Hace pocos días entró en vigencia la nueva ley de alquileres. Las organizaciones de inquilinos alcanzamos, luego de cinco años de pelear incansablemente contra el lobby del mercado inmobiliario que todo lo abarca, un marco legal que se parece a lo que venían reclamando.

Pero desde el día mismo de su aprobación en Senadores, un contundente despliegue mediático se puso en marcha para hacernos creer que la ley es peor para quienes alquilan. Un sinfín de economistas, panelistas, animadores y empresarios del mercado inmobiliario disparan argumentos que bordean lo irracional para deslegitimar la ley. Todo el dispositivo retórico se resume en este titular del diario Perfil: “Los propietarios creen que la ley de alquileres perjudicará a los inquilinos”.

En uno de los cuatro editoriales que La Nación dedicó al tema durante los últimos días, su anónimo redactor afirma: “La demora en reestructurar la deuda, el intento de expropiar una cerealera, la ley de góndolas, la ley de alquileres, el cepo cambiario, los controles de precios y el desenfado para exacerbar la intervención estatal son señales adversas para lograrlo. Todos los países esperan un rebote natural de sus economías, como ocurre en la mayoría de los ciclos. En la Argentina somos distintos”. No es raro entonces que el salón principal de la sede de la Cámara Inmobiliaria lleve el nombre del diario sobre una placa de bronce.

El trasfondo de este operativo es borrar la nueva ley de alquileres del mapa inmobiliario. Queda claro que la disputa por el acceso a la vivienda se juega en el mismo lodo que el acceso a la tierra, los medios de comunicación, los modos de producción y la deuda externa. Es sin dudas una disputa central en un mundo que se divide, como dice Franco Berardi, entre propietarios e inquilinos.

golpe de mercado

Con la pandemia y la larga recesión económica como escenario, en el mes de julio las organizaciones inquilinas de todo el país realizaron una encuesta entre 3136 personas según la cual el 31.1% de los arrendatarios no está logrando afrontar el pago del alquiler.

Al mismo tiempo, las organizaciones recibimos todos los días cientos de denuncias que muestran cómo las inmobiliarias están desplegando una batería de medidas muy agresivas.

• Aumentos en los precios para renovaciones.

• Aumentos semestrales, cuando bajo la nueva ley deben ser anuales y definidos desde el BCRA por el cálculo entre inflación y RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), además de estar muy por encima de los valores que arroja ese cálculo.

• Sumas altísimas en conceptos de honorarios, sellados y todo lo que pueda imaginarse bajo el vago concepto de “intermediación”.

• Rechazos a la posibilidad de renovar los alquileres si no se aceptan condiciones contractuales hoy abiertamente ilegales.

Para alquilar un departamento de veinte mil pesos por mes en el primer año de contrato, es usual que las inmobiliarias requieran alrededor de cien mil pesos solo para ingresar. En paralelo, los desalojos siguen su curso con naturalidad durante la cuarentena y a pesar del decreto 320/2020 que los impide expresamente hasta octubre.

La foto general revela que son muy pocas las que ofrecen contratos enmarcados en la ley actual. La meta es quebrar a la población inquilina para que se resigne y acepte que resulta imposible conseguir mejores condiciones para procurar una vivienda alquilada. Además, debe quedar claro que los ganadores en este intercambio seguirán siendo siempre los mismos.

dónde está el estado

La vivienda en Argentina está completamente privatizada. El Estado hoy garantiza los negocios de la construcción privada, la venta de tierra pública y la evasión impositiva. En las pocas viviendas sociales que se construyeron en el marco de la urbanización de los barrios populares, los institutos de vivienda silenciosamente se van apartando luego de la escrituración, dejando en manos de los beneficiarios los arreglos del edificio, la seguridad, la administración, y por tanto abriendo la puerta al voraz instinto de los intermediarios.

