En Santa Fe no se respira un clima electoral. Los spots que los canales de televisión y las radios emiten obligatoriamente son apenas eso, una mera formalidad para cumplir con la ley vigente y garantizar la distribución equitativa de los mensajes. En la calle y en las redes sociales, los partidos políticos con mayor presupuesto publicitan los rostros de sus candidatos estampados en la boleta única, vigente en la provincia desde 2011. 

La sensación de apatía generalizada es persistente. Hubo algunos cruces entre los candidatos que detentan un pasado mediático, pero el proceso se encamina a pasar casi desapercibido para las grandes mayorías, pese a lo trascendente de la votación que tendrá lugar el próximo domingo cuando los santafesinos tengan que elegir a 69 convencionales constituyentes encargados de reformar la carta magna provincial. 

La elección se da en simultáneo con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para renovar una parcialidad de los concejos municipales, algunas intendencias y todas las presidencias comunales. Sin embargo, no habrá PASO para las listas de convencionales, una condición que abonó a la unidad de la coalición gobernante –Unidos para Cambiar Santa Fe– cuyo candidato es el mismísimo gobernador Maximiliano Pullaro. En contrapartida, la oposición estalló: el peronismo, la izquierda y hasta en el espectro de los partidos conservadores. 

No obstante, el hecho político es de magnitud: la última modificación al texto constitucional fue en 1962. En los últimos años, los intentos por renovar la Constitución no fueron pocos y se presentaron al menos una decena de proyectos que finalmente naufragaron. Quien estuvo más cerca de alcanzarlo fue en 2018 el exgobernador Miguel Lifchitz (2015/2019), pero el artículo vinculado a la reelección de su cargo obturó los planes. Recordemos que en Santa Fe no hay posibilidades de un segundo mandato para los gobernadores.

con el máximo dirigente a la cabeza

Pullaro, exministro de Seguridad del mandatario socialista, logró en tiempo récord lo que no pudo su padrino político. En menos de un año de gestión y con mayoría en la Cámara de Senadores y Diputados alcanzó los votos necesarios para quedarse con el bronce y ser el padre de la reforma constitucional. Para eso contó con la ayuda del exgobernador peronista Omar Perotti, quien aportó cinco votos de su exiguo bloque de seis diputados. 

La sociedad con su antecesor también le sirvió para ampliar de seis a siete el número de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, lo cual le sirvió a Perotti para aportar el nombre de uno de los cortesanos: Ruben Weder, un abogado especialista en derecho administrativo que ejerció como fiscal de Estado durante la administración peronista. Su llegada al máximo tribunal ocurre junto con las de Margarita Zabalza, hija de un histórico dirigente socialista, y de Jorge Baclini, exjefe de los fiscales en la provincia, de filiación radical y fuerte cercanía con Pullaro.

Además, en los albores de su desembarco en la Casa Gris en 2024, el gobernador radical logró una actualización del Código Procesal Penal de la provincia y de las leyes que regulan el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa Penal con el objetivo de empoderar a la policía y a las fiscalías penales. En este combo, también consiguió la sanción de una Ley de Narcomenudeo que le permitió desfederalizar el delito de microtráfico de sustancias. 

Algunos meses más tarde hizo valer sus mayorías parlamentarias y alcanzó una reforma de la caja de jubilaciones que aumentó el porcentaje de los descuentos sobre el salario de trabajadores estatales y maestros y creó un aporte solidario para activos y pasivos. La sanción de esa ley ocurrió en medio de disturbios en la Legislatura que derivaron en causas penales, detenciones y allanamientos a la casa de los manifestantes, algo inédito en la historia política y gremial de la provincia. 

