Las cámaras de vigilancia se han convertido en una de las joyas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la hora de destacar su política de seguridad. Están por todos lados y muchas veces se pueden confundir con lámparas ubicadas en calles poco transitadas, avenidas o plazas. Desde el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta consideran que son una manera de contener la inseguridad y prevenir delitos, ya que intervienen para avisar a los efectivos policiales que se encuentran en la zona. Hay más de 10.000 cámaras: 7.960 en las líneas de colectivos con mayor caudal de pasajeros, 1.536 en las líneas de subtes y alrededor de 2.100 en la vía pública. Para finales de este año se prevé que serán 13.000 los ojos electrónicos oteando cada metro cuadrado del espacio público, aunque no todos los rincones porteños son igual de importantes a la hora de vigilar. Si bien la ubicación exacta de cada cámara debería estar indicada, según la ley, mediante carteles que anuncien su presencia (“Zona bajo vigilancia de cámaras de seguridad”), la distribución obedece a criterios donde la prevención de delitos y la oportunidad para exhibir el equipamiento tecnológico ante los votantes de mayor poder adquisitivo se combinan.

el teatro de la seguridad

Cualquier recorrido atento por Palermo o Belgrano demuestra una presencia muy distinta del tipo y número de cámaras en barrios incluso cercanos como Chacarita o La Paternal, diferencia que se traduce también en el criterio de atención de quienes las monitorean del otro lado de las lentes. Oficialmente, los motivos para estas desigualdades, que se acrecienta entre los barrios más ricos y los más pobres, son “los niveles de afluencia del público, la actividad turística y el nivel delictual de la zona”, y es por eso que en este gran “teatro de la seguridad”, como describen los especialistas al despliegue cada vez más visible de cámaras de vigilancia, hay asientos de primera fila VIP para las zonas más valiosas del catastro y plateas perdidas al borde del cierre de transmisión para los demás.

En la actualidad, el presupuesto para el mantenimiento de las cámaras de seguridad porteñas ni siquiera está estipulado. En general, indican los expertos, esa es una cifra definida en licitaciones, donde la empresa encargada de la instalación suele comprometerse a realizar su mantenimiento durante tres años. Pero el sistema de cámaras de seguridad porteño no cuenta con los detalles de una licitación porque fue adquirido por contratación directa.

Según la resolución publicada el último 10 de abril en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta contrató para la instalación de las últimas cámaras del distrito bajo su control a la firma Danaide SA. Fundada en la ciudad de La Plata, esta empresa aporta un dato de color: fue denunciada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por haber intentado instalar una cámara en la esquina de su departamento de Recoleta, según publicó en sus redes sociales el 16 de noviembre de 2018. Danaide también fue beneficiada con una contratación directa para proveer el software de la red de vigilancia por un total de $ 115.489.660,00 pesos.

El presidente de la empresa es Hernán Pablo Carzalo, vinculado al presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí Mario Montoto, hombre de cercana relación con Patricia Bullrich. Carzalo y Montoto fueron socios en la firma Tecnoview SA, que ofrecía servicios de “provisión de tecnología aplicada a la seguridad”, idéntico métier que Danaide SA. Por las irregularidades en la contratación de estos servicios, legisladores del Frente de Todos realizaron pedidos de informes a la Legislatura que no tuvieron por el momento respuesta.

monitoreo 360

En junio de 2019 Rodríguez Larreta inauguró el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) acompañado de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el Vicejefe y ministro de Justicia y Seguridad porteño, Diego Santilli. Frente a los medios, Santilli definió al CMU como “uno de los más modernos de Latinoamérica”. En el CMU trabajan 542 personas, entre policías y civiles: 422 son operadores que monitorean las imágenes los 365 días del año, las 24 horas en tres turnos, bajo la responsabilidad de un coordinador operativo y un coordinador general. Desde un “videowall” central, de 15 metros de ancho por 3 metros de alto, 48 pantallas de 55 pulgadas observan y registran lo que pasa en Buenos Aires.

