El último informe legal que el alemán Wolfgang Kaleck trajo personalmente al Juzgado Federal de Jujuy pide que se investigue la complicidad de la Compañía Minera Aguilar S.A. en los secuestros de 27 de sus trabajadores –casi todos miembros de la comisión interna– durante la última dictadura cívico militar. Al igual que en las causas sobre los desaparecidos del Ingenio Ledesma –también en Jujuy– y Mercedes Benz –Gran Buenos Aires–, las denuncias indican que esas empresas, a través de sus directivos, facilitaron a las fuerzas estatales listas de personas que luego fueron detenidas ilegalmente, como así también vehículos de las compañías.

Kaleck es el secretario general del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), una organización con sede en Berlín que acaba de presentar un nuevo amicus curiae –el tercero– en la causa por delitos de lesa humanidad en la que se investiga en Argentina a un puñado de directivos de firmas muy importantes.

El expediente de Mercedes Benz está congelado en el Juzgado Federal de San Martín. Fuentes muy cercanas a la investigación denuncian que está siendo vaciada y que dos de las secretarias que estaban trabajando en el expediente fueron separadas de sus puestos. Y si bien en 2005 Néstor Kirchner prometió, frente a los familiares de los desaparecidos de la automotriz, que “la causa no se iba a entregar al altar de los intereses económicos”, pasaron siete años y todo sigue como entonces. En octubre pasado Dieter Zetsche, CEO mundial y principal director de la casa matriz de Mercedes Benz (ahora Daimler AG) anunció junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inversiones millonarias en el país. No hubo menciones al tema.

A diferencia del caso Mercedes Benz, la investigación sobre la complicidad corporativa del Ingenio Ledesma –concretamente la de su presidente Carlos Pedro Blaquier y su ex gerente de recursos humanos Alberto Lemos– comenzó a moverse en 2012, después de años de estar paralizada. Ambos directivos fueron procesados el 15 de noviembre. En su fallo, el flamante juez Federal de Jujuy, Fernando Poviña, utilizó los argumentos expuestos por el ECCHR y apeló, entre otros, a hechos juzgados en el Tribunal de Núremberg para explicar la colaboración de grandes empresas con Estados que practicaron crímenes de lesa humanidad. 

“Desde los juicios de Núremberg, y en virtud del derecho internacional, el Estado argentino tiene la obligación de investigar, perseguir y condenar a las empresas privadas y sus representantes por su complicidad en la violación de derechos humanos”, dice Kaleck. Desde el Gobierno nacional el mensaje parece decir que el 2013 será el año en que la Justicia finalmente alcance a los responsables civiles del terrorismo de Estado. Aunque en 2012 hubo avances en relación a miembros del Poder Judicial o funcionarios de la dictadura como Jaime Smart, los hombres de negocios que deben rendir cuentas en las causas de lesa humanidad se cuentan con los dedos de la mano: hay solo seis empresarios sobre 202 civiles, según un relevamiento del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), de julio de 2012. La pregunta no es solo si esta vez realmente habrá un avance, sino, principalmente, en torno a qué empresas-empresarios.

¿lobby estás?

El año pasado, el procesamiento de Blaquier produjo una especie de espanto unificador. Con ese argumento, algunos buscaron explicar por qué se abroquelaron detrás del dueño del ingenio que produce el 17% del azúcar que se consume en el país, acusado por la desaparición de 29 trabajadores de su empresa. Otros advirtieron que si la lupa se posaba primero sobre los hechos más gruesos, luego podría apuntar a los más finos.

“Es un empresario nacional, que tiene una historia en el país, que acumuló poder y que sabe relacionarse con todos y, además, tiene una de las cinco sillas –que ocupa Federico Nicholson– en la mesa chica de la UIA”, ilustra una de las cinco fuentes empresarias que aceptó hablar bajo estricto off the record.

La primera muestra pública de esa unidad corporativa fue el 7 de julio del 2012 y quedó registrada en un comunicado de prensa, con el sello de la UIA. Ese texto se publicó un día después de la fecha en que Blaquier iba a ser indagado, testimonio que no llegó a dar por un supuesto ataque al auto blindado en el que viajaba. Rápida de reflejos, la UIA manifestó su repudio y pidió que “se aplique la ley contra los responsables”.

