Luego de su aprobación el pasado 11 de junio, la nueva ley de alquileres se enfrenta a una agresiva reacción del mercado inmobiliario. Carente de herramientas de control y regulación efectiva, el Estado no consigue hacer cumplir las mejoras que propone la norma para la población inquilina. ¿Será posible que el acceso a la vivienda pueda ser considerado un derecho? ¿O lo único que importa en esta sociedad es la propiedad privada?