Con ese preámbulo, Pullaro llega al 13 de abril exhibiendo reformas profundas y con un objetivo claro: lograr la cantidad de escaños necesarios que le permitan aspirar a un segundo mandato. E incorporar instrumentos legales para maximizar su objetivo prioritario: blindar su hasta ahora eficaz plan de seguridad. Por eso su nombre encabeza la lista del oficialismo y puede decirse que no solo está en juego su figura sino también ese enorme andamiaje político e institucional que hoy le permite exponerse sin temores, gracias a los resultados positivos que ha logrado en lo que refiere a la baja de homicidios en Rosario.

un infierno encantador

Desde que se confirmó su nombre a la cabeza de la lista de convencionales constituyentes, Pullaro se encargó de dejar en claro para qué quiere reformar la carta magna provincial: “Si ganamos la elección por la reforma, no habrá un solo concepto garantista en la nueva Constitución”. Lo dijo durante el acto licitatorio para la construcción de la nueva cárcel para presos de alto perfil conocida como “El Infierno”, en la localidad de Piñero, ubicada a 14 kilómetros de Rosario. 

Pero no fue la última vez que habló del tema: el 10 de marzo, tras la jura de los nuevos integrantes de la Corte Suprema, repitió que “durante muchos años el garantismo terminó impactando de una manera negativa en la seguridad pública”. Además, se despachó con una toreada a los flamantes magistrados: “Esperamos una Corte que pueda empezar a tomar los problemas de la agenda y que se comprenda que la Justicia tiene mucho que ver en la construcción de la seguridad pública”. 

Sin sonrojarse, el gobernador/candidato estableció para la campaña una línea vinculada a la seguridad pública con mirada punitivista e instruyó a sus voceros y aliados políticos a reforzar este concepto. “Tenemos la expectativa de conseguir una mayoría de convencionales para avanzar en torno a ideas y ejes que no están plasmados en la Constitución, por ejemplo, el de la seguridad pública y el de la lucha contra el crimen organizado”, dijo a crisis el secretario de Gobierno, Juan Cruz Candido. 

Frente a las críticas, algunos dirigentes de sus socios radicales intentaron bajarle el tono a las declaraciones del mandatario argumentando que la búsqueda está orientada, por ejemplo, a la eliminación de los privilegios para los funcionarios provinciales sospechados de corrupción. En la memoria reciente aparece el caso del senador Armando Traferri, investigado en una causa vinculada al juego clandestino, quien logró eludir a la justicia durante casi tres años amparándose en los fueros que le corresponden por ocupar una banca en la Cámara Alta. 

También mencionan la incorporación de ficha limpia, una ley sancionada por la Legislatura provincial en 2022 que impide acceder a cargos políticos a personas que tengan condenas firmes por delitos contra la administración pública, agresiones sexuales e inclusive deudores alimentarios. Otros de los puntos es la necesidad de tener mayor control sobre la población penitenciaria, aspecto que despierta críticas los organismos de derechos humanos por lo que significó la aprobación de la ley de ejecución penal. 

En una carta enviada por la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (AAJEP) a la Legislatura santafesina con motivo de la sanción de la norma, expresan su preocupación por algunos puntos tales como la realización tareas de inteligencia sin la necesidad de una investigación judicial en curso, la prohibición de salidas transitorias con acompañamiento policial, y la ausencia de regulación en temas como educación, derecho al trabajo y relaciones familiares de los detenidos. 

En la oposición temen que una mayoría agravada de Unidos para Cambiar Santa Fe allane el camino para endurecer la posición sobre otros temas en el futuro texto constitucional. A través de un informe interno al que accedió crisis, fuentes del PJ oficial ponen la lupa sobre los siguientes puntos que pueden abrir la puerta a severos retrocesos institucionales:

1 -  La adecuación de los alcances del hábeas corpus al estándar definido por la Constitución Nacional: el gobierno puede, potencialmente, modificar lo relacionado a las detenciones en función de que hoy ninguna persona puede permanecer privada de su libertad más de 24 horas sin dar aviso a un juez, ni mantenerlo incomunicado por más de 48 horas. Como ejemplo, emergen los operativos de averiguación de antecedentes en la vía pública y los arrestos sistemáticos a personas en situación de calle que se registraron durante el 2024. 

2 - Ampliar los alcances del derecho a la libertad de expresión, reconocer el derecho a buscar, recibir y difundir información, asegurar la protección de los datos personales y el honor e intimidad de las personas: poner en discusión este derecho e introducir elementos que lo restrinjan y prioricen la protección del honor por sobre el derecho a la información pública. 

3 - Revisar la extensión del derecho a reunión de acuerdo a los estándares reconocidos por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos: en este punto asoman los protocolos de seguridad utilizados por el gobierno provincial cuando se realizó la protesta de los docentes y trabajadores estatales por la reforma previsional.