Es la misma intermediación para poder acceder al alquiler de la vivienda. Financieras, bancos, inmobiliarias, compañías de seguros. El inquilino es una presa ideal. La necesidad fundamental de contar con un lugar donde dormir es la oportunidad para un negocio que mueve miles de millones por mes lejos del alcance regulatorio –y, en tiempo de excepcional escasez, recaudatorio– del Estado.

La encuesta inquilina nacional aporta otros datos claves. Con respecto a los planes de asistencia desplegados por el Estado –como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) o los créditos a tasa cero–, el 69,8% de quienes respondieron manifiestan no haber percibido ninguno. También, el 47,2% afirma que no encontró respuesta de organismos del Estado nacional, provincial o municipal ante presiones, amenazas y demás violencias por parte de propietarios e inmobiliarias.

El texto de la nueva ley, en varios puntos no reglamentada, contempla diferentes medidas de intervención en el mercado de los alquileres.

En la órbita nacional, estamos esperando que la AFIP componga el registro por el cual se cumplirá la obligatoriedad de inscribir los nuevos contratos: esta herramienta debe estar al alcance de los propietarios pero también de los inquilinos.

La secretaría de Comercio debería, de modo análogo a los Precios Cuidados, controlar que se cumplan las actualizaciones de precios dictadas por el nuevo índice inflación, lo que implica dotarla del poder de recabar denuncias al respecto.

La nueva ley también instruye al ministerio de Justicia la apertura de instancias de mediación de conflictos entre propietarios e inquilinos.

A nivel provincial y municipal, los institutos de la vivienda deberían entrar en acción para ser los primeros organismos con los que se encuentre la población inquilina en caso de verse en problemas. Además, una eficaz política pública sobre la vivienda requiere el armado de una comunicación oficial y estratégica para terminar con el desconocimiento generalizado acerca de sus nuevos derechos habitacionales. Por ahora, nada de esto ha sucedido.

La ley, como los inquilinos e inquilinas, lidian con el mercado en soledad.

En otras palabras: los nueve millones de inquilinos e inquilinas de Argentina aún no logran ingresar en el mapa de lo que resulta urgente para la gestión pública. El Estado no entiende aún que la forma de acceder a la vivienda para las mayorías es alquilando, y que por lo tanto para que haya soluciones habitacionales es fundamental tener mecanismos de control y defensa de nuestros derechos.

el consenso inalterable

A contramano del editorial publicado por el más importante diario conservador de la Argentina, el mundo hoy cuestiona muchas de las certezas que lo rigen, mientras observa las curvas ascendentes de muertos e infectados por el COVID-19 y las pendientes pronunciadas en la actividad económica. Sin embargo, hay consensos que parecen inalterables. Por ejemplo: la vivienda debe ser privada, cueste lo que cueste.

Es por ese incómodo mandamiento que no será nada fácil el cumplimiento de la nueva ley de alquileres. Nos encontramos en medio de un golpe de mercado que intenta subir descaradamente los precios, cobrar enormes sumas para ingresar a una vivienda y un enjambre de financieras a la espera de que esta crisis aseste su golpe final para iniciar juicios y embargar todo lo que se pueda. El gran desafío de las organizaciones de inquilinos debe ser interpelar al resto de las organizaciones ciudadanas, sindicatos, y movimientos sociales. El mercado se está quedando con las ciudades y frente a eso la respuesta no debe ser sólo el éxodo.

La ley de alquileres es una herramienta para blanquear el mercado inmobiliario, cuestionar la renta extrordinaria que se expropia a los inquilinos, y dar la batalla por un sentido común hegemonizado por la lógica meritocrática y neoliberal del “sueño de la casa propia”.

El acceso a la vivienda debe ser un derecho colectivo, como la salud y la educación. La conquista de la ley es un paso enorme a pesar del silencio del gobierno y el ataque del mercado inmobiliario. Pero lejos estamos del punto de llegada y hay que admitir que los festejos duraron poco, luego de aquella histórica sesión del 11 de junio en el Congreso. Esto es apenas el principio.