El Centro de Monitoreo costó 160 millones de pesos y tiene acceso a la información de las cámaras de la ciudad de Buenos Aires, Autopistas Urbanas (AUSA), Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Tránsito y Anillo Digital; además supervisa las 4000 unidades instaladas en las unidades de transporte público de pasajeros. Todo lo que las cámaras captan es grabado y almacenado en una sala anexa, donde se aloja el sistema de archivo digital de imágenes protegido con una doble encriptación, que sólo pueden ser solicitadas por jueces para ser utilizada como prueba. Entre las últimas adquisiciones del sistema de cámaras porteño, las que más se destacan son las cámaras 360°.

Alejandro Ledesma, consultor privado en seguridad informática, asegura que las cámaras de 360 grados poseen una tecnología que visualiza a 100 metros de noche o de día con claridad: “Las cámaras que están instalando son efectivas en cuanto a la visibilización, pueden ver un objetivo, un rostro, una patente. La polémica hoy por hoy se centra en las nuevas cámaras de reconocimiento facial, ya que poseen un amplio margen de error”, indica el especialista.

Valentina Novik, miembro del Observatorio contra la Inseguridad y la Violencia Institucional, brinda detalles sobre el rédito que las cámaras de vigilancia proveen en términos de seguridad: “Para controlar con eficacia el delito callejero debería haber un trabajo articulado entre el monitoreo en tiempo real y los inspectores que se encuentran en la vía pública. La mayoría de las cámaras tienen un patrullaje virtual, pero no se miran todas en tiempo real y no se coordina con el protocolo de las fuerzas cuando hay un incidente; esto se comprobó en diversos casos”.

error de conocimiento

El Sistema de Reconocimiento Facial comenzó a funcionar el pasado 24 de abril a través de la Resolución 398/MJYSGC/19. Se trata de un software montado sobre algunas cámaras de videovigilancia de la ciudad que “matchea” rostros (a partir de una base de datos construida con información del Registro Nacional de Reincidencias e imágenes del Registro Nacional de las Personas) y envía un alerta al personal policial que interviene. El 21 de agosto la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires publicó un informe con duras críticas, según el cual el sistema arrastra diversas deficiencias, lo que ineludiblemente redunda en detenciones erróneas.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Guillermo Federico Ibarrola, detenido en el barrio porteño de Retiro acusado de haber cometido un robo agravado en 2016 en Bahía Blanca. De acuerdo a la base de datos del sistema que utiliza la Policía de la Ciudad, tenía un pedido de captura del Juzgado de Garantías N° 2 de aquella ciudad bonaerense.

Sin embargo, cuando Ibarrola era trasladado a una cárcel provincial, los investigadores del caso advirtieron que había habido un pifie. "Cuando lo buscaron había 23 personas con ese nombre en todo el país y se equivocaron en la carga, pusieron el DNI del joven que fue detenido en Retiro y vive en Ezeiza, y no el de Bahía Blanca. Es decir, el Sistema de Reconocimiento Facial funcionó bien, pero estaba mal cargada la búsqueda", argumentaron fuentes judiciales a la agencia estatal Télam.

Desde la Policía de la Ciudad afirman que, una vez reconocida y detenida la persona a través del software, se demoran entre seis y siete horas para determinar si concuerdan los datos cruzados. Novik expresó: “Es un instrumento más, una herramienta que, bien administrada, puede complementarse. Pero sin una correcta aplicación, son recursos malgastados”.

La pregunta clave es si la presencia de cámaras reduce el delito. Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, especifica: “Lo que se hace es montar un sistema técnico que permite aparentar medidas rápidas para responder a un problema que la opinión publica considera importante, ya que se muestran fácilmente y alimentan el discurso de los medios al tiempo que los nutre de imágenes'”. Pero según Busaniche, lo real es que no hay evidencia concreta de que el método sea eficaz. “En Argentina no tenemos el hábito de evaluar las políticas públicas y realizar un monitoreo confiable”, explica.