4 - La Provincia responde hacia terceros de los daños causados por actos ilícitos de sus funcionarios y empleados en el ejercicio de las actividades que le competen: la ley de reforma habilita a modificar el sentido de la responsabilidad del Estado (plantea su regulación a través de una ley especial),  lo cual representa un riesgo para los derechos de las víctimas de violencia institucional, o en el caso de una persona que fue condenada, privada de su libertad y luego declarada inocente en la revisión de la sentencia.

peronismo futuro

En el peronismo la fragmentación es total. Duramente golpeado tras los últimos comicios en los que perdió por más de 30 puntos, se opuso oficialmente a la reforma bajo el argumento de que Pullaro solo buscaba la reelección de su mandato. Quedaron en disidencia los diputados perottistas y algunas voces aisladas como las del exministro de Trabajo, Roberto Sukerman, quien decidió jugar por afuera en esta elección.

En el PJ oficial la candidatura para convencional por el distrito único recayó sobre un extrapartidario de peso: Juan Monteverde, referente de la fuerza de izquierda Ciudad Futura, quien en 2023 quedó a tan solo 15 mil votos de ganar la intendencia de Rosario. Ahora le toca liderar una coalición con diferentes vertientes del peronismo, esquivando los cuestionamientos internos con su postulación y con la ardua tarea de medirse electoralmente con el gobernador. La apuesta es realmente audaz y mayúscula.

En Ciudad Futura explican la decisión como un ensayo de transversalidad política indispensable y aseguran que la experiencia santafesina puede servir como modelo para el escenario nacional. “La dirigencia de todos los sectores que nos consideramos democráticos tenemos que deponer nuestros intereses personales y acelerar el proceso de unidad apostando a la renovación política”, dijo Caren Tepp, concejala y líder de Ciudad Futura. 

Monteverde cree que Pullaro busca hacer de la convención “un trámite administrativo para garantizar su propia reelección” y como contrapartida proponen la realización de asambleas zonales para recoger las demandas de la ciudadanía. En sus discursos, el líder de Ciudad Futura habla de recuperar el 82% móvil para los estatales y jubilados que se diluyó con la reforma previsional, la incorporación de la consulta popular y el referéndum revocatorio, y darle rango constitucional a los derechos de las víctimas de la inseguridad. 

Desde el riñón peronista, también le imputan al gobernador la falta de campañas de información ciudadana sobre el proceso de reforma y aseguran que hay una sincronización del mensaje político entre Milei y Pullaro. El ejemplo más claro, dicen, fue durante la votación por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en donde Figueroa Casas, la segunda en la lista del oficialismo, acompañó al Ejecutivo nacional. Se suma la férrea alianza en materia de seguridad entre la ultraderecha y Pullaro.

“Somos el único espacio doblemente opositor: a Pullaro en la provincia y Milei en la Nación”, sentencia German Martínez, candidato a convencional por el departamento Rosario y jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria en el Congreso. 

Marcelo Lewandoswski, por su parte, el hombre que intentó suceder a Omar Perotti en la gobernación, avisó tempranamente que iba a prescindir del partido y presentó una nueva alianza en la que comparte candidatura con el socialista Ruben Giustiniani. Allegados al senador nacional argumentan que tomaron esta decisión porque “el PJ está cooptado por un círculo cerrado que siempre pierde pero siempre digita las listas”, en abierta referencia al sector que lidera Agustín Rossi y también apuntaron contra el senador Armando Traferri, sobre quien pesan graves acusaciones judiciales por el juego ilegal. Con esa premisa, el experiodista deportivo se lanzó a la carrera electoral despojado de la prédica kirchnerista, con la expectativa de ampliar la base de sustentación y capitalizar el voto peronista tradicional. 