Ese comunicado de la UIA no fue subido a la página web de la central empresaria, como es habitual, “para bajar la tensión que existe entre los que lo bancan a muerte y los que lo bancan por una cuestión de necesidad”, según reconoció una fuente del sector. Otro de los consultados, que sostiene que las abolladuras del auto fueron una puesta en escena, descree de que los juicios vayan más allá de Blaquier.

Meses antes del llamado a indagatoria, la preocupación de algunos hombres de negocios había comenzado a crecer a raíz del rumor –publicado en El Cronista pero desmentido desde La Cámpora– de que existía una comisión para investigar las responsabilidades empresarias durante la última dictadura. Allí, se mencionaba a Mercedez Benz, Loma Negra, Ford, Acindar, Astarsa, Fiat, Tensa, Techint, Bridas, Pérez Companc, Alpargatas, Celulosa, SOCMA, el Banco de Italia y el First Bank of America. Más allá de las desmentidas, varias empresas lanzaron a sus lobbystas a testear la especie.

El poder del Ingenio Ledesma, reconocido por el propio Blaquier en sus declaraciones ante el juez Poviña, fue una de las bases del procesamiento. “Es una empresa absolutamente dominante en la situación pública y privada porque es la que da mayor cantidad de trabajo a todos los pobladores”, señaló el magistrado que resucitó el expediente que con impune eficiencia durmió el ex juez federal de Jujuy, Carlos Olivera Pastor. Poviña tomó los argumentos de la defensa del empresario, quien aseguró que “donde el Estado no llegaba, llegaba Ledesma”. Además de procesar a Blaquier, el juez le prohibió salir de Argentina y le impuso un embargo de once millones de pesos.

oficialista siempre

Entre los empresarios que no le tienen ningún cariño a Blaquier y que apoyan el actual modelo económico, hay dos que destacan la capacidad del dueño de Ledesma para ser “oficialista” de la administración de turno. “Hasta 2006/2007, Blaquier abasteció al mercado interno y respetó los acuerdos de precios”, dice uno, en su oficina céntrica. El otro, recostado sobre otra butaca de directorio, completa: “El Gobierno le regaló el negocio de la alconafta”. Uno de los empresarios consultados afirma que, mientras vivió Néstor Kirchner, el acuerdo estuvo vigente. Hay un dato elocuente: después de la muerte del ex presidente, algo dejó de funcionar y Blaquier comenzó a recibir malas noticias.

Ledesma Sociedad Anónima Agrí- cola Industrial (LSAAI) es una empresa nacional con más de 7300 empleados. Eso es lo que destaca Blaquier cada vez que puede. Es lo que eligió remarcar en el diario La Nación en el reportaje que se publicó en julio de 2010 donde dijo que “pocos gobiernos han defendido tanto a la industria nacional como éste”. Es que durante los noventa, el sector experimentó una transformación y los principales ingenios –hay 23 en todo el país– pasaron a manos de grandes empresas nacionales o internacionales: hoy los inversores extranjeros controlan el 27,4% de la producción de azúcar y el 35,1% de la producción de alcohol etílico.

En este escenario, los acuerdos entre la Secretaría de Comercio Interior y Ledesma garantizaron la provisión de azúcar en el mercado local cuando los precios se dispararon a partir del 2005 producto de las subas internacionales. A partir de ese momento, los acuerdos con Blaquier para asegurar la provisión de unas diez mil toneladas mensuales de su marca más económica, “Dominó”, fueron importantes para conjurar tensiones en los sectores populares de Capital y Gran Buenos Aires, que consumen mucho azúcar.

Pero Ledesma no solo produce casi el 20% del azúcar argentino. También lidera el negocio del papel y tiene peso en los mercados de alcohol, bioetanol, carne, cereales, cítricos y jarabe de maíz. Y en su último ejercicio económico, que cerró en diciembre pasado, tuvo una ganancia después de impuestos de 222,9 millones de pesos.

