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¿Los inversores extranjeros están realmente dispuestos a dejar caer sobre nosotros una lluvia de dólares? ¿A cambio de qué? ¿Cuál es la utilidad real de las empresas transnacionales? ¿Las inversiones foráneas sirven, objetivamente, para nuestro desarrollo autónomo? ¿Es verdad que nuestro ahorro interno financia la prosperidad de inversores extranjeros, en lugar de fomentar la prosperidad nacional?
El párrafo anterior forma parte de un artículo publicado en el número 31 de la revista crisis... de la primera época. Es decir, fue publicado en noviembre de 1975. Esas preguntas han sido formuladas una y otra vez en la historia, y las respuestas ofrecidas por la realidad resultaron siempre similares. Quizás por eso Raúl Neyra, autor de aquella nota, sugería un título cargado de ironía: “Argentina: el programa de ayuda a los Estados Unidos”.
El flamante gobierno de Cambiemos, adalid de la innovación, hoy vuelve a emplear la misma fórmula. Transcurrido más de la mitad de su mandato las únicas inversiones que fluyen, por ahora, son las destinadas a la timba financiera. De acuerdo a un reciente informe del Banco Central la inversión extranjera directa (IED), la que se destina a la economía real, se desbarrancó durante los últimos doce meses: 63% menos que hace un año. Los únicos sectores con tibio dinamismo fueron el petrólero, la industria química, el caucho, el plástico y la minería. Durante 2017, en cambio, las colocaciones financieras cuadruplicaron a la IED: 9933 millones de dólares contra 2362 millones.
Los promotores de la lluvia de inversiones ocultan, en su anhelo de una inserción global “inteligente”, las contraindicaciones de la receta. Primero: las compañías transnacionales que se desenvuelven en el país son poco generadoras de empleo por unidad producida y en su interior se manifiesta una distribución del ingreso altamente regresiva. Segundo: esos capitales controlan una proporción considerable del ingreso nacional y presionan sobre las cuentas externas. Si bien muchos de estos actores son importantes exportadores, también son fuertes demandantes de divisas debido a sus altos coeficientes de importación, a la remesa al extranjero de utilidades y dividendos, y al pago de honorarios y regalías por la compra y/o la utilización de tecnologías y patentes. Por eso, difícilmente se pueda afirmar, como lo hacen insistentemente muchos intelectuales del establishment, que la inversión extranjera directa contribuya en el largo plazo a superar el problema del estrangulamiento externo crónico de la Argentina.
el moby dick de los neoliberales
Pero hay una tercera razón por la cual la supuesta lluvia de inversiones, ahora y hace cuarenta años, fue y es puro verso: el predominio de la fracción extranjera del poder económico supone algunos sesgos que atentan contra la complejización de la estructura productiva. Estos capitales suelen orientarse a minimizar sus costos absolutos a nivel mundial, y de esa política se desprende su baja tasa de reinversión de utilidades en un escenario donde no se avizora un cambio estructural en el perfil de especialización y de inserción internacional de la Argentina (no se modificó durante el ciclo de gobiernos kirchneristas y, pese a las diferencias ideológicas, tampoco parece alterarse en la actualidad).
Hace más de cincuenta años que la centralidad del capital extranjero es un dato estructural del capitalismo argentino, y uno de los principales factores explicativos de la incapacidad para implementar un programa económico sostenible. Y todo indica que esta problemática se está agravando bajo la administración macrista. Auspiciado por el mito de que constituye “la única salida posible”, el programa económico de Cambiemos se sustenta en una inserción internacional asentada en el procesamiento de materias primas, a partir de acuerdos de distinto alcance que resultan beneficiosos a los intereses extranjeros y de un puñado de grupos económicos nacionales. Pero este intento se produce en un contexto de cierre de los Estados Unidos, mientras el clima de negocios internacional parece darle la espalda a Macri, y se ratifican e incluso se amplían los instrumentos normativos favorables a la expansión del capital transnacional que debilitan los por demás acotados “márgenes de acción” del Estado argentino.