Uno de los hombres de confianza del legislador peronista le dijo a crisis que el objetivo es realizar la mejor elección posible para ir a la convención “a limitar el poder absoluto del gobernador”. Sobre las propuestas, hablan de terminar con las reelecciones indefinidas para los cargos ejecutivos y legislativos y quieren establecer el derecho a la salud y la educación dentro del nuevo texto constitucional.

basta de senadores

La Libertad Avanza se prepara para estrenar sello propio, ya sin testaferros, con un candidato de alto perfil mediático: Juan Pedro Aleart, el exconductor de uno de los noticieros de mayor audiencia del mediodía rosarino. Su salto a la política no fue una sorpresa y sigue los pasos de tantos otros periodistas santafesinos. 

En la categoría a convencional por distrito único, los libertarios llevan a Nicolás Mayoraz, un abogado especialista en derecho constitucional, diputado nacional del mileísmo y referente de las ideas conservadoras en la provincia. En la plataforma de campaña postulan como idea la eliminación del Senado provincial, algo que objeta el oficialismo porque no fue incluido entre los temas a tratar en la ley que declaró la necesidad de reforma. 

Mayoraz responde que “el tema se puede dar vuelta porque la convención constituyente es soberana”  y en sintonía con el peronismo también considera que el único objetivo de Pullaro es lograr la reelección. Además, descree de las declaraciones antigarantistas del gobernador radical: “No le creo a Pullaro, [porque] más de la tercera parte de sus convencionales son socialistas, y el socialismo es lo que nos llevó a este oscurantismo”. 

Con las mismas propuestas, pero con lista propia, la diputada provincial Amalia Granata también asoma como otra de las opciones antisocialistas secundada por Juan Domingo Argañaraz, un diputado provincial de extracción evangélica. En el acuerdo también ingresaron candidatos vinculados al Partido Libertario que conduce Ramiro Marra a nivel nacional y hasta una discípula de Elisa Carrió: la exdiputada nacional Lucila Lehman, actual presidenta de la Coalición Cívica en Santa Fe. 

En la lista de outsiders de la política, Alejandra “Locomotora” Oliveras también pica en punta para integrar la convención reformadora, aunque se desconocen sus propuestas. La exboxeadora de 46 años encabeza la lista del Frente de la Esperanza, un espacio que responde a Ariel Sclafani, director de partidos de la Liga Profesional de Fútbol y cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Ciertas encuestas le otorgan un porcentaje alto de votos en la capital provincial.

socialismo real

En la vereda de enfrente a las ideas conservadoras, la diputada provincial y exministra de Educación de Miguel Lifchitz, Claudia Balagué, presentó su candidatura a convencional por distrito único en el Frente Amplio por la Soberanía, acompañada por el exsecretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana. Los dos fueron referentes del socialismo pero dieron un paso al costado cuando el partido bajó las banderas y tejió una alianza con el PRO y el radicalismo conservador. Otras de las caras visibles del espacio es Carlos del Frade, quien se abstuvo de participar en la elección porque, a diferencia de sus compañeros de bloque, votó en contra de la reforma. 

Como ejes de campaña retoman el concepto de seguridad democrática y plantean la necesidad de “no responder a las campañas de opinión pública que derivan en el agravamiento de los problemas y en la vulneración de derechos sobre aquellos que tienen menos posibilidades de defenderse del abuso policial”. Apelando a su pasado en la cartera de educación, Balagué también busca capitalizar el descontento de los maestros santafesinos con Pullaro por la reimplantación del presentismo docente y la reforma jubilatoria que los perjudicó. 

En el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Carla Deiana del Partido Obrero encabeza la lista con rango provincial. En sus arengas, convoca a los votantes de Ciudad Futura a “romper con el pacto” que llevó al partido de Monteverde a tejer una alianza con el peronismo, y asegura que desde que Pullaro llegó al poder en Santa Fe hay un narcoestado que pactó con las mafias para consolidar la pacificación de la ciudad de Rosario. 

Las encuestas vislumbran un piso alto para el gobernador Pullaro, muy por encima del resto de las listas a convencionales constituyentes. Los mayores interrogantes surgen, primero, en torno a la puja entre las alternativas que encabeza el peronismo. Si la convergencia entre la izquierda de Ciudad Futura y las diferentes vertientes del PJ se impondrá a la apuesta solitaria que encabeza Lewandowski. Y también, la pregunta es cómo saldrá parada la ultraderecha en esta primera experiencia en la que utilizará el sello propio construido por Karina Milei, el Jefe.