El bioetanol es el que señaló uno de los empresarios consultados como el punto central de su acuerdo político y económico con el Gobierno. (ver “La oligarquía del futuro”, crisis número 7, octubre 2011).

razones

“Tienen el culo sucio y no hay que olvidarse de lo que dijo Videla en el último reportaje publicado: que los empresarios le pedían diez mil desaparecidos más”, dice, enojado uno de los empresarios que cuestiona a los dinosaurios, citando una reciente entrevista al dictador. Más allá de las relaciones políticoeconómicas, otros coinciden en que el cambio en el curso del juicio que se sigue en Jujuy está ligado a la llegada de nuevas generaciones de militantes, dirigentes políticos y jueces.

La impunidad que durante larguísimos años gozaron en Jujuy los responsables de violar los derechos humanos tuvo un pilar imprescindible en la Justicia Federal. No solo en el secretario que llegó a juez federal, Olivera Pastor. Si no también en quienes conforman la Cámara Penal Federal de Salta que, además, designaron a Olivera Pastor como subrogante a cargo del Juzgado Federal de Jujuy. “Jujuy muestra una evidente feudalización de la Justicia: con un camarista que intentó actuar como patrón de la jurisdicción y sostén político de un juez que no estaba cumpliendo su deber”, dice el fiscal Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General de la Nación. Y el camarista al que se refiere es el salteño Renato Rabbi-Baldi Cabanillas que respaldó siempre a Olivera Pastor.

En Jujuy no se realizó aún ni un juicio oral por delitos de lesa humanidad. Y mientras estuvo al frente del Juzgado Federal, Olivera Pastor rechazó o ignoró casi el 90 % de los pedidos de indagatoria planteados por la fiscalía. La Cámara de Rabbi-Baldi avaló sistemáticamente todos los rechazos. Luego de años de denuncias acumuladas en el Consejo de la Magistratura, la situación se hizo insostenible y, recién en abril de 2012, Olivera Pastor renunció. Su lugar fue ocupado por Poviña, quien rompió el feudo, e indagó y procesó a Blaquier por los desaparecidos de la Noche del Apagón.

Apenas se empezaron a notar los primeros movimientos en la causa Ledesma, llegaron las muestras de cohesión corporativa. Después de aquel comunicado de prensa de la UIA, hubo un segundo gesto, mucho más contundente. El 15 de agosto el Consejo Interamericano de Comercio y Producción - Capítulo Argentino realizó un almuerzo en el Hotel Alvear, donde el director de Ledesma, Carlos Herminio Blaquier, leyó la presentación que tenía prevista hacer su padre, que “sufrió una descompensación a último momento” y no pudo asistir por “consejo médico”.

En esa suerte de homenaje, el salón estuvo colmado de gerentes y dueños de empresas: Nicholson –que comparte la mesa chica de la UIA con José Ignacio De Mendiguren, y otros tres directivos–; Eduardo Eurnekián (Aeropuertos Argentina 2000); Bruno Quintana (ex presidente del Jockey Club Argentino); Julio Macchi (ex titular de la Bolsa de Comercio); Eduardo Escasany (Banco Galicia); Luciano Miguens y Eduardo de Zavalía (ex presidentes de la Sociedad Rural Argentina); Cristiano Rattazzi (Fiat); y los industriales De Mendiguren y Héctor Méndez (ex presidente de la UIA). Horacio Riggi lo escribió en El Cronista y detalló que el encuentro se produjo 48 horas después de que el fiscal Pablo Pelazzo pidiera la detención del empresario azucarero.

Además, estuvieron Jorge Aufiero (Médicus); Martín Cabrales (Café Cabrales); Lili Sielecki (laboratorios Elea); Carlos Spadone (presidente de la Cámara Argentino China); los abogados Daniel Funes de Rioja y Alfredo Iribarren, y Adelmo Gabbi (presidente de la Bolsa de Comercio), el diplomático Archibaldo Lanús, Amadeo Riva, Luciano Miguens y el titular del CICyP, Arturo Lavallol. Toda una demostración de fuerza.

Hasta ahora Blaquier es una excepción notable. Pero, como demuestran los informes del alemán Wolfgang Kaleck, no es el único que brinda elementos para que la Justicia investigue. En 2013, se verá si el dueño del ingenio Ledesma pagará la cuenta de toda la clase o si efectivamente algo se rompió y una serie de movimientos convergen para dar paso a una nueva escena.