De nuestra famosa “burguesía nacional” podríamos decir que maduró tarde y se pudrió bien temprano. Su momento de gloria fueron los años ochenta, a la salida de la dictadura militar, cuando representaban más de un tercio de la cúpula empresaria en la Argentina. La clave de este crecimiento se produjo, en gran parte, por el vínculo peculiar que establecieron con la intervención estatal.

Incapaces de conducir el proceso de sustitución de importaciones que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XX, aceptaron durante las privatizaciones del menemismo el rol de fieles lazarillos de las firmas trasnacionales. Varios de los conglomerados más importantes participaron del “desguace del Estado” con la intención de integrarse verticalmente y/o incrementar su liderazgo oligopólico en algunos mercados. Hacia el año 2001, dentro del panel de las 200 empresas líderes en la estructura productiva del país, solo 47 eran nacionales.

Luego del abandono del régimen convertible se redujo aún más la importancia agregada de los holdings nacionales dentro de la elite empresaria. Y se operó un recambio importante dentro de este estamento del gran capital local. Por un lado, constatamos el afianzamiento estructural de un puñado de grupos especializados en procesar y comercializar materias primas. Por otra parte se percibe la irrupción de actores “nuevos” insertos en sectores no transables y de vinculación estrecha con el sector público a través de mecanismos de diversa índole.

Para identificar a los “perdedores” y los “ganadores” del período 2001-2014 podríamos dividir a los conglomerados nacionales en dos grandes universos. El primero está integrado por aquellos grupos que se cayeron del panel de firmas líderes y los que redujeron sus montos globales de facturación. El segundo agrupa a las organizaciones que mantuvieron su participación en las ventas totales, las que aumentaron su pedazo de la torta y las que lograron ingresar a la cúpula.

Dentro de los “perdedores” se destacan 14 grupos económicos que dejaron de tener presencia en la elite durante la ¨década ganada¨. En la mitad de los casos la salida se produjo porque sus empresas fueron vendidas a capitales extranjeros. Esto sucedió con Fortabat, Bemberg, Acevedo, Peñaflor, Rohm y Garovaglio y Zorraquín.

Entre los que permanecieron en la cúspide pero perdieron importancia relativa durante estos años figuran Pérez Companc, Eurnekián, Sancor, Temis Lostaló y Roemmers. Este proceso también estuvo vinculado con la venta de firmas al capital extranjero, aunque las operaciones no implicaron la enajenación total del grupo sino solo una reducción de su tamaño. 

En el agrupamiento de los “ganadores” de la posconvertibilidad se encuentran algunos holdings que matuvieron prácticamente estable su significación en las ventas de la elite. Nos referimos a tres conglomerados claves del poder económico de la Argentina: Techint, Clarín y Madanes, que en 2012 explicaron en conjunto el 17 por ciento de las ventas de los grupos locales que integran la cúpula. En el caso de Techint este cálculo se refiere únicamente a las empresas locales y no al total de las firmas que el holding posee a nivel internacional (ya que su expansión en la última década se produjo, en buena medida, fuera de las fronteras nacionales). 

Fueron doce los grupos empresarios que aumentaron su ponderación dentro la cúpula, la mitad de los cuales posee base agroindustrial (Urquía, Vicentín, Navilli, Mastellone, Ledesma y Arcor). Esta inserción sectorial marca un claro punto de continuidad con las transformaciones del capital concentrado durante la década del noventa.

Un perfil diferente poseen los diez holdings que se colaron entre los más pudientes a partir del 2003, donde sobresalen los vinculados a la construcción y a los servicios públicos. Los conglomerados ODS (Calcaterra), Caputo, José Cartellone e IRSA coparon el rubro de la construcción (privada y pública). Por su parte, Pampa Holding, Electroingeniería e Indalo (Cristóbal López) lograron expandirse gracias a la política de “argentinización” del sector energético que propició el Gobierno nacional y, en los dos últimos casos, a instancias de ciertos “nichos de acumulación de privilegio” que se concedieron desde el sector público (grandes obras, concesiones, medios de comunicación, juegos de azar). En el top ten también figuran dos grupos del rubro farmacéutico, Bagó e Insud.

El rol del Estado y las relaciones fluidas con el sistema político tuvieron un papel central en el ascenso de este “nuevo poder económico”. Pero pese a la eventualidad de algunos conflictos “en el margen”, se advierte una fuerte confluencia de intereses en el proyecto de país del capital extranjero y de estos diferentes segmentos del gran capital nacional. El resultado es la profundización de un perfil de especialización internacional regresivo y de un tipo de inserción pasiva y subordinada en el mercado mundial.

compre argentino

Durante las dos últimas décadas varias empresas transnacionales penetraron en sectores determinantes para el funcionamiento de la economía. Los capitales extranjeros pasaron de facturar el 48,4 por ciento del total de las ventas al exterior de la cúpula empresaria entre 1991 y 2001, al 67,3 por ciento promedio en el período 2002-2012. 

Pero la gravitación estructural de los oligopolios foráneos adquiere todavía más relevancia cuando se evalúa su peso sobre el comercio exterior del país: la participación de estas firmas sobre el total de las exportaciones argentinas pasó del 20,7 por ciento en 1993 al 38,4 por ciento en el último año de crecimiento de la convertibilidad (1998), para finalmente alcanzar el 44,2 por ciento en 2012. De esta manera un número acotado de corporaciones extranjeras (59 en 2012) detentan el control sobre casi la mitad de las divisas generadas en el país por vía exportadora. Ello supone un límite bastante preciso a la autonomía relativa del Estado argentino, que requiere de los billetes verdes para poder sostener el proceso de crecimiento económico.