El resultado es la generación de cuantiosas y regresivas transferencias de ingresos hacia ciertos segmentos del poder económico, con un rol destacado de grandes empresas extranjeras. Este proceso acarrea múltiples presiones sobre las firmas más débiles del entramado económico local. ¿Estamos entonces a las puertas de una nueva vuelta de tuerca en materia de extranjerización de la economía argentina? Sin lugar a duda que sí. Pero rebobinemos un poco para entender mejor la película.
volar la cúpula
Una punta del ovillo sigue estando en la primera mitad de la década del noventa, cuando un importante chaparrón de inversión extranjera directa se dirigió al sector no transable, especialmente hacia los servicios públicos privatizados; luego, en el segundo lustro, la extranjerización alcanzó a buena partes de la estructura económica, en particular al sector productivo, sobre todo aquellas actividades que contaban con ventajas absolutas como la producción agroindustrial, minera, petrolera y otros commodities. En las dos etapas se verifica una centralización de capital sumamente pronunciada que produjo una fenomenal desnacionalización de la economía. A raíz de la adquisición de una gran cantidad de empresas nacionales por parte de actores extranjeros, la Argentina pasó a ocupar uno de los primeros lugares en el ranking de naciones con mayor presencia del capital transnacional.
Si tomamos la participación de las empresas controladas por capitales extranjeros en las ventas totales de las 200 firmas más grandes de la Argentina, entre 1976 y la actualidad, se advierte la siguiente progresión:
Durante el kirchnerismo, ni el resurgimiento de discursos favorables a un “capitalismo nacional”, ni el renovado protagonismo de firmas de capital local (privadas y estatales) supuestamente interesadas en desarrollar el mercado interno, lograron revertir el proceso de extranjerización. Dentro de este período, sin embargo, se advierten dos momentos distintos. Hasta 2007 se verificó un notable incremento en la gravitación del capital transnacional, a tal punto que al final del mandato de Néstor Kirchner las empresas extranjeras daban cuenta de casi el 65% de la facturación total de la cúpula empresaria. La segunda etapa coincide con los dos mandatos de Cristina Kirchner, donde tuvo lugar cierta reversión del proceso de extranjerización. No obstante, al final de su gestión el predominio transnacional en la cúspide del poder económico de la Argentina seguía siendo notable: las corporaciones extranjeras concentraban más del 50% de las ventas totales de la élite empresaria local.
En esa reversión parcial de la extranjerización tuvieron un papel clave dos fenómenos. Por una parte, YPF dejó de estar controlada por la española Repsol, a partir de la decisión estatal de expropiar la mayoría del paquete accionario de la empresa más grande del país. Por otro lado, tuvo lugar un avance de las empresas privadas nacionales a instancias de las ventajas comparativas existentes en el país. También se sumaron a la expansión algunas firmas locales con eje en actividades mayormente no transables y reguladas por el Estado, como los servicios públicos, la obra pública y un puñado de sectores favorecidos con regímenes promocionales específicos.
El predominio extranjero resulta notable en actividades que tuvieron un rol protagónico en el crecimiento económico durante el kirchnerismo, y que lo siguen teniendo bajo la presidencia de Macri: agroindustrias, armaduría automotriz, sector químico, minería y petróleo, comercio minorista y de productos agropecuarios. Además, los capitales transnacionales tienen una presencia destacada en servicios como la telefonía celular, el sector financiero y la exploración petrolera.
vetame que me gusta
El peso estructural de los oligopolios extranjeros se vuelve más gravitante aun cuando se evalúa su importancia sobre el comercio exterior. Existe un número acotado de corporaciones extranjeras que ejerce un control ostensible sobre una parte decisiva de las divisas generadas en el país por vía exportadora: a fines del kirchnerismo las empresas transnacionales que integran la cúpula de las 200 firmas más grandes del país ya generaban más del 40% de las exportaciones totales de la Argentina.
Esto les confiere a las empresas extranjeras un importante poder de veto sobre la orientación del funcionamiento estatal en distintos aspectos. El poderío de esta fracción del gran capital responde entonces a sólidas causas estructurales, que se desprenden del control que ejerce sobre los principales sectores que definen la especialización productiva y la inserción internacional del país, pero también porque son actores centrales en la oferta y la demanda de divisas en una economía dependiente.
De esta manera asistimos a una ostensible pérdida de “decisión soberana” en lo que atañe a los temas relevantes para el futuro económico, político y social del país. Se trata del condicionamiento típico que sufre una economía dependiente en tiempos de globalización, pero también la consecuencia de un andamiaje normativo-institucional favorable al capital transnacional que ha sido forjado por el sistema político vernáculo. Un ejemplo: durante el kirchnerismo siguió vigente la Ley de Inversiones Extranjeras sancionada por la última dictadura militar (ampliada posteriormente en la década del noventa), y fueron ratificados la casi totalidad de los tratados bilaterales de inversión que la Argentina suscribió durante el gobierno de Carlos Menem. Ese lastre normativo está siendo ahora amplificado por el gobierno de Macri en su intento por promover la codiciada “lluvia de inversiones”. Como en los ritos y bailes de las tribus indígenas, quizás el objetivo no sea concretar el milagro sino mantener a buen resguardo la fe en nuestras deidades.
la política mirada desde arriba
¿Y cómo se ejerce, concretamente, el poder de veto de los players internacionales? Además del acceso directo que sus principales agentes puedan tener a las autoridades políticas, del presidente para abajo; o del gran número de cuadros formados en sus empresas que han pasado a la gestión pública; las transnacionales en Argentina hacen lobby a través de las principales cámaras empresariales desde las que tejen vínculos con el gobierno, pero también con sindicatos y organizaciones internacionales.
Las principales asociaciones multisectoriales con participación de grandes empresas extranjeras son cuatro: la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (Ceads), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE). Una variante con contados casos influyentes son las cámaras binacionales, entre las que se destaca Amcham, que representa los intereses de las firmas norteamericanas y está cumpliendo cien años en la Argentina. Su directora de Gestión, explicaba en 2016: “tenemos un sector de Diálogo Institucional, que diariamente revisa toda la legislación que entra en las legislaturas provinciales y nacionales, más las resoluciones del Poder Ejecutivo, y evaluamos lo que puede ir contra nuestros principios y valores de un ambiente de negocios sostenible. Cuando nosotros vemos que alguna ley va a tener impacto sobre el negocio de nuestras empresas en Argentina, entonces decidimos incidir. […] La empresa americana que está afuera o está acá, cuando tiene problemas o cuando quiere invertir, golpea la puerta de Amcham y golpea la puerta de la Embajada (...) ¿Qué buscan en cada caso? A veces usan dos caminos para tener mayor presión. No somos necesariamente lo mismo” (citado en Las empresas multinacionales en la política local. Actores, relaciones y acciones políticas, de Alejandro Dulitzky).
En materia de presión no hay que olvidar, claro, una de las más tradicionales performances que estas empresas utilizan para ejercer influencia o directamente extorsionar a los gobiernos de turno: la vieja y siempre eficaz amenaza de abandonar el país, como hizo recientemente Coca-Cola ante la posibilidad de un impuesto a las bebidas azucaradas. El gravamen fue rápidamente retirado del paquete de medidas propuesto por el Gobieno Nacional en diciembre, mientras en la Plaza de los Dos Congresos una enorme movilización popular no conseguía evitar la aprobación de la reforma previsional que recortó los haberes de los jubilados. La república está en orden.
“Conviene tener un sitio adonde ir”, es una de las respuestas que brinda el I-Ching cuando se le pide consejo. Es también el título del último libro de Emmanuel Carrère, que incluye una crónica desde el Foro de Davos en la que el escritor francés cuenta cómo los millonarios y gerentes de las multinacionales que por allí pasean están sinceramente convencidos de los beneficios que le aportan al mundo. Ellos creen que sus ingenierías financieras y filantrópicas (al escucharlos, parece que hablarán de lo mismo) son la única manera de acceder gradualmente al famoso cambio de paradigma que es el otro nombre de su propia edad de oro. Todo adornado con slogans provenientes de los libros de autoayuda y pensamiento positivo. Gente genuinamente persuadida de que lo que es bueno para sus cuentas bancarias también lo es para la humanidad que sufre. En definitiva, que la búsqueda de su propio interés corresponde sin fisuras al interés colectivo. Y concluye: esa racionalidad funciona como decía Freud sobre la neurosis de uno de sus pacientes, “tan bien organizada que es un verdadero placer”. Sobre todo si la guita tiene sus paraísos fiscales adonde ir.