demanda poblacional, parcialmente resuelta por los estados municipales. Pero lo que pocas veces escuchamos es la siguiente pregunta: ¿Qué "uso del suelo" proponemos como sociedad?”. Desde esa tierra verde, que bordea al río, reflota la idea de lo local como resistencia: “un modelo posible de vida rural vinculado al municipio local, produciendo bienes y servicios para los habitantes de las localidades cercanas. Un modelo real como muchos otros en la región, todos diferentes y con similitudes, como en la naturaleza misma”. Son experiencias pequeñas, pero que abren posibilidades para jugar por abajo.
A pocos kilómetros de allí, sin embargo, otro municipio con similar paisaje pero del otro lado de la frontera provincial, asume un destino similar al de Allen. En diciembre, también en las noticias locales, Gonzalo Nuñez, el intendente de San Patricio del Chañar, recorrió una exposición del Instituto Argentino de Petróleo y Gas ofreciendo “las bondades” del territorio que representa: lo verde para el petróleo, “donde pueden convivir desarrollo y naturaleza” y ofrecía así las bondades de un parque industrial para la industria petrolera. Otro proceso transformador en puerta.
Entre los extremos, queda en evidencia que ambas provincias, las dos más importantes en el mapa de Vaca Muerta, dan respuestas diferentes. La normativa de Neuquén es específica para el fracking; Río Negro no tiene ninguna. Ahí hay una primera diferencia para los investigadores, que vuelven sobre dos cuestiones clave ante un plan que no parece mostrar fisuras: cómo se construye una verdadera conversación sobre posibilidades sustentables ante la inminencia del avance que presentan imparable, y qué controles efectivos hay sobre el suelo y sobre el agua. ¿Quiénes pondrán el cuerpo, en definitiva, ante un gigante que parece no tener intenciones de detenerse a pensar?