Brasil llevó la voz cantante en los cambios de manos de grandes firmas durante la última década. Se pueden citar los casos de Petrobras (adquirió Pecom Energía), Ambev (Cervecería Quilmes), Gerdau (Acindar), Camargo Correa (Loma Negra y Alpargatas Textil), JBS Friboi (Swift Armour, Cepa y Colcar), Mafrig (AB&P, Estancias del Sur, Best Beef y Quickfood) y Bom Retiro (Curtiembre Yoma). Estos capitales contaron con el estratégico apoyo financiero del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a través de líneas crediticias preferenciales orientadas a la “internacionalización de las empresas brasileñas”.

Las compañías transnacionales ubicadas en la elite empresaria poseen actualmente una fuerte inserción en la industria manufacturera. El sector agroalimenticio es controlado por Louis Dreyfus, Bunge, Kraft Foods, Cargill, Quickfood, Nestlé, Coca-Cola, Cervercería Quilmes, Oleaginosa Moreno. En la industria química se instalaron Bayer, Dow, Dupont, Procter & Gamble, Syngenta, Solvay Indupa, Monsanto. La privilegiada armaduría automotriz está dominada por General Motors, Toyota, Volkswagen, Renault, Peugeot-Citroën y Mercedes Benz.

En el comercio la presencia transnacional también es significativa: Carrefour, Nidera, ADM, Wal Mart, Jumbo, A. Toepfer, Noble, Cencosud, Makro, Grupo Casino. El área comunicaciones muestra idéntica primacía foránea, con Movistar, Claro, Telefónica de Argentina, IBM, Nextel, Direct TV, AES Alicurá, Codere. Mientras que en el sector petrolero, aun luego de la estatización de YPF, siguen tallando fuerte compañías extranjeras como Petrobras, Chevron y San Antonio Internacional.

Mención especial merece el caso de la minería metalífera en la Argentina, una de las actividades que lideró el incremento del acervo de capital extranjero en la última década. Si bien el plexo normativo sectorial y, especialmente, la ley de inversiones mineras, que combina estabilidad fiscal con una “sobreabundancia” de exenciones impositivas, fueron aprobados en el decenio de 1990, la maduración de distintos proyectos de inversión exploratoria y el alza notable que exhibió el precio de los metales en la primera década del siglo XXI dieron lugar a la apertura de nuevos yacimientos. Así, a la puesta en actividad de Minera Alumbrera, Cerro Vanguardia, Minera Aguilar y Minera Altiplano a fines de la convertibilidad, se sumaron en los años más recientes las explotaciones de Minera Argentina Gold, Minera Santa Cruz, Coeur Argentina, Minas Argentinas y Minera Titrón.

prescindencia de la nación

La ausencia de un entramado industrial complejo y el control por parte del capital extranjero de sus núcleos más dinámicos se traduce en la subsunción del proceso productivo nacional a las necesidades del capitalismo globalizado. La trasnacionalización de la economía no necesariamente impide el desarrollo de las fuerzas productivas en el país (e incluso puede impulsarlas), pero condiciona dicho desarrollo a una forma de reproducción deformada y dependiente. El escaso tamaño del sector creador de medios de producción y la ausencia casi total de desarrollos tecnológicos propios, son rasgos característicos de las economías dependientes.

La concentración de poder económico en una fracción del capital cuyo centros decisorios escapan a los límites territoriales de la nación, impone condicionamientos importantes al Estado argentino. Esta pérdida de soberanía estatal se ve reforzada por la continuidad de buena parte del andamiaje normativo e institucional forjado por el neoliberalismo. Entre los principales “legados” de esa etapa se encuentran la vigencia de la Ley de Inversiones Extranjeras Nº 21.382 sancionada durante la última dictadura militar. Además, en la posconvertibilidad fueron ratificados 55 de los 58 tratados bilaterales de inversión que la Argentina suscribió en la década del noventa, en tanto se mantuvo la adhesión al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal del Banco Mundial que se encarga de resolver las controversias entre gobiernos y empresas.

En el transcurso de la última década el Estado nacional retomó el control de algunas empresas privatizadas durante el menemismo, entre las cuales sobresalen por su importancia los casos de YPF, Aerolíneas Argentinas, Aysa (ex Aguas Argentinas), Correo Argentino y las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Este proceso, que comenzó con una serie nacionalizaciones aisladas en el gobierno de Kirchner y se intensificó desde 2008, llevó a que creciera la importancia de las firmas públicas y las asociaciones con presencia estatal en el conjunto de las empresas más importantes del país. Ahora bien, las estatizaciones no formaron parte de un plan diseñado para incrementar estratégicamente la presencia del sector público en la economía, como sí aconteció en otros países de la región, sino que más bien fueron respuestas tácticas en determinadas coyunturas críticas.

El punto más alto en este sentido fue la reestatización del sistema previsional a mediados de 2008. La decisión oficial permitió desarmar dispositivos perversos que habían alentado la especulación financiera sobre los fondos de la seguridad social, pero adicionalmente derivó en que el Estado, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), pasara a poseer participaciones accionarias y directores en algunas de las empresas más grandes del país. El cambio de rumbo impuesto por el nuevo gobierno del presidente Macri tira por la borda los aspectos positivos de las políticas kirchneristas, al tiempo que profundiza los límites estructurales que restringen las posibilidades de la economía